Ecuador/ las organizaciones sociales en la coyuntura del 30/S [Elizabeth Rivera]

[ernesto herrera]

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boletín solidario de información
Correspondencia de Prensa 
15 de octubre 2010
Colectivo Militante - Agenda Radical
Gaboto 1305 - Montevideo - Uruguay
redacción y suscripciones: germain5 en chasque.net

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Ecuador

Las organizaciones sociales en la coyuntura del 30 de septiembre



Elizabeth Rivera 
R, revista de debate político socialista 
Edición Especial, Quito, septiembre-octubre 2010
R.la.revista en gmail.com



Los acontecimientos ocurridos el 30 de septiembre de este año marcan un punto de inflexión en la política ecuatoriana: 

1) desplazan las demandas sociales y protestas que se venían gestando contra las políticas antipopulares del gobierno de Correa hacia una defensa de la democracia y la institucionalidad sin beneficio de inventarios. Quedan de lado los debates y las luchas por una democracia directa, por la consulta previa, por la autodeterminación de los pueblos, y el rechazo de la democracia restringida y secuestrada por la ley de seguridad nacional que aplica Correa.

2) se diluyen los procesos de unidad de los sectores populares, gestados al calor de la lucha contra la ley de aguas. El punto de quiebre en la alianza entre sectores sociales fue el apoyo o no al gobierno, o a la policía. La pelea de sentidos sigue abierta, ahora hacia mantener el apoyo irrestricto o no al gobierno.

3) además, se desplaza el debate político central, la crítica al modelo económico.  Modelo impuesto con criminalización de la protesta social, con violación de la Constitución desde el propio gobierno, con ruptura de diálogos y compromisos hechos por el Presidente o por los asambleístas. 

Todo el accionar político de los sectores sociales se ha confundido en el remolino mediático de si existió o no golpe de Estado.

La dirigencia de Alianza País tiene interés particular por posicionar la existencia de un intento de golpe de Estado enteramente planificado y no admitir la más leve crítica: va en pos de fortalecer su poder político y cerrar cualquier fisura en el Estado y en la política. Si esto es así, llama la atención que se intente cerrar la crisis con incrementos salariales a los altos mandos tanto policiales y militares, mientras que la reestructuración solo alcance a la tropa policial.

Pero las organizaciones sociales requieren analizar los hechos a la luz de las contradicciones entre los sectores beneficiados por las políticas económicas y los desplazados por el nuevo modelo neodesarrollista, extractivista, de modernización capitalista llevado adelante por Rafael Correa. Esto, con el objetivo de resituar su accionar hacia la disputa por el tipo de Estado que regula las relaciones sociales y económicas. La lucha, hoy como en estos últimos 20 años, sigue abierta: desconcentración de la tierra, desprivatización del agua, defensa de los recursos nacionales en contra de la apropiación de las trasnacionales, soberanía agroalimentaria, revolución agraria (cambio de propiedad de la tierra y superación de la concentración de la misma), parte central de las demandas de las organizaciones sociales que se juntaron en la lucha contra el TLC y la ley de agua. 

Siguen en disputa dos proyectos, que también se evidenciaron en Montecristi, agrupando a diferentes actores desde consensos activos o pasivos. El uno, centrado en la modernización capitalista del Estado y sus políticas de compensación social, agrupó a una parte de la izquierda pragmática alineada a la revolución ciudadana y a la nueva derecha favorecida por la política económica del gobierno. El otro busca devolverle a la sociedad el control de un nuevo tipo de Estado: el plurinacional, con la disputa centrada en el carácter directo de la democracia, la propiedad colectiva y el modelo económico comunitario, y su objetivo es desconstituir las estructuras racistas y de explotación en el que grandes sectores de la población han subsistido desde la construcción de la República. 

El conflicto abierto por la tropa y la baja oficialidad policial, que se insubordinó, junto a un reducido sector de militares, al considerarse afectadas por las reformas gubernamentales a la Ley de Servicio Público, provocan un debate más profundo: ¿quiénes son los reales beneficiarios de la nueva ley?, ¿tal vez el sector financiero, potenciado por el mercado de bonos con los que se pagaría a los jubilados del sector público?, ¿existen otros sectores beneficiados? Lo evidente es que la derecha, tanto fuera como dentro del gobierno, sale fortalecida, su política de conflicto de baja intensidad ha tenido resultados favorables a sus intereses en lo financiero, productivo y comercial, porque el Estado ha fortalecido políticas estatales a su favor.

Los pronunciamientos difundidos desde las organizaciones sociales colocan algunos elementos para el análisis:

1. Acuerdos sobre el limitado carácter de la democracia que se está construyendo en el mandato de Correa.

a) A sus actitudes autoritarias, de diálogos y consultas que legitiman una participación sin capacidad de decisión, frente a lo cual se exige rectificaciones, tanto al modelo económico cuanto al político.


b) El accionar de los llamados 5 poderes del Estado develó su carácter subordinado al hiperpresidencialismo autoritario, desde el cual se condujo el desenlace del jueves 30, con 12 muertos y muchos heridos, entre policías, militares y pueblo en general. En el día del conflicto la ausencia de la Asamblea Nacional y del Consejo de Participación Ciudadana fue escandalosa y alarmante, en perspectiva de la democracia. 

Ahora, las consecuencias se ventilan exclusivamente entre el Ejecutivo y la fiscalía. ¿Qué rol juegan los otros poderes del Estado en esta democracia "ciudadana"?

2. Pero los desacuerdos sobre la defensa de la democracia dejan preguntas sobre la capacidad de acción autónoma de las organizaciones frente a las iniciativas del gobierno.


a) Para algunos, la defensa de la democracia no pasa por el orden constituido, sino por la capacidad del pueblo de re-direccionar el Estado, ejercer control sobre él, así como incrementar su capacidad de decisión, hoy restringida y criminalizada por el gobierno. ¿Es defendible una democracia construida en beneficio de los intereses del gran capital? La institucionalidad y la democracia no son equiparables.

b). Otros asumen que la defensa de la Constitución, la democracia y el "estado de derecho" son una misma realidad, así que se pronunciaron por su vigencia, mezclando el sentido socio-político de la democracia con la institucionalidad jurídica de la misma. En esta crisis ¿no fueron los militares junto al Presidente los que terminaron dirimiendo el conflicto?


3. Las posiciones sobre el apoyo o no al gobierno y las lecturas sobre cómo quedan las correlaciones de fuerzas luego del conflicto son diversas y están sujetas a la profundidad del análisis, pero también a cómo se vuelvan a articular las luchas y demandas de la población.

4. Otras peguntas quedan: ¿el cierre por el que apostó Correa puede ocasionar fracturas y malestares que pueden ser caldo de cultivo para posteriores sucesos?


5. Las lecturas sobre las correlaciones internacionales y cómo se alinearon los Estados también es parte del debate. ¿Las reacciones de apoyo internacional al gobierno de Correa podrían evidenciar que "vivimos tiempos nuevos en los que el golpismo, en cualquiera de sus formas, ya no corre" en la región?, ¿o es que el gobierno del Ecuador no afecta intereses de los grupos económicos trasnacionales, y que sus políticas regionales siguen alineadas todavía a EEUU? 
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