Filipinas/Solidaridad Urgente: detenciones, asesinatos, desapariciones [Equipo Nizkor]

[Ernesto Herrera]

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Boletín informativo - Red solidaria de la izquierda radical

Año III - 14 de marzo 2006 - Redacción: germain en chasque.net

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Filipinas/Solidaridad Urgente

Equipo Nizkor
http://www.derechos.org/esp.html


I) Información sobre la grave situación de derechos humanos en Filipinas

Durante 2005 las violaciones de los derechos humanos fueron las más altas desde la dictadura de Marcos. 

Según informes de organizaciones sociales y de derechos humanos filipinas, la situación actual de los derechos humanos en este país ha empeorado; mientras, el Gobierno de Arroyo, inmerso en una grave crisis económica y política, ha intensificado su labor represora. 

Según un informe de Bayan Internacional de 6 de febrero de 2006, el número de violaciones a los derechos humanos en 2005 ha sido el más alto registrado desde la dictadura de Marcos. 

La organización de derechos humanos Karapatan ha documentado 874 casos de violaciones a los derechos humanos entre enero y el 30 de noviembre de 2005, con 99.011 víctimas. Las violaciones han afectado a 14.302 familias de 288 comunidades. 

Ha habido 179 asesinatos políticos, en comparación con los 63 de 2004. Esta cifra no incluye 52 víctimas que han sobrevivido a int! entos de asesinato. Hubo 46 secuestros/desapariciones forzosas en 2005, siendo 151 las que Karapatan ha informado desde que Arroyo llegara a la Presidencia. 

Según el informe mencionado, la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por dos motoristas que llevaban casos o máscaras y conducían en tandem y con el apoyo de otros motoristas. "El patrón de asesinatos es el mismo por todo el país, con conocidos activistas de organizaciones de la izquierda social como víctimas. Son disparados cerca de sus casas, lugares de trabajo, o al dirigirse o volver de estos lugares, con lo que estaban sometidos a vigilancia para después perpetrar el operativo. Los asesinatos se dan también por períodos de uno a dos meses, seguidos de una pausa de dos a tres meses, tras la cual vuelven a producirse. Esto muestra que se hallan dirigidos de manera centralizada, fijándose la selección de blancos en todo el país y en lugares específicos y con arreglo a un cronograma. 

Sede Europea del Equipo Nizkor 
Bélgica, 7 de marzo

II) La expresión de la situación de los derechos humanos en Filipinas en 2005: asesinatos políticos y desapariciones

La situación actual de los derechos humanos en las Filipinas empeoró, intensificando el Gobierno Arroyo - acosado por una severa crisis económica y política - su labor represora y su política de terror contra el pueblo y la oposición. El número de las violaciones en 2005 ha sido el más alto que se haya registrado jamás desde la dictadura de Marcos. 

La organización de derechos humanos Karapatan ha documentado 874 casos de violaciones a los derechos humanos entre enero y el 30 de noviembre de 2006, con 99.011 víctimas. Las violaciones han afectado a 14.302 familias de 288 comunidades. 

Ha habido 179 víctimas de asesinatos políticos, en comparación con los 63 de 2004. Esta cifra no incluye 52 víctimas que han sobrevivido a intentos de asesinato. Hubo 46 secuestros/desapar! iciones forzosas en 2005, siendo 151 las que Karapatan ha informado desde que Arroyo llegara a la Presidencia. 

Los asesinatos selectivos de dirigentes y miembros del movimiento democrático legal. 

Las organizaciones progresistas presentaron sus candidatos a las elecciones nacionales de 2001 bajo el partido político Bayan Muna (Primero el Pueblo). Recibió la mayoría de los votos bajo el sistema de listas de partidos y sacó 3 escaños en el Congreso (Parlamento). En las elecciones nacionales de 2004 se presentaron más candidatos progresistas. Bayan Muna, Anakpawis y el Partido de las Mujeres de Gabriela, obtuvieron seis escaños en el Congreso a pesar de los intentos por parte del Consejero Nacional de Seguridad, Norberto Gonzales, de eliminarles de las listas de partidos y también a pesar de la malintencionada propaganda anti-comunista, abierto hostigamiento y política de terror por parte de los militares y la policía contra sus simpatizantes y desenfrenado fraude! de sus votos. Ello pone de manifiesto el esfuerzo de la izquierda democrática legal por participar en las elecciones parlamentarias. 

De los 179 casos de asesinatos con móvil político registrados en 2005, 67 eran activistas políticos. Se trataba de líderes (coordinadores regionales o provinciales), miembros o simpatizantes de Bayan Muna, Anakpawis y organizaciones populares. Anakpawis sufrió el mayor número de asesinatos, con 33 . Bayan Muna estuvo cerca, con 30 de sus miembros asesinados. Además, cinco miembros de Anakpawis y tres de Bayan Muna permanecen desaparecidos. 

Dos sedes locales de Bayan Muna fueron incendiadas. Los dirigentes locales de los grupos progresistas que formaban parte de la lista de partidos fueron objeto de hostigamiento, detenciones ilegales y amenazas. Este patrón de violencia constituye un intento desesperado y sistemático por silenciar y aniquilar la izquierda, que es de donde proceden las voces más críticas contra el Gobierno Arroyo. Entre las 179 personas asesinadas y las 46 desaparecidas se encuentran conocidos profesionales que se desempeñaban como funcionarios de los gobiernos locales, abogados, periodistas, activistas de derechos humanos y religiosos. 
66 de los asesinatos y 37 de los desaparecidos eran simplemente civiles, en su mayoría campesinos, tachados por los militares como familiares, simpatizantes o partidarios de los rebeldes comunistas o musulmanes. Entre esos 66 se cuentan dos fetos, pues dos de esas víctimas eran mujeres embarazadas. 

De las 179 personas asesinadas, 26 eran prisioneros musulmanes acusados de ser miembros de Abu Sayyaf. Les mataron cuando un grupo de carceleros, policías y militares asaltaron un campo de detención en Manila durante unos disturbios que se produjeron en la cárcel. 

La supresión de la verdad

Son también blanco los periodistas que revelan abusos cometidos por las fuerzas militares o policiales, corrupción y sobornos, así como las conexiones de funcionarios gubernamentales con los sindicatos del crimen. La Unión Nacional de Periodistas, reportó que el año asado fueron asesinados 7 periodistas o profesionales de los medios. 

También han sido objeto de blanco los trabajadores de derechos humanos - incluidos los empleados de Karapatan - que documentan las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas militares y policiales, así como abogados, religiosos, y funcionarios locales electos que apoyan a las organizaciones populares que luchan por sus derechos, como los pueblos indígenas y los grupos medioambientales. 

Entre las 179 personas asesinadas se hallan un (1) trabajador de derechos humanos, tres (3) religiosos, siete (7) abogados de derechos humanos y tres (3) funcionarios locales electos. En casi todos los casos, los militares presentan a las víctimas o sus organizaciones como "terroristas", comunistas, simpatizantes de los rebeldes o "enemigos del estado", para así justif! icar los ataques violentos. 

El patrón de los asesinatos

Con excepción de los 26 presos musulmanes y la masacre de campesinos en Palo, Leyte, la mayoría, si no todas, de las víctimas fueron asesinadas por dos motoristas que llevaban casos o máscaras y conducían en tándem y con el apoyo de otros motoristas. 

El patrón de asesinatos es el mismo por todo el país, con conocidos activistas de organizaciones de la izquierda legal como víctimas. Los asesinatos se dan también por períodos de uno a dos meses, seguidos de una pausa de dos a tres meses, tras la cual vuelven a producirse. Esto muestra que se hallan dirigidos de manera centralizada, fijándose la selección de blancos en todo el país y en lugares específicos y con arreglo a un cronograma 

Promoción y ascenso de perpetradores de violaciones a los derechos humanos

Estos ataques violentos se han cometido con impunidad; a veces cerca, o al lado, de destacamentos militares o policiales, s! in que se llevara adelante ninguna investigación policial, y sin que se arrestara ni pusiera a disposición de la justicia a perpetrador alguno. De hecho, a los presuntos perpetradores incluso se les promueve. 

Uno de estos casos es el del General Jovito Palparan. Inicialmente ganó notoriedad como el "carnicero de Mindoro", en abril de 2003, tras la tortura y ejecución sumaria de Eden Marcellana, coordinador regional de Karapatan para el Sur de Tagalog, y Eddie Gumanoy, un líder campesino. 

Durante su destino al frente de la 204 Brigada de Infantería en Mindoro Oriental, desde finales del 2001 hasta mayo de 2003, Karapatan registró 27 asesinatos de activistas y civiles. En ese momento Palparan era aún Coronel. Antes de este destino en Mindoro Oriental, estaba al frente del Grupo de Tareas Banahaw, que cubre las provincias de Rizal y Laguna. En este periodo de su carrera, Karapatan registró 61 casos de violaciones a los derechos humanos, incluido el asesinato de civiles y u! n niño de 5 años. 

A pesar de las fuertes objeciones de las organizaciones populares y algunos senadores y congresistas, debido a las violaciones de derechos humanos, Palparan fue promovido a Brigadier General por la Presidenta Arroyo, y se le honró con la Mención Presidencial al Valor en mayo de 2003. Como consecuencia, ha sido enviado al frente del contingente filipino a Iraq, en enero de 2004. 

Con la retirada de las tropas filipinas de Iraq en agosto de 2004, Palparan fue ascendido a "Major General" en Octubre de 2004. De febrero a agosto de 2005 ha dirigido la 8a. Brigada de Infantería en Visayas Este. Desde septiembre de 2005 y hasta la actualidad, Palparan ha estado al frente de la 2ª. División de Infantería en Luzón Central. 

De las 179 personas ejecutadas sumariamente el año pasado, 31 eran de Visayas Este y 52 de Luzón Central. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas cuando Palparan era el oficial al mando en esas regiones. Además de los 31 asesinatos! en Visayas Este, hubo 32 desapariciones durante su destino allí, y 7 en Luzón Central. 

El modus operandi de Palparan consiste en organizar escuadrones de la muerte que cometen descaradamente asesinatos y raptan forzosamente a las víctimas. Llevan cascos o pasamontañas, conducen motos o camionetas sin identificar, y a veces asesinan o secuestran a las víctimas en sus propias casas, delante de sus esposas e hijos. Estos métodos, no sólo son evocadores de los años de Marcos, sino también del periodo 1986-88, cuando líderes de las organizaciones sociales, abogados de derechos humanos y candidatos del Partido ng Bayan, el partido de izquierdas establecido tras la Ley Marcial, eran asesinados por hombres que iban en moto. En ese momento, el Jefe de Operaciones de las Fuerzas Armadas Filipinas (AFP) era el Gen. Eduardo Ermita. 

Poniendo las bases de la dictadura

Los asesinatos políticos y las desapariciones han sido puestos en conocimiento de los má! s altos funcionarios del país. En su testimonio ante el "Congreso de los Ciudadanos por la Verdad y la Responsabilidad" (Citizens' Congress for Truth and Accountability), presidido por el ex Vice Presidente Teopisto Guingona, el Diputado Satur Ocampo de Bayan Muna, Presidente del "House Special Committee on Peace, Unity and Reconciliation" y miembro destacado del "House Committee on Human, Civil and Political Rights", declaró que entre enero de 2002 y agosto de 2005, contó con 6 ocasiones para informar a la Presidenta Arroyo personalmente y por teléfono, en el Palacio de Malacanang y en otros lugares, sola o en presencia de otros funcionarios y representantes de partidos políticos, de la escalada de violaciones a los derechos humanos en el país, especialmente contra los dirigentes y miembros de su propio partido, y le pidió que actuara para poner término a los asesinatos y violaciones. 

El congresista Ocampo afirmó que en estas ocasiones la Presidenta Arroyo "se mostró fría e indiferente, tan sólo me miraba y asentía con la cabeza". Hasta el día de hoy, la Presidenta Arroyo no ha adoptado medida alguna para poner término a los asesinatos. Ni siquiera ha emitido una declaración en el sentido de investigar los asesinatos y desapariciones. Esta inacción por parte del ejecutivo ha animado a sus subordinados militares a aumentar los asesinatos. De este modo, sólo en el mes de enero de 2006 han sido sumariamente ejecutados en diferentes partes del país seis (6) activistas políticos. 

Por el contrario, la Presidenta Arroyo ha dictado varias Órdenes Ejecutivas (EO) que vienen a allanar el camino hacia la dictadura. Usando una ley represiva de Marcos (Batas Pambansa 880), la Presidenta Arroyo adoptó la política de la llamada "respuesta preventiva calibrada" ("calibrated preemptive response") en contra de las manifestaciones, con la que pretende suprimir las acciones de protesta y restringir la libertad de reunión. Dictó la Orden Ejecutiva 464, que ! impide a los funcionarios de Gobierno y empleados comparecer ante el Congreso sin su autorización. Pidió a su Ministro de Justicia que redactara una orden para regular el estado de emergencia (EO 467). Está presionando también al Congreso para que apruebe una ley anti-terrorista más dura que el Homeland Security Act de Bush, y que aprueben como ley su orden ejecutiva (EO 420) sobre el Sistema de Identificación Nacional. 

Continúa la resistencia popular

La cada vez más intensa represión política ha engendrado una resistencia creciente, no sólo contra la represión misma, sino contra las anti populares políticas neo liberales, la corrupción y el fraude electoral de la administración actual, especialmente contra la Sra. Arroyo y sus apoyos en el Gobierno y los militares. 

Los representantes progresistas de Bayan Muna, Anakpawis y Gabriela Women's Party continúan representando los intereses del pueblo en el Congreso. Organizaciones populares como Bayan, Kilusan! g MayoUno (KMU), la mayor y más progresista federación sindical, y el Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), el sindicato de agricultores más grande, continúan defendiendo las aspiraciones nacionales y democráticas del pueblo. 

El amplio movimiento de masas está creciendo con la incorporación de elementos de la oposición política, como la Sra. Corazón Aquino, ex Presidenta, las iglesias, como el Consejo Nacional de Iglesias de las Filipinas (NCCP) y la Conferencia de Obispos Católicos de las Filipinas (CBCP), grupos de la sociedad civil, los militares, y las masas, quienes se han congregado en una acción coordinada y piden la dimisión de la Sra Arroyo como Presidenta. 

Las políticas de terror y represión no han socavado el deseo popular de luchar por la justicia y la democracia. 

III) Denuncian detenciones arbitrarias, torturas y falsas incriminaciones

El Equipo Nizkor ha sido informado por la Comisión Asiática de Derechos Humanos (Asian Human Rights Commission - AHRC) de las torturas infligidas a 11 personas en Filipinas y la falsa incriminación de que después han sido víctimas. Estas personas habrían sido brutalmente torturadas y subsecuentemente acusadas, mediante cargos fabricados, tras su arresto el 14 de febrero de 2006 en el punto de control (checkpoint) de Abatan, Buguias, Benguet. 

Según informa la Cordillera Human Rights Alliance (CHRA), una organización de derechos humanos co! n sede en la ciudad de Baguio, las víctimas habían hecho auto stop y les había recogido un camión, de los que llevan remolque basculante, de camino a Sagada, provincia de Mountain. Cuando llegaron a Abatan, Buguias, Benguet, les pararon varios policías supuestamente adscritos al Grupo Móvil de la Policía Provincial (PPMG) y al Grupo Móvil Regional (RMG) de Benguet, que en ese momento se encontraban estacionados en el punto de control. 

Los policías estaban fuertemente armados. Ordenaron a las víctimas que bajaran del camión. Después les ordenaron que se pusieran de rodillas y les propinaron patadas con tal fuerza que todos cayeron de bruces al suelo. Empezaron a golpearles severamente, a uno tras otro, y les amenazaron con matarles. Confiscaron todas sus pertenencias. Cada vez que la policía advertía un movimiento entre las víctimas, eran abofeteadas, pateadas y golpeadas. A una de las víctimas la obligaron a besarle la boca a un perro de los policías. 

Después fueron con! ducidos al campamento del Grupo Móvil 1604 de la Policía Provincial (PPMG), donde habrían sido torturados más aún. Fueron golpeados en diferentes partes del cuerpo, expuestos al calor del sol y les ataron las manos a la espalda. Fueron también vendados, recibieron golpes en los genitales y les amenazaron con matarles. Algunas de las víctimas fueron arrojadas a un hoyo y les tiraron tierra, basura y otras sustancias en la cabeza. Fueron electrocutadas, pisoteadas y apretaron sus dedos con balas que insertaron entre ellos. Otras fueron sometidas a asfixia con bolsas de plástico o sumergiéndoles la cabeza en cubos de agua. También les colgaron cubos de la cabeza y los llenaban con agua. Asimismo, les desnudaron y eran entonces rociados con agua muy fría. 

Según la información recibida, las víctimas fueron torturadas para obligarles a reconocer su responsabilidad en un asalto a un campo militar en Cabiten, Mankayan, Benguet, el 10 de febrero de 2006. No obstante, un grupo rebelde! ya había admitido su responsabilidad en este asalto. Cuando estaban bajo custodia policial, cuatro de las víctimas fueron esposadas y se les ordenó hacer un croquis de la supuesta área de batalla. La policía les obligó a guiarles hacia el lugar donde supuestamente ocultaban las armas de fuego. Tuvieron que iniciar una caminata por una montaña donde se suponía que las armas estaban escondidas. Al no hallar arma alguna, la Policía les torturó aún más. 

Un día después de esta pesadilla, las víctimas fueron conducidas a la cárcel provincial de Benguet, donde se hallan detenidas en la actualidad. 

Mientras se hallaba bajo custodia policial, una de las víctimas, Rundren Berloize Lao, pudo escapar. Escapó saltando a un barranco que había al lado del campo e inmediatamente echó a correr, mientras los policías le disparaban. Rundren volvió a la ciudad de Baguio y pidió ayuda en el Departamento de Desarrollo y Bienestar Social, quienes le remitieron a la Oficina Nacional de Invest! igación (NBI). Poco después, efectivos del PPMG y el PRMG ejecutaron una orden de arresto contra Rundren. 
Estos hechos sucedieron entre el 14 y el 16 de febrero de 2006. En este momento todas las víctimas se enfrentan a cargos falseados por los delitos de robo con homicidio, en conexión con el asalto a un campo militar en Cabiten, el 10 de febrero. La vista preliminar ha sido fijada para el 21 de marzo de 2006. 

ACCIONES SOLICITADAS: 

Se ruega dirijan sus comunicaciones a las autoridades filipinas, especialmente a la Comisión de Derechos Humanos ya la "Office of the Deputy Ombudsman for the Military and Other Law Enforcement Offices - MOLEO" (Adjunto al Defensor del Pueblo encargado de asuntos concernientes a los militares y otros agentes encargados de hacer cumplir la ley), instándolas a: 

Adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas. 

Iniciar una investigación independiente e imparcial sobre el caso que lleve a la identificación de los policías involucrados. A éstos y a sus superiores, en aplicación del principio de responsabilidad del mando, se les han de aplicar en cuanto procedan las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley. 

Proceder a la retirada de los cargos y liberación de las víctimas. Conviene recordar que las confesiones o declaraciones obtenidas bajo tortura carecen de valor judicial. A las víctimas se les ha de garantizar asistencia jurídica adecuada y abogado de su elección caso de decidir interponer denuncia contra los policía involucrados. Asimismo, una vez liberadas, se les ha de suministrar un tratamiento médico adecuado! y brindar rehabilitación, de cara a garantizar su plena recuperación. 

Dar cumplimiento a las disposiciones de la Constitución Filipina de 1987 que prohíben el uso de la tortura, invalidan las declaraciones obtenidas bajo tortura, prevén la sanción penal y civil de los responsables y también la rehabilitación de las víctimas (SEC. 12); igualmente, garantizar el respeto hacia la Ley de la República 7438, que recoge explícitamente algunos de los derechos que asisten a las personas sometidas a detención o custodia. 

Respetar y hacer respetar, en cuanto Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención contra la Tortura, sus disposiciones, en concreto el art. 7 del Pacto, que prohíbe la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el art. 2 de la Convención contra la Tortura que dice: 

"1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o d! e otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. 

2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. 

3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura." 

DIRECCIONES: 

1. P/DIR Gen. Arturo Lumibao 
Chief, Philippine National Police (PNP) 
Camp Crame 
Quezon City, Metro Manila 
PHILIPPINES 
Tel: +63 2726 4361/4366/8763 
Fax: +63 2724 8763 

2. Atty. Jocelyn Castillo 
Regional Director, Commission on Human Rights 
Cordillera Administrative Region 
3rd floor SSS Baguio Branch Bldg., Harrison Road 
2600 Baguio City 
PHILIPPINES 
Tel: +63 074 619 9088/ 074 619 9089 ! 

3. Ms. Purificacion Quisumbing 
Commissioner 
Commission on Human Rights 
SAAC Bldg., Commonwealth Avenue 
U.P. Complex, Diliman 
Quezon City 
PHILIPPINES 
Tel: +63 2 928 5655 / 926 6188 
Fax: +63 2 929 0102 
drpvq en chr.gov.ph 

4. Mr. Orlando C. Casimiro 
Deputy Ombudsman for the Military 
Office of the Deputy Ombudsman for the Military and 
Other Law Enforcement Offices 
3rd Floor, Ombudsman Bldg., Agham Road, Diliman (1104) 
Quezon City 
PHILIPPINES 
Tel: +632 926 9032 
Fax: +63 2 926 8747 

5. Mrs. Gloria Macapagal-Arroyo 
President 
Republic of the Philippines 
Malacanang Palace 
JP Laurel Street, San Miguel 
Manila 1005 
PHILIPPINES 
Tel: +63 2 735 6201 / 564 1451 to 80 
Fax: +63 2 736 1010 

6. Professor Manfred Nowak 
Special Rapporteur on the Question of Torture 
Attn: Mr.Safir Syed 
c/o OHCHR-UNOG 
1211 Geneva 10 
SWITZERLAND Tel: +41 22 917 9230 
Fax: +41 22 9179016 (ATTN: SPECIAL RAPPORTEUR TORTURE) 
Mr.Safir Syed: ssyed en ohchr.org 

7. Mr. Leandro Despouy 
Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers 
Att: Sonia Cronin 
Room: 3-060 
OHCHR-UNOG 
1211 Geneva 10 
SWITZERLAND 
Tel: +41 22 917 9160 
Fax: +41 22 917 9006 (ATTN: Special Rapporteur Independence Judges Lawyers) 
Sonia Cronin: scronin en ohchr.org 

IV) Denuncian secuestro y asesinato por parte del 71 Batallón de Infantería del Ejército Filipino

La Comisión Asiática de Derechos Humanos (Asian Human Rights Commission - AHRC) ha informado también del asesinato de Allan Ibasan y su tío Dante Salgado, presuntamente a manos de militares. Ambos habían sido arrestados el 31 de enero de 2006. La última vez que se vio a Allan con vida fue por parte de su hermano Glen! y varios compañeros de trabajo, quienes le vieron en una plantación de Bambú mientras era llevado por militares pertenecientes al 71 Batallón de Infantería del Ejército Filipino en Sta. Ignacia, Tarlac. Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron después hallados en una funeraria. 

Según información proveniente de Karapatan (Alianza para el Avance de los Derechos de los Pueblos), organización de derechos humanos de la ciudad de Quenzon, Allan y Dante se preparaban para desayunar mientras siete de sus compañeros empezaban su tarea de cortar bambú. Allan y Dante fueron a comprar alimentos para la comida que preparaban de desayuno. 

Pocos minutos después de que salieran, se oyó una fuerte ráfaga de disparos a algo de distancia. Los otros trabajadores, Glen Ibasan (17), César Andaya (44), Annie Salgado, Reynaldo Reyla, Ricky Salgado, Eduardo Magallanes y Dominic Reyla, corrieron a la casa de su empleador, Arsenio Asunción, para estar a resguardo. Era la segunda vez que se oí! a una ráfaga fuerte de disparos en la zona. Más temprano, esa misma la mañana, una ráfaga de disparos, también fuerte, despertó a los trabajadores. Empezaron su trabajo a las 7:00 am, después de que los disparos pararan. 

Se ha informado de que hubo un enfrentamiento entre tropas gubernamentales y el grupo rebelde New People's Army en el valle de Pansagwan, Barangay Sta. Inés West, Sta. Ignacia, Tarlac, entre las 3 y las 4 de ese día. Los militares estaban persiguiendo a los rebeldes. El enfrentamiento duró hasta aproximadamente las 3 pm de ese día. 

El grupo decidió quedarse en la casa de Arsenio hasta el mediodía. Cuando todos estaban en la casa, llegó un grupo de militares armados, presuntamente pertenecientes al 71 Batallón de Infantería. Ordenaron a gritos a quienes estaban dentro de la casa que salieran. 

Cuando salieron, Glen y sus compañeros vieron a cuatro soldados apuntándoles. Vieron que uno de los soldados llevaba una placa con el nombre de "Canlas".! Les preguntaron si faltaba alguno de entre ellos. Cuando Glen les dijo que su hermano Allan y su tío Dante no estaban con ellos, los soldados presentaron a Allan. Allan estaba demacrado, cansado y con aspecto descuidado. 

Al verle, Glen pidió a los soldados que liberaran a su hermano. Trató de convencerles de que lo hicieran diciéndoles que su padre era miembro retirado del ejército, y todavía en reclutamiento activo en el servicio militar de Fort Bonifacio. Losmilitares no le hicieron caso y se negaron a liberar a su hermano. Glen buscó entonces a su empleador, Arsenio Asunción, para que éste ratificara la identidad de su hermano, pero los soldados ya se habían marchado cuando llegaron. 

Uno de los primos de César Andaya les dijo después que abandonaran el lugar, pues los restantes podrían tener problemas con los militares. Glen y sus compañeros buscaron entonces refugio en la casa de Granil, miembro del Consejo de Barangay (un pueblo). Mientras la esposa de Granil preparaba un almuerzo, Glen vio cómo se acercaba un tanque militar con 20 ó 30 soldados. Al verles, Glen y sus compañeros se marcharon rápidamente y corrieron a la casa deVirgilio, amigo de César, y donde pasaron la noche. 

El 1 de febrero en torno a las 7 de la mañana, a Glen le informaron que su hermano estaba ya muerto, y que su cuerpo estaba en la morgue de la Funeraria Corpuz. Allan estaba a medio vestir y su cuerpo presentaba varios disparos. El cuerpo de Dante fue también identificado en la misma Funeraria por sus familiares. Dante presentaba varios disparos en su pecho y marcas en algunas partes del cuerpo. 

ACCIÓN SOLICITADA: 

Dirigirse a las autoridades filipinas, especialmente a la Comisión de Derechos Humanos y a la "Office of the Deputy Ombudsman for the Military and Other Law Enforcement Offices - MOLEO" (Adjunto al Defensor del Pueblo encargado de asuntos concernientes a los militares y otros agentes encargados de hacer cumplir la ley! ), instándolas a: 

Iniciar una investigación independiente e imparcial sobre el caso que permita la identificación de los responsables y, de confirmarse las alegaciones, aplicarles las sanciones penales y administrativas previstas por la ley. 

Proveer medidas de compensación adecuadas para las familias de los muertos, así como garantizar a estas familias su seguridad de cara a prevenir más amenazas o violencia en su contra. Las autoridades competentes han de garantizar también la protección de los potenciales testigos del caso. 

Respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario, ya que el asesinato de civiles no armados en el marco de la conducción de operaciones militares viola flagrantemente este corpus jurídico, especialmente la Convención de Ginebra de 1949 referida a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. 

DIRECCIONES: 

1. Atty. Jasmin N. ! Regino 
Regional Director 
Commission on Human Rights (CHR III) 
3/F, Kehyeng Bldg., 
Mc Arthur Highway, Dolores 
San Fernando, Pampanga 
Philippines 
Tel: +63 45 961 4830/ 963 5311 
Telefax: +63 45 961 4475 

2. Mrs. Gloria Macapagal-Arroyo 
President 
Republic of the Philippines 
Malacanang Palace 
JP Laurel Street, San Miguel 
Manila 1005 
PHILIPPINES 
Tel: +63 2 735 6201 / 564 1451 to 80 
Fax: +63 2 736 1010 

3. P/DIR Gen. Arturo Lumibao 
Chief, Philippine National Police (PNP) 
Camp Crame 
Quezon City 
PHILIPPINES 
Tel: +63 2726 4361/4366/8763 
Fax: +63 2724 8763 

4. Mr. Orlando Casimiro 
Deputy Ombudsman 
Office of the Deputy Ombudsman for the Military and 
Other Law Enforcement Offices 
3rd Floor, Ombudsman Bldg., Agham Road, Diliman (1104) 
Quezon City 
PHILIPPINES 
Tel: +632 926 9032 
Fax: +63 2 926 8747 

5. Ms. Purificacion Quisumbing 
Commissioner 
Comm! ission on Human Rights 
SAAC Bldg., Commonwealth Avenue 
U.P. Complex, Diliman 
Quezon City 
PHILIPPINES 
Tel: +63 2 928 5655 / 926 6188 
Fax: +63 2 929 0102 
Ms. Purificacion Quisumbing: drpvq en chr.gov.ph 

6. Mr. Philip Alston 
Special Rapporteur on Extra-judicial, Summary, or Arbitrary 
Executions 
Atten: Lydie Ventre 
Room 3-016, c/o OHCHR-UNOG 
1211 Geneva 10 
SWITZERLAND 
Tel: +41 22 917 9155 
Fax: +41 22 917 9006 (general) 
Lydie Ventre: lventre en ohchr.org 

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La información contenida en el boletín es de fuentes propias, sitios web, medios periodísticos, redes alternativas, movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierda. Los artículos firmados no comprometen la posición editorial de Correspondencia de Prensa. Suscripciones, Ernesto Herrera: germain en chasque.net
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