Brasil: jueces "legislan" contra los trabajadores [Juan L. Berterretche]

[Ernesto Herrera]

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boletín informativo - red solidaria
Correspondencia de Prensa
Año V - 28 de octubre 2007
Redacción y suscripciones: germain5 en chasque.net

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Brasil

Jueces "legislan" contra los trabajadores
 
Juan Luis Berterretche

Revista Desacato
http://www.alquimidia.org/desacato/
 


Los jueces no tienen como función legislar, sino juzgar en base a las leyes que aprueba el Congreso. Pero en esta nueva época histórica en donde la Ley USA Patriot pretende marcar el camino "jurídico" en el mundo globalizado, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se adjudicó derecho Constituyente y siguiendo la orientación del Imperio, limitó de un plumazo y con arbitraria ilegalidad el derecho de huelga de los trabajadores públicos. 
 
En la constitución de 1988 se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado, pero esta ley nunca fue reglamentada. La resolución del Supremo que incluye a los funcionarios públicos en la reglamentación del derecho de huelga que incumbe a los trabajadores privados, es una medida antisindical. Entre otras cosas porque los privados cuentan con ámbitos legales de negociación que los públicos no poseen.
 
En realidad extender la vigencia de la reglamentación del derecho de huelga del ámbito privado al público no es una interpretación de la ley como quisiera hacer creer el STF sino que el Poder Judicial se auto adjudica el derecho de legislar invadiendo las atribuciones específicas del Poder Legislativo. Esta arbitraria medida es la respuesta a una situación social que se extendió por varios meses de este año.
 
En junio llegó a haber 100 mil trabajadores del Estado (federales, estaduales y municipales) en huelga, con innumerables reclamaciones. Frente a esta oleada de conflictos y alegando su experiencia gremial, Lula hizo declaraciones como ex sindicalista respecto a las medidas a tomar por el Ejecutivo. La intención del Presidente era aprobar una reglamentación sindical que limitara el derecho de huelga a los funcionarios públicos. "Huelga sin descuento de días parados, son vacaciones" afirmó Lula en aquel momento, y volvió a repetirlo esta semana apoyando el descuento y procurando desvalorizar a los actuales dirigentes y huelguistas del funcionariado. El ministro de Planeamiento, Pablo Bernardo, llegó a anunciar que en agosto pasado el Ejecutivo iba presentar al Congreso un proyecto de reglamentación del derecho de huelga, aún con la oposición de las centrales de trabajadores. Semanas antes Lula se había manifestado favorable a la prohibición del derecho de huelga en los servicios que el Ejecutivo considerase "esenciales" (electricidad, salud, telefonía, seguridad, aeropuertos, bancos, etc. y todo aquello que el gobierno decidiera que se trataba de un servicio esencial). 
 
En la segunda semana de junio pasado, el 5to. Congreso del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) repudió esta orientación gubernamental y se comprometió a "defender nuestros derechos contra cualquier política que intente desconocer los ya conquistados"./1 En esta nueva situación de conflictos, la CUT se vio obligada a emitir una declaración contraria al intento de reglamentación del derecho de huelga. Como afirmamos en aquel momento el escenario no era favorable para que el gobierno aprobara medidas anti-gremiales menos aún en un Congreso deslegitimado por las innumerables acusaciones de corrupción. Y el proyecto quedó engavetado.
 
Ahora, ni el Ejecutivo ni el Legislativo van a reclamar sobre esta invasión del Poder Judicial sobre sus privilegios, porque con este atropello, el Supremo liberó a Lula y sus ministros del desgaste de presentar y defender en el Congreso una reglamentación sindical para los trabajadores públicos y permitió zafar a un parlamento en pronunciado desprestigio con la opinión pública /2, de votar una ley anti-sindical. 

En junio decíamos que "Por el momento la táctica parece ser la de continuar criminalizando los movimientos sociales con la complicidad de la Justicia que ha asumido el papel con entusiasmo: declaración de ilegal para algunas huelgas, descuentos salariales a los huelguistas en base a decretos anticonstitucionales, multas a los sindicatos que lanzan paro de actividades, amenaza en la administración pública de contratar rompehuelgas, etc. etc." /3

Con esta expansión de las limitaciones del derecho de huelga, el Poder judicial, da, ahora, un paso cualitativo. Y si la discusión volviera al Congreso, ya es sobre una relación de fuerzas desfavorable para los trabajadores.
 
Mientras tanto, Diputados en esta misma semana votó la anulación del descuento compulsivo a los trabajadores para los sindicatos, que proviene del Estado corporativista de Getulio Vargas. Muchos sindicalistas son contrarios a este aporte que los subordina al estado burgués. Pero, a la vez defienden, que la anulación del descuento tenga como contrapartida una serie de derechos sindicales que fortalezcan la actividad de los gremios y permitan financiar su actividad.

Centrales burocratizadas y promotoras de la desmovilización de los trabajadores por su sometimiento a la política del gobierno, son cómplices permisivas de este tipo de ataques al movimiento sindical.
 
Algún sindicalista se preguntará ¿qué tiene que ver esta resolución del STF o la votación de Diputados con la ley USA Patriot?

El objetivo de esa ley imperial y de otras supuestas leyes "antiterroristas," es atacar las libertades y derechos fundamentales de la población del mundo globalizado. El discurso "antiterrorista" es un fraude que utiliza el miedo para amedrentar a las poblaciones y así poder aplicar políticas que aumenten la explotación.

Es una estrategia no sólo del ejecutivo estadounidense, sino de la casi totalidad de los gobiernos del planeta entre los cuales existe una verdadera solidaridad contra sus pueblos. Los secuestros secretos de la CIA son un buen ejemplo de ese proceso. Además de las decenas de gobiernos identificados colaborando en esas operaciones, ¿cuántos otros están involucrados?. En el ámbito europeo, todos los gobiernos han sido directamente integrados en esta organización del secuestro y la tortura. Las leyes "antiterroristas" impuestas por EE.UU. han servido para establecer los fundamentos sobre los que se construye un nuevo orden del derecho que se aplica de ahora en adelante -por ejemplo- en todos los Estados europeos y que influye en toda la jurisprudencia mundial. /4
 
Por la relación de fuerzas existente en América Latina en el 2001 cuando fue promulgada la Patriot Act, no hubo posibilidades de un efectivo consenso con los gobiernos del continente de aprobar leyes "antiterroristas" que limitaran los derechos y libertades civiles de nuestros pueblos en el grado que hubieran querido. Los procesos abiertos en Venezuela, Bolivia y Ecuador entorpecieron en los últimos años las pretensiones imperiales en ese sentido. En Sudamérica, Colombia y Chile estaban en condiciones de aprobar leyes "antiterroristas" con el modelo de USA.  En Chile se encuadró como "terroristas" a los mapuches que luchaban por recuperar sus tierras del saqueo de las transnacionales. En Colombia se utilizó contra las FARC -que es uno de los contendientes de una guerra civil, no un grupo "terrorista"-, pero también contra los delegados y dirigentes sindicales que defendían los derechos laborales o los indígenas expulsados de sus tierras por las empresas estadounidenses.

En los demás países la adaptación de la ley Usa Patriot fue la campaña de contra reformas (jubilatoria, impositiva, sindical, etc.) que cercenó o revocó muchas conquistas sociales y la "criminalización de las protestas" para amedrentar a los que defendían sus derechos movilizándose. Neoliberalismo y lucha "antiterrorista" son dos lenguajes del mismo discurso.

La lucha "antiterrorista" es en realidad una guerra contra las libertades civiles para facilitar la aplicación de la globalización neoliberal. Y las leyes antisindicales y contra las conquistas de los trabajadores así como la criminalización de las protestas por los gobiernos o los jueces, son parte de esa estrategia del Imperio. 

Es inútil esperar mejoras en las libertades civiles o en los derechos laborales, de parte de la izquierda social-liberal que gobierna en varios países de Latinoamérica. Para que los partidos institucionales aprueben medidas favorables a los ciudadanos, es necesario una relación de fuerzas que los obligue a hacerlo. La libertad es "conciencia de necesidad" (Hegel) que se conquista con la acción de masas. La democracia y los beneficios sociales nunca son concedidos graciosamente.  
 
Isla de Santa Catarina, Brasil, 27-10-2007


Notas
 
1/ Carta del 5to. Congreso del MST, punto 2, Brasilia, 16 de junio 2007.
2/ Pesquisa de la Asociación de Magistrados Brasileños para evaluar la confianza en las instituciones y órganos públicos, realizada por la Consultoría Opinião 27 09 2007.
3/ Berterretche J. L. "Lula: Desde el gremialismo a la criminalización de las protestas". Boletin Red Solidaria - Correspondencia de Prensa, junio 2007 (germain5 en chasque.net) 
4/ Jean-Claude Paye Las leyes antiterroristas. Un acto constitutivo del Imperio Entrevista de Silvia Cattori  Red Voltaire  30 de agosto 2007  http://www.voltairenet.org/article151318.html  

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