Uruguay: 270 mil firmas para anular ley de impunidad [Redacción]

[Ernesto Herrera]

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10 de abril 2009
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Uruguay

Se reunieron 270.000 firmas para anular la Ley de Impunidad  

Redacción


La Coordinadora Nacional para la Nulidad de la Ley de Caducidad ya reunió 270.000 firmas, 15.000 más de las que precisa para convocar un plebiscito, pero busca llegar a las 300.000 y tener un margen que comprenda impugnaciones. 

Voceros de la Coordinadora explicaron  que aún se espera conseguir otras 30.000 firmas, hasta alcanzar las 300.000, que permitan garantizar la celebración del plebiscito incluso si se dan impugnaciones. 

El plazo para reunir las firmas concluye dentro de 15 días y es preciso que 255.000 sean validadas por la Corte Electoral para poder convocar la consulta popular, que tendría lugar el próximo 25 de octubre en coincidencia con los elecciones nacionales que celebran en esa fecha. 

La iniciativa cuenta con el respaldo del PIT-CNT (central sindical), el Servicio Paz y Justicia, diversas organizaciones populares y partidos políticos de izquierda. No todos los que integran el Frente Amplio apoyaron la iniciativa. Hay que recordar, que el gobierno "progresista" cuenta con una mayoría parlamentaria que hubiera permitido anular la ley sin la necesidad de recurrir a la recolección de firmas.

La "Ley de Caducidad de la Intención Punitiva del Estado", que fue aprobada por el Parlamento en 1986 y refrendada por un plebiscito en abril de 1989, cerró paso a la posibilidad de enjuiciar a militares y policías involucrados en violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985). 

Con la llegada de Tabaré Vázquez a la presidencia (quien se niega a anular la ley, y por lo tanto no firmó), se flexibilizó la aplicación del artículo 4 de la ley y se habilitó el enjuiciamiento de algunos antiguos represores, al excluir de la norma los crímenes que fueron cometidos totalmente o en parte fuera de Uruguay. 

En 2007 y 2008, los ex- dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Alvarez, más ocho militares y policías fueron condenados por el asesinato y la desaparición de decenas de uruguayos bajo el denominado Plan Cóndor, de represión coordinada por los gobiernos militares del Cono Sur en la década de los años 1970 y 1980. 

Según una encuesta de la consultora Cifra divulgada hace unos días, la mitad de los uruguayos está de acuerdo con que se someta a una nueva consulta popular la Ley de Impunidad y el 42 por ciento está decidido a votar a favor de su anulación. 

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