Ecuador/ consulta popular: democracia vs presidencialismo [R-Revista - editorial]

[ernesto herrera]

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boletín solidario de información
Correspondencia de Prensa 
29 de marzo 2011
Colectivo Militante - Agenda Radical
Gaboto 1305 - Montevideo - Uruguay
redacción y suscripciones: germain5 en chasque.net

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Ecuador

Consulta popular: democracia vs presidencialismo


Editorial
Floresmilo Simbaña
R, revista para un debate político socialista
Año 3, Nº 7, enero-marzo de 2011, Quito, Ecuador
R.la.revista en gmail.com



El Presidente de la República llama a consulta popular con el objetivo de fortalecer el ejecutivo por sobre los otros poderes del Estado, esto pone en evidencia el carácter de la "revolución ciudadana" como un proceso cada vez más centrado en un solo ciudadano. 

Apelar al pueblo y pedir un voto de confianza para "meter la mano en la justicia" no tiene fundamento constitucional, mucho menos democrático; por lo tanto, las razones son enteramente políticas: demuestra una forma de gobernar cada vez más autoritaria, que tiene la necesidad de manejar todas las instituciones del Estado con el propósito de controlar a la sociedad. Los 180 juicios por terrorismo y sabotaje contra dirigentes sociales defensores de su territorio en oposición a la minería; la criminalización de cualquier protesta social; la persecución judicial en nombre de la majestad presidencial a quien señale al presidente en la calle; la persecución y deslegitimación a dirigentes indígenas, estudiantiles, sindicales; las acusaciones de traidores o de derechistas y oportunistas a quienes discrepen con sus criterios y se planteen en oposición a su proyecto;. todos estos son claros ejemplos de una forma de gobernar que no reconoce ni siquiera el marco constitucional construido en los cuatro años de su administración. Entonces preguntamos: ¿qué más estamos dispuestos a permitir los ecuatorianos a nombre de mantener unas cuantas reformas?    

Prometer al pueblo que con la extensión de la prisión preventiva y limitando las medidas sustitutivas a la prisión; que con la reestructuración de la Función Judicial desde la intervención directa del Presidente de la República; que con la prohibición a las instituciones del sistema financiero privado para tener participación en empresas de comunicación de carácter nacional; que creando una instancia que regule los medios de comunicación, controlada por el Ejecutivo; prometer que con todo esto se vayan a resolver los problemas graves del país como la delincuencia, la injusticia, las deficiencias en los procesos de juzgamiento o las desigualdades sociales es una verdadera demagogia. 

Las medidas propuestas en la consulta popular buscan tener un impacto ideológico sobre la opinión pública; con este fin no se repara en la violación de derechos y principios establecidos en la Constitución, y a cambio ofrece medidas que ya la historia ha demostrado como ineficaces.

Mantener en prisión sin sentencia a personas acusadas, limitar la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión (arresto domiciliario, obligatoriedad de presentaciones periódicas ante el Juez, etc.) en casos de delitos no graves solo incrementa la impunidad y la incapacidad de la Administración de Justicia para resolver el problema de la delincuencia, y la crisis del sistema de "rehabilitación social". La acción de "meter la mano a la justicia" por Presidentes ha sido un mecanismo muy utilizado en el Ecuador. Dos casos tenemos presentes: con el gobierno de León Febres Cordero, en 1984, cuando se desconoció la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el parlamento y se impuso otra Corte a su medida; y con la tristemente célebre "Pichicorte" en 2004, impuesta por Lucio Gutiérrez. En ambos casos se cambió de nombres pero se mantuvo el sistema. Sin enfrentar las razones de la violencia, sin cambiar el carácter y el sistema de la Administración de Justicia, no se cambia nada; todo es jugar con las necesidades del pueblo. 

En cuanto al monopolio privado de los medios de comunicación, la Constitución, en su Art. 312, ya reglamenta la separación de las empresas de comunicación y las instituciones del sistema financiero, por lo tanto lo que no ha existido es una real voluntad política del gobierno para romper definitivamente este monopolio. Considerando, además, que el Estado es uno de los mayores contratistas de publicidad, es fácil entender que las intenciones del gobierno son otras y no la democratización de la información. La normativa para la regulación de la información es suficiente para establecer responsabilidades, ¿no será que el pretendido Consejo de Regulación busque controlar los procesos de comunicación social de los sectores populares? 

El objetivo de la pregunta que tipifica como un delito el enriquecimiento privado no justificado abre mucha polémica; la argumentación del Presidente dice que es para investigar a algunos empresarios y burócratas que "se enriquecieron de la noche a la mañana". Si sólo ese fuera el objetivo, en la Constitución ya consta, en el art. 233, el delito de "enriquecimiento ilícito", pero en cuatro años de revolución ciudadana no hemos visto ningún caso juzgado. Introducir en la ley penal el "enriquecimiento privado no justificado" resulta un concepto bastante impreciso; igual serviría para "juzgar" a un empresario que haya amasado fortuna ilegalmente como a cualquier ciudadano (trabajador, comerciante, profesional) que no lleve contabilidad o registro de sus bienes. Si esto es así, estamos ante un proceso de endurecimiento de los mecanismos de coerción del Estado y una anulación de lo social y de la democracia; hablamos entonces de un proceso de des-ciudadanización, donde la capacidad social desaparece para dar paso a un Estado autoritario. 

No se trata de negar el derecho a la consulta como mecanismo de la democracia, lo que está en juego es defender la posibilidad social de la lucha política en contra de un Estado excesivamente controlador y abiertamente autoritario, que ve a la organización y a la movilización social como amenazas. Nuestra oposición es a los objetivos de Correa para concentrar mayor poder; nuestra oposición es a la criminalización de la lucha social. Hacemos un llamado a organizarnos, a crear procesos colectivos y a votar por el No. 

¡No al autoritarismo, No a la criminalización de la protesta social, No a la anulación del pueblo y su capacidad de decisión!


¡No, no, no., diez veces No! 
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