Brasil/ la sociedad público-privada por la hegemonía regional [Eduardo Sales de Lima]

[Ernesto Herrera]

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boletín solidario de información
Correspondencia de Prensa
3 de febrero 2012
Colectivo Militante - Agenda Radical
Montevideo - Uruguay
redacción y suscripciones: germain5 en chasque.net

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Brasil

La sociedad público-privada por la hegemonía regional

BNDES/Itamaraty amplían participación de empresas brasileras en países vecinos

 
Eduardo Sales de Lima
Brasil de Fato
http://www.brasildefato.com.br/
Traducción de Correspondencia de Prensa


El discurso de la integración regional y de la defensa conjunta del territorio sudamericano ha servido a distintos fines. Instituciones como el Mercosur (Mercado Común del Sur), la Unasur (Unión de las Naciones Sudamericanas) y el Consejo Regional de Defensa de América del Sur, ampliaron las posibilidades de la diplomacia brasilera en la región. Tales ansias progresistas posibilitaron el acceso de las transnacionales con sede en Brasil al mercado regional latinoamericano.

Los grandes conglomerados de ingeniería y construcción, así como algunos grandes proveedores de manufacturas, son los principales beneficiados con los créditos públicos del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) direccionando las obras. Según Ana Saggioro Garcia, investigadora del Instituto Rosa Luxemburgo, el interés y el lucro de esas empresas son privados y no hay todavía estudios que puedan mostrar con datos cual es el retorno de esa inversión para la economía brasilera como un todo, principalmente para la clase trabajadora. Para ella, el direccionamiento de los recursos públicos del banco resulta, en gran medida, en la concentración de ciertos sectores de la economía brasilera y no en una distribución del ingreso.

"No hay una integración productiva que sea igualitaria para todos los países, muy por el contrario. Brasil es el productor principal, y el resto de los países vienen a complementar las necesidades de la economía brasilera. Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores) refuerza una institucionalidad muy grande de esa intergación", explica Ana Garcia.

Como recuerda la investigadora del Instituto Rosa Luxemburgo, los fondos del BNDES son públicos, provienen del Tesoro Nacional, de los impuestos y contribuciones públicas, como el Fondo de Amparo al Trabajador. El banco también capta recursos en el mercado externo y bancos extranjeros.

Queda cada vez más claro que por medio de una política externa "amigable", el país buscó (y busca) la hegemonía regional en términos geopolíticos y económicos. "La tentativa de Brasil es tornarse un liderazgo que va a equilibrar las crisis en la región y va a demostrar que es capaz de cargar con los costos de ese poder, de ser hegemónico", afirma Garcia.

Como ejemplo, cita los casos de nacionalización del petróleo boliviano en 2006, cuando Petrobras aceptaba la decisión soberana de aquel país, y de la renegociación del precio de la energía comprada a Paraguay (antes muy barata), oriunda de la represa de Itaipu. "Lula abrió las puertas porque consiguió legitimidad sin la violencia que la derecha brasilera quería", subraya Ana Garcia.

Banco público

La integración regional, a partir del gobierno Lula, surge como respuesta alternativa al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). El BNDES concede créditos por 1.900 millones de dólares para ampliación de gaseoductos en Argentina, y beneficia a diversas empresas en proyectos de integración basados en infraestructura, incluidos en el IIRSA (Integración de la Infraestructura Sudamericana), que sobre todo apuntan a la explotación de los recursos naturales volcados a la exportación.

Sustentando el proyecto hegemónico regional, el papel del BNDES se destaca, pues financia el apoyo tecnológico y comercial. En los últimos diez años, el financiamiento de obras regionales con recursos del banco traspasados a las empresas aumentó 1.185%.

Como destaca Ana Saggioro Garcia en su tesis de doctorado, el propio Ministerio cita las obras concedidas a los grandes grupos con financiamiento público brasilero: en Argentina, para la construcción y ampliación de la red de gaseoductos con aproximadamente 1.900 millones de dólares (Odebrecht y Confab). Para el acueducto de la provincia de Chaco, 180 millones de dólares (CON, Techint, OAS, Isolux).

En Bolivia, la autovía San Ignacio de Moxos-Villa Tunari tendrá 332 millones de dólares (OAS); el Proyecto Hacia el Norte-Rurrenabaque-El Chorro, queda con 199 millones de dólares, y la autovía Tarija-Bermejo contará con 179 millones de dólares (Queiroz Galvao).

Se suman a esto la construcción de grandes usinas hidroeléctricas en Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y República Dominicana, por las empresas Odebrecht, Camargo Correa y OAS. Como recuerda un artículo de Luiz Fernando Novoa, de la Universidad Federal de Rondônia, la relación entre empresas y Estado, en estos casos, es directa, y se explicita con la constante penetración de ellas por dentro del aparato estatal (en ministerios, comisiones, o por la vía informal de la amistades y lobbys). Así, las empresas influencian las políticas públicas, tanto para ser beneficiadas por grandes obras, como para recibir créditos e incentivos fiscales.

El economista Paulo Passarinho, aclara todavía que esas transnacionales que actúan en América Latina, no son necesariamente brasileras: "Muchas extranjeras, pero con filiales en Brasil (a francesa Alstom, por ejemplo), se aprovechan del país y de su política externa como una plataforma de lanzamientos de sus propios proyectos para la propia región. Aprovechando, justamente, de esa 'aureola' progresista que la política externa brasilera tiene". Un ejemplo: en Chile, Alstom tendrá la ampliación del metro de Santiago con 209 millones de dólares, y Mercedes-Benz el apoyo al Proyecto Transantiago (exportación de ómnibus), con aproximadamente 350 millones de dólares.

Afectados

El capital brasilero apoyado por agentes del Estado, no se expande sin afectar a poblaciones y trabajadores que viven en torno de esos proyectos, que destruyen sus medios de vida y el medio ambiente.

El BNDES viene financiando el proyecto de construcción de una carretera de 306 km que pretende conectar las localidades de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos en Bolivia. La carretera atraviesa el Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure), y las poblaciones exigen la inmediata paralización de las obras, pues, entre otros motivos, eso viola la Constitución Política del Estado Boliviano, la Ley Boliviana de Medio Ambiente, y la Reglamentación de Áreas Protegidas.

En Ecuador, hay denuncias de que Petrobras ha practicado la extracción de petróleo en el Parque Nacional de Yasuni, un área rica en biodiversidad, habitada por varias comunidades indígenas. En el mismo país, la Odebretch, utilizando recursos del BNDES, es acusada de no cumplir leyes ambientales y de haber causado la destrucción de comunidades ribereñas. Una auditoria identificó fraude, sobrefacturación y fallas técnicas en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco.

Lo que ocurre en esos dos países son solamente ejemplos que pueden servir, sobre todo, al pueblo brasilero empujado con la idea de pertenecer a una "nación potencia". Para Ana Saggioro Garcia, el desafío dentro de la propia sociedad brasilera sería construir un nuevo consenso que pueda superar la idea de que somos mayores y "más desarrollados" que nuestros vecinos sudamericanos o que los africanos. "Al mismo tiempo, quebrar esa lógica de que precisamos "desarrollarnos" siguiendo el modelo europeo y estadounidense (o chino), difundida fuertemente en los gobiernos militares, y que hoy es retomada", concluye. 

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