Bolivia: Evo legaliza un delito, trabajadores urbanos y rurales anuncian huelga [Econoticias]

[Ernesto Herrera]

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correspondencia de prensa - boletín solidario  
Agenda Radical
Edición internacional del Colectivo Militante
4 de junio 2008
Redacción y suscripciones: germain5 en chasque.net

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Bolivia

La COB va a la huelga desde el 16

Evo legaliza un delito 

Sin invertir ni un centavo, la corrupta Enron se apropió en los años 90 de todos los ductos y gasoductos de Bolivia, en el negociado más doloso y antinacional del neoliberalismo. Trabajadores urbanos y rurales anuncian huelga, movilización y bloqueo de caminos para derrotar a la oligarquía y presionar para que Evo aumente salarios y expropie a las transnacionales y a los latifundistas


Redacción de Econoticiasbolivia
La Paz, 3-6-08
http://www.econoticiasbolivia.com/


Venciendo la resistencia de los sindicalistas afines al gobierno indígena-campesino, la Central Obrera Boliviana (COB) decretó una huelga general indefinida y movilizaciones desde el próximo 16 de junio para frenar la rebelión de la oligarquía y obligar al presidente Evo Morales a cumplir con sus promesas de acabar con el neoliberalismo, profundizar las reformas y mejorar la calidad de vida de la población.

El ampliado de la COB, celebrado este lunes en La Paz con la participación de los principales sindicatos y organizaciones populares urbanas y rurales del país, convocó a la huelga y al bloqueo de caminos para presionar a Evo para que cumpla con la denominada "agenda de octubre", que postula la expropiación a dominio estatal de las empresas transnacionales del gas, petróleo y minerales, la expropiación de los latifundios y la entrega de tierras para los campesinos, el aumento general de sueldos y salarios, el control de precios de los alimentos y la aprobación de una nueva ley de pensiones.

"Después de un debate de más de tres horas llegamos a conclusiones, que frente a la política del gobierno de Evo Morales que ha hecho a un lado al pliego de la COB y no hubo respuesta alguna, los trabajadores de forma unánime han decretado que a partir del 16 de junio empieza el bloqueo nacional de caminos y la huelga general indefinida", dijo el dirigente de la Central Obrera de Oruro, el minero Jaime Solares.

El dirigente laboral, que dirigió los levantamientos populares en el 2003 y 2005 que derrocaron a dos gobiernos neoliberales, explicó que el ampliado laboral instruyó a los sindicalistas organizar la huelga y los bloqueos desde las bases.

"En todos los departamentos se harán ampliados para organizar la huelga general e informar a las bases, acerca del trabajo que harán para consolidar la medida de presión", agregó.

"Necesitamos el apoyo del pueblo para revertir las cosas que existen en el país a todo nivel", dijo al explicar que la lucha laboral se orienta a frenar la conspiración de la oligarquía que avanza con sus referéndums separatistas, para profundizar los cambios políticos y económicos en el país y para defender la economía y salud popular.
Línea revolucionaria

La decisión del ampliado de la COB se sustenta básicamente en la línea política aprobada por la última asamblea de los mineros de Huanuni y las recientes resoluciones del Congreso de la Central Obrera orureña, que han cobrado gran fuerza al interior de la organización unitaria de los trabajadores.

"Nuestra lucha debe ir dirigida a arrebatar la fuente del poder económico de esta minoría oligárquica y latifundista. Eso significa luchar por el cumplimiento de las Agendas de 2003 y 2005, nacionalizando las empresas trasnacionales y recuperando las empresas capitalizadas. Así herimos de muerte a los gamonales, frenamos el saqueo, generamos fuentes de trabajo y superamos, en los hechos, la pobreza ancestral a la que nos ha sometido el capitalismo y neoliberalismo", había señalado la asamblea de los 5 mil mineros de estaño de Huanuni.

Allí, en la mayor mina estatal del país, los sindicalistas conminaron al gobierno de Morales a dejar de lado su política conciliadora con la burguesía, que lo único que logró fue que la derecha y el fascismo alcen cabeza, ganen a las clases medias y tomen el control de casi la mitad de Bolivia, levantando gobiernos paralelos y en desacato al de Morales.

"El Gobierno -dice la asamblea minera-- ya no puede eludir irresponsablemente este camino. Basta de concertar con los conspiradores y saboteadores del verdadero proceso de cambio. El cambio no debe ser frase hueca sino cambio estructural para recuperar nuestros recursos naturales y explotarlos a través del Estado bajo control social. Nacionalizar e industrializar nuestras riquezas debe ser el objetivo inmediato. La experiencia ha demostrado que sólo el pueblo a través del Estado puede hacerlo".

Cuestionamientos

La reunión laboral también cuestionó la actitud de los principales dirigentes oficialistas de la COB, como Pedro Montes, que suspendieron inconsultamente las movilizaciones, apoyando la política conciliadora de Morales con la oligarquía y evitando que los trabajadores reclamen por sus reivindicaciones y en contra del visible deterioro en los ingresos reales y su calidad de vida.

"Ha habido un cuestionamiento de todos los sectores y se resolvió que se llevará adelante el Congreso de la COB (para elegir a nuevos dirigentes, NdR), después de las movilizaciones del 16 de junio", explicó Solares.

En la percepción de los sindicatos más radicalizados, como los mineros y los maestros urbanos de La Paz (que este viernes reeligieron a sus radicales dirigentes trotskistas), el fortalecimiento de la derecha y los crecientes abusos contra los trabajadores se explicar por la inacción y debilidad gubernamental.

Lucha de clases

Así, los mineros de Huanuni, tras condenar "la agresión salvaje a los hermanos campesinos por parte de grupos pagados por los oligarcas y latifundistas de Sucre y la media luna", advirtieron "que de continuar este salvajismo fascista los mineros marcharemos en defensa de nuestros hermanos de clase para castigar a los culpables de estos atropellos que se vienen haciendo costumbre en Sucre y los departamentos donde controlan las bandas fascistas de adinerados extranjeros".

"La represión cobarde desatada por los grupos fascistas de Sucre contra compañeros campesinos (a los que desnudaron, golpearon, arrastraron por las calles y los hicieron arrodillar y pedir perdón en la plaza central, NdR) es una nueva provocación a las mayorías nacionales y a la clase trabajadora que está cansada de estos atropellos y abusos humillantes organizados y financiados por la oligarquía trasnacional y latifundista que conspira abiertamente contra el orden establecido promoviendo el desacato sistemático a las leyes de la República".

"La lucha de clases se polariza cada vez más. Atribuir sólo al racismo estos continuos ataques contra nuestros hermanos originarios y campesinos, del cual somos parte, es un error que debemos superar. Las minorías aplastadas el 2003 y 2005 deben definitivamente ser eliminadas porque son las financiadoras de este estado de anarquía e ilegalidad montado sobre el gran show de las autonomías", agrega la proclama aprobada por la asamblea minera. 

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Evo legaliza un delito

 
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el consorcio Shell-Ashmore, el Gobierno de Bolivia tomó control total el lunes de su filial, la compañía petrolera Transredes, que tiene el monopolio del transporte de hidrocarburos en el país.

La decisión gubernamental de nacionalizar el 50 por ciento de las acciones que detentaba de manera dolosa e ilegal el grupo internacional en Transredes se dio mediante un decreto presidencial y tras fracasar una negociación de traspaso de acciones. El otro 50 por ciento de las acciones ya estaba en manos del Estado boliviano.

El decreto 29586, de nacionalización-compra forzosa de acciones, fue firmado por el presidente Evo Morales en un acto realizado en la sede principal de la empresa operadora de ductos en la ciudad oriental de Santa Cruz.

"Se nacionaliza la totalidad del paquete accionario de TR Holdings (sociedad suscrita en partes iguales entre Shell Gas y Ashmore) en la sociedad Transredes, debiendo ser transferidas al Estado boliviano bajo la titularidad de (la petrolera estatal) YPFB," dijo el decreto leído en el acto que transmitió en vivo la televisión estatal.

La nacionalización de Transredes había sido ordenada el pasado primero de mayo por un decreto gubernamental, pero tras un mes de negociaciones YPFB y el consorcio no lograron un acuerdo sobre la transferencia de acciones, lo que llevó al Gobierno a ejecutar unilateralmente la medida.

Negocio Redondo

Con la compra forzosa de acciones de Transredes, que se da en el marco de la ley de hidrocarburos 3058 y el decreto del primero de mayo de 2006 de Morales, el lucrativo negocio del transporte de carburantes pasa al Estado, aunque se deja en total impunidad, sin sanción ni reparación, el asalto que la Enron, primero, y la Shell, después, realizaron en Bolivia al tomar a título gratuito el 40 por ciento del gasoducto a Brasil y otros ramales de transporte y distribución de hidrocarburos.

Sin poner un solo centavo, la corrupta Enron tomó a medidos de los 90 la posesión y control de las acciones en estos gasoductos, que posteriormente los transfirió a la Shell. La Enron había sido contratada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para financiar o buscar financiamiento para construir el gasoducto al Brasil, que finalmente fue construido por Petrobras, sin ningún concurso de la transnacional norteamericana.

El daño inferido al Estado fue cuantificado a principios de la década en 120 millones de dólares, por el ex delegado presidencial, Juan Carlos Virreina, que pretendió recuperar esos recursos mediante un juicio que fue dejado de lado por los últimos gobiernos, incluido el actual.

Pese a estos antecedentes, el presidente Morales aseguró este lunes en Santa Cruz que pagará al consorcio extranjero 48 dólares por cada una de sus acciones, deduciendo previamente todos los pasivos. Este monto ya había sido consensuado entre el Gobierno y los negociadores de la empresa en la fase inicial de las negociaciones, según reveló el propio Morales.

"Estaban muy de acuerdo estos dos señores (el presidente y vicepresidente de Ashmore) cuando nos hemos reunido en Palacio, aceptaban que las acciones cueste 48 dólares, no tenían ningún problema en una empresa mixta o de manera conjunta en temas de la operación", dijo.

La intención inicial del Gobierno era comprar el 2,6 por ciento de las acciones para tener la mayoría accionaria, quedando el consorcio Shell y Ashmore en calidad de socios menores. Pero, al fracasar las negociaciones, el Estado avanzó hacia la compra total y forzosa del paquete accionario de la transnacional, acusada también de conspiración y daños irreparables al medio ambiente.

Conspiración y medio ambiente

En el mismo acto, Morales reveló que la empresa Transredes conspiró desde el 2006 contra la democracia boliviana y su Gobierno.

"He aguantado desde el 2006. Tenía mucha información que esta empresa estaba permanentemente conspirando contra el Gobierno nacional y la democracia, pero eso terminó, y que sepan las otras empresas que vengan a trabajar, que vengan a invertir, es su obligación trabajar y también recuperar su inversión, tienen derecho a las utilidades, eso está garantizado", agregó.

El gobernante recordó, además, el daño que produjo Transredes al río Desaguadero después del derrame de 29 mil barriles de petróleo y afirmó que los efectos ambientales son irreversibles.

"Si quisiéramos revisar los daños que hizo Transredes en el río Desaguadero, daños irreversibles que jamás con dinero o cualquier recompensación se puede recuperar, a ellos más les interesa las ganancias y no les interesa el medio ambiente, la vivencia de los seres humanos, de plantas, de seres humanos. Si queremos revisar con seguridad veremos que estas empresas le hicieron mucho daño en el tema del medio ambiente; pero lo peor y no tengo por qué callar, no es posible que algunas empresas transnacionales, empresas extranjeras vengan acá hacer actividades políticas. No aceptamos autoridades o gerentes, o empresas que venga a conspirar contra la democracia o contra el Gobierno nacional", agregó.

Incumplimientos

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, complementó el informe de Morales y dijo que Transredes incumplió el acuerdo que tenía con el Gobierno para la entrega de la segunda fase de ampliación del gasoducto Villamontes-Tarija, inmiscuyéndose en la política interna del país y favoreciendo al opositor prefecto de Tarija.

"El viernes 31 de mayo de este año, desconociendo la autoridad del Gobierno, al margen de las decisiones que tomamos, (Transredes) hizo entrega de la ampliación de la segunda fase del gasoducto al prefecto del departamento de Tarija, prácticamente, dando la espalda a los acuerdos arribados con el Gobierno Nacional", manifestó.
Villegas dijo que a través de la nacionalización se recuperó la infraestructura que hace posible el transporte de los carburantes del gas natural al mercado interno y la exportación de ese energético a Brasil y Argentina.

Garantizó las inversiones futuras, como la construcción del gasoducto Carrasco -Cochabamba y el inicio del diseño de la ingeniería básica y conceptual para el sistema de evacuación que se requiriere para la instalación de la planta de separación de líquidos, que estará ubicada en el Chaco tarijeño.

En el último mes, el Gobierno de Morales logró traspasos concertados de acciones para controlar dos petroleras mixtas que estaban en poder de Repsol-YPF y la estadounidense Pan American Energy, pero no pudo hacer lo mismo con la filial de Ashmore, cuyos voceros declinaron hacer comentarios en Santa Cruz.

Otra empresa objeto de un traspaso forzoso al Estado es la operadora de plantas de almacenamiento CLHB, de capitales peruanos y alemanes, sobre la cual el Gobierno tomaría decisiones en los próximos días, dijeron fuentes oficiales. 

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