Uruguay/ el avance de la opción punitiva [Colectivo Militante]

[Ernesto Herrera]

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boletín solidario de información
Correspondencia de Prensa
6 de octubre 2013
Colectivo Militante - Agenda Radical
Montevideo - Uruguay
redacción y suscripciones: germain5 en chasque.net

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Uruguay

El avance de la opción punitiva 

 
Colectivo Militante
En Lucha Nº 10, agosto/setiembre 2013
periodicoenlucha.enlucha en gmail.com

 
Según el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Lauro Meléndez, hay gente que no tiene arreglo: "es insurrecta, errante y quiere estar en la calle por convicción personal". (El País, 12-5-2012) Arruinan bienes comunes, vulneran la propiedad privada, consumen drogas ilícitas, incursionan en vandalismo. Molestan a los demás y "afean" el paisaje urbano. De ahí que los inspectores del orden social hayan resuelto poner fin a la tolerancia. Desde el 20 de agosto, la ley 19.120, conocida como Ley de Faltas y Conservación de los Espacios Públicos, castigará las conductas que inflijan la monotonía del bien vivir. 

Como la ley entró en vigencia sin estar reglamentada, el Ministerio del Interior queda habilitado por el "protocolo de procedimiento policial" (votado en el 2008 durante el gobierno de Tabaré Vázquez) y puede trasladar a los "infractores" a una comisaría. En ese lugar se les notificará, "por escrito", que su manera irregular de transitar por la vida tiene un límite. Deberán considerarse "intimados". A la tercera desobediencia pasarán a juez y se les aplicarán penas que pueden ir de 7 a 30 días de "trabajo comunitario" (dos horas por días) o a un día de prisión. En Montevideo, la tarea fiscalizadora será ejecutada por el Grupo Especial de Patrullaje Preventivo ((GEPP) de la policía y la Brigada Calle de la Intendencia Municipal. Así que el hacer cumplir la ley de faltas estará bajo el mando directo del tupamaro Eduardo Bonomi y de la estalinista Ana Olivera. 

En realidad, se trata de una versión actualizada de la nefasta ley 10.071 de 1941, llamada de "vagancia, mendicidad y estados afines", que ya se aplicó en Punta del Este en 2012 para expulsar "indeseables" del balneario de los ricos. Aunque la de hoy abarca a muchos más sujetos: personas sin techo, indigentes callejeros, vendedores ambulantes, limpiavidrios sin habilitación, mendigos "abusivos", subempleados crónicos, lumpenes diversos, clasificadores de basura con o sin carro, y a otros tantos que se distribuyen las sobras del "crecimiento económico".

En palabras del sociólogo Gustavo Leal, asesor del Ministerio del Interior, la ley de faltas es el primer "dique de contención" contra el delito y significa el abandono, por parte del Estado, de una "actitud pasiva" ante "situaciones de marginalidad cultural".  Porque, según él, se hace necesario "cambiar la compasión por la acción". (Entrevista en el programa En Perspectiva, Espectador, 9-9-2013). Remplazando el deber social por la opción punitiva. Porque de eso tratan la ley de faltas y la batería de medidas que apuntan a "mejorar la convivencia urbana". El miércoles 4 de setiembre tuvimos un adelanto de cómo funcionará el "dique de contención": un "grupo de indigentes" fue expulsado de la Estación Central del AFE (ferrocarriles del Estado), el lugar de residencia que habían encontrado para escapar de la intemperie. Fueron las primeras víctimas de una "actualización normativa" (votada por todos los partidos parlamentarios) que busca "cambiar los paradigmas" a través de la represión. Obligando a resignar conceptos que hablan de solidaridad, generosidad y tolerancia con los desposeídos de todo. 

En uno de sus últimos libros, John Berger, el magistral escritor británico, definió cómo es la existencia de aquellos que sufren la desposesión más indignante: "La pobreza fuerza las decisiones más duras, esas que casi no conducen a nada. Ser pobres es vivir con ese casi". (Con la esperanza entre los dientes. Alfaguara, Montevideo, 2011) O, si se quiere: vivir en la extrema pobreza es practicar la resistencia social más admirable. No parece ser la opinión del asesor de Bonomi. Desde su cómodo y bien remunerado "cargo de confianza", nos advierte: "la pobreza no es un valor a defender". Por eso, tampoco, merecedora de una "actitud compasiva". A lo sumo, destinataria de una "asistencia" que permita resolver un "problema" que raya con la siquiatría. Ya lo había dicho el presidente Mujica en una de sus recurrentes alocuciones sobre los "aspectos elevados" de la vida: "La pobreza es un problema mental". Y menos de condiciones materiales, porque "pobres son los que necesitan mucho para vivir". (El País, 15-9-2013) Así de simple. 

O no tanto. Porque el mismo gobierno reconoce que sus "políticas sociales" se quedaron cortas. Por no decir que fallaron. De allí el lanzamiento del plan 7 Zonas. El objetivo sería fortalecer la "presencia social del Estado" en los barrios de Montevideo y Canelones donde se concentran las mayores cifras de desempleo y subempleo, embarazo adolescente y repetición escolar, indigencia y pobreza infantil. Con apenas U$S 34 millones de "gasto", prometen "mejorar la convivencia", realojar asentamientos, arreglar calles y alumbrado, remodelar plazas, construir "centros cívicos", espacios deportivos. Y, sobre todo, "reforzar la seguridad" con más patrullaje y "policías comunitarios".    

Retroceso democrático

Abrazados al mentiroso "pacto de convivencia", los mercachifles progresistas se zambullen en la lógica disciplinadora. Con el apoyo, eso sí, de una sociedad miedosa e irritada que demanda atacar sin miramientos a los "pichis" y "distintos". No importa si hay que sancionar "pequeñas faltas" o "micro-delitos". Las "intimaciones" son, en definitiva, un aviso previo. Los "infractores" deben tomar nota. Porque si adquieren un grado comprobable de amenaza a la "seguridad pública", terminarán habitando el infierno carcelario. Y allí, se sabe, cuales son las "condiciones de vida": hambre, frío, hacinamiento, insalubridad, corrupción, tráfico, violaciones, asesinatos, requisas, y brutales palizas. Como la que recibieron, a modo de "bienvenida" policial, un grupo de presos en el Comcar el 31 de agosto. 

La profesora Alma Bolón no tiene dudas al afirmar lo que muchos, tanto en el Frente Amplio como en la izquierda radical,  prefieren callar: "los presos de hoy están mucho más desprotegidos -mucho más abandonados a su propia suerte- que los presos políticos de ayer, por cierto condenados por la dictadura y sus abundantes partidarios, pero 'cuidados' y 'defendidos' por una parte considerable de la ciudadanía, que los había hecho suyos. Los presos de hoy, en cambio, están solos". (Brecha, 23-8-2013).

Tan solos y desprotegidos, debe decirse, como los menores y adolescentes "en conflicto con la ley". Encerrados en verdaderas catacumbas (Colonia Berro, Hogares Desafío y Ser), permanecen en sus celdas más de veinte horas al día, usan baldes en lugar de baños, reciben psicofármacos para "tranquilizarlos", son objeto de chantajes económicos, abusos sexuales y "apremios físicos" por parte de sus "custodios". Ante la intervención activa de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), el  Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) que preside el ex sindicalista Ruben Villaverde, pidió más plazos para "verificar las denuncias". 

El alcance de la operación de limpieza social puede medirse en números. Por año, la cantidad de presos aumenta entre 600 y 700. Mientras que se duplicó la cifra de menores entre 13 y 15 años "internados". El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) no niega la gravedad que eso tiene. Como los jueces aplican la "prisión preventiva" ante lo que consideran un escenario de "alarma pública", las cárceles continuarán desbordándose. Imprimiéndole a los gobiernos progresistas una de sus marcas registradas: en ocho años duplicaron la cantidad de personas encarceladas. Lo que, desde un punto de vista estrictamente político, es un inocultable retroceso democrático.  

En los tiempos de gobiernos neoliberales, el Frente Amplio denunciaba la naturaleza de sus programas. A la atrofia del "Estado social" -privatizaciones, flexibilización laboral, desempleo masivo, aumento de la pobreza, fragmentación social-, le correspondía la hipertrofia de un "Estado policial y penal", donde la represión se concentraba en los "subversivos", los "marginales", los "criminales potenciales". Ya como partido de gobierno, esto es, como gestor del orden capitalista, las diferencias casi se esfumaron. La "norma obligatoria" de la legalidad burguesa, que constituye el pilar de todas y cada una de las violencias de Estado, continúa rigiendo a pleno. En este cuadro, las violaciones contra los derechos humanos se multiplican. Sean contra militantes políticos y luchadores sociales, sean contra los más pobres y desamparados.   

Aunque lo sabemos: la violencia de Estado no es democrática. No afecta a todos por igual. Bastaría remitirse a la condición social de la inmensa mayoría de los presos y presas, mayores y menores. O preguntarles a las madres procesadas por "faltar" a la "patria potestad"; a los jóvenes de Santa Catalina amenazados y golpeados; y a las miles de familias que se quedaron sin la asignación familiar por "incumplir" los deberes que el Estado, como supremo gendarme, impone a la sociedad. 
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