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<div align="center">
<font face="Comic Sans MS"><b>Seminario Virtual:<br>
¿Existe un proyecto feminista para la transformación social?<br>
22 al 27 de octubre de 2007<br>
<br>
</div>
Estimadas participantes,<br>
<br>
</b>En el marco del Seminario Virtual <b>"¿Existe un proyecto
feminista para la transformación social?", </b>compartimos ahora con
ustedes, como tercer y último documento de trabajo, el texto <b>“EL IDEAL
DE CIUDADANÍA"</b> de Alicia Miyares ( Articulo extraído del
libro de la misma autora “Democracia feminista” - Ediciones Cátadra,
Universitat de valència, Instituto de la Mujer). <br>
<br>
A efectos de facilitar la lectura, incluimos el documento en español y en
portugués. <br>
<br>
<b>Cordiales saludos,<br>
REPEM <br>
</b></font><font face="Times New Roman, Times">****************************************************************************************************************************************<br>
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</font><div align="center">
<font face="Comic Sans MS"><b>Alicia Miyares<br>
</font><font face="Comic Sans MS" size=4> “</font><font face="Comic Sans MS">EL
IDEAL DE CIUDADANÍA</font><font face="Comic Sans MS" size=4>”<br>
</b></font><font face="Comic Sans MS">(Ediciones Cátadra, Universitat de
valència, Instituto de la Mujer)<br>
<br>
<br>
</font></div>
<font face="Verdana">El artículo primero de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos afirma: «todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos... » y el artículo siete se refiere a que:
«todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley», esta mínima muestra del articulado del 48 sirve
para enmarcar el ideal de ciudadanía. Los principios categóricos de estos
artículos se explicitan en la teoría y práctica política en dos figuras
que todo Estado está obligado a mantener: la ciudadanía o el tutelaje. La
condición de ciudadanía permite que un individuo pueda participar
libremente y en igualdad con otros individuos en la elaboración de las
leyes del país en el que vive. La ciudadanía se adscribe de acuerdo a
circunstancias contingentes que varían dependiendo de las épocas
históricas o de sociedades concretas. No hay un principio universal por
el cual se adquiera la condición de ciudadanos: así en algunos países el
solo nacimiento asegura la ciudadanía y otros como, por ejemplo, la
actual Alemania, «a menudo niega la ciudadanía alemana a los jóvenes
nacidos en Alemania de padres turcos, nacidos también éstos cada vez más
frecuentemente en este país». <br>
De otro lado, se hallaría el grupo de individuos que, al no disfrutar de
la ciudadanía, necesitan de la tutela del Estado para que no se vulnere
su derecho reconocido en la declaración del 48 a la salvaguarda de la
libertad, la igualdad o la protección de la ley. Que a un individuo
adulto no se le reconozca la ciudadanía implica, pongamos el caso de un
inmigrante, que está sujeto a las leyes del país en el que reside de
forma temporal o permanente, pero carece de la capacidad para interferir
en la elaboración de esas leyes. La ciudadanía, así pues, se otorga en
razón a unos criterios de idoneidad o calificación: «la ciudadanía
depende entonces de juicios contingentes, no de derechos categóricos, y
no es forzoso que esos juicios lleven a una inclusión universal». No vaya
entrar en el debate de cuáles han de ser las condiciones contingentes por
las cuales hoy se reconoce la ciudadanía, lo que sí parece probable es
que estas condiciones variarán dependiendo de cómo sea asumido el
fenómeno de la globalización. Si éste termina por afianzarse únicamente
con criterios económicos parece muy probable que las condiciones
contingentes para adquirir la ciudadanía se restrinjan aún más. Si, por
el contrario, el proceso globalizador termina por reposar en el marco
político del internacionalismo, todo apuntaría a que las condiciones de
ciudadanía deberían ser lo más incluyentes posibles, pues sería la única
garantía para educar a una ciudadanía en unos derechos y
responsabilidades comunes. <br>
Dicho lo cual, me voy a centrar en cuáles han de ser los rasgos de una
plena ciudadanía. El ideal de libertad configura dos rasgos propios de lo
que significa ser ciudadano: la elección y la participación. La condición
de ciudadanía asegura la capacidad de elección de los sujetos o liber1ad
para desarrollar una actividad bajo la protección de la ley; la
ciudadanía implica, a su vez, la participación en el gobierno del Estado.
De la igualdad se derivan también dos rasgos que han de estar presentes
en lo que comporta ser ciudadano: la distribución de la riqueza entendida
hoy de manera preferente por el acceso a un empleo digno y el
reconocimiento o la consideración del «otro» como un igual. Para hablar
de una ciudadanía completa los cuatro rasgos, elección, participación,
distribución de la riqueza y reconocimiento, se deben adscribir a los
sujetos independientemente del sexo, la raza o la clase social. Esto es,
los estados están obligados a servir los cauces para que todo individuo
pueda vivir su condición de ciudadano sin restricciones. No puede haber
una ciudadanía defectiva. <br>
Cuando trasladamos estas marcas de la ciudadanía a los modelos
democráticos reconocidos como tales, comprobamos que la ciudadanía no
sólo se establece en torno a circunstancias contingentes, sino también
restringiendo el significado de la libertad o la igualdad. Desde la
modernidad, ciudadanía y participación iban de la mano: ciudadano es
aquel que participa con sus iguales en la construcción de la sociedad
civil. Pero este principio, común a todos los teóricos contractualistas,
terminaría por bifurcarse en dos modelos antagónicos de lo que significa
ser ciudadano. El universo liberal haría descansar la condición de
ciudadanía exclusivamente en la elección y la participación; la tradición
igualitaria, en la distribución de la riqueza y la participación. <br>
Así, en el universo liberal eran los individuos libres aquellos que
presentaban los rasgos idóneos para participar de forma activa en la
construcción de la sociedad civil. La libertad se interpretaba en
términos de idoneidad: los individuos capaces. Cierto es que esta premisa
totalmente contingente terminaría por articularse en el siglo XIX,
gracias a teóricos como Stuart Mill, en un liberalismo de principios
categóricos o reconocimiento de los derechos individuales. En la
tradición igualitaria la participación se tradujo también en un principio
contingente: sólo los que participan de manera activa en la construcción
de la sociedad civil son los iguales. La igualdad se entendió también en
términos de idoneidad, sólo afectaba a la fratría. En ninguna de las dos
tradiciones se enfatizó el rasgo del reconocimiento como aferente de la
ciudadanía.<br>
La ausencia de reconocimiento promovió dos tipos de ciudadanos: una
ciudadanía activa, los varones y una ciudadanía defectiva, la de las
mujeres. A todo efecto la ciudadanía defectiva de las mujeres sirve para
explicar también la situación de otros colectivos humanos discriminados.
Los registros por los que los varones se incorporan a la ciudadanía no
han sido los mismos que los de las mujeres. Como argumenta Carol Pateman
los varones se incorporaron a la ciudadanía en calidad de soldados y de
trabajadores, mientras que las mujeres lo hicieron fundamentalmente como
madres. Así pues, el «estatus "político" como Ciudadanas se
basa en unas premisas o acuerdos de desigualdad sexual». Que las mujeres
se hubieran incorporado a la ciudadanía en calidad de madres y educadoras
no tendría; por qué haber originado una ciudadanía defectiva si el
reconocimiento hubiera formado parte del rasgo de ciudadanía. Pero como
este no fue el caso ni en la tradición liberal, ni en la tradición
marxista, la incorporación de las mujeres a la ciudadanía fue percibida
más como una concesión que como una cuestión de derechos, que como un
reconocimiento implícito de igualdad entre los sexos. De esta manera, la
ciudadanía diferenciada de mujeres y varones -cuya premisa se estableció
en torno a la diferencia sexual, que no deja de ser un principio
contingente- se convirtió en un rasgo categórico para justificar las
funciones sociales diferenciadas de mujeres y varones. La idoneidad «ser
soldado», «trabajador», «madre» o «educadora» se conjugó con una rígida
normativa sexual de carácter categórico que aún hoy es muy difícil
abatir. <br>
<i>Por una ciudadanía plena</i> <br>
La democracia liberal enfatizó el ideal de ciudadanía en los rasgos
propios de la libertad: la elección y la participación. Ha dado lugar a
una ciudadanía incompleta, pues la elección, que se hace descansar en el
principio de autonomía, ya hemos dicho que depende de condiciones
externas para su realización, pero el liberalismo no provee un marco
institucional amplio para que las condiciones de realización de la
autonomía sean iguales para todos. La elección, vinculada al principio de
autonomía, acaba configurando una ciudadanía activa y una ciudadanía
defectiva. Más aún, el criterio de participación en la democracia
liberal, al restringir la participación ciudadana a las vías rutinarias
que marcan los procesos electorales, cada ciudadano un voto, no acaba de
reconocer los fallos de representatividad que se derivan de una
concepción tan estrecha de la participación. La representatividad en la
democracia liberal parte del sobreentendido de una representatividad
formada sustancial mente por individuos varones. <br>
Por su parte la socialdemocracia clásica hizo descansar la ciudadanía en
uno de los rasgos derivados de la igualdad, la distribución de la
riqueza, y en la participación. La socialdemocracia en cierto sentido
pretendía abatir las diferencias no explicitadas en la tradición liberal
entre una ciudadanía activa y otra defectiva; difícilmente un ciudadano
podía disfrutar de los derechos que la ciudadanía reportaba si las
condiciones para su realización se veían continuamente interrumpidas por
situaciones desfavorables de salida en términos educativos o económicos,
por dificultades en el acceso al empleo, por condiciones laborales de
indefensión y explotación. Para corregir que la ciudadanía derivara en
una ciudadanía defectiva para un amplio espectro de la sociedad era
imprescindible aplicar criterios de distribución de la riqueza. La
participación fue un arma política para canalizar las demandas de los
grupos menos favorecidos que, en el fondo, querían acceder a los
privilegios ciudadanos en igualdad de condiciones. Ahora bien, el modelo
de ciudadanía de la socialdemocracia clásica suponía el cambio en los
modos de hacer de los grupos menos favorecidos, pero no implicaba ningún
cambio en los modos de hacer de los ciudadanos más favorecidos. La
igualdad distributiva socialdemócrata no implicaba el cambio
comportamental y valorativo de la sociedad que está presente en la idea
de igualdad como reconocimiento. <br>
La democracia feminista toma el sentido de ciudadanía tanto de la
tradición liberal como de la tradición igualitaria. El feminismo político
al ser una teoría política de la realización parte de los supuestos
liberales de elección y participación, y como también es una teoría
política del reconocimiento, necesariamente construye cuáles han de ser
las condiciones idóneas de igualdad para satisfacer las expectativas de
todos los ciudadanos. Así pues, para poder hablar de una ciudadanía plena
es preciso que ésta cumpla los requisitos de elección, participación,
distribución de la riqueza y reconocimiento. Si analizamos cada unos de
estos rasgos desde una perspectiva feminista podemos constatar que aún
hoy las mujeres, en las sociedades democráticas, viven su condición de
ciudadanas de modo defectivo. Corregir estas deficiencias es la meta de
la democracia feminista. <br>
<i>Elección:</i> El principio de autonomía o de autorrealización se
vincula con el ideal de independencia. Es necesario un cambio en las
instituciones para que la independencia de las mujeres se visibilice,
pues hay muchas esferas de la vida en que todavía se concibe a las
mujeres como dependientes de los varones. La autoestima y
autorrealización dependen de la esfera pública y de cómo se conciba la
relación entre los sexos. Mi posibilidad de elección puede quedar
seriamente vulnerada si en la búsqueda de empleo se me aplican «c1ichés
ocupacionales», si en la promoción en el trabajo me topo con el «techo de
cristal», si no soy capaz de conciliar el trabajo fuera y dentro de la
casa, si ninguna medida gubernamental enfatiza la corresponsabilidad de
mujeres y varones en el ámbito familiar, si la educación que recibo o
reciben mis hijos carece de medios, si el ser víctima de violencia
condiciona mi vida, si el mundo de la opinión, la cultura y el saber
tiene rostro de varón... <br>
<i>Participación:</i> participar de manera activa en la sociedad implica
también la posibilidad de ser electo para un cargo. No es posible
identificarse con una plena ciudadanía si los fallos de representatividad
son tan notables como indican los datos. La paridad es un derecho que
corrige los fallos de representatividad y garantiza que la ciudadanía de
las mujeres no se entienda como defectiva. En este sentido quiero
subrayar que la paridad es un rasgo esencial de la democracia feminista,
pero para que realmente se transforme en un agente real de cambio social
ha de ir acompañada de profundos cambios normativos. Los cambios
cuantitativos deben necesariamente implicar cambios sustanciales
cualitativos. Las mujeres y los varones que compartan el ideal de paridad
no pueden hacer de ésta una mera cuestión representativa y a la hora de
tomar decisiones que afectan a rasgos valorativos y normativos de la
relación entre los sexos inclinarse por la costumbre, la tradición, el
estereotipo sexual o incluso la religión. <br>
<i>Distribución de la riqueza:</i> Para gozar de una plena ciudadanía es
preciso en primer lugar erradicar la pobreza, en el caso que nos ocupa,
erradicar la feminización de la pobreza. Pobreza y trabajo guardan cierta
relación: situación de paro, situación de penuria. Ahora bien, la pobreza
mayoritaria de las mujeres procede de la invisibilización del trabajo de
las mujeres: el trabajo oculto de las mujeres no tipifica a éstas como
población activa; así pues, las medidas distributivas de la riqueza o los
programas de desarrollo las excluyen de ser beneficiarias directas de las
compensaciones económicas para corregir las desigualdades. Por otra
parte, para gozar de una ciudadanía plena es preciso que el acceso al
empleo no venga determinado en función del sexo. La división del trabajo
en función del sexo sitúa a las mujeres en un mercado laboral más
inestable, en las jornadas a tiempo parcial, en ocupaciones de menor
prestigio social; todo ello conlleva que el poder adquisitivo de las
mujeres sea por regla general notablemente inferior al de los varones.
<br>
<i>Reconocimiento:</i> realmente la ciudadanía plena parte de una idea
muy simple en su enunciación: «la igualdad nos cambia a todos, varones y
mujeres». El reconocimiento como rasgo de la ciudadanía implica la
erradicación de las normas y estereotipos sexuales. Si no consideramos la
igualdad como un principio de doble dirección es muy posible que la
capacidad de elección, de participación o de distribución de la riqueza
suponga el cambio en los modos de vida de las mujeres sin que cambien los
modos de vida de los varones y sin que varíe un ápice el entramado
normativo nacido a la luz de la diferencia sexual. <br>
Si la elección no encuentra correspondencia con el reconocimiento nos
topamos con una nueva problemática que las mujeres deben enfrentar: la
«doble jornada» o la imagen ampliamente reseñada de la «superwoman». Si
la participación no parte del principio de reconocimiento permanecerá la
tendencia a explicar los derechos de las mujeres como concesiones y de la
representatividad de 1as mujeres se hará una cuestión peyorativa como así
lo significan las expresiones «mujer-cuota» o «mujer-florero»; si en la
participación no hay reconocimiento permanecerá la tendencia a adscribir
a las mujeres a cargos relacionados con la temática femenina o de menor
entidad representativa. Si el reconocimiento no forma parte de las
políticas distributivas la propiedad de la tierra, el acceso a los
mecanismos de crédito, la capitalización de las empresas el poder
económico continuarán en manos masculinas. Las políticas distributivas
que se aplican sin el criterio de reconocimiento transforman la
dependencia de las mujeres con respecto a los varones de su entorno
íntimo o familiar en una necesidad para tener acceso fluido a las
prestaciones sociales: tanto si se quiere acceder a una vivienda de
protección oficial como si se quiere acceder a un mecanismo de crédito
para montar una pequeña empresa. Las políticas de bienestar social
desgraciadamente no implican políticas de «bienestar sexual». <br>
Según lo expuesto, por ciudadanía plena se entienden todos los derechos
civiles derivados de la elección y la participación, los derechos
sociales derivados de la distribución de la riqueza y los derechos
sexuales derivados del reconocimiento. Si algunos de estos derechos están
interrumpidos en el ejercicio de la ciudadanía nos encontraremos con una
ciudadanía defectiva e incompleta. Pero la condición de ciudadanía
también implica una amplia gama de deberes que facilitan la cohesión
social. En el momento en el que hacemos alusión a la gama de los derechos
estamos refiriéndonos a la esfera pública y los ciudadanos no podemos
sustraemos del compromiso que tenemos con la sociedad amparándonos en
nuestra individualidad: lo que ganamos en libertad ha de traducirse en
compromisos, esto es, en civismo. Es necesario construir una concordia
cívica que parta de una profunda «conciencia de sexo», para que el «sexo»
no determine cauces cívicos distintos a mujeres y varones. Así pues, la
construcción de una sociedad más justa, libre e igual depende de que el
modelo de democracia que nos demos sea el propio de la democracia
feminista. <br>
<br>
<br>
</font><font face="Times New Roman, Times">****************************************************************************************************************************************<br>
</font><div align="center">
<font face="Comic Sans MS"><b>Alicia Miyares<br>
</font><font face="Comic Sans MS" size=4> </font><font face="Comic Sans MS">"O
IDEAL DE CIDADANIA"<br>
</b></font></div>
<font face="Verdana">O artigo primeiro da Declaração Universal dos
Direitos Humanos afirma: “todos os seres humanos nascem livres e iguais
em dignidade e direitos...”. Por sua vez, o artigo sétimo menciona que
“todos são iguais diante da lei e têm, sem distinção, direito a igual
proteção por lei”. Essa pequena amostra do que foi acordado em 1948
configura um marco importante no ideal da cidadania. Os princípios
categóricos desses artigos se explicitam na teoria e na prática política
em duas figuras que todo Estado é obrigado a manter: a cidadania e a
tutela. A condição de cidadania permite que um indivíduo participe
livremente e em igualdade com outros indivíduos na elaboração das leis do
país em que vive. A cidadania é exercitada de acordo com as
circunstâncias e contingências, que variam de acordo com a época
histórica e com a sociedade concreta. Não há um princípio universal pelo
qual se possa adquirir a condição de cidadão ou cidadã: em alguns países,
o nascimento basta para assegurar a cidadania, enquanto que em outros, a
exemplo do atual caso alemão, “a cidadania é a princípio negada a jovens
nascidos na Alemanha de pais turcos, apesar destes nascerem cada vez mais
freqüentemente no país”.<br>
Por outro lado, existe o grupo de indivíduos que, ao não desfrutar da
cidadania, necessita da tutela do Estado para não perder seu direito
reconhecido na declaração de 1948, que salvaguarda a liberdade, a
igualdade e a proteção da lei. O não-reconhecimento da cidadania de um
indivíduo adulto, a exemplo do imigrante, implica que ele esteja sujeito
às leis do país em que reside de modo provisório ou permanente, mas
carece da capacidade de interferir na elaboração dessas leis. Assim, a
cidadania se outorga em função de alguns critérios de idoneidade ou
qualificação: “a cidadania depende de juízos contingentes, não de
direitos categóricos, e esses juízos não necessariamente conduzem a uma
inclusão universal”. Sem entrar na discussão de quais são as condições
contingentes pelas quais se reconhece hoje a cidadania, o que parece,
sim, provável, é que essas condições variam de acordo com a maneira como
se manifesta o fenômeno da globalização. Se este termina se fiando
unicamente em critérios econômicos, parece muito provável que as
condições contingentes para a aquisição da cidadania se restrinjam ainda
mais. Se, por outro lado, o processo globalizador termina repousando
sobre o marco político do internacionalismo, tudo aponta que as condições
de cidadania devem ser tão inclusivas quanto possível, pois seriam a
única garantia para educar uma cidadania com base em direitos e
responsabilidades comuns. <br>
Dito isso, gostaria de me concentrar no que seriam os marcos de uma plena
cidadania. O ideal de liberdade dá origem a dois marcos próprios do que
significa ser cidadão: a escolha e a participação. A condição de
cidadania assegura a capacidade de escolha dos sujeitos e a liberdade de
desenvolver uma atividade sob a proteção da lei; a cidadania implica, por
sua vez, na participação no governo do Estado. Da igualdade, derivam-se
também dois marcos que estão presentes no exercício da cidadania: a
distribuição da riqueza, hoje entendida de maneira mais comum pelo acesso
a um emprego digno e o reconhecimento ou consideração do “outro” como
igual. Para que se fale de uma cidadania completa, esses quatro
marcos escolha, participação, distribuição de riqueza e
reconhecimento devem ser estendidos a todos os sujeitos,
independentemente de seu sexo, raça ou classe social. Ou seja, os Estados
estão obrigados a prover os canais para que todo indivíduo possa viver
sua condição de cidadão sem restrições. Não pode haver uma cidadania
defectiva.<br>
Quando transpomos esses marcos da cidadania para os modelos
reconhecidamente democráticos, comprovamos que a democracia não apenas se
estabelece em torno de circunstâncias contingentes, mas também
restringindo o significado da liberdade ou da igualdade. Desde a
modernidade, cidadania e participação caminham de mãos dadas: é cidadão
aquele que participa com seus iguais na construção da sociedade civil.
Mas esse princípio, comum a todos os teóricos contratualistas, terminaria
se bifurcando em dois modelos antagônicos do que significa ser cidadão. O
universo liberal faz com que a condição de cidadania repouse
exclusivamente sobre a escolha e a participação; a tradição
igualitária, sobre a distribuição da riqueza e a
participação.<br>
Assim, no universo liberal, eram indivíduos livres aqueles que cumpriam
os requisitos de idoneidade para participar de forma ativa na construção
da sociedade civil. A liberdade era interpretada em termos de
idoneidades: os indivíduos capazes. Graças a teóricos como Stuart Mill,
essa premissa totalmente contingente terminou se articulando no século
XIX em um liberalismo de princípios categóricos no reconhecimento dos
direitos individuais. Na tradição igualitária, a participação também se
traduziu em um princípio contingente: apenas os que participam de maneira
ativa na construção da sociedade civil são iguais. A igualdade também foi
entendida em termos de idoneidade, mas apenas dizia respeito a esses
iguais. Em nenhuma das duas tradições foi enfatizado o marco do
reconhecimento como uma característica da cidadania.<br>
A ausência de reconhecimento promoveu dois tipos de cidadania: uma
cidadania ativa para homens e uma cidadania defectiva para mulheres. A
cidadania defectiva das mulheres serve também para explicar a situação de
outros grupos humanos discriminados. As maneiras como os homens se
incorporaram à cidadania não foram as mesmas que as das mulheres. Como
argumenta Carol Pateman, os homens se apropriaram da cidadania na
condição de soldados e trabalhadores, enquanto que as mulheres o fizeram
fundamentalmente como mães. Assim, o “status ‘político’ como Cidadãs se
baseou em premissas ou acordos de desigualdade sexual”. Se o
reconhecimento tivesse sido parte do marco cidadão, a formação de uma
cidadania defectiva não teria razão de ser. Mas como esse não foi o caso
nem na tradição liberal, nem na tradição marxista, a incorporação das
mulheres à cidadania foi percebida mais como uma concessão do que como
uma questão de direitos ou como um reconhecimento implícito de igualdade
entre os sexos. Desse modo, a cidadania diferenciada de mulheres e
homens cuja premissa se estabeleceu em torno da diferença sexual,
que não deixa de ser um princípio contingente converteu-se em um
marco categórico para justificar as funções sociais diferenciadas de
mulheres e homens. Os status de “soldado”, “trabalhador”, “mãe” ou
“educadora” se conjugaram com uma rígida e categórica norma sexual cuja
superação é, ainda hoje, muito difícil.<br>
<i>Por uma Cidadania Plena</i> <br>
A democracia liberal enfatizou o ideal da cidadania sob os critérios
próprios da liberdade: a escolha e a participação. Deu lugar a uma
cidadania incompleta, pois a escolha, que se baseia no princípio da
autonomia, depende, como já mencionei, de condições externas para a sua
realização mas o liberalismo não provê um marco institucional amplo
para que as condições de realização da autonomia sejam iguais para todos.
Vinculada ao princípio da autonomia, a escolha acaba configurando uma
cidadania ativa e uma cidadania defectiva. Além disso, o critério de
participação na democracia liberal, que restringe a participação cidadã
às vias rotineiras dos processos eleitorais cada cidadão, um
voto termina não reconhecendo as falhas de representatividade que
se derivam de uma concepção tão estreita da participação. Na democracia
liberal, a representatividade parte da premissa de uma participação
essencialmente por indivíduos homens.<br>
Por sua vez, a social-democracia clássica fez com que a cidadania
repousasse sobre um dos marcos derivados da igualdade, a distribuição da
riqueza, e sobre a participação. Num certo sentido, a social-democracia
pretendia superar as diferenças não-explicitadas na tradição liberal
entre uma cidadania ativa e outra defectiva; dificilmente um cidadão
podia desfrutar dos direitos que a cidadania lhe outorgava se as
condições para sua realização se viam continuamente interrompidas por
situações desfavoráveis em termos educacionais ou econômicos, por
dificuldades no acesso ao emprego, por condições trabalhistas de
exploração e ausência de proteção. A fim de corrigir a situação de
cidadania defectiva para um amplo espectro da sociedade, era
imprescindível aplicar critérios de distribuição da riqueza. A
participação foi uma arma política para canalizar as demandas dos grupos
menos favorecidos que, no fundo, queriam acessar os privilégios cidadãos
em igualdade de condições. Sendo assim, o modelo de cidadania da
social-democracia clássica supunha a mudança nos modos de ação dos grupos
menos favorecidos, mas não implicava em mudança alguma nos modos de ação
dos grupos mais favorecidos. A igualdade distributiva social-democrata
não implicava em mudanças comportamentais e valorativas da sociedade a
partir da igualdade como reconhecimento.<br>
A democracia feminista toma o sentido de cidadania tanto da tradição
liberal quanto da tradição igualitária. Por ser uma teoria política da
realização que parte dos pressupostos liberais de escolha e participação,
e por ser também uma teoria política do reconhecimento, o feminismo
político necessariamente constrói suas condições idôneas de igualdade
para satisfazer as expectativas de todos os cidadãos. Assim, para poder
falar de uma cidadania plena, é preciso que ela cumpra os requisitos de
escolha, participação, distribuição de riqueza e reconhecimento. Se
analisarmos cada um desses marcos a partir de uma perspectiva feminista,
podemos constatar que ainda hoje as mulheres, nas sociedades
democráticas, vivem sua condição de cidadãs de modo defectivo. Corrigir
essas deficiências é a meta da democracia feminista.<br>
<i>Escolha: </i>O princípio de autonomia ou de auto-realização se vincula
ao ideal de independência. É necessária uma mudança nas instituições para
que a independência das mulheres se torne visível, pois em muitas esferas
as mulheres ainda são vistas como dependentes dos homens. A auto-estima e
a auto-realização dependem da esfera pública e de como se concebem as
relações entre os sexos. A possibilidade de escolha de uma pessoa pode
ser seriamente prejudicada se na busca por emprego forem atribuídos a ela
“clichês ocupacionais”, se na promoção no trabalho ela esbarra em um
“teto de cristal”, se ela não for capaz de conciliar as tarefas fora e
dentro da casa, se nenhuma medida governamental enfatiza a
co-responsabilidade entre mulheres e homens no âmbito familiar, se a
educação que ela e seus filhos recebem carece de meios, se ela é vítima
de violência e se o mundo da opinião, da cultura e do saber tem um rosto
masculino, etc.<br>
<i>Participação: </i>participar de modo ativo na sociedade implica também
na possibilidade de ser eleito para um cargo. Não é possível
identificar-se com uma plena cidadania se as falhas de representatividade
são tão notáveis quanto indicam os dados. A paridade é um direito que
corrige as falhas de representatividade e garante que a cidadania das
mulheres não seja vista como defectiva. Nesse sentido, gostaria de
enfatizar que a paridade é um marco essencial da democracia feminista,
mas para que ela realmente se transforme em um agente real de mudança
social, precisa ser acompanhada por profundas mudanças normativas. As
mudanças quantitativas devem necessariamente gerar mudanças qualitativas
substanciais. As mulheres e os homens que compartilham o ideal de
paridade não podem fazer dela uma mera questão representativa e, na hora
de tomar decisões que afetam os marcos valorativos e normativos da
relação entre os sexos, terminarem optando pelo costume, pela tradição e
pelos estereótipos sexuais, incluindo a religião.<br>
<i>Distribuição da Riqueza:</i> Para que se usufrua da cidadania, é
preciso em primeiro lugar erradicar a pobreza: no caso, erradicar a
feminização da pobreza. A pobreza e o trabalho estão relacionados e,
quando não há trabalho, instaura-se a penúria. A pobreza majoritariamente
feminina advém da invisibilização do trabalho feminino: o trabalho oculto
das mulheres não as tipifica como população ativa; e assim as medidas
distributivas da riqueza e os programas de desenvolvimento as excluem
como beneficiárias diretas das compensações que visam a corrigir
desigualdades. Por outro lado, para usufruir de uma cidadania plena, é
preciso que o acesso ao emprego não seja condicionado pelo sexo. A
divisão do trabalho em função do sexo situa as mulheres em um mercado de
trabalho mais instável, em jornadas parciais e ocupações de menor
prestígio social. Tudo isso conduz a uma realidade na qual o poder
aquisitivo das mulheres é, via de regra, inferior ao dos homens.<br>
<i>Reconhecimento:</i> de fato, a cidadania plena parte de uma noção
muito simples em seu enunciado: “a igualdade nos modifica a todos, homens
e mulheres”. Como marco de cidadania, o reconhecimento implica na
erradicação de normas e estereótipos sexuais. Se não consideramos a
igualdade como um princípio de duplo sentido, é muito possível que a
capacidade de escolha, participação ou distribuição de riqueza implique
em uma mudança nos modos de vida das mulheres sem que se modifiquem os
modos de vida dos homens, e sem que se transforme minimamente a sutil
diferenciação sexual que permeia a sociedade. <br>
Como a escolha não encontra correspondência no reconhecimento, vemos que
as mulheres terminam enfrentando uma nova problemática: a “dupla jornada”
ou a imagem amplamente conhecida da “super-mulher”. Se a participação não
partir do princípio do reconhecimento, permanecerão as tendências de
explicar os direitos das mulheres como concessões e de descrever
pejorativamente a sua representatividade com expressões como
“mulher-quota” ou “mulher decorativa” (em espanhol, “mujer-florero”); se
na participação não houver o reconhecimento, permanecerá a tendência de
atribuir às mulheres os cargos relacionados com a temática feminina ou os
de menor força representativa. Se o reconhecimento não fizer parte das
políticas distributivas, a propriedade da terra, o acesso aos mecanismos
de crédito, a capitalização das empresas e o poder econômico continuarão
em mãos masculinas. As políticas distributivas que se aplicam sem o
critério do reconhecimento transformam a dependência das mulheres em
relação aos homens de seu entorno íntimo ou familiar em uma necessidade
de obter acesso fluido à assistência social: seja nos casos em que se
busca um meio de subsistência a partir da proteção oficial, seja nos
casos em que se busca um mecanismo de crédito para montar uma pequena
empresa. Infelizmente, as políticas de bem-estar social não implicam em
políticas de “bem-estar sexual”.<br>
De acordo com o que foi exposto, uma ‘cidadania plena’ engloba todos os
direitos civis derivados da escolha e da participação, os direitos
sociais derivados da distribuição da riqueza e os direitos sexuais
derivados do reconhecimento. Quando alguns desses direitos são obstruídos
no exercício da cidadania, configura-se uma situação de cidadania
defectiva e incompleta. Mas a condição de cidadania também implica em uma
ampla gama de deveres que facilitam a coesão social. No momento em que
aludimos aos diversos direitos, estamos nos referindo à esfera pública;
como cidadãos, não podemos nos eximir do compromisso que temos com a
sociedade e usar nossa individualidade como desculpa: o que ganhamos em
liberdade há de se traduzir em compromissos, ou seja, em civismo. É
necessário construir uma concordância cívica que parta de uma profunda
“consciência de sexo”, para que o “sexo” não determine canais cívicos
diferenciados para homens e mulheres. Assim, a construção de uma
sociedade mais justa, livre e igualitária depende de nossa capacidade de
adotar um modelo político próprio da democracia feminista.<br>
Texto extraído de: Alicia Miyares, “Democracia Feminista”<br>
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</b>Avda. 18 de Julio 2095 / Apto. 301 <br>
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