Argentina/ la alianza entre el Ejército, Madres de Plaza de Mayo y La Cámpora [Fabián Kovacic]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 25 de abril 2014

germain5 en chasque.net

A l’encontre – La Breche

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Argentina



El Ejército, Madres de Plaza de Mayo y La Cámpora juntos



En busca de una épica perdida





El gobierno argentino intenta por todos los medios recuperar la mística para
enfrentar el año que falta para las elecciones presidenciales de 2015. Y
para eso recurre a gestos insólitos. Uno de ellos es la iniciativa de las
Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini a la cabeza, y de la
agrupación La Cámpora, dirigida por Máximo Kirchner, de llevar a cabo
acciones conjuntas con el Ejército, en un remedo extemporáneo de una acción
similar realizada por los Montoneros en los años setenta. En el medio se
cuelan groseras faltas a la memoria y a la historia de los desaparecidos.





Fabián Kovacic, desde Buenos Aires

Brecha, Montevideo, 25-4-2014

http://brecha.com.uy/index.php/mundo





El 24 de marzo pasado la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, Hebe de Bonafini, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el
diputado nacional Andrés Larroque, referente de la agrupación kirchnerista
La Cámpora, recordaron los 38 años del golpe militar en un asentamiento
precario llamado La Carbonilla, levantado en plena hecatombe social
menemista por un grupo de cartoneros y recicladores. Ubicado en el barrio
porteño La Paternal, el asentamiento reúne a unas cuatrocientas familias que
desde 2007 reciben ayuda social de los militantes de La Cámpora, a raíz de
los problemas de vivienda, contaminación y falta de agua que el barrio
padece.



Ahora fue el lugar elegido por los militantes K y Hebe de Bonafini para
incorporar al Ejército en tareas sociales. A comienzos de abril se hicieron
presentes en el lugar los militantes al mando de Larroque junto a una
veintena de soldados para trabajar en el zanjeo del barrio, pintada de
fachadas y trabajos comunitarios en general.



El proyecto cuenta con el aval del jefe del Ejército, César Milani, quien
desde el momento en que se convirtió en el elegido de la presidenta Cristina
Fernández para asumir la conducción del arma anunció su adhesión “al
proyecto nacional y popular”. Los primeros discursos de Milani fueron en el
sentido de una vieja prédica del general Juan Domingo Perón: “la unidad
pueblo-fuerzas armadas”.



Unos meses antes, en julio de 2013, la presidenta Cristina Fernández había
insinuado su intención de retomar esa vieja aspiración peronista. “Me siento
responsable, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, de
incorporarlas a este proyecto de integración latinoamericano y de desarrollo
económico, porque somos todos argentinos”, dijo en un discurso, dirigiéndose
a los militares.

La cosa venía de lejos.



Operativo Dorrego



En 1973, apenas el peronista Héctor Cámpora asumía la presidencia, y con él
llegaban al gobierno representantes más o menos orgánicos de la guerrilla
montonera, el general Raúl Carcagno, por entonces comandante en jefe del
Ejército, se definía como “un militar nacional y popular”. Terminada la
primavera camporista –de apenas 49 días–, y con la vuelta al gobierno del
propio Perón, Carcagno avanzó con sus planes. Sectores del Ejército
vinculados al área de ingeniería e infraestructura organizaron junto a
militantes de la Juventud Peronista, vinculada a los Montoneros, una suerte
de comandos para tareas sociales en pueblos y asentamientos carenciados de
la provincia de Buenos Aires. Las lluvias de junio habían destrozado buena
parte del oeste de la provincia y fue el escenario ideal para iniciar el
trabajo de reconstrucción. Participaron en el operativo parte del Primer
Cuerpo de Ejército, que años más tarde estaría entre los más feroces a la
hora de la represión ilegal, con su jefe, el temible general Albano
Harguindeguy, futuro ministro del Interior de Jorge Rafael Videla, y la
Juventud Peronista bonaerense.



El Operativo Dorrego empezó el 4 de octubre e involucró a casi 4 mil
efectivos del Ejército y 800 civiles, distribuidos entre los partidos
provinciales de Bragado, 9 de Julio, 25 de Mayo, Saladillo, Carlos Casares,
Pehuajó, Bolívar, General Alvear, Junín, Lincoln, General Viamonte, General
Pinto, Trenque Lauquen y Carlos Tejedor. Las tareas consistieron en la
reparación de caminos, escurrimiento del agua acumulada, limpieza de puentes
y alcantarillas, reconstrucción de los caños provenientes de plantas de
tratamiento de líquidos cloacales, demolición de muros inestables,
reparación de revoques, cambios de pisos en algunos inmuebles, reparaciones
eléctricas, y reacondicionamiento de distintos edificios, especialmente
hospitales y escuelas, según recuerda en estos días una nota aparecida en el
portal de la agencia Paco Urondo a propósito de la remake del Dorrego. El
operativo finalizó el 23 de octubre de 1973.



Cuarenta años después…

En el primer día de ejecución de este nuevo plan, el kirchnerista Andrés
Larroque se mostró muy agradecido con el personal del Ejército “por la
voluntad y el compromiso” de ponerse al servicio de la gente. “Es la puesta
en marcha de un trabajo mancomunado entre las Madres, la militancia, el
Ejército y otros organismos del Estado”, aseguró el secretario general de La
Cámpora al diario La Nación.



Los soldados que llevarán adelante los trabajos sociales pertenecen al
Batallón 601 de Ingenieros, con base en Campo de Mayo. Está previsto que
trabajen en La Carbonilla durante tres meses. Con picos, palas y una máquina
retroexcavadora, van a abrir calles, instalar cloacas y construir espacios
comunitarios: una plaza y un playón para hacer deportes.



La alianza entre Madres, La Cámpora y el Ejército viene también generando
cuestionamientos desde diversos frentes. En la oposición política, el
legislador porteño Maximiliano Ferraro cuestionó con dureza el despliegue de
soldados en asentamientos y anticipó que le pedirá al gobierno de la ciudad,
a cargo del derechista Mauricio Macri, que informe si autorizó o no las
tareas sociales de la fuerza que encabeza César Milani. “Es preocupante y
triste ver cómo un organismo de derechos humanos y una agrupación política
se relacionan con un represor e imputado por delitos de lesa humanidad como
Milani. El Ejército no debería actuar, salvo alguna situación de emergencia
o catástrofe”, apuntó. El legislador porteño deslizó que el jefe del
Ejército podría aprovechar la ocasión para realizar “tareas de inteligencia”
en las villas de la capital. “Los argentinos ya sabemos qué es lo que
ocurrió en el país cuando se le dio al Ejército un rol político y despliegue
territorial”, remarcó.



Currículos manchados



El abrazo entre la líder de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de
Bonafini y el general César Milani, ascendido en julio pasado a jefe del
Ejército, marca un hito en el discurso oficial difícil de digerir para buena
parte de la sociedad, fundamentalmente gente vinculada a otras
organizaciones humanitarias. Milani es un oficial del área de inteligencia
acusado por sobrevivientes de la dictadura de haber participado en la
represión ilegal entre 1976 y 1983. En los últimos años, abogados de
agrupaciones de izquierda dijeron que cuando Milani era oficial de
inteligencia ideó, entre 2005 y 2010, un programa de espionaje –llamado
Proyecto X– a organizaciones sociales, estudiantiles y partidos políticos en
general, al amparo de la ministra de Defensa de la época, Nilda Garré. La
justicia está investigando actualmente a Milani por lo relativo al Proyecto
X y por enriquecimiento ilícito, ya que su patrimonio ha crecido
desmesuradamente en estos años.



Hebe de Bonafini no ha dudado en defender al comandante del Ejército. La
líder histórica de las Madres ya venía golpeada por el escándalo de
corrupción ligado al programa Sueños Compartidos, a través del cual la
agrupación gestionó la construcción de viviendas populares en diferentes
ciudades del país con el apoyo y financiamiento del Estado nacional. Pese a
que la cara visible del emprendimiento fue Hebe de Bonafini, los
responsables de las finanzas del proyecto eran Sergio y Pablo Schoklender,
dos hermanos que cobraron notoriedad en los años ochenta por haber asesinado
a sus padres, vinculados con negocios de alto nivel que incluían la venta de
armas. Una vez libre, Sergio Schoklender conoció a Bonafini, que simpatizó
con él y le encargó la sistematización y organización del archivo de las
Madres. Ahí se solidificó un vínculo que parecía indestructible hasta que el
escándalo de Sueños Compartidos estalló. La investigación judicial llevó a
proceso a los Schoklender. Bonafini no fue imputada por ningún delito. El
escándalo salpicó a funcionarios y ex funcionarios del gobierno, incluyendo
al vicepresidente Amado Boudou, el ministro de Planificación Federal Julo de
Vido –responsable último de los fondos girados al proyecto– y la ex ministra
de Economía Felisa Micelli, entre otras figuras del kirchnerismo. El dinero
desviado sumó más de 765 millones de pesos (unos 80 millones de dólares) y
la causa estuvo en manos del juez federal Noberto Oyarbide, siempre
cuestionado por su cercanía “natural” con el poder político de turno, fuera
menemista o kirchnerista.



Apenas ascendido, Milani fue reconocido por Alfredo Olivera, un ex detenido
en la provincia de La Rioja, como quien lo trasladó en 1976 desde el centro
clandestino donde estaba hasta el despacho de un juez para ser interrogado,
y también como el oficial que secuestró a su padre. “Durante el viaje el
teniente Milani me decía: ‘A vos te cortamos la carrera justo, ibas a
convertirte en un guerrillero del erp. ¿Sabés qué es el erp? ¿Y qué es el
prt?’. Después supe que fue él quien se llevó secuestrado a mi padre,
Ramón”, testimonió Olivera. El dato corrió como un reguero de pólvora y
convocó en los meses siguientes a otras cuatro personas a reconocer a Milani
en tareas de represión en tiempos de dictadura.



Cuando era subteniente, Milani participó de operaciones militares en La
Rioja y Tucumán, adonde llevó como asistente personal al soldado Alberto
Agapito Ledo, un joven que tenía una militancia de base en organizaciones de
la izquierda no peronista, según recuerda su amigo Álvaro Illanes, que
compartió parte del servicio militar con él. Ledo desapareció el 17 de junio
de 1976 en Tucumán, y fue el propio Milani quien firmó el informe que
ubicaba a Ledo como desertor. El hermano de Illanes, Juan Carlos, estuvo con
Ledo hasta pocos días antes de su desaparición y en diciembre pasado declaró
ante la justicia federal de Tucumán contra Milani. “Como Ledo, yo también
era ayudante de un subteniente, pero estábamos destinados en Catamarca. En
junio de 1976 fuimos a Tucumán y pude hablar con Ledo. Estábamos en un
campamento militar en Concepción, donde funcionaba un centro clandestino de
detención en el que se torturaba a guerrilleros del erp. Milani estuvo allí,
y como militar de inteligencia no se le pudo escapar lo que ocurría”, dijo
Juan Carlos Illanes al juez Raúl Bejas.



También el periodista Plutarco Schaller, preso desde el día del golpe hasta
que Raúl Alfonsín llegó al gobierno, en 1983, recordó ante el juez federal
de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, que mientras estaba en un hospital
de la provincia curándose las heridas de la tortura entró a los tiros el
oficial Milani. “Al verme, sólo dijo: ‘Este hijo de puta todavía está vivo’,
y se retiró. Esa misma noche fue a mi casa y se llevó detenido a mi hijo
Antonio, quien permaneció desaparecido por 30 días.”



El caso del soldado Ledo ya acumula un expediente voluminoso y tiene como
único imputado por ahora al superior de Milani en esos años, el capitán
Esteban Sanguinetti. En La Rioja, la causa que tramitan Schaller y Olivera
ya tiene siete cuerpos y según sus abogadas, María Elisa y Viviana Reinoso,
“hay prueba más que suficiente para imputar a Milani en delitos de lesa
humanidad”. María Elisa es la abogada que lleva adelante las cuatro causas
por la represión en La Rioja, y fue designada por el gobierno de Cristina
Fernández como directora de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación
(afsca), nacida a partir de la ley de servicios audiovisuales promulgada por
el gobierno en 2009. Cuando la abogada pidió que Milani fuera citado a
declarar por los delitos que se le imputan, fue cesada en la afsca. “Valoro
todo lo que este gobierno hizo, pero mi compromiso es con la justicia frente
a estos hechos aberrantes cometidos durante la dictadura”, dijo a los
medios.



Mientras la justicia dilata la investigación, Milani, Hebe de Bonafini y los
muchachos de La Cámpora siguen adelante con un relato épico que empieza a
hacer agua.

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