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<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa<BR></FONT><U>2 de marzo de 2014<BR></U><FONT color=#800000
size=5>Colectivo Militante - Agenda Radical<BR></FONT>Montevideo -
Uruguay<BR>Redacción y suscripciones: </FONT></STRONG><A
href="mailto:germain5@chasque.net"><STRONG><FONT
size=4>germain5@chasque.net</FONT></STRONG></A></DIV>
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<HR>
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<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Colombia</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG></STRONG></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial><STRONG>Asesinatos de defensores de
derechos, 95% impunes <BR></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Verdad Abierta, Bogotá,
1-3-2014<BR></STRONG></FONT><A href="http://www.verdadabierta.com/"><FONT size=2
face=Arial><STRONG>http://www.verdadabierta.com/</STRONG></FONT></A></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT><BR><BR><FONT size=2
face=Arial>El informe Protección “Al Tablero” del Programa Somos Defensores
reveló que de 219 crímenes contra defensores de derechos humanos entre 2009 y
2013, sólo 12 tienen sentencia o están en etapa de juicio. El caso de Caloto es
crítico con 13 casos.</FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>El estudio sobre la violencia a la que están expuestos
los defensores y líderes de derechos humanos en las distintas regiones del país
indagó los homicidios que se han presentado desde enero de 2009 a junio de
2013.<BR><BR>Durante estos últimos cinco años la cifra de asesinatos ha ido en
aumento, en el 2009 se habían registrado 32 muertes, número que fue superado por
los 37 crímenes ocurridos tan solo en el primer semestre del 2013, fecha hasta
la que llega la investigación. El año con más asesinatos fue el 2012, con
67.<BR><BR>El Programa Somos Defensores indica que entre las principales causas
de los atentados están las fallas en la protección que brinda el Estado y la
impunidad. “Una de las principales razones que de manera reiterada es
visibilizada y denunciada por los líderes sociales, defensores y defensoras, así
como movimientos sociales del país, como un factor determinante en la falta de
garantías al ejercicio legal y legítimo de defensa de los derechos humanos en
Colombia, es la impunidad en casos de agresión contra su ejercicio y con mayor
énfasis en los asesinatos contra estos líderes. (…) el gobierno nacional ha
centrado la política de protección en medidas materiales, expresadas en
seguridad física de los protegidos, dejando de lado factores que pueden ser
clave para proteger la vida de los amenazados”, resalta el informe.<BR><BR>Vea
las estadísticas completas de los asesinatos de defensores de derechos humanos
en los siguientes gráficos:</DIV>
<DIV align=justify><A
href="http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/organizaciones/5270-asesinatos-de-defensores-de-derechos-95-impunes">http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/organizaciones/5270-asesinatos-de-defensores-de-derechos-95-impunes</A><BR> <BR>Acerca
de la falta de investigación sobre los responsables de los homicidios las
estadísticas muestran que en 138 casos son actores desconocidos, 45 son
identificados como presuntos paramilitares y 27 son atribuidos a las
Farc.<BR><BR>El estudio también muestra que los tipos de líderes o defensores
más afectados son los indígenas con 64 víctimas, los líderes comunales (45) y
campesinos (45).<BR><BR>Por otro lado, el departamento con el mayor número de
homicidios es Antioquia con 47, le siguen Cauca (43), Córdoba (16), Valle del
Cauca y Nariño (15 cada uno).<BR><BR>Sobre esta situación llama la atención que
Caloto (Norte del Cauca), con 13 homicidios sea el segundo municipio con más
defensores asesinados por encima de ciudades capitales como Bogotá (9) y Cali
(5). Medellín ocupa el primer lugar al suma 15 muertes violentas.<BR><BR>Otro
hecho que se destaca sobre Caloto, es que de los 13 líderes asesinados, 11 eran
indígenas. Esta situación se analiza en el informe luego de una visita que
realizó el Programa Somos Defensores al Norte del Cauca, la organización
concluye que “se pude decir que quienes trabajan por la defensa de los derechos
humanos en esta zona, además de no contar con las garantías necesarias para
desarrollar su labor, se convierten en el blanco principal de los violentos que
desde hace décadas tratan de controlar el territorio y toda la vida que en él
reside. Actores tanto del Estado como de la ilegalidad han vulnerado la
totalidad de los derechos de quienes habitan y defienden el
territorio”.<BR><BR>Somos Defensores halló que “existe impunidad total en los 27
casos de homicidio contra líderes indígenas del norte del Cauca. Hay
desconocimiento absoluto de las familias sobre avances en investigación o
contacto con Fiscalía para tal fin”.<BR><BR>La impunidad<BR>Las cifras acerca de
la impunidad muestran que de los 219 casos sólo siete tienen una sentencia,
cinco están en etapa de juicio y los restantes (207) no presentan “ningún avance
procesal”. Además, 26 de estos casos están archivados.<BR><BR>Los cálculos de
Somos Defensores señala que diez años tarda en promedio una sentencia por el
asesinato de un líder de derechos humanos y cuatro años para evacuar las
investigaciones.<BR><BR>“Estos casos contenidos en el 95 por ciento de
impunidad, no tienen ni siquiera un futuro próximo en el que se advierta que los
fiscales darán inicio formal a las correspondientes audiencias de imputación de
cargos contra los presuntos responsables; el panorama es completamente
desalentador, pues si se comparan con el único caso con sentencia, el cual tardó
tres años para llegar a esa etapa, y si iniciaran en diciembre de 2013 las
audiencias de imputación en alguno de los 207 casos impunes, solo hasta el año
2016 se tendría una sentencia, que tampoco implica en si misma una decisión
definitiva, por cuanto dichos fallos son susceptibles de los recursos de
apelación y casación”, indica el estudio.<BR><BR>Acerca de las investigaciones
que lleva la Fiscalía, Somos Defensores señaló que en sólo 36 procesos se
identificó a las víctimas como líderes o defensores, sobre los demás no se
tenían datos o se establecía que no tenían ninguna labor. Uno de los hechos fue
el crimen de la reconocida líder Ana Fabricia Córdoba, el 8 de junio de 2011, en
el que el ente investigador determina que la actividad laboral de la mujer era
“Ninguna. Vivía de la caridad pública”.<BR><BR>El informe establece que “el
análisis de los 219 homicidios, demuestra que en casos de agresiones contra la
vida, la Fiscalía no cuenta con recursos técnicos ni humanos que permitan
avanzar en las investigaciones. Se suma esta falencia, el colapso generado en la
Fiscalía por el alto número procesos de vulneración del derecho a la
vida”.<BR><BR>La investigación también llamó la atención sobre la otras
instituciones que hacen parte de los procesos por los homicidios de los
defensores y encontró que hay “falta de acompañamiento en su calidad de
Ministerio Público o agente especial de la Procuraduría General de la Nación en
los procesos que se adelantan contra crímenes de defensores”.
<HR>
</FONT></DIV></BODY></HTML>