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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa<BR></FONT><U>8 de febrero de 2014<BR></U><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Montevideo -
Uruguay<BR>Redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
</DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>México</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG><FONT size=3>Impunidad
militar retrocede un casillero <BR></FONT></STRONG></DIV></FONT>
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<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Emilio Godoy
</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>IPS, México,
8-2-2014</STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><A
href="http://www.ipsnoticias.net/"><STRONG>http://www.ipsnoticias.net/</STRONG></A></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial>Tita Radilla espera con cierto
escepticismo que los militares de México acusados de desapariciones forzadas
empiecen a desfilar ante la justicia ordinaria, un reclamo de cinco décadas
marcadas por estos delitos.</FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>Desde que su padre, Rosendo Radilla, fue secuestrado por
soldados en agosto de 1974 en el sureño estado de Guerrero, no pasó día sin que
Tita indagara su paradero en la prensa, los tribunales nacionales y las
instancias internacionales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Su lucha llegó a San José de Costa Rica, sede de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado mexicano en noviembre
de 2009 por violentar los derechos a la libertad y a la integridad personal, al
reconocimiento de la personalidad jurídica y a la propia vida de Radilla, un
dirigente comunitario del municipio de Atoyac, 400 kilómetros al sudeste de la
capital.</DIV>
<DIV align=justify><BR>“Ha sido una lucha que hemos dado. Es importante por todo
el esfuerzo que se ha hecho, creemos que es un logro que los militares vayan a
instancias civiles. Es una reivindicación para nuestro esfuerzo”, dijo Radilla a
IPS.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El martes 4, el Senado mexicano eliminó el martes 4 una
reserva y una interpretación que México interpuso en 2002 a la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y que impedían a
tribunales ordinarios juzgar crímenes cometidos por militares contra civiles,
confinándolos al fuero castrense.<BR><BR>La solicitud de derogar esas
disposiciones fue enviada al Senado en octubre por el presidente conservador
Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como parte
de los compromisos asumidos por México para cumplir con la sentencia de la Corte
Interamericana.<BR>Mientras otros países, como Argentina, Chile, El Salvador,
Guatemala y Uruguay, han avanzado para juzgar las desapariciones forzadas, esos
delitos permanecen totalmente impunes en México.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El problema se agrava con la metamorfosis que este crimen
experimentó en los últimos años, cometido también por milicias paramilitares,
narcotraficantes y tratantes de personas. Algunas estimaciones indican que las
víctimas podrían sumar 30.000 o más.</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>No hay demandas penales, ni una persona detenida o juzgada”,
lamentó Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en México (Afadem).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Otros activistas comparten su incredulidad. No va a haber
cambios. Hemos escuchado muchas promesas que solo han servido para ocupar a
muchas personas, sin que aparecieran nuestros seres queridos y sin juicios”,
dijo Martha Camacho, presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de
Sinaloa (UMHDS), estado del oeste mexicano.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Las desapariciones deben “considerarse crímenes de lesa
humanidad que no prescriben”, agregó.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Cuando Camacho y su esposo José Manuel Alapizco tenían 21
años, en agosto de 1977, fueron sacados de su casa en la noroccidental ciudad de
Culiacán por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, policías municipales
y de tránsito.<BR></DIV>
<DIV align=justify>La pareja militaba en la Liga Comunista 23 de Septiembre y
Camacho estaba embarazada. Los dos fueron torturados. Alapizco fue ejecutado y
su cuerpo nunca apareció.Tras 47 días de cautiverio, Camacho y su hijo recién
nacido recobraron la libertad, luego de que sus padres pagaron un rescate.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La UMHDS se creó en 1978 y documentó 47 desapariciones
forzadas cometidas en Sinaloa entre 1975 y 1983.<BR></DIV>
<DIV align=justify>Guadalupe Pérez, integrante de Hijos por la Identidad y la
Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos México), también es escéptico. Es
sorprendente que se hayan tardado casi 12 años para entender esta situación,
pero además que haya sido resultado de la sentencia del caso Radilla para ver
que mucho de lo que México promueve a nivel internacional no es del todo
aplicable a nivel interno”, dijo Pérez.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Su padre, Tomás Pérez, desapreció el 1 de mayo de 1990,
supuestamente a manos de paramilitares, en el municipio de Pantepec del sureño
estado de Puebla. La víctima tenía entonces 39 años e integraba la Central
Campesina Independiente, que luchaba contra el saqueo de tierras a la población
rural local.<BR></DIV>
<DIV align=justify>Hijos registró 561 desapariciones entre 1969 y 2010.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos estudió
532 casos correspondientes a los años 1960 y 1970, en el marco de la “guerra
sucia” de fuerzas estatales contra guerrillas izquierdistas, militantes y
dirigentes sociales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Organizaciones no gubernamentales aseguran que la cifra
de ese período sobrepasa el millar.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por lo mismo el gobernante PRI se halla en un brete, pues
corresponde investigar a gobiernos de ese partido que estaban en el poder cuando
esta práctica comenzó, a finales de los 60, y enjuiciar a los
responsables.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Una fiscalía especial que actuó entre 2000 y 2006
documentó 12 matanzas, 120 ejecuciones extrajudiciales, 800 desapariciones y
2.000 torturas contra detenidos, sobre todo en las décadas de 1960 y 1970.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pese al fallo de la Corte Interamericana, desde mayo de
2013 no hubo diligencias para encontrar sus restos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En Guerrero, la Afadem denunció penalmente 126 casos. En
ese estado funciona desde abril de 2012 una comisión especial para investigar
las violaciones de derechos humanos de la guerra sucia, que lleva registrados
decenas de crímenes.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Un obstáculo a su labor es que la Procuraduría (fiscalía)
General de la Nación le niega acceso a los testimonios y archivos recabados por
varios organismos del Estado.<BR>Hay “una gran simulación a lo largo de 44 años,
porque se ha seguido practicando la desaparición forzada. Quienes detentan el
poder tienen responsabilidad política, pues siguen sin investigar y sin decir
dónde están” los desaparecidos, cuestionó Pérez.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>