Uruguay/ la ley de impunidad no fue eliminada [En Lucha Nº 3]

[Ernesto Herrera]

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boletín solidario de información
Correspondencia de Prensa
9 de noviembre 2011
Colectivo Militante - Agenda Radical
Montevideo - Uruguay
redacción y suscripciones: germain5 en chasque.net

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Uruguay

Derechos Humanos

La Ley de Caducidad (impunidad) no fue eliminada
 


Agrupación ProUnir
En Lucha Nº 3, octubre-noviembre 2011
periódicoenlucha.enlucha en gmail.com

 
En un tiempo record y cerca del plazo de la prescripción de los delitos cometidos por la dictadura, la bancada parlamentaria del Frente Amplio (mayoritaria en ambas cámaras) aprobó un proyecto de Ley que declara el carácter de Lesa Humanidad de dichos delitos. El texto, "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985" comprendidos en la Ley de Caducidad. En el segundo artículo establece que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley para los delitos" antes mencionados. El tercer artículo es el que establece el carácter de delitos de Lesa Humanidad.
 
Como ya se ha divulgado, incluso desde estas páginas (ver En Lucha Nº 1) los delitos de Lesa humanidad, según la Convención de San José de Costa Rica y el Tratado de Roma (ambos suscritos por Uruguay) no prescriben (esto es, no tienen limite de plazo para ser objeto de juicio). A este aspecto de dichas Convenciones y al fallo de la Corte Interamericana de DDHH -caso Gelman- es que se remite la ley aprobada, lo cual significa que los juicios contra los represores podrán continuar después de noviembre A ello hay que agregar, según la opinión de Helios Sarthou, la resolución 3074 de las Naciones Unidas, que es anterior al periodo en que se cometieron los delitos. 
 
Sin embargo, no tiene asidero formal la opinión expresada por muchos medios y también por legisladores de la derecha tradicional, en el sentido de que ello implica la virtual supresión de la Ley de Caducidad (de impunidad del terrorismo de Estado). Sarthou insiste al respecto de que lo aprobado va a ser evadido por los que no han sido aun procesados, con el argumento (de recibo en el derecho penal) de que deberían ser juzgados "de acuerdo a la norma más benigna". Solo la anulación de la nefasta Ley de Caducidad asegura que ello no ocurra. No obstante, al caracterizar dichos delitos como de Lesa Humanidad y al considerar las Convenciones Internacionales en la materia, que los mismos "no pueden ser objeto por su carácter grave, ni de caducidad de la acción punitiva estatal, ni de amnistía o indulto", puede abrirse la posibilidad de que cada juez en cada caso concreto (y eventualmente la Suprema Corte) decidan la no aplicabilidad de la ley de Impunidad. Ello sin suprimir la vigencia formal de la misma. Este es el " remedio" que encontraron los "leguleyos" del FA, para mantener la aberrante ley y (al mismo tiempo) "pasarle la pelota" al Poder Judicial, el que decidirá en el futuro la aplicabilidad de la reciente disposición legal votada .
 
El trasfondo político 
 
Van ya seis años largos de gobierno del FA. De más de 400 militares, policías y civiles inculpados por las organizaciones de DDHH, solo una docena y media han sido procesados y están  presos.  Y en la búsqueda de los restos, solo tres, si se confirma el último encontrado. Este magro resultado no se puede explicar por obstáculos legales (como el haber heredado la vigencia de la Ley de Impunidad) pues el FA dispuso desde el primer día de mayorías parlamentarias formales para anularla. En realidad, el objetivo del "progresismo" es que el tema de los DDHH relacionado con los crímenes de la dictadura, permanezca como una de las pocas "señas de identidad" que van diferenciando al mismo de los partidos llamados tradicionales. Para ello era necesario que la posibilidad de juzgamiento de los represores no finalizara en noviembre. Hay por otra parte mucha gente allegada a la militancia del FA y en particular al tema DDHH (que participa en todas las marchas de los 20 de Mayo) que es muy sensible a este punto, por los valores éticos y emocionales lógicos que conlleva.
 
Pero el valorar como positivo el hecho de que se haya eliminado ese techo de tiempo, no nos debe llevar a creer que con ello el FA quiere aplicar a rajatabla la posibilidad plena de que haya Juicio y Castigo a todos los culpables de los atroces crímenes cometidos. En la nota "Anulan, Interpretan, Derogan. Al final nada" (En Lucha Nº 1), señalábamos la existencia de un "verdadero partido de la impunidad" también actuando en el FA y aludíamos a muchos hechos históricos que lo avalan. En la sesión parlamentaria ese "partido de la impunidad" se expresó por la voz del senador Carlos Gamou, diciendo que la CAP-L (liderada por Fernández Huidobro, actual Ministro de Defensa) votaba" por razones de estricta disciplina" el proyecto aprobado.  Lo mismo cabe deducir de la ausencia de Nin Novoa. Ellos, al menos, se manifestaron. Otros que para sus adentros piensan lo mismo se callan...En resumen: ni justicia plena, ni tampoco (por razones de política identitaria y hasta electoral) dejar morir el tema. Esto es lo que busca el FA en este punto, más allá de los matices internos.
 
En ese contexto, nada se ha hecho para depurar a las FFAA de los cuadros militares de la pasada dictadura, ni para desactivar el aparato represivo y de inteligencia interna, enfocado en la vigilancia y represión de la protesta política y social anti- sistémica. Ni tampoco por liquidar la nefasta doctrina de la Seguridad Nacional en la formación de las nuevas generaciones de oficiales. El "arresto simple" (una sanción simbólica) al brigadier general Bonilla (por sus amenazas de no brindar más información de los desaparecidos si se eliminaba la prescripción de los delitos de la dictadura), muestra la  condescendencia y la debilidad (a nuestro entender deliberada) del gobierno frente a los chantajes militares.
 
Una lucha estratégica
 
Como todo gobierno que defiende el orden regido por el gran capital (nacional e internacional), el presidido por Mujica necesita tener buenas relaciones con las FFAA; para tenerlas disponibles, como elementos de "disuasión" o incluso de represión, si se presentaran las circunstancias para ello. Se trata entonces de circunscribir el tema "delitos de la dictadura" en una zona donde pueda satisfacer esa función identitaria del FA, sin entorpecer la sintonía con los actuales mandos militares. No por casualidad, la senadora Lucía Topolansky tiene en carpeta un proyecto de ley para que los "presos viejos" (torturadores y asesinos) de más de 70 años, cumplan su condena en "prisión domiciliaria". De prosperar la iniciativa, se habrá cumplido con una de las demandas fundamentales de la institución militar. 
 
La lucha por Juicio y Castigo tiene como horizonte estratégico el cuestionamiento radical de las FFAA, como institución del Estado. De su responsabilidad política en la represión, en la implementación del terrorismo de Estado. Para nosotros, no hay unas FFAA de ayer y otras de hoy. En tal sentido, la lucha contra la impunidad apunta a crear conciencia acerca del rol de estos institutos armados en toda sociedad capitalista. Y de cómo su razón última de ser, es el de garantizar el poder explotador que imponen la oligarquía empresarial y el imperialismo. Por ello, nuestra lucha contra la impunidad se inscribe en un combate de carácter democrático y anticapitalista a la vez. De enfrentamiento a la dominación burguesa y de construcción de una nueva sociedad,  solidaria y socialista.

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