Uruguay/ la prevalencia de la impunidad [Agupación ProUnir]

[Ernesto Herrera]

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boletín solidario de información
Correspondencia de Prensa
14 de marzo 2013
Colectivo Militante - Agenda Radical
Montevideo - Uruguay
redacción y suscripciones: germain5 en chasque.net

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Uruguay

La prevalencia de la impunidad
 

Agrupación ProUNIR
En Lucha Nº 8
Montevideo, febrero-marzo de 2014
periodicoenlucha.enlucha en gmail.com
 

En artículos anteriores fuimos dando cuenta del surgimiento de un verdadero "partido de la impunidad". Es decir, de la existencia de un conglomerado "transversal" que, entrelazando complicidades, reúne a militares, jueces, empresarios, medios de comunicación, dirigentes blancos, colorados y frenteamplistas. Entre los que se destaca el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, abanderado de la institución Fuerzas Armadas, como "último recurso" del orden capitalista, y entusiasta promotor de la impunidad del terrorismo de Estado. Este "partido de la impunidad" es, en definitiva, el mejor heredero del pacto del Club Naval y el principal enemigo de la lucha por Memoria, Juicio y Castigo. 
 
Como se sabe, esa complicidad tiene otros dos protagonistas centrales. Por un lado, al propio presidente Mujica, quien expresó su voluntad -por ahora fallida-, de indultar "por razones de edad" a los criminales recluidos en la cárcel VIP de Domingo Arena; y para quien la lucha por Memoria, Verdad y Justicia tiene el "hedor de la venganza". Por otro lado, a Tabaré Vázquez (alguien que nunca fue molestado por la dictadura), quien desde su presidencia se opuso a la anulación de la Ley de Impunidad, y que en 2009 intentó -sin lograrlo- una "Reconciliación para un Nunca Más". Vale decir, "dar vuelta la página" definitivamente. 
 
"Ofensiva de la derecha"
 
La remoción de la jueza Mariana Motta y su "traslado" al fuero civil, fue la primera señal del nuevo empuje del "partido de la impunidad". Hay que destacar que la jueza estaba a favor de aplicar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de considerar los crímenes atroces y desapariciones de la dictadura como delitos de "lesa Humanidad" y, por tanto, no sujetos a amnistía, indulto o caducidad en el tiempo.
 
Por otra parte, Mota tenía a su cargo 55 expedientes que involucran a militares  policías, y civiles con el terrorismo de Estado, además de la investigación del  "misterioso" accidente del avión Air Class se cayó en aguas del Río de la Plata, asunto que le generó conflictos con Fernández Huidobro. Lo mismo sucedió cuando una orden de la jueza para inspeccionar un cuartel en la búsqueda de detenidos-desaparecidos, fue parcialmente desacatada por el ministro de los militares. Muchos de los expedientes contra represores y asesinos se encontraban paralizados, debido a los recursos de "inconstitucionalidad" presentados por sus abogados en contra de la llamada Ley Interpretativa de la Caducidad de la Pretensión Punitiva.
 
Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de remover a la jueza Mota, y luego de la manifestación de protesta que ocupó el edificio donde la jueza prestaba juramento al nuevo cargo, los partidos tradicionales y los grandes medios apoyaron a la SCJ y denunciaron por "subversión" a los indignados. El Frente Amplio se presentó dividido. Algunos se limitaron a plantear su discrepancia con el "traslado" y también con el accionar de los manifestantes. Otros plantearon la necesidad de convocar a los miembros de la SCJ "para dar explicaciones" en el Parlamento, y hasta manejaron la posibilidad de un Juicio Político. 
 
El escenario quedó montado para una operación política. El progresismo apunto sus baterías en una "ofensiva de la derecha" lanzada a través de la SCJ: remoción de Mota, sentencia en contra del Impuesto a la Concentración de Inmuebles (ICIR), y declaración de inconstitucionalidad de la llamada Ley Interpretativa. A partir de allí, los "villanos" pasaron a ser los jueces que actuaron "dando la espalda el pueblo". Omitiendo la responsabilidad del Frente Amplio para que no triunfara la papeleta rosada en el Plebiscito de octubre de 2009. Omitiendo que el "partido de la impunidad" tiene entre sus más conspicuos afiliados a dirigentes del progresismo. Omitiendo reconocer que la llamada "Ley Interpretativa" fue un invento del gobierno Mujica para evitar anular lisa y llanamente la Ley de Impunidad. Y, sobre todo, pasando por alto que los miembros actuales de la SCJ ¡fueron nombrados por unanimidad en un Parlamento donde el progresismo tiene mayoría!
 
Legalidad vigente
 
La supuesta "independencia del Poder judicial" y en particular el de su máxima instancia, son un mito. En una sociedad capitalista donde existe el antagonismo entre ricos y pobres, entre los que concentran poder económico (y por tanto directa o indirectamente poder político) y los que solo tienen su fuerza de trabajo, es una entelequia, mejor dicho, una falsedad, hablar tanto de un Estado "neutral" como de una "independencia" de la jurisprudencia. Sobran las pruebas: no solo el fallo sobre el ICIR que beneficia a los terratenientes, sino una larguísima lista de sentencias a favor de las patronales, en contra de los trabajadores y de luchadores sociales. Aunque bien podríamos remontarnos a 1985 cuando la Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado fue declarada "constitucional". ¡Donde la Suprema Corte de Justicia aceptaba anular sus propias atribuciones como organismo y su propia y cacareada "independencia", a favor del Poder Ejecutivo y en última instancia, de los violadores de los derechos humanos!
 
Por si faltaba una confirmación de la naturaleza de clase de esta "justicia", basta ver la declaración de las cámaras empresariales (Asociación Rural, Cámara de Industrias y  Cámara de Comercio y Servicios), donde llamaban a "respetar" las decisiones de la SCJ sin reparar a quienes favorezcan o perjudiquen. Que surjan jueces como la jueza Mota o como el ex fiscal Enrique Viana (para citar solo dos ejemplos) que se apartan de la línea predominante, no elimina lo afirmado sobre la jurisprudencia en un Estado capitalista. La legalidad vigente no está hecha para defender los derechos de la clase trabajadora. Sino para garantizar, ante todo, los derechos de propiedad (privada) de los dueños del dinero y el poder. 
 
En filas de la militancia del campo de izquierda (en un sentido amplio) y de los movimientos sociales, se ha generado un gran desconcierto. No obstante, surgen análisis que permiten reflexionar y extraer conclusiones. Al respecto es interesante citar las declaraciones de la politologa e investigadora de la Udelar (Universidad de la República), Fabiana Larrobla: "El vacío generacional que trajo la dictadura al encarcelar y torturar a los jóvenes que querían romper las legitimidades saliéndose de la estructura legal, redujo el debate (sobre la impunidad) a términos jurídicos. Solamente se habla de lo posible o imposible en este terreno, como si la verdad revelada estuviera en los textos de la ley. Ahí esta el triunfo de la derecha, del liberalismo, de la división de poderes, del republicanismo..." (Entrevista en Brecha 1-3-2013)
 
Oportunismo político
 
La convocatoria del Frente Amplio a concurrir a la Plaza Libertad el lunes 25 de febrero, ha promovido la más absoluta confusión y eso era visible en los participantes de la concentración. 
 
La senadora Lucia Topolansky declaró al principio que el traslado de una jueza no era el fin del mundo y llamo a respetar los fallos de la SCJ. Un poco después dijo que había que promover un Juicio Político a la misma ¿cómo se entiende?. Después señaló que iba a participar en la concentración para apoyar la posición del magistrado discorde con el fallo. Fue una muestra de supremo oportunismo ver en la Plaza Libertad a los responsables de que la ley de Impunidad no se hubiera anulado (el conjunto de la bancada parlamentaria y los principales dirigentes del Frente Amplio).
 
Como no podía ser de otra manera, la posición de los dirigentes del bloque mayoritario del PIT-CNT fue la misma. Otra vez, actuaron como bomberos apagando incendios, al servicio del partido de gobierno, sin tomar una sola medida concreta de lucha. Apenas unas inocuas declaraciones "en defensa de la democracia" y la "independencia de los poderes". 
 
Anular la ley

Cuando se presentó la llamada Ley Interpretativa, el compañero Helios Sarthou (1926-2012) señaló su "talón de Aquiles" en los argumentos de "inconstitucionalidad" y predijo lo que finalmente ocurrió. Se insistió en el camino de la "Ley Interpretativa" que se reveló como una vía muerta ¿Descuido o acción deliberada? Al igual que el compañero Sarthou en aquella ocasión, defendemos la demanda de la Anulación de la Ley de Impunidad. Y esa sigue siendo una de las banderas centrales con relación a la impunidad. Señalando, claramente, que las vías "intermedias" y los retorcimientos político-jurídicos con los que se pretenden supuestamente despejar los caminos, lo único que han hecho es enredar más las cosas y han terminado por ser funcionales a los partidarios de la consolidación de la impunidad del terrorismo de Estado.

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