<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23501">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY background="" bgColor=#ffffff><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa<BR></FONT><U>1º de febrero de 2014<BR></U><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Montevideo -
Uruguay<BR>Redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Derechos
Humanos<BR></FONT></STRONG></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Estallido social y
represión</STRONG></FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>La criminalización de la
desobediencia</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>La creciente tendencia mundial de transformar en
criminales a las personas que ejercen un derecho democrático fundamental, como
es el derecho a la protesta, muestra la incapacidad que hoy padecen los Estados
tanto para leer y satisfacer las demandas sociales como para hacer frente a la
emergencia de nuevos conflictos.<BR><BR></STRONG></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Verónica
Gago*</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Le Monde Diplomatique, el
Dipló</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Buenos Aires, enero
2014<BR></STRONG><STRONG><A
href="http://www.eldiplo.org/">http://www.eldiplo.org/</A></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG></STRONG><BR><BR>Las
protestas masivas que estallaron recientemente en diferentes partes del planeta
marcan el comienzo de una nueva época. De Canadá a Portugal, de Brasil a Egipto,
de Nueva York a Grecia, la explosión callejera cuestiona a los gobiernos –o a
algunas de sus medidas– y exige reformas vinculadas a los servicios sociales y
urbanos (transporte, educación, concentración mediática, entre otros); al tiempo
que emergen nuevos conflictos que –como señala Gastón Chillier, director
ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)– obligan a ampliar y
complejizar la noción misma de “protesta social” ya que ésta hoy excede la
simple forma de manifestación o asamblea. <BR><BR>En Argentina este nuevo modo
de protesta “se inició con las movilizaciones de 2001, inaugurando un tipo
diferente de participación social, que va más allá del ámbito electoral, y que
establece una forma particular de ampliar los límites democráticos” (1). Las
recientes manifestaciones que estallaron en el país responden a litigios por la
tierra, en una economía de conflictos que va de las tomas urbanas –como el caso
del Parque Indoamericano en la Ciudad de Buenos Aires– a los desalojos rurales
vinculados al neo-extractivismo. Nuevas formas de violencia emergen a la vez
relacionadas con lo que los medios de comunicación hoy categorizan como “guerra
contra el narcotráfico” y que ubican al país frente a una encrucijada
(2).<BR><BR><STRONG>“Recuperen las calles”<BR></STRONG><BR>El movimiento de
derechos humanos en este contexto se encuentra en pleno proceso de
reconfiguración mundial a la vez que es desafiado por los nuevos conflictos que
ponen a prueba su capacidad de respuesta y relanzamiento como herramental
discursivo, político y jurídico. El 11 de septiembre de 2001 es la fecha de la
declinación de un tipo de liderazgo ético de organizaciones de derechos humanos
con base en Estados Unidos y, sobre todo, es el momento que marca un punto de
inflexión en el accionar de algunos gobiernos frente al conflicto por la
aprobación de “leyes antiterroristas”. Desde entonces se produce un cambio tan
fundamental como preocupante: las estrategias de represión clandestina que
marcaron las épocas dictatoriales buscan dejar de ser ilegales para legalizarse,
como es el caso de los drones, las ejecuciones selectivas, las requisas e
interrogatorios, la desaparición forzada de personas y el espionaje a escala de
masas. Estas prácticas desdibujaron las tareas tradicionales de los organismos
internacionales que se concentraban sólo en el monitoreo y la vigilancia ya que
perdieron progresivamente fuerza y eficacia.<BR><BR>El accionar argentino en el
campo de los derechos humanos es así desafiado por este cambio sustancial, tanto
en lo que refiere a sus militancias como a sus organismos y, en particular, a la
articulación entre ambas partes. En esta línea, el CELS acaba de presentar una
iniciativa que reconoce y opera sobre este nuevo paradigma. La International
Network of Civil Liberties Organizations (INCLO) es un grupo de diez
organizaciones nacionales que asumen este cambio en la intervención vinculada a
los derechos humanos en el marco global. Las organizaciones asociadas se definen
por su enraizamiento nacional más que por su sobrevuelo o paracaidismo
internacional. Se reconocen por la articulación territorial que tienen con
movimientos y organizaciones populares más que por que su impacto sea únicamente
institucional o de expertise técnico. Combinan actividades de litigio
estratégico, campañas legislativas, educación pública e incidencia política como
forma de intervenir de manera independiente respecto a los gobiernos y abrir
este nuevo campo de problematización de la represión y el conflicto social,
tanto a nivel nacional como a nivel de la agenda global. <BR><BR>Pero este
sistema supone un cambio de herramientas: la necesidad de vinculación con el
activismo y la militancia en red, la cercanía con los afectados –que ya no son
las víctimas tradicionales de derechos humanos, sino víctimas de derechos
sociales y económicos– y la investigación de la cara más violenta del Estado en
las cárceles, así como la combinación de redes estatales y no estatales que
actúan ilegalmente.<BR><BR>Este consorcio de organizaciones acaba de presentar
la investigación Recuperen las calles. Represión y criminalización de la
protesta en el mundo. La frase que titula el informe salió de la boca de un alto
comandante de la Policía de Toronto cuando en junio de 2010 miles de personas se
manifestaban en esa ciudad canadiense contra la Cumbre del G20. Esa orden,
afirma el informe, es “un ejemplo emblemático de un alarmante patrón de conducta
por parte de los gobiernos: la tendencia a transformar a las personas que
ejercen un derecho democrático fundamental, como es el derecho a la protesta, en
una amenaza que amerita una respuesta estatal contundente”. El documento analiza
de manera detallada la situación en nueve países (Argentina, Canadá, Egipto,
Estados Unidos, Israel, Hungría, Kenia, Reino Unido y Sudáfrica), seleccionados
por considerarlos “reacciones estatales únicas en contextos nacionales únicos”
ya que involucran, además de las fuerzas represivas, al sistema judicial como
actor clave en las estrategias de judicialización y criminalización de las
desobediencias. <BR><BR>En este sentido, Luciana Pol –coordinadora del Programa
Violencia Institucional y Políticas de Seguridad del CELS– vincula concretamente
este tema con el caso del Parque Indoamericano, que impulsó la creación del
Ministerio de Seguridad en 2010, al afirmar: “Los referentes sociales, que en
medio de la crisis resultaron claves para habilitar diálogos con el poder
político, fueron acusados de ‘usurpación’ y criminalizados por la propia
justicia”. <BR><BR><STRONG>Nuevos conflictos<BR></STRONG><BR>A partir de una
serie de episodios que ligan los territorios del conurbano bonaerense con la
periferia rosarina y los desalojos en Santiago del Estero, el Instituto de
Investigación y Experimentación Política (IIEP) señaló que estamos ante un nuevo
tipo de conflicto social que desafía a las organizaciones populares y que “es la
consecuencia de los rasgos más agresivos de los modos de acumulación
desarrollados durante la última década, como las industrias extractivas, el
narcotráfico, el boom inmobiliario y el agro-business”. <BR><BR>La hegemonía
rentística de los actuales negocios estaría así en la base de una conflictividad
que cambia su naturaleza respecto de los acontecimientos de la crisis de 2001.
La expansión de las fronteras agrarias y mineras y la valorización especulativa
de las periferias urbanas a través del narcomenudeo estructuran de manera
compleja y heterogénea “una soberanía paraestatal, en torno a formas de
propiedad articuladas por instrumentos financieros muy abstractos, con dinámicas
represivas en manos de bandas y de una policía en estado de excepción. Las
nuevas soberanías regulan a su manera los territorios, sustentando, penetrando,
desbordando y amenazando a las instituciones públicas”. <BR><BR>La investigadora
argentino-brasileña del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
(CNPq), Rita Segato, ha conceptualizado recientemente esta articulación entre
economías ilegales, nuevas violencias y redes mixtas como “Segunda Realidad”.
Ésta es especular al sistema político y a las instituciones estatales en
general. “Y es operada por un segundo Estado, marcado por la acción de
corporaciones armadas propias, sicariatos organizados y conducidos por cabezas
que actúan a nivel local, barrial, y otras más distantes, a distancias sociales
por el volumen de capital que circula, y a distancias geográficas que no se
pueden verificar pero sí suponer por la recurrencia de ciertas tácticas, por la
sistematicidad de su forma de operar en localidades distantes e inclusive
cruzando fronteras nacionales y continentales. El accionar de esas corporaciones
armadas tiene por finalidad proteger la propiedad, el comercio ilegal, el flujo
de los capitales sumergidos y la propia intocabilidad de este ambiente. Es, por
esto, un Segundo Estado, con sus leyes, fuerzas de seguridad y organización
propia.” Y agrega: “El efecto, para toda la sociedad, de la existencia
subterránea de esos elementos es la expansión de un escenario bélico
caracterizado por la informalidad; [se trata de] un tipo de guerras no
convencionales, en las que las facciones en conflicto por la apropiación
territorial de espacios barriales y personas, en general jóvenes reclutas que se
agregan a sus fuerzas, no usan uniformes ni insignias y expresan su poder
jurisdiccional con una ejemplaridad cruel”. Para Segato, aun no hay un lenguaje
para hablar de estas nuevas formas de la guerra que, incluso, no están
legisladas en ningún lugar. “La segunda realidad es un campo incierto
completamente, un pantano. No es fácil entender contra quién estamos actuando”
(3). <BR><BR>En este punto, se trataría de un avance contra elementos
fundamentales del herramental democrático construido por las luchas de los
derechos humanos desde 1983. Pero también de aquellos conquistados por las
movilizaciones de 2001 y su posterior inscripción democrática como derechos
sociales. El mapa actual de las protestas y el conflicto vuelve a reclamar a las
militancias y a los expertos en la defensa de los derechos humanos una
actualización para tener una verdadera capacidad de intervención
política.<BR><BR><STRONG>Articulaciones estratégicas<BR></STRONG><BR>El ciclo de
las protestas globales pone de relieve varios desafíos a la vez. Por un lado, la
necesidad de una perspectiva que contemple tanto la discontinuidad y variedad de
las protestas como los elementos comunes vinculados a las exigencias
democráticas que provienen, como la fuerza y el ímpetu de innovación, desde
fuera de los ámbitos institucionales. <BR><BR>Una teoría política nueva se
discute en torno a estas formas diferentes de hacer, reclamar y organizarse
respecto a los movimientos revolucionarios de otras épocas. La discusión reside
entonces en el modo en que estas subjetividades políticas interpelan a las
instituciones y a algunas categorías clásicas como las del derecho, la
ciudadanía y la inclusión. La novedad reside en los actores involucrados y las
dinámicas en juego, que van desde la proliferación de economías ilegales hasta
la mixtura de formas de poder estatal y paraestatal, transnacional y barrial. Se
destaca así la dimensión fuertemente territorial de estos conflictos que suelen
quedar relegados cuando se enfatiza sobre todo el uso de las tecnologías
comunicativas o se pone el foco sólo en las movilizaciones masivas discontinuas.
<BR><BR>Esta nueva forma de protesta hoy desafía a los organismos de derechos
humanos ya que se ven obligados a actualizar su forma de intervenir y vincularse
con las organizaciones locales y litigar frente a la emergencia de los nuevos
ilegalismos para no tornarse ineficaces. Los Estados también se ven afectados
frente a estos territorios que dejan de ser estrictamente periféricos o
suburbanos para convertirse en nodos de pujantes negocios y disputas, en muchos
casos con conexiones transnacionales. En el caso de Argentina, las procuradurías
temáticas (que investigan delitos financieros, el narcotráfico, entre otros) son
formas institucionales que buscan construir herramientas de intervención acordes
a estos conflictos. Aun así, lo que queda en clave aun experimental son las
formas posibles de articulación entre estas herramientas, organizaciones y
dinámicas bien heterogéneas entre sí y su capacidad de construir un lenguaje que
dé cuenta de esta novedad. </FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>* Doctora en Ciencias Sociales (UBA), miembro del
Colectivo Situaciones.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>N<U>otas</U></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial>1. Entrevista de la autora con Gastón
Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
25-10-13.<BR>2. Véase el dossier “El desafío narco”, Le Monde diplomatique,
edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 2013.<BR>3. Entrevista inédita, de
próxima aparición en Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado, Tinta
Limón Ediciones, Buenos Aires.
<HR>
<BR><BR><BR></FONT></DIV></BODY></HTML>