Uruguay: el gobierno ante el terrorismo de Estado, un callejón si salida [Samuel Blixen]

[Ernesto Herrera]

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boletín informativo - red solidaria de revistas
Correspondencia de Prensa
Año IV - de mayo 2007 - Redacción: germain5 en chasque.net

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Uruguay

El gobierno frente al terrorismo de Estado en dictadura


Del impulso al callejón sin salida

"La verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado"

Samuel Blixen
Semanario Brecha, Montevideo, 18-5-2007


En vísperas del 20 de mayo, la consigna de las diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos que convocan a una nueva marcha del silencio, este domingo, expresa un cuestionamiento del rumbo que últimamente asumió la política del gobierno de Tabaré Vázquez en la materia, y que se sintetiza en el patrocinio del Poder Ejecutivo al proyecto de ley elaborado por el diputado colorado Daniel García Pintos, un proyecto que, por la vía de la reparación económica, formaliza la "doctrina de los dos demonios". 

Sin embargo, la distancia entre la disposición inicial del gobierno y el callejón sin salida en que, dos años y medio después, desemboca este "nunca más entre orientales" -tan alejado del "nunca más terrorismo de Estado"- queda fundamentalmente en evidencia por las instancias judiciales de la megacausa que orienta el juez penal Luis Charles.

La investigación del llamado "segundo vuelo" (el traslado clandestino desde Argentina de una veintena de uruguayos secuestrados y que fueron asesinados en Uruguay); la solicitud del antropólogo José López Mazz para que se practiquen excavaciones en distintos lugares donde las informaciones permitirían ubicar varios cementerios clandestinos; y la denuncia de ocho hijos, tres padres y nueve hermanos de desaparecidos, patrocinada por el abogado Óscar López Goldaracena, sobre traslados clandestinos de unos 40 uruguayos en 1978, enfrentan al general Gregorio Álvarez, a los mandos de la Marina, a los responsables del Servicio de Inteligencia de Defensa (sid) y al equipo de represores del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) a la eventualidad firme del castigo judicial. 

La determinación de los familiares, la acción constante de los organismos de derechos humanos y las investigaciones periodísticas independientes que no reconocen un punto final -negado oficialmente pero impulsado por la vía de los hechos- revelan la inutilidad política de "dar vuelta la página", proclamar la "reconciliación" y decretar el "nunca más" cuando aún la verdad sigue oculta y los criminales impunes.

La clausura de una etapa

Pero son las instancias judiciales, al sumar indicios que permitirán ubicar nuevos cementerios clandestinos, las que más cuestionan la decisión presidencial de clausurar la búsqueda de restos de desaparecidos. En octubre de 2006 el presidente Vázquez ordenó a los mandos suspender las excavaciones en predios militares. La clausura quedó condicionada a la eventualidad de que surgieran nuevas informaciones. Sin embargo, para entonces, el propio Poder Ejecutivo manejaba información confidencial que hubiera merecido una acción activa en la búsqueda de enterramientos clandestinos.

Las razones de tal decisión estaban íntimamente vinculadas al fracaso de los esfuerzos por obtener, en el seno de las Fuerzas Armadas, la información directa sobre la ubicación exacta de las tumbas clandestinas. La resistencia de los oficiales implicados en los hechos a proporcionar la información, con el compromiso de que ésta se manejaría en reserva, sin identificación de las fuentes; la actitud obstructiva de esos oficiales que promovieron expectativas con datos falsos; y la conducta cómplice de los mandos, en especial del entonces comandante en jefe del Ejército Ángel Bertolotti, que secundó la maniobra, enfrentaron al gobierno a la disyuntiva de ejercer la autoridad para obligar a las fuentes a decir la verdad. La opción por la abstención derivó, necesariamente, en la "clausura de la etapa". 

Para entonces resultaba evidente que el gobierno había desplegado su voluntad de esclarecer los delitos cometidos durante la dictadura -y de ahí la nueva interpretación sobre la ley de caducidad que facilitó la reapertura de causas judiciales archivadas y la presentación de nuevas denuncias-, pero también resultaba evidente que esa voluntad no llegaba al punto de presionar a los mandos y a los oficiales para que dieran a conocer sus secretos. La ambivalencia, la política pendular, se estrellaba ante una evidencia: para avanzar en la búsqueda de la verdad -para establecer las responsabilidades y ubicar los restos- el camino más directo y efectivo era, y sigue siendo, obligar a los responsables a confesar sus delitos; para ello, el gobierno debía estar dispuesto a enfrentar al grupito de recalcitrantes -que de hecho mantiene de rehén a toda la institución- y ejercer el mando tal como lo conciben los propios militares. Aunque no había en el horizonte la perspectiva de un desacato, de una insubordinación, el gobierno prefirió abstenerse de incursionar en ese extremo, debido a cálculos y prioridades que todavía no aparecen claros. 

La otra vía -la que está en curso- es obligar a esos oficiales a confrontar sus mentiras en los estrados judiciales con los elementos que la propia justicia acumula con base en sus investigaciones y los testimonios de las víctimas y sus familiares. Pero esa vía, lenta y dificultosa, se estrella ante otra situación de hecho: de la misma forma que el presidente, en tanto comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no obliga a sus subordinados a revelar sus secretos, el gobierno tampoco resuelve abrir los archivos militares cuyos documentos serían insumos fundamentales para la investigación judicial; de hecho, los archivos siguen siendo administrados por los propios militares. La evidencia más palpable de esa ambivalencia resulta de la confirmación del comandante de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, de la existencia de un segundo vuelo, y de la incapacidad del gobierno para obtener la identidad de los secuestrados que fueron trasladados a Uruguay, donde desaparecieron definitivamente.

El proceso que desemboca en esta "clausura de la etapa" y en el "nunca más entre orientales" se inició en abril de 2005 con la decisión judicial de realizar excavaciones en los predios de los batallones 13 y 14 de Infantería, donde se presumía que se había realizado la Operación Zanahoria, es decir, la exhumación de cadáveres enterrados en 1976. Curiosamente, lo que se buscaba eran indicios de los desenterramientos, pero muy pronto fue evidente que en el Batallón 13 de Infantería era posible ubicar cuerpos. Así fue que el presidente, por intermedio del comandante en jefe del Ejército, encomendó a dos generales -Julio Barneix y Carlos Díaz- una instancia reservada para obtener de los oficiales involucrados la información sobre los lugares exactos de enterramiento de las víctimas. La expectativa se centró en el hallazgo de los restos de María Claudia García de Gelman, la nuera del poeta Juan Gelman, un caso paradigmático del terrorismo de Estado (la joven argentina había sido trasladada a Uruguay, con un embarazo de ocho meses, a los solos efectos de robarle el hijo una vez que diera a luz, para después asesinarla), y de la maestra uruguaya Elena Quinteros. 

La información falsa indujo al presidente a dar un paso en falso: anunciar la certeza, en un 99 por ciento, de que se encontrarían los restos de María Claudia. Ello llevó a Vázquez a solicitar a los tres comandantes informes sobre los restos de los desaparecidos. La novedad fue la información brindada por Bonelli, que permitió la ubicación de los restos de Ubasgesner Chaves Sosa, en una chacra de Pando. El informe del comandante de la Marina, Tabaré Daners, que excluía a esa fuerza de cualquier participación en el terrorismo de Estado, obligó al gobierno a solicitar un segundo informe, revelador de la coordinación entre la Marina argentina y la uruguaya. El informe del Ejército se remitió a la "autenticidad" de la información brindada anteriormente. Sin embargo, la ubicación de los restos del militante comunista Fernando Miranda, en el Batallón 13, no fue resultado de la información brindada por los militares, sino de la información confidencial proporcionada por una fuente.
Durante un año prosiguieron las excavaciones en las que la voluntad de los antropólogos chocaba con las maniobras de los jerarcas militares y no aportaba resultados concretos (véase página 4). En la segunda mitad de 2005, una gestión del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, ante varios de los oficiales implicados pretendía obtener directamente la información sobre la ubicación de los restos, a cambio de la promesa de que después "esto se puede arreglar". Los términos de esa gestión quedaron al descubierto un año después cuando el ex ministro Pedro Bordaberry dio a conocer el contenido de las cintas grabadas de una conversación reservada que mantuvo con el secretario Fernández. Para entonces, por distintas vías, se acumulaban informaciones confidenciales que ponían en la pista de enterramientos clandestinos, en el propio Batallón 13, en otras unidades militares, en cementerios civiles (como el de Vichadero, en Rivera, o el cementerio de Tacuarembó) y en el establecimiento de La Tablada. 

En octubre de 2006 Vázquez decidió finalmente clausurar la etapa de búsqueda, y en diciembre, en ocasión de su discurso de balance de fin de año, anunció el "nunca más", que preanunciaba su proyecto de ley sobre reparaciones a los familiares de las víctimas de la subversión.

Las evidencias del genocidio 

Simultáneamente, en estos dos años, y a partir de la óptica del gobierno sobre los alcances de la ley de caducidad, la justicia ha avanzado en el esclarecimiento de algunos episodios y ha procesado a algunos de los responsables. El hilo conductor de esa investigación -además de las responsabilidades de los gobernantes de la época, ejemplificadas en los procesamientos de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco- es el aparato represivo concentrado en el ocoa, que enlazaba con el sid y con el Estado Mayor Conjunto (Esmaco). Integrado por oficiales de inteligencia de las tres fuerzas militares y de la Policía, el ocoa tuvo distintas sedes a lo largo de los años. En 1975 y 1976 centró su cuartel en los predios del Batallón 13; de ahí la presunción de que las víctimas de esa época fueron enterradas en ese cuartel, entre ellos los secuestrados en Argentina que integraron el segundo vuelo. En esas fechas, también, el ocoa operó en distintos lugares del Interior, en especial en Paso de los Toros. Pero en 1977 el ocoa desplazó sus cuarteles a La Tablada, y por ello es que por lo menos cinco de los 40 uruguayos secuestrados en Argentina entre diciembre de 1977 y agosto de 1978 fueron torturados allí, antes de desaparecer definitivamente.

La denuncia presentada el miércoles 16 por el abogado López Goldaracena parte de la hipótesis de que esos 40 uruguayos (pertenecientes a los gau, el Partido Socialista, el mln y el pcr, la mayoría de los cuales permanecieron secuestrados en el centro clandestino conocido como "pozo de Banfield") fueron traídos clandestinamente a Uruguay en varios traslados. El exhaustivo y documentado escrito de López Goldaracena, que desmenuza los criterios de funcionamiento del terrorismo de Estado, se apoya en la evidencia de que tres de esos secuestrados fueron positivamente vistos en La Tablada, en febrero de 1978. Desaparecieron definitivamente, junto con otros siete militantes comunistas allí recluidos que habían sido detenidos en Uruguay.

Puesto que ese primer traslado coincide con los testimonios de sobrevivientes argentinos en Banfield, López Goldaracena deduce que la evacuación de los uruguayos en mayo de ese año -según los mismos testimonios- implicó un segundo traslado masivo. Y apunta para ello la coincidencia de la evacuación de Banfield con vuelos realizados desde Uruguay hacia Argentina, trasladando hacia la otra orilla a exiliados argentinos detenidos en Uruguay; establece la hipótesis de que en el correr de 1978 hubo extradiciones clandestinas "de ida y vuelta".

Puesto que la redada en Argentina contra los militantes del gau quedó a cargo de la Marina; que el segundo informe de Daners admite una coordinación con la Escuela de Mecánica de la Armada argentina (Esma); y que algunas de las personas apresadas por la Marina quedaron en manos del ocoa, en la Tablada, López Goldaracena solicita al juez Charles que se formalice el interrogatorio a toda la cadena de mandos responsable de la represión en esa época. En primer lugar, el comandante en jefe del Ejército Gregorio Álvarez; después el entonces comandante de la Marina Enrique Harriet, los jefes del sid, los responsables del ocoa, y los oficiales de inteligencia de la Marina y del Ejército involucrados en la represión en 1977 y 1978. Y finalmente solicita que se realicen excavaciones en las unidades militares involucradas en esos episodios y en el cuartel del ocoa en La Tablada.

Según análisis de expertos vinculados al Poder Judicial, la denuncia de López Goldaracena acorta las maniobras del general Álvarez para eludir el castigo por sus responsabilidades durante la dictadura. No está exento de complicidad en la muerte por omisión de asistencia de Roberto Luzardo, ni en las muertes y desapariciones en el este del país mientras fue jefe de la Región Militar número 4, ni en la represión como miembro del Estado Mayor. Pero decididamente no podrá eludir su protagonismo en el caso de los traslados de 1978, porque en esa fecha era comandante del Ejército. Y, como se sabe, aun cuando aleguen ignorancia, los mandos están expresamente exentos de los beneficios de la ley de caducidad y son directamente responsables, por acción u omisión, de lo ejecutado por sus subordinados. 

Por si fuera poco, esta última denuncia apuntala la determinación de la justicia de ordenar nuevas excavaciones, a partir de los elementos aportados por el antropólogo López Mazz. El gobierno, inclinado a "clausurar una etapa", deberá retomar aquello que suspendió hace siete meses. De alguna manera, los nuevos acontecimientos confirman que sólo la verdad, toda la verdad, aporta los verdaderos réditos políticos. 

Nuevos excluidos 

En vísperas de la marcha del 20 mayo el gobierno decidió excluir de la ley de caducidad 18 casos de desaparecidos que pudieron haber sido trasladados ilegalmente a Uruguay en el denominado segundo vuelo, efectuado el 5 de octubre de 1976. 

Se trata de Juan Morales, Josefina Klein, Roger Julién, Juan Pablo Errandonea, Victoria Grisonas, Jorge Zaffaroni, Cecilia Trías, Raúl Tejera, Washington Cram, Rafael Lezama, Ruben Prieto, Jorge Chejenian, Graciela Martínez de Chejenian, Miguel Moreno, Casimira Carretero, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno y Washington Queiro. 

Estos nombres se suman a los ya excluidos de la ley, en la llamada "megacausa", como María Emilia Islas, Ary Cabrera, Bernardo Arnone, León Duarte y Alberto Mechoso. 

Todos los casos son investigados por el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze. 

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Marcha del Silencio 

"Nunca más terrorismo de Estado"

Walter Pernas
Semanario Brecha, Montevideo, 18-5-2007


Bajo la consigna "¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado", Familiares de Detenidos Desaparecidos realizará el domingo su Marcha del Silencio, como cada 20 de mayo. 

Este año el mensaje refleja una respuesta ante la decisión del gobierno de instituir el 19 de junio como el día del "Nunca más, para todos", o del "Nunca más hermano contra hermano", que tergiversa el verdadero sentido de la frase emblemática contra el terrorismo de Estado, que nació en la lucha argentina contra la dictadura y fue adoptada luego en Uruguay por quienes alzan su voz contra la impunidad. 

Por otra parte, a diferencia del año pasado, esta vez no se explicita el reclamo de "justicia" para los crímenes de lesa humanidad.

Esto revela el ánimo en la interna de Familiares, donde hay opiniones dispares respecto de la forma y el contenido de los pronunciamientos que involucren el tema del derecho de justicia. 

La organización como tal no se ha sumado a la campaña para anular la ley de caducidad, a pesar de que la norma ha cercenado el derecho de justicia dispuesto en las convenciones internacionales que Uruguay debe cumplir, en tanto se trata de derechos humanos fundamentales. 

En conferencia de prensa brindada por Familiares, Luis Urtazú sostuvo que las Fuerzas Armadas y algunos civiles "siguen mintiendo, ocultando la verdad sobre nuestros desaparecidos". 

Luisa Cuesta dijo que Familiares "está de acuerdo con la justicia" pero que "la verdad es un forma de justicia para el pueblo" (Radio Uruguay, jueves 17). Y puso en duda que integrantes de la organización concurran al acto del 19 de junio, organizado por el gobierno. 

Sostuvo que hace varios meses habían pensado concurrir con pancartas que recordaran las frases célebres de Artigas, pero que hoy esa posibilidad se diluyó sobre todo luego de que el Poder Ejecutivo hiciera suyo el "proyecto de reparación" del diputado colorado Daniel García Pintos, que deja en pie de igualdad a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. 

La marcha partirá a las 18 horas desde Rivera y Jackson, para continuar por 18 de Julio hasta la plaza Libertad. 

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Plebiscito contra la ley de caducidad

Para anular una inmoralidad

Walter Pernas
Semanario Brecha, Montevideo, 18-5-2007


La Coordinadora Nacional por la Anulación de la ley de Caducidad decidió iniciar una campaña de reforma constitucional para lograr su cometido. 

Para ello es necesario recolectar antes del 30 de abril de 2009 una cantidad de firmas que supere el 10 por ciento del padrón electoral (hoy serían unas 250 mil).

De llegar al número, y si la Corte Electoral convalida la normalidad del procedimiento, el plebiscito debería realizarse junto a la elección de octubre de 2009.

En principio, un grupo de juristas encabezado por Óscar López Goldaracena será el encargado de la elaboración del proyecto de reforma constitucional que podría ser plebiscitado, el que luego será sometido a consideración de las organizaciones que integran la coordinadora. 

En su proclama emitida ayer, jueves, la coordinadora afirma que "la ley de caducidad es jurídicamente nula por ser contraria a normas del derecho internacional de los derechos humanos que obligan a juzgar los crímenes de lesa humanidad, por haber sido aprobada bajo amenaza militar contra los más elementales principios éticos y jurídicos de la República, por desconocer la separación de poderes, y por violar derechos humanos fundamentales". 

Sostiene que declarar la nulidad de la ley de caducidad "es un imperativo histórico, moral y jurídico indispensable para consolidar un Estado de derecho democrático y pleno". Y recuerda que el Poder Legislativo "tiene el derecho y el deber de ajustar las realidades antijurídicas al derecho y, para el caso, tiene la obligación de dictar, por simple mayoría, una ley que declare nulas e inexistentes las normas de impunidad de la ley de caducidad".

La coordinadora convoca "a toda la ciudadanía y, muy especialmente, a todos los actores políticos y organizaciones sociales a sumarse a los esfuerzos para declarar. 
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