Ecuador/ las maniobras de Correa para impedir consulta popular por el Yasuní [Decio Machado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 23 de abril 2014

germain5 en chasque.net

A l’encontre – La Breche

www.alencontre.org

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Ecuador



Las maniobras del Gobierno de Correa para evitar una consulta popular por el
Yasuní



“Se ve, se siente, hasta se huele, el miedo del Gobierno a una consulta
popular sobre este tema”, decía Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea
Constituyente





Decio Machado, desde Quito

Diagonal, Madrid, 19-4-2014

http://www.diagonalperiodico.net/





El pasado 12 de abril, Yasunidos, un colectivo cuya composición social es
básicamente juvenil y cuyas formas de acción son muy similares al movimiento
de indignados en España, entregaba un total de 756.623 firmas ante el
Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador.



Dichas firmas tienen como finalidad exigir una consulta popular sobre el
futuro de los campos Ishipingo, Tiputini y Tambococha (ITT) ubicados al
interior del Parque Nacional Yasuní, el área con mayor biodiversidad de
América de Latina. El número de firmas presentadas por Yasunidos suma casi
un 30% más de las exigidas por el Código de la Democracia, en el cual se
señala la necesidad de obtener un apoyo del 5% del patrón electoral, es
decir, 584.116 firmas para que se dé un proceso ciudadano participativo de
estas características. Cabe señalar al respecto que el patrón electoral
ecuatoriano alcanza la inverosímil cifra de 11,4 millones de electores en un
país de 14,5 millones de habitantes con una tasa de fertilidad de 2,44 hijos
por mujer, con lo cual se evidencia lo inflado que está, actuando como un
impedimento agregado para que se den este tipo de procesos.



La campaña de firmas se sostuvo durante seis meses, donde Yasunidos compitió
con otras dos organizaciones, que planteaban preguntas alternativas a la
propuesta por este grupo. Por un lado, la organización Amazonía Vive, que
plantea una pregunta de apoyo a la determinación tomada por el presidente
Rafael Correa el pasado 15 de agosto de explotar el crudo existente al
interior de la zona calificada por la UNESCO como reserva de la biósfera
Yasuní.



Por otro, el Frente de Defensa Total de la Amazonía (FDTA), que planteaba a
su vez la pregunta de declarar todo el Ecuador libre de cualquier actividad
extractiva, fuere del tipo que fuere. Hasta el momento Amazonía Vive apenas
ha sido capaz de presentar 400.000 firmas -debiendo entregar la totalidad de
éstas el próximo 15 de mayo- y el FDTA estima, según sus representantes,
haber presentado en torno a 600.000.



El sentimiento generalizado en gran parte de las organizaciones
ambientalistas ecuatorianas es que la aparición repentina de estas dos
organizaciones en el escenario político responde a una estrategia
establecida desde el gobierno y destinada a generar confusión informativa en
la sociedad. Al respecto, es importante indicar que Amazonía Vive es una
organización compuesta por dirigentes y autoridades locales del correísmo,
mientras que los representantes del FDTA son absolutamente desconocidos en
los ámbitos sociales y políticos del país. Llama la atención que incluso la
publicidad y propaganda emitida por estas organizaciones fueran plagios de
los contenidos y diseños gráficos desarrollados por Yasunidos en su campaña,
lo que generó confusión y desconfianza entre los ciudadanos sobre a quién
estaban avalando con su firma.



“Nuestra pregunta es clara, a diferencia de los demás”, declaran los voceros
de Yasunidos, “y ésta consiste en preguntar sobre si se está de acuerdo en
que el Gobierno ecuatoriano mantenga indefinidamente el crudo del ITT bajo
el suelo”.



Dicho cuestionamiento responde a un sentimiento popular expresado incluso
por encuestadoras cercanas al oficialismo, como es el caso de Perfiles de
Opinión, quien en un reciente sondeo indica que el 72,3% de la población se
manifiesta a favor de ser consultada al respecto. Fue el mismo presidente
Correa quien desafió a los movimientos sociales a recolectar las firmas
necesarias para exigir esta consulta popular. “Si quieren una consulta, de
acuerdo, pero no sean vagos, recojan las firmas si tienen tanto apoyo”,
indicaba el mandatario el 18 de agosto del año pasado en una sus habituales
cadenas televisivas.



Sin embargo, tras el último proceso electoral -las elecciones seccionales
del pasado 23 de febrero- donde el correísmo a pesar de mantenerse como
primera fuerza política perdió 21 puntos porcentuales de votos, la seguridad
con la que se expresaba Correa parece haber cambiado. Según el expresidente
de la Asamblea Constituyente del Ecuador, Alberto Acosta, hoy crítico con el
Gobierno, “se ve, se siente, hasta se huele, el miedo del Gobierno a una
consulta popular sobre este tema”.



Los hechos parecen darle la razón, pues apenas cuatro días después de la
entrega de firmas, miembros del colectivo Yasunidos documentaron mediante
vídeo que funcionarios públicos habían abierto una de las cajas que
contenían copias de los documentos de identificación de sus recolectores de
firmas. Según los abogados de este colectivo, ninguna de estas cajas debe
ser abierta sin la presencia de los afectados, y este hecho invalida incluso
la verificación de firmas pues supone la ruptura de la cadena de custodia
que requiere el debido proceso.



Documentación desaparecida



La normativa legal obliga a que en cada formulario de recolección de firmas
se identifique al recolector, el cual debe a su vez presentar la fotocopia
de su identificación personal al CNE con el fin de que dichos impresos sean
validados. Del listado de 1.400 recolectores propiciados por Yasunidos al
CNE, ahora muchos de estos no aparecen, lo cual significaría la invalidación
de aproximadamente 200.000 firmas recogidas según denuncian voceros de esta
organización.



Según Esperanza Martínez, presidenta de la organización Acción Ecológica,
“asistimos a una estrategia para invalidar gran parte de las firmas
recogidas por Yasunidos, pues nos hemos encontrado con la sorpresa de que
las identificaciones de varios recolectores, entre los cuales me incluyo,
han desaparecido del CNE”.



De igual manera se manifiesta David Suárez, miembro del colectivo afectado,
quien indica que “las firmas que hemos recogido representan la voluntad
popular de nuestro pueblo a ser consultado sobre el futuro del Yasuní,
representamos a una generación de jóvenes que hemos estado en la lucha para
defender la naturaleza, los pueblos no contactados que allí viven y a la
democracia de nuestro país; ahora todo nuestro esfuerzo está puesto en
cuestión”. Estos hechos son negados por el vicepresidente del CNE, Paul
Salazar, quien indica que los auspiciantes de la consulta nunca presentaron
dicha documentación.



Para Julio César Trujillo, uno de los más respetados y veteranos juristas
del país, “esta situación ha conllevado que se interponga un escrito al CNE
para que se detenga el proceso de verificación de firmas, buscando que se
aclaren las irregularidades denunciadas”.



Intervención militar



Haciendo caso omiso de estos reclamos, el CNE prosiguió con su proceso. El
jueves 17 de abril, y tras haber solicitado Yasunidos públicamente garantías
legales para el manejo de las firmas, las Fuerzas Armadas se personaron en
las instalaciones del CNE con el fin de trasladar las cajas con los
formularios a un recinto militar en el cual se ha instalado el centro de
verificación firmas. Efectivos de la Policía Nacional intervinieron frente a
los jóvenes que protagonizaban acciones de resistencia pacífica para
intentar impedir dicho traslado. Patricio Chávez, vocero de la organización
Amazonía por la Vida se cuestiona al respecto: “No entendemos como se
llevaron las firmas a un centro militar custodiado por el Ejército para su
revisión, cuando estos procesos se han realizado tradicionalmente en las
instalaciones del mismo CNE”.



En la actualidad, el proceso de verificación y validación de firmas se
desarrolla en dichas instalaciones militares. A éstas, se les ha prohibido
el paso a los miembros de Yasunidos, que carecen de veedores propios para la
fiscalización del proceso. Según Paul Salazar, la verificación transcurre
con normalidad al interior del complejo militar, estando las veedurías
ciudadanas garantizadas con miembros del Consejo de Participación Ciudadana
y la Defensoría del Pueblo.



En todo caso, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y el
titular de la Defensoría del Pueblo son personalidades que han ejercido con
anterioridad destacados cargos políticos durante el Gobierno actual. Ambos
están vinculados al oficialismo correísta, de igual manera que lo está el
propio Salazar y el presidente del CNE, Domingo Paredes, quien con
militancia en Alianza PAIS ocupó cargo como ministro en el Gobierno de
Rafael Correa. En este sentido, Chávez es categórico: “La veeduría
conformada por el CNE para el proceso de verificación de firmas que debe
legitimar este proceso teóricamente democrático nos excluye y no nos
representa”.



Aunque queda por ver la resolución final de la verificación de las firmas,
el conflicto en torno a la consulta popular sobre el futuro del Yasuní-ITT
agudiza aún más ya acelerado distanciamiento entre las organizaciones
sociales y el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador.



Según diversos analistas académicos de la izquierda social ecuatoriana, es
de prever que esta situación se verá agravada por la intención del actual
gobierno de promover una reforma constitucional para permitir el cultivo de
transgénicos, la reelección indefinida del actual mandatario o el futuro
acuerdo con la Unión Europea para la conformación de un Tratado de Libre
Comercio, eufemísticamente denominado como Acuerdo de Asociación.

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