Uruguay: ley de caducidad es el sustento de la impunidad [Graciela Romero - entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Boletín informativo - Red solidaria de la izquierda radical

Año III - 6 de junio 2006 - Redacción: germain en chasque.net

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Uruguay

Entrevista con Graciela Romero (Serpaj-Uruguay)
 
La Ley de Caducidad es el sustento de la impunidad 

Construyendo Nº 17 *
Montevideo, junio 2006


Graciela Romero es la coordinadora nacional del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), abogada, y una de las responsables del Informe Anual sobre los Derechos Humanos que se presenta todos los 10 de diciembre. Integró el equipo del Serpaj-América Latina. Durante años estuvo recorriendo el horror de los penales en todo el país. Testificó el "fracaso del sistema penitenciario" en un trabajo colectivo realizado por el IV Seminario Sobre Cárceles (Montevideo, 2003). Con ella conversamos, mientras preparaba con Ielsur, Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Familiares de Asesinados Políticos, las nuevas denuncias judiciales contra los mandos militares, policiales y civiles de la dictadura. (Entrevista de Ernesto Herrera)
 

 ¿Cuál es el balance que hace Serpaj de la política del gobierno Tabaré Vázquez sobre la impunidad del terrorismo de Estado? 
 
No se puede desconocer que en general desde el 1ª de marzo 2005 existe en el país un nuevo escenario para la defensa de los derechos humanos. Este gobierno ha manifestado una voluntad política distinta a la de gobiernos anteriores. Por lo menos, expresa una mayor preocupación e interés en investigar y alcanzar la verdad en el marco del artículo 4º de la Ley de Caducidad.  
De todas maneras, el gobierno se enfrenta a un dilema. Por un lado tiene el problema de respetar un programa moderado, que buscaba la adhesión de sectores de centro o conservadores: por otro lado, debe dar respuesta a la demanda creciente de los movimientos populares, es decir, de las bases sociales y políticas que decidieron la victoria del Frente Amplio. Lo "nuevo" es el escenario favorable para atacar y terminar con la impunidad. No sólo en el plano ético-jurídico,  sino en el político. 

La reunión mantenida por los militares retirados y en actividad  en el Círculo Militar ante la inminente extradición de los militares implicados en el caso Berríos, y la carta de los excomandantes difundida el 18 de mayo, son síntomas muy claros de que la impunidad no es un tema secundario o puntual como dicen algunos dirigentes del Frente Amplio. Por el contrario, se trata de una cuestión vital para la democracia, entonces, sólo habría que esperar (o mejor dicho exigir) una actitud mucho más firme y decidida desde el gobierno. 

Hasta el momento, la política del gobierno se cierra en torno a la "caducidad de la pretensión punitiva del Estado" establecida por la Ley 15.848. Las organizaciones de derechos humanos y abogados representantes de las familias de las víctimas, tenemos otra opinión: no se trata solamente de "conocer la verdad" sino de que se haga justicia y que los criminales y torturadores sean encarcelados. El objetivo es romper la lógica perversa de la impunidad. 

Esto no implica desconocer lo positivo, como por ejemplo, que se otorguen las extradiciones de quienes están acusados de cometer delitos en otros países, pues el principio es  "juzgar o extradictar". 
 
La demanda de poner fin a la impunidad también exige desmantelar toda la arquitectura represiva del Estado, sin embargo, el gobierno ni siquiera ha puesto en práctica una depuración efectiva en los aparatos de seguridad y mantiene una estrategia de penalizar la protesta social.
 
Bueno, es que los gobiernos del Partido Colorado y el Partido Nacional mantuvieron intacto el aparato represivo, "protegiendo" a militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos, otorgando ascensos a militares denunciados, y negando toda colaboración a las solicitudes provenientes del exterior para informar, interrogar o extraditar militares uruguayos. 

Lo que si es absolutamente reprobable, y en tal sentido nuestra crítica ha sido muy categórica, es que el gobierno progresista mantenga en sus cargos a gente denunciada y acusada de violar los derechos humanos. Por eso hemos dicho que no pueden permanecer en las instituciones, que no pueden ser ascendidos, ni ocupar cargos de representación ante organismos internacionales, como es el caso de la designación de Ernesto Serrón. Lamentablemente, nuestro reclamo no ha tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades de gobierno. 

En cuanto a los procesamientos de militantes y trabajadores, Serpaj los condenó  en su momento y, como organismo de derechos humanos, reivindicamos por sobre todas las cosas el pleno ejercicio democrático de la lucha y la protesta. 
 
Desde Serpaj vienen planteando, junto a otros movimientos sociales y organizaciones de izquierda, la necesidad de anular la Ley de Caducidad. Parece claro que para derrotar a la impunidad, es imprescindible quebrar el marco político-institucional que la sostiene ¿Cuál es tu opinión? 
 
Entendemos que es imprescindible anular la Ley de Caducidad,  lo venimos planteando desde hace tiempo. La anulación es fundamental para garantizar una democracia verdaderamente respetuosa de todos los derechos humanos y, simultáneamente, hacer efectivas las convenciones internacionales que el país firmó. La Ley de Caducidad debe ser anulada, porque instaló en el país - a partir de su aprobación - un contexto político y jurídico de impunidad que afecta a la democracia y al pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. 

Ahora bien, la impunidad no es sólo una cuestión jurídica. La impunidad no es un concepto abstracto, ni sólo una situación de injusticia por hechos ocurridos en el pasado. La impunidad es un hecho real, concreto, que está ocurriendo ahora y que está violando hoy los derechos humanos. Es, básicamente, una cuestión política con un sustento jurídico.

La impunidad, es un sistema de relaciones de poder por el que un grupo de delincuentes se ubica fuera y por encima de las normas de convivencia de la sociedad. Esto implica un mensaje: quienes pueden detentar el poder pueden cometer crímenes, para ellos no hay castigo. Para los demás, para los que no tiene su poder sí lo habrá. La impunidad cuestiona todo el "contrato social," toda el funcionamiento democrático del Estado, todos los valores en los que se sustenta la democracia. En definitiva, es la propia legitimidad del Estado la que está cuestionada mientras no se revierta la impunidad. Por lo tanto, para nosotros se debe analizar este tema en dos planos: el político y social y el ético-jurídico.  

En el plano jurídico la Ley de Caducidad ha sido el instrumento clave para sellar la impunidad, pero esto a su vez tiene su contracara política y ética. No se puede menospreciar lo que significaría eliminar esta ley: se derrumbaría todo el sustento jurídico-político de la impunidad. 
 
¿Por qué la nulidad y no la derogación?
 
La derogación extingue la vigencia de la ley pero con efecto hacia el futuro. La nulidad, por el contrario, declara la inexistencia de la norma, revirtiendo el contexto de impunidad de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1985. Si bien la Ley de Caducidad está viciada de nulidad absoluta, y por lo tanto es nula desde su nacimiento y así permanece, no es considerada de esta forma por el Poder Ejecutivo ni, hasta ahora, por ningún magistrado. Es nula por ser violatoria de normas de "jus cogens" que son las que consagran derechos humanos fundamentales, y son aceptadas y reconocidas por la comunidad de Estados en su conjunto; estas normas universales, imperativas y dinámicas se encuentran por encima de la voluntad de los Estados, están ubicadas en la cima del ordenamiento jurídico, por lo que no pueden ser derogadas por ningún tratado y mucho menos por una ley.
 
¿Y cómo se llega, desde el punto de vista de Serpaj, a esa anulación? ¿existe una coordinación con otros movimientos y organizaciones de izquierda para organizar una campaña?

Fomentando la condena pública y masiva a la impunidad. La Marcha del Silencio es un buen ejemplo de esto. Promoviendo el debate, socializando la información y creando una movilización social que tenga como objetivo colocar en la agenda de las fuerzas populares la nulidad de la Ley de Caducidad. Pero también es importante que haya extradiciones, que se denuncie y que, finalmente, la justicia actúe. Esto contribuye a revertir el proceso de impunidad y esa sensación de fracaso o de "ya se puede hacer nada". En cuanto a la campaña, ya existe una coordinación entre organizaciones sociales y de derechos humanos, que funciona desde hace varios meses, pero en estos días se estará creando un espacio de ejecución que apunte a llevar adelante una campaña con ese objetivo.


* Construyendo, mensuario de la Coordinación de Unidad Revolucionaria (CUR). 
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