Argentina/ acuerdo Repsol: un premio a los vaciadores [Esteban Mercatante]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Vie Abr 25 00:30:16 UYT 2014


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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 25 de abril 2014

germain5 en chasque.net

A l’encontre – La Breche

www.alencontre.org <http://www.alencontre.org/>

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Argentina



Acuerdo Repsol: un premio a los vaciadores





Esteban Mercatante

Blog del Instituto de Pensamiento Socialista (IPS)

Buenos Aires, 24-4-2014

http://puntoddesequilibrio.blogspot.com.ar/





El día de ayer se aprobó el acuerdo con Repsol para pagarle generosamente
por el 51% de las acciones de YPF S.A. El oficialismo, compuesto por muchos
que en los noventa fueron entusiastas de las privatizaciones (empezando por
la Presidenta) y que hace dos años sostenía que en el mejor de los casos
Repsol recibiría un pago simbólico, ahora pretende que el acuerdo "amistoso"
con Repsol expresa una posición firme ante los vaciadores españoles.



Queremos detenernos en algunos aspectos de lo votado ayer.



En primer lugar, las condiciones del acuerdo son un resultado de la decisión
que se tomó cuando se expropio a Repsol, que fue mantener el esquema de lo
que era “YPF SA”, es decir la misma compañía que fue durante buena parte de
los ’90, cuando ya estaba avanzada la desregulación del sector
hidrocárburifero y la penetración del capital privado y extranjero en el
sector. Como desde un primer denunciamos, lo que se presentaba como una
expropiación de YPF, con ley mediante, era apenas la “recompra” mediante
expropiación del 51% de las acciones por parte del Estado para tomar el
control de YPF S.A., en condiciones similares a la empresa manejada por
Estenssoro en los '90, anticipo de la entrada de Repsol. Hace dos años, se
quiso presentar como una medida de “soberanía hidrocárburifera” una medida
que apenas tocó el 51% de las acciones de una empresa que hoy maneja apenas
un tercio del petróleo, y 30% del gas que se extrae en la Argentina, y en el
caso de la refinación de petróleo YPF concentra el 54%. Señalamos que esta
medida limitada, que preservaba el estatus de empresa privada cotizante (acá
y en Nueva York) de YPS SA no permitiría atacar el problema energético de
raíz, e involucraría por las propias condiciones en que se estaba
realizando, onerosos costos para el país. El acuerdo que rubricóahora el
ministro Kicillof con la compañía, sobre la base de la tasación realizada, y
que aprobó el congreso, confirma todo esto. Nosotros, así como otras fuerzas
de izquierda y sectores combativos de la clase trabajadora, que participamos
de la lucha contra las privatizaciones y nunca dejamos de plantear la
reestatización bajo control obrero, planteamos ante la crisis energética la
necesidad de expropiar sin pago y poner bajo control obrero todo el conjunto
del sistema hidrocárburifero, desde la extracción hasta la refinación. No
sólo Repsol sino también los activos de las empresas de Bulgheroni, de
Cristobal López, de Shell, de Chevron. El gobierno dejó en pie a YPF S.A. y
se obligó a tasar el 51% del valor de la compañía para pagar a Repsol. Esto
era meterse ya en una trampa: la tasación no podía ser muy baja, ya que de
ser así podría haber afectado el valor bursátil de la compañía y su
posibilidad de financiamiento. ¿Por qué se metió en el gobierno en esta
encerrona? Para mantener una empresa bajo forma S.A. que permite un manejo
más discrecional que si se tratara de una empresa pública; y además para
mantener los lazos con el capital financiero internacional que permiten
entre otras cosas que la empresa sea una fuente de dólares. Dólares que el
gobierno está haciendo entrar por la ventanilla de YPF para que puedan ser
utilizados para sostener los pagos de la deuda, el déficit energético y
otras gangrenas que son consecuencia de las políticas de este gobierno que
mucho habló durante estos años de “soberanía” pero no afectó ni un ápice las
condiciones de dependencia y la posición del capital extranjero y los
condicionamientos que impone el imperialismo en el país.



Estas decisiones, envueltas en un cotillón de "soberanía hidrocarburífera"
hace dos años, y acompañados por el Informe Mosconi que el acuerdo actual
transforma en pura retórica sin efectos, son las que ahoran obligan a
garantizar a Respol un pago en mano 5 mil millones de dólares (en realidad
5.500 millones porque el bono discount ya devengó intereses por 500
millones), para lo cual se le entregan bonos por un valor de 6 mil millones.
Y que con los intereses podrían representar para el Estado pagos de 11 mil
millones de dólares, buena parte de los cuáles se concentran en los próximos
diez años. Se pretende que este es un buen acuerdo. Sin duda que lo es para
los españoles, que si se quedan con los bonos en sus manos podrán
garantizarse un flujo de fondos bastante cercano a lo que giraban anualmente
a su casa matriz en concepto de remesas de utilidades. Nada mal para ser
“expropiado”, especialmente cuando fueron denunciados en su momento de
vaciadores (algo que dijo el propio ministro y con lo cual no podemos más
que estar de acuerdo, ya que lo denunciamos durante todos los años en los
que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández consideraron a Repsol un
gran aliado). Algunos datos de este vaciamiento, consentido por los
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez, lo dicen todo: entre 2003
y 2007 Repsol repatrió según balances el 97% de sus utilidades, es decir
destinó apenas un 3% para inversión. El Informe Mosconi denunciaba que
Repsol obtuvo entre 2008 y 2011 rentabilidad operativa de entre 1.300 y
1.800 millones de euros. Allí se señala en la página 13, que "la
rentabilidad neta del grupo Repsol fue creciendo año a año, desde 1.014
millones de euros en 1998, pasando por un máximo de 4.997 millones de euros
en 2010 para finalizar el año 2011 con una ganancia neta de 2.544 millones
de euros". Y más adelante, en la página 15, se indica "Esto significa que
mientras el patrimonio se mantuvo estable, e incluso disminuyó en los
últimos años como consecuencia de la política de desinversión, las ganancias
siguieron una tendencia creciente.". El vaciamiento que denunciaban hace muy
poco fue borrado de un plumazo. Repsol debería devolver todas las divisas
que se llevó del país para compensar el saqueo realizado.



El ministro habló largamente en el congreso, de los criterios para tasar una
empresa. Pero no era necesario “tasar una empresa” para tomar el control
público de estos recursos estratégicos (que como tales son propiedad del
Estado), escandalosamente entregados en los ’90 a los “conquistadores”
españoles, así como se entregaron tantas empresas a precios de remate a
capitales privados (mayormente extranjeros) y hacerse de fondos que fueron
mayormente utilizados para pagar deuda fraudulenta. Alcanzaba con tasar a
valor fiscal los bienes expropiados. Este último no fue ni es el criterio
que nosotros hemos defendido; nosotros hemos planteado expropiación sin pago
y lo seguimos haciendo, pero permite medir el grado extremo de concesiones a
las que llega este acuerdo, que ahora se quiere hacer pasar por bueno para
la Argentina. Este criterio fue por ejemplo el que aplicó el gobierno
nacionalista burgués de Lázaro Cárdenas en México, cuando expropió a 17
compañías petroleras extranjeras. Estas corporaciones imperialistas
empezaron a reclamar en la prensa internacional una compensación por 400
millones de dólares, 2.000 millones de pesos mexicanos de ese momento (ver
La Corte Suprema de Justicia durante el gobierno del General Lázaro
Cárdenas, de Lucio Cabrera Acevedo). La respuesta del Estado mexicano fue
guiarse por el criterio de que “el precio de la cosa expropiada se basará en
el valor fiscal que de ella figure en las oficinas catastrales o
recaudadoras”. Es decir, el valor de muebles e inmuebles considerados por el
fisco mexicano (y no el valor del mercado que las empresas declaraban). Con
este criterio el capital reembolsado por el Estado fue de poco más del 10%
de lo reclamado por las empresas. El gobierno argentino pactó pagar, en
dinero contante y sonante (no otra cosa son los bonos garantizando sí o sí 5
mil millones de dólares), el 33% de lo que Repsol reclamó en su exigencia
más exagerada, y el 50% de lo que pusieron por escrito en la demanda ante el
CIADI (y en realidad con los intereses lo que deberá pagar la Argentina
supera el 100% de lo reclamado por Repsol en el CIADI, como dijimos más
arriba). Como vemos, aún en términos de negociaciones llevadas a cabo por
gobiernos burgueses, el acuerdo “peleado” del gobierno se deschava por la
generosidad de sus concesiones.



Por último, señalamos una última contradicción entre este acuerdo y lo que
el ministro Kicillof planteaba hace dos años. Por ese entonces decía que
“Repsol va a tener que pagar por el daño ambiental”. Hasta le puso números a
este reclamo: alrededor de 5 mil millones de dólares sería el valor
económico de los daños generados por Repsol. El actual acuerdo “amistoso”
con la compañía excluye cualquier posibilidad de litigar a Repsol por los
pasivos ambientales. No sólo resulta escandaloso, sino que sienta un
peligroso precedente. Ali Moshiri y John Watson de Chevron deben estarse
frotando las manos, en anticipación de la impunidad ambiental que pueden
experar se extienda a ellos.



Este acuerdo es emblema de toda la política energética que se viene.
Galluccio se frota las manos por los acuerdos que espera rubricar con otras
petroléras, tomando como modelo el convenio Chevron. Las petroleras se
preparan para hacer jugosos negocios, con la garantía de libre
disponibilidad de divisas por el equivalente a un 20% de la producción, que
significa que podrán repatriar alegremente todas sus ganancias.



Está planteado pelear por la anulación de este acuerdo, la declaración del
no pago de toda la deuda, incluidos los bonos que ahora se entregan a
Repsol, el no pago de ni un solo dólar a los vaciadores. Y la inmediata
expropiación de todos los activos de todas las empresas que conforman el
complejo hidrocarburífero, para ponerlas bajo gestión de los trabajadores,
rechazando los generosos acuerdos noventistas firmados con Chevrón, Dow
Chemical y otras firmas. Es fundamental pelear por este programa, para que
sean la clase trabajadora y los sectores los que decidan cómo se explota
estos recursos, de forma que pueda resultar compatible con la preservación
del medio ambiente, y qué destino se le da a la renta petrolera que hoy se
distribuyen las empresas imperialistas y los Estados provincial y nacional
(que usan su parte para pagar a usureros y subsidiar al capital)

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