Uruguay/ cárceles de menores: hacinamiento, encierro y torturas [Blixen - Uval - Ielsur]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 12 de abril 2014

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A l’encontre – La Brèche

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Uruguay

 

Violencia de Estado 

 

La cultura del encierro

 

Menos fugas, pero más mano dura en el INAU

 

 

Samuel Blixen            

Brecha, Montevideo, 11-4-2014

http://brecha.com.uy/

 

 

Los éxitos en la reducción de fugas y motines en los centros del inau tienen
una contracara de graves violaciones de los derechos de los menores,
denunciadas en el Parlamento. Golpizas reiteradas, tratos abusivos para
preservar la seguridad, hacinamiento intolerable y sanciones colectivas
prohibidas por normas nacionales e internacionales, son una parte de la
realidad en algunos de los 17 centros de internación de menores del inau,
según denunció la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh) en el
Parlamento.

 

En otros centros, según se consigna en cinco informes presentados a los
miembros de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la
Cámara de Diputados, la situación es más alentadora y se verifican adelantos
en la superación de problemas, lo que, en opinión de los miembros de la
inddhh, revela disparidad de criterios y políticas que dependen, en cada
caso, de las orientaciones u omisiones de los directores o encargados de
cada hogar o centro administrado por el Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente (Sirpa).

 

El presidente del inau-Sirpa, Ruben Villaverde, (1) negó implícitamente las
denuncias, y en declaraciones radiales se mostró molesto, aduciendo que las
situaciones registradas por la inddhh refieren a mayo de 2013 y que ya
fueron encaradas y superadas. Sin embargo hay informes de noviembre de ese
año y de febrero de 2014 que confirman la persistencia de violaciones a los
derechos de los menores. Villaverde retrucó: “El que escucha este informe
debe pensar que esto poco menos que son las catacumbas, pero en medio de una
serie de dificultades propias de la lentitud de procedimientos (…) nosotros
en el mismo período logramos salir del paisaje de un motín y una fuga atrás
de la otra, eran cuatro fugas por día”.

 

En la comisión se informó que existe un documento reservado que fue elevado
al Sirpa y que contiene denuncias de malos tratos y la identificación de
algunos funcionarios responsables. “Lo que más nos preocupa en este momento
es el centro ser –dijo la abogada Mirtha Guianze a los diputados–. Es por
ello que hemos hecho cinco visitas a ese centro. Hasta el momento no tuvimos
respuesta de ese informe del mes de febrero, con relación al tipo de
castigos físicos, maltrato y tratos humillantes o degradantes.”

 

Según se pudo saber, un menor internado en el ser fue víctima de una golpiza
tal que le provocó una herida en la cabeza, que terminó infectada. Fue
trasladado al hospital Pasteur, donde le drenaron la herida y después
permaneció recluido en un centro de Montevideo para posibilitar el
tratamiento con antibióticos. La inddhh recibió la denuncia días después y
sus directivos pudieron observar cómo ese menor seguía con la cabeza
vendada. Se obtuvo la historia clínica, lo que posibilitó una denuncia penal
en un juzgado de Pando. “Logramos que el defensor se pusiera en contacto con
Villaverde y que el chico permaneciera en Ceprili, donde se encuentra
actualmente”, narra la ex fiscal. Villaverde no hizo ninguna referencia a
ese grave caso de maltrato ocurrido en febrero pasado.

 

Según la doctora Guianze, los malos tratos se repiten en el ser y también
los nombres de los funcionarios responsables. Pero, reveló, los menores y
sus padres se abstienen de formular denuncias porque, dicen los familiares,
“a los que denuncian después les pegan”. Guianze reiteró ante la comisión
parlamentaria que “son determinados funcionarios cuyos nombres nosotros ya
proporcionamos al Sirpa, y que se repiten. Son chicos que han estado, que
han salido y que han vuelto. Incluso algunos que están en cárceles de
mayores dicen: ‘Acá no pasa nada; ¡las palizas que me daba fulano de tal
cuando estaba en el ser!’”. Según Guianze, en las visitas de los
especialistas de la inddhh a los centros se comprobaron menores con
escoriaciones y hematomas, pero esos elementos no son suficientes para
elevar denuncias.

 

A la inddhh le preocupa particularmente la situación de los menores de entre
12 y 15 años, especialmente vulnerables. Los informes se refieren, además de
a las golpizas, a los casos graves de hacinamiento (“que es una especie de
tortura”), al aislamiento y al encierro prolongado. “Hay lugares donde
pueden estudiar y tener un material de trabajo –puntualizó Guianze–. Pero
hay otros en los que a uno le dicen que un lápiz puede servir para sacar un
ojo y un libro para hacer un incendio. Entonces, ocho muchachos en una celda
no tienen un libro en todo el día.”

 

En la comisión se hizo referencia al caso del hogar Ariel, cuya vieja
casona, casi derruida, tiene serias deficiencias edilicias. “Sin embargo los
directores y el equipo técnico sacan a los 43 muchachos al patio, y son
rapiñeros y homicidas, no niños de pecho. En cambio en otros lugares, en los
que están por hurto, no salen nunca al patio. Eso quiere decir que hace
falta una política institucional. Hay sitios en los que el hacinamiento se
tolera porque justamente la política institucional es buena. En otros no.
Por ejemplo, en un lugar en el que seis o siete muchachos salen a hacer
teatro con grilletes y esposas, hay cuarenta que quedan adentro y no salen.”

 

El uso de grilletes y esposas es la norma en algunos centros: los menores
concurren a clase engrillados, y además tienen prohibido hablar entre ellos.
Es parte de una política que, por ejemplo, aplica sanciones colectivas, que
están expresamente prohibidas, y que a veces se adoptan a raíz de la
infracción cometida por un solo menor.

En el centro Desafío, según los informes, el hacinamiento llega a una
densidad del 153 por ciento; los internos permanecen encerrados la mayor
parte del día, faltan actividades educativas y laborales. “Los encierros
priorizan la seguridad sobre las medidas socioeducativas.”

 

En el Centro de Internación Provisoria hay prohibición de mantener material
de lectura, y se aplican sanciones que eliminan las visitas, un extremo que
los organismos internacionales condenan. En el Centro de Internación de
Adolescentes Femeninas “el hacinamiento es intolerable, hay falta de higiene
e inexistencia de privacidad para las necesidades fisiológicas”. En el
Centro de Medidas de Contención hay 57 jóvenes para 32 plazas; la mayoría
duerme en el suelo. Particularmente, las celdas 9 y 10 no cuentan con las
condiciones mínimas indispensables, “el estado es deplorable, carecen de una
ventilación aceptable, su aspecto es denigrante, la higiene es pésima, el
calor se hace sofocante, agobiante e irresistible”.

 

El encierro prolongado provoca estrés por confinamiento: “Se configura una
serie de condiciones de convivencia interna y propias de esta situación de
encierro, donde predomina el aislamiento entre las celdas, la separación y
la soledad afectiva, la falta de espacios de intimidad, las restricciones,
prescripciones y proscripciones para conducirse como individuo diferente de
otros y único en su existencia”.

 

En el Centro de Diagnóstico y Derivación se verifica hacinamiento,
aislamiento, ausencia de actividades educativas. En el Centro de Privación
de Libertad, al hacinamiento se suma una política que administra las
actividades educativas según un criterio de selección en función de la
conducta de cada menor, de modo que “rige un principio de premio-castigo y
no el principio rector de una reinserción social futura”.

 

Por el contrario, los informes subrayan la buena política que se aplica en
el hogar Sarandí: pese al hacinamiento y las carencias, las mismas “se toman
como una oportunidad de trasmitir valores, apelando a que los adolescentes
sean solidarios y roten en el hecho concreto de dormir en el suelo”. Las
opciones educativas y recreativas disminuyen notablemente las horas de
encierro.

 

En el centro Las Piedras se consigna que “la higiene general del
establecimiento es buena y las celdas permanecen prolijas y aseadas”; en
cuanto al trato, “se percibe un buen clima entre los adolescentes y en la
interacción con los funcionarios”. En el centro Paso a Paso los informes
reconocen “en líneas generales la buena labor que se está llevando a cabo
por el personal del centro con los medios disponibles”.

 

La doctora Guianze concluyó su síntesis a los diputados: “Yo no puedo
decirles que todo el Sirpa es malo, si bien hay situaciones que nos
preocupan muchísimo. Lo que más nos preo­cupa en este momento es el castigo
físico”. 

 

1) Nota de Correspondencia de Prensa: Ruben Villaverde fue director del
Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT, centro de investigación y formación de
la central sindical financiado, entre otros, por UGT y Comisiones Obreras de
España.

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Botijas rapados

 

Familiares de internados en la Colonia Berro denunciaron malos tratos y
torturas ante las autoridades del Sirpa

 

 

Natalia Uval

La Diaria, Montevideo, 11-4-2014

http://ladiaria.com.uy/

 

 

La situación llegará hasta ámbitos internacionales. Se conoció públicamente
a partir de la denuncia, la semana pasada, de la Institución Nacional de
Derechos Humanos ante el Parlamento. Pero hace ya muchos meses que los
familiares de los jóvenes recluidos en el centro Ser de Colonia Berro
denuncian ante el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) las
torturas a las que son sometidos sus hijos, sin respuestas institucionales.
la diaria accedió a las actas de esas denuncias.

 

El 21 de marzo, la abogada Sandra Giménez fue recibida por la secretaria
letrada del Sirpa, Mónica Rodríguez. Giménez representa a 17 familias de
internos y ex internos del centro Ser de la Colonia Berro. Le presentó un
escrito donde constaban las denuncias formuladas por los familiares de los
menores, así como la falta de respuesta de la institución. Se labró un acta
firmada por ambas profesionales.

 

Entre julio y noviembre de 2013 se realizaron por lo menos cuatro denuncias
de malos tratos y torturas a jóvenes ante el Sirpa. El 15 de julio, un grupo
de madres de internos denunció que el 9 de julio sus hijos fueron sacados al
patio en ropa interior. “Les pegaron, les hicieron picana, los insultaron y
les sacaron fotos con los celulares”, indican las denunciantes, según el
escrito. Ese mismo día, un grupo de tres familias de internos denunció ante
el Sirpa que el 10 y 11 de julio sus familiares recibieron “golpizas con
palos de goma y picanas eléctricas”. “Estuvieron dos horas desnudos haciendo
lagartijas un día de lluvia en el patio”, señalan los familiares.

 

Según relata la abogada en el acta del 21 de marzo, a los jóvenes los
patearon en el piso, los colgaron, y una funcionaria, cuyo nombre consta en
el escrito, les aplicó picana eléctrica en los genitales. Esta funcionaria
habría sido luego trasladada a Montevideo. Otros seis funcionarios también
participaron en la golpiza. Luego de la denuncia, las madres sostienen que
se golpeó a sus hijos con más saña. Una madre también denunció el 15 de
julio que sólo les dan pan a la hora de la comida y que su hijo le dijo que
pasaba hambre, y que tienen miedo de hablar porque “al estar encerrados
pueden tener represalias”.

 

La espera

 

En reiteradas ocasiones las madres reclamaron una respuesta al Sirpa y se
les respondió que se estaba investigando. En el acta del 21 de marzo, la
abogada de estas familias reclama que se le indique el número de expediente
administrativo de la investigación, para poder seguirla. Pese a que la
administración pública tenía diez días hábiles para contestarle, todavía no
ha tenido una respuesta. Recién el lunes después de Semana de Turismo está
previsto que la secretaría letrada reciba a Giménez.

 

La segunda denuncia que consta en el acta se presentó el 9 de setiembre de
2013, en forma anónima, ya que las madres no quisieron identificarse por
temor a represalias contra sus hijos. En la denuncia, una madre relata que a
su hijo en la visita no lo pudo “ni tocar, porque salvo las manos, le dolía
todo el cuerpo”, que los internos piden que “las madres denuncien y se unan,
porque no aguantan más”. La abogada relata en el escrito que cuatro madres
denunciaron que a sus hijos se los sacaba a los pasillos a altas horas de la
noche, sin ropa, y los hacían limpiar el pasillo de rodillas, luego los
llevaban a las duchas y eran reiteradamente golpeados por los funcionarios.
“A los que quedan muy marcados los llevan a un sótano que tiene agua
estancada, fétida, donde hay ratas, les tiran los colchones ahí y
automáticamente llaman a los padres y les dicen que están sancionados y que
no van a tener visitas”, relata la abogada, según consta en el acta.

 

El 11 de noviembre, la madre y el padrastro de un joven denunciaron que los
tres primeros días que pasó en el Ser “le pegaron permanentemente patadas y
piñazos en el estómago”.

 

En las denuncias se repiten en varios casos los mismos nombres y apellidos
de funcionarios identificados como responsables de los golpes, que no son
más de siete. En la denuncia de setiembre, una madre dice que tiene “miedo
de que un día maten a los chiquilines, porque un día pegando así se les va a
ir la mano”, y sostiene que los funcionarios amenazan a sus hijos con
pegarles si cuentan estas cosas.

 

En denuncias que recibió la abogada este año, pero que aún no se
formalizaron ante el Sirpa, familiares sostienen que a sus hijos los golpean
porque sus familias les llevan un gorro Nike o remeras, que a un joven lo
golpearon reiteradas veces en el abdomen, del que había sido operado
recientemente; que otro intentó suicidarse en dos oportunidades, que una de
ellas lo golpearon después de reanimarlo y volvió a perder el conocimiento.

 

Venga después

 

Además de las denuncias, en el acta labrada el 21 de marzo la abogada da
cuenta de otra situación que vivió personalmente. El 23 de diciembre de 2013
fue al centro Ser a ver a tres jóvenes. Uno de ellos, que estaba “claramente
lesionado”, le dijo que otro de los jóvenes que la abogada quería ver estaba
en el sótano. Pidió para verlo, y el funcionario que la atendió le dijo que
volviera en dos horas. A las tres horas, el funcionario le da un teléfono y
le dice que por disposición de la directora tiene que llamar a ese número
tres días antes para pedir día y hora para ver a los jóvenes. “Este chico se
encuentra en muy mal estado y su madre [nombre] está muy preocupada por su
salud, no sólo física sino psíquica, ya que debido a las golpizas comenzó a
tener convulsiones que antes no tenía, no recibe tratamiento y solicita la
atención médica debida y que se le informe sobre el estado de salud de su
hijo”, indica en el escrito.

 

Además de los golpes, las madres denuncian en algunos casos que sus hijos
sólo comen pan, o “siempre fideos con tuco, pegados, prácticamente comida de
chancho”. Sostienen que estuvieron casi un mes sin papel higiénico, y en
otra ocasión sin jabón, por lo que tuvieron que romper un libro y usar
trapos para limpiarse, ya que a las familias no les permiten darles a sus
hijos jabones. La abogada Giménez relató la situación de un joven al que le
suministraban 16 pastillas por día, lo que motivaba que se orinara encima, y
no tenía jabón para limpiarse. Tampoco tienen champú ni desodorante. Una
madre, en la denuncia de noviembre de 2013, explicaba así lo que quería para
su hijo: “Yo pido que le den la oportunidad de trabajar, porque sólo está
llenándose de odio. La palabra educador es de educar, y así no se puede
educar”.

 

En la Justicia

 

Además de las denuncias presentadas ante el Sirpa, hay tres denuncias
penales por el mismo tema, dos ante el Juzgado de Pando y una ante el
Juzgado Penal de 2º turno en Montevideo. Giménez sostiene que las familias
no denuncian más por temor a que sus hijos sean identificados y se adopten
represalias contra ellos. Una de ellas es de un funcionario que filmó una
golpiza y luego denunció en el Juzgado de Pando, en noviembre de 2013, que
ésa era la forma habitual de trato a los jóvenes en el centro. El 17 de
febrero fue la audiencia por este caso y ya declararon los jóvenes. Otro
caso es el de una madre que denunció, también en Pando, que a su hijo le
quebraron la mandíbula. El tercer caso es en Montevideo; la denuncia la
presentó la propia abogada Giménez en noviembre de 2013, luego de que un
joven declarara en el juzgado que fue golpeado en el centro Ser.

 

“Ha habido sumarios”

 

Las autoridades del centro Ser están en conocimiento de la situación debido
a las denuncias presentadas, pero niegan que estas cosas sucedan. La
directora del Ser, Jessica Barrios, declaró este lunes a la diaria que “los
jóvenes están bárbaros” y que “no pasan ese tipo de cosas que dicen”. Dijo
que en el centro se “prioriza mucho la seguridad, y que no entren drogas ni
haya armas blancas es una prioridad”. Eso determinó que a los jóvenes “se
les cortaran un montón de cosas que antes sí hacían”, indicó. Especuló que
ésta puede ser la razón de las denuncias, ya que la gente “a veces se
resiste a los cambios, y la forma de tirarlos abajo es ésta”. En cambio, el
presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Javier
Salsamendi, dijo a la diaria que “ha habido sumarios” a raíz de estas
denuncias. Se excusó de dar mayores detalles, y aseguró que en una semana
estará pronto un informe del Sirpa que contesta “cada una de las denuncias”.
“Efectivamente han existido problemas”, manifestó. Aseguró que todas las
denuncias fueron procesadas “por la vía que corresponde” y que “si surgieran
elementos nuevos, también van a ser procesados”. Dijo que espera que el
Parlamento reciba al Sirpa para presentar su informe, al igual que lo hizo
con la INDDHH.

 

Más allá de fronteras

 

El Comité de Derechos del Niño -una coalición de organismos no
gubernamentales creada para monitorear el cumplimiento de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño- se sumó a la Institución Nacional de
Derechos Humanos y a Ielsur en las denuncias sobre el centro Ser. El
coordinador del Comité, Luis Pedernera, dijo ayer a Montevideo Portal que
llevarán el caso en mayo ante el Comité contra la Tortura de Naciones
Unidas, y en junio ante el Comité de los Derechos del Niño del mismo
organismo. Además, piden revisar la conveniencia de que Ruben Villaverde
siga al frente del Sirpa.

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Piden renuncia del jefe de los centros de reclusión de menores

 

El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay pide la remoción de
Ruben Villaverde, director del Sistema de Responsabilidad Adolescente del
INAU

 

 

El Observador, Montevideo, 11-4-2014

http://www.elobservador.com.uy/

 

 

El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), una
organización en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, pidió la
renuncia del director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
(Sirpa), Ruben Villaverde, tras las denuncias penales de maltratos contra
menores difundidas este viernes por La Diaria.

 

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó un informe el
3 de marzo en el Parlamento en el que las condiciones constatadas "vulneran
el derecho a la dignidad, integridad, salud, educación, recreación, cultura
y participación" de los menores internados.

 

A su vez, esta semana, el Comité de los Derechos del Niño de Uruguay
respaldó a la INDDH y aseguró en un comunicado de prensa que Villaverde es
“una persona no idónea para el trabajo con adolescentes”. “Exhortamos al
sistema político a rever el rol del actual presidente del SIRPA”, reclamó el
comité.

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