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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa<BR></FONT><U>26 de febrero de 2014<BR></U><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Montevideo -
Uruguay<BR>Redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Paraguay</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Motivos para desconfiar
</STRONG></FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Campesinos desafiaron a autoridades
paraguayas a tomar tereré con agua contaminada con
agrotóxicos<BR></FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Cecilia Pérez<BR>La Diaria, Montevideo,
26-2-2014<BR></STRONG><A
href="http://ladiaria.com.uy/"><STRONG>http://ladiaria.com.uy/</STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify><BR> </DIV>
<DIV align=justify>Hicieron falta sucesivas manifestaciones campesinas para que
se aprobara en Paraguay un protocolo de actuación policial en conflictos entre
trabajadores rurales y grandes productores agrícolas a causa de las fumigaciones
de cultivos con pesticidas. Sin embargo, esas nuevas normas no son suficientes
para los trabajadores rurales paraguayos, que en lo que va del año han
denunciado públicamente irregularidades de los empresarios sojeros, de la
Policía y del sistema judicial. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC), la
mayor organización de trabajadores rurales de Paraguay, se concentraron el
jueves en Asunción con pulverizadores manuales cargados de agrotóxicos y con
botellas con agua de arroyos que consideran contaminados por la fumigación de
cultivos. Querían que dos funcionarios les permitieran fumigar su jardín con una
mezcla de glifosato y endosulfán, que aceptaran tomar un tereré con el agua de
esos arroyos, o accedieran a reconocer que la contaminación es peligrosa,
informó el jueves el periódico E’a. El desafío estaba dirigido a Jorge Gattini,
el ministro de Agricultura, y a Francisco Regis Mereles, el titular del
organismo a cargo de controlar las fumigaciones (el Servicio Nacional de Calidad
y Sanidad Vegetal y de Semillas, conocido como Senave).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Gattini había dicho que los agrotóxicos no son tan
dañinos como argumentan los campesinos, y Mereles, que antes de titular del
Senave fue presidente de la Asociación de Productores de Soja, había declarado
públicamente: “Hay uso correcto de los agroquímicos, no hay peligro para
nadie”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Esa protesta fue una de muchas que han impulsado los
trabajadores rurales paraguayos, y en particular la FNC, contra las fumigaciones
ilegales desde que empezó el año. Uno de los resultados que obtuvieron, después
de que la Policía reprimiera varias de sus movilizaciones, fue la aprobación de
un protocolo de actuación policial ante conflictos referidos a la fumigación de
cultivos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Ese protocolo establece que en caso de un conflicto de
ese tipo la Policía tiene que comunicarlo a su Departamento de Bosques y Asuntos
Ambientales. Éste deberá averiguar si los productos que se utilizan para fumigar
están autorizados por el Senave, y si se cumplen las reglas establecidas en la
ley, como la de mantener ciertas distancias entre el área rociada y las zonas de
viviendas o cursos de agua naturales. Si esas reglas no se cumplen, la Policía
deberá ocuparse de detener las fumigaciones.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La FNC exigía al gobierno de Horacio Cartes mayores
controles al uso de agrotóxicos, frecuentes en las plantaciones de soja. Los
campesinos denuncian que los grandes productores no respetan las leyes que
regulan esas prácticas, y que envenenan sus tierras y sus cultivos. En
respuesta, el ministro Gattini aseguró semanas atrás que “el problema de
contaminación no es el uso de fitosanitarios sino el exceso de dosis y su mala
aplicación”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Sin embargo, el gobierno ha reconocido sus limitaciones
en la tarea de vigilar estas prácticas y ha manifestado su voluntad de mejorar
su fiscalización. El jefe de comunicación del ministerio, Alberto Ledesma,
explicó que “los controles de agroquímicos se han hecho de forma aleatoria” y
que las plantaciones de soja son muy grandes para controlarlas. Estimó que
ocupan algo más de dos millones de hectáreas, número que la FNC eleva a tres
millones. Según la organización campesina, en ese territorio se utilizan cada
año 60 millones de litros de agroquímicos.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Paraguay es el tercer exportador de soja en el mundo, y
la federación denuncia que estos cultivos están desplazando a otros
tradicionales y con ellos a los campesinos que los producen, todo esto con la
anuencia de las autoridades. “El Ministerio de Agricultura está defendiendo un
modelo de producción que depende de la sojización y además está acusando a la
FNC de hacer una lucha ideológica, con lo que está incitando a la represión
campesina por parte del Estado”, dijo a la agencia de noticias Efe el secretario
general adjunto de la FNC, Marcial Gómez.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Con o sin protocolo</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>El propio presidente paraguayo había reconocido que los
controles que aplica su gobierno a las fumigaciones de plantaciones de soja no
son suficientes: “Tenemos que revisar si estamos con la cantidad de gente ideal
para poder hacer los controles. Tengo entendido que no; sería una debilidad
nuestra”. Estos problemas no se resuelven con el protocolo de acción
policial.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El titular del Senave, Mereles, llegó a plantear que la
solución era la autorregulación de quienes usan y venden los agrotóxicos,
informó E’a. El periódico recordó que en sus tiempos de dirigente de los
productores de soja, el ahora titular del Senave llegó a pedir al Poder
Ejecutivo que interviniera ese servicio por “abuso de autoridad e
inconstitucionalidad” cuando éste intentó obligar a los productores a avisar con
24 horas de anticipación antes de fumigar un campo.<BR></DIV>
<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Otras respuestas</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>A fines de enero, el ministro del Interior, Francisco de
Vargas, compareció ante una Comisión Especial del Senado que investigaba la
denuncia de ocho campesinos movilizados contra las fumigaciones, quienes dijeron
haber sido torturados el 15 de ese mes en la localidad de Tapiracuái Loma, en el
departamento de San Pedro. El caso está en manos de la Fiscalía.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El ministro, además, fue consultado por la represión
policial a un centenar de campesinos en otra zona de ese departamento, en
General Resquín, cuando protestaban contra una fumigación en una plantación de
soja cerca de sus cultivos. La Policía usó gases lacrimógenos y balas de goma, y
uno de los trabajadores rurales perdió un ojo por esos disparos. Los campesinos
han denunciado que esos funcionarios actúan muchas veces sin orden del juez y
como guardias al servicio de los sojeros, mientras que la Policía ha argumentado
que las protestas campesinas son violentas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Las intervenciones de los legisladores en esa sesión
señalaban que si bien se están regularizando las actuaciones policiales contra
los manifestantes, con el objetivo de que actúen a pedido de un juez, la
existencia de una orden judicial no es una garantía de que la fumigación cumpla
con los requisitos legales. “El último procedimiento fue con orden judicial,
pero [la fumigación] no se ajusta al marco legal. En el tema fumigaciones casi
no existe ningún respeto al marco legal”, dijo Hugo Richer, senador del Frente
Guasú. Su par Luis Wagner, del Partido Liberal Radical Auténtico, dijo que
aunque exista orden judicial de proteger una fumigación, si ésta no cumple con
los requisitos no se puede “aceptar que un juez ordene la protección de un
envenenamiento”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En este sentido, De Vargas consideró que hay resoluciones
judiciales que ponen a la Policía “entre la espada y la pared”. A estas
situaciones apunta el protocolo recién aprobado, por el cual hay que verificar
las condiciones de fumigación.<BR></DIV>
<DIV align=justify><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Actuación fiscal</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>En otra protesta campesina contra el cultivo de soja, el
sábado 1º de febrero, las balas de goma de la Policía hirieron a 16 trabajadores
rurales. Al día siguiente, en Luz Bella, otra localidad de San Pedro, fue
asesinado de 12 balazos uno de los participantes en esa manifestación, Neri
Benítez Galeano. Desde entonces la FNC está movilizada también para reclamar que
se investigue este asesinato, y manifestó en un comunicado que ese crimen “tiene
todas las características de un ajusticiamiento” vinculado a la militancia de
Galeano.</DIV>
<DIV align=justify><BR>“Los fiscales actúan claramente contra los compañeros del
campo y a favor de los intereses de los sojeros y de los grandes productores
agrarios”, dijo a Efe Marcial Gómez. No es la primera vez que los trabajadores
rurales paraguayos cuestionan la voluntad de los fiscales al investigar casos en
los que ellos son las víctimas. Por ejemplo, han criticado los procedimientos y
las decisiones adoptados en la investigación de la llamada “matanza de
Curuguaty”, el desalojo de una ocupación campesina de tierras que terminó con 11
ocupantes y seis policías muertos el 15 de junio de 2012. El caso sirvió de
argumento para el cuestionado juicio político por el que fue destituido el
presidente Fernando Lugo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por esos hechos no fue procesado ningún policía, pero sí
11 campesinos, acusados de invadir la propiedad y de homicidio. Todos ellos
están en algún régimen de detención preventiva -seis en prisión domiciliaria y
cinco en la cárcel de Tacumbú- mientras se espera el juicio, para el que todavía
no hay fecha, en un proceso que según denuncian los acusados tiene varias
irregularidades.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Los cinco campesinos presos en Tacumbú iniciaron el
domingo 16 una huelga de hambre para reclamar su libertad, y argumentan que en
junio ya habrán cumplido el máximo de dos años de prisión preventiva previsto en
la ley. Los cinco huelguistas -Néstor Castro, Rubén Villalba, Felipe Balmori,
Adalberto Castro y Arnaldo Quintana- denunciaron en un comunicado que están en
la cárcel sin “una sola prueba seria” en su contra y que la Fiscalía violó sus
derechos y fabricó evidencia.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Exigen además que se entreguen a trabajadores rurales
esas tierras que habían ocupado en 2012, que están en litigio entre el Estado y
la familia del dirigente colorado y empresario Blas Riquelme, que murió a fines
de ese año.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Además de los cargos que se presentaron contra ellos,
otras actuaciones fiscales los tocaron de cerca. El miércoles 5, el fiscal José
Zarza presentó cargos contra Martina Paredes, familiar de uno de los campesinos
muertos en Curuguaty, y contra otros dos activistas, Darío Costa y Mariano
Castro, por considerarlos los “cabecillas” de una ocupación “simbólica” de
tierras muy cerca del lugar de la matanza. Aunque el fiscal fue al terreno y no
encontró ocupantes sino una división de la tierra en parcelas y cultivos, emitió
órdenes de captura contra ellos por “invasión de inmueble”.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Para el día siguiente fue convocada una protesta frente a
la Fiscalía General del Estado para repudiar la “criminalización de la lucha de
los familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty” y en rechazo a la
orden de captura emitida por Zarza. “Hicimos ocho hectáreas de cultivos en una
chacra comunitaria para autoconsumo, para sobrevivir. Es una persecución injusta
y es una masacre más contra nosotros. Luchamos por la libertad de los compañeros
y por que las tierras sean devueltas al Estado”, dijo Paredes.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Con sus sucesivas protestas, además de lograr que se
aprobara el protocolo de actuación policial, los campesinos paraguayos pudieron
hacerse oír. En cambio, no consiguieron que el ministro de Agricultura los
recibiera el jueves, ni llegar a fumigar su jardín -que encontraron protegido
por un grupo de policías antimotines-, ni mucho menos que Gattini y Mereles les
aceptaran el tereré.
<HR>
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