Paraguay/ comunidades en lucha: litigio estratégico contra el Estado [Blas Brítez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 6 de agosto 2014

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A l’encontre – La Breche

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Paraguay

Litigio estratégico contra el Estado

El libro Comunidades en lucha, de Hugo Valiente, describe los atropellos a
los derechos humanos de grupos indígenas y campesinos, que demandaron al
Estado paraguayo por ello.

Blas Brítez *

Última Hora.Com, Asunción, 4-8-2014 

http://www.ultimahora.com/

Los casos de litigio estratégico de comunidades que se sienten no solo
desplazadas del "modelo" económico agroexportador paraguayo, sino también
agredidas en su propia constitución histórica y cultural, no son muchos en
Paraguay. Pero existen. Se dan tanto ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, como en el ámbito del sistema de Naciones Unidas.
Últimamente, se han presentado cuatro nuevos casos que grafican, certera y
terriblemente, la manera en que funcionan las relaciones de producción
dominantes, con su Estado diseñado a medida, frente a las tradicionales y
resistentes formas de vida que desde la pobreza estructural y la
discriminación histórica reflejan los colectivos culturales y sociales del
Paraguay actual. Dichos casos han sido presentados ante el Comité de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que vigila el
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que
Paraguay ha suscrito, y al que se atiene jurídicamente por medio de
instrumentos supranacionales.

Recientemente, el abogado  Hugo Valiente publicó el libro Comunidades en
lucha. Cuatro demandas al Estado paraguayo por violación de Derechos
Humanos, mediante los auspicios de la Coordinadora de Derechos Humanos del
Paraguay (Codehupy) y BASE-IS. El primero de los casos me parece que resume,
aún a cuenta de su complejidad, las muchas variables de lo que significa
sufrir "la injusticia de la Justicia" en Paraguay. Muestra qué significa
litigar estratégicamente contra los extravíos y preferencias de esta.
Muestra cómo el aparato judicial paraguayo se erige en brazo de un Estado
con sordera consuetudinaria cuando de las vicisitudes de las minorías se
trata. Minorías que fueron despojadas de su carácter de mayoría (cuando se
trata de comunidades indígenas) en operaciones de "limpieza étnica"
anteriores a la constitución del Estado, y aún después de ella. Es ese mismo
Estado que no ha pagado nunca su deuda con aquellos a los que ha convertido
en "minorías" a la fuerza.

Por eso, y por otras imposiciones tácitas de espacio y efectividad
narrativa, me limitaré a resumir solo el caso de Campo Agua'ê que se narra
en el libro.

Y desde afuera, la fumigación

En 1987, una comunidad de familias Ava Guaraní del Departamento de
Canindeyú, tras muchos años de resistencia y reivindicación de sus derechos
territoriales ancestrales, relacionados con un hábitat cultural específico y
milenario, logró la adjudicación de 980 hectáreas de tierra, bajo la forma
de colonia. Esta extensión geográfica es apenas una parte mínima que formaba
parte de un amplio territorio indígena, que desde fines del siglo XIX
comenzó a ser sometido a usufructo comercial y especulativo, mediante el
despojo, por parte de actores de una naciente y expansiva economía de
enclave, sobre todo impulsada por empresas de origen extranjero.

Comunidades en lucha, de Hugo Valiente, describe los atropellos a los
derechos humanos de grupos indígenas y campesinos, que demandaron al Estado
paraguayo por ello. Foto: Archivo.

Veintisiete años después de aquella conquista, la denominada comunidad
indígena de Campo Agua'ê sobrevive heroicamente en medio de un aislamiento
que es característico del siglo XX paraguayo y su indiferencia estatal. El
stronismo negaba dicha indolencia pública, y al mismo tiempo se vanagloriaba
de las "obras" en materia de servicios que supuestamente encaraba, a partir
de una elefantiasis benefactora que nunca fue tal ni lo sería en tiempos de
apertura democrática. Campo Agua'ê es un símbolo de esa mentira benéfica a
cuatro manos de la dictadura y la democracia: no tiene energía eléctrica, ni
agua potable, ni puestos de atención primaria de la salud, ni servicios
básicos de ninguna índole, a 29 kilómetros del distrito de Curuguaty. Y no
solo es símbolo de aquel engaño de la reforma agraria stronista, y de la
inclusión constitucional de la diferencia (pueblos indígenas)  en
democracia: es una enorme, implacable metáfora de lo que en la segunda mitad
del siglo pasado Augusto Roa Bastos llamaba, tan repetidamente por todos,
una "isla rodeada de tierra", refiriéndose al Paraguay con respecto al resto
del mundo. Campo Agua'ê va más allá y más acá de aquella definición
roabastiana: hoy día es una "isla rodeada de soja", como especie de amenazo
del aislamiento que Paraguay está sufriendo (y puede sufrir más)  dentro del
mismo Paraguay: centros de convivencia humana acogotados por el monocultivo
agroexportador, destruidor de vitalidades culturales, ambientales y humanas.

Antes dedicadas a la ganadería, desde hace seis años la empresa Issos
Greenfield International SA, que explota la estancia Monte Verde, y la
estancia Vy'aha, se dedica al cultivo extensivo y mecanizado de soja, sorgo
y maíz. Ambos establecimientos rodean completamente a Campo Agua'ê. El
primero de ellos posee 12.000 hectáreas de extensión. Desde que han empezado
a dedicarse a la agricultura mecanizada, sostenida con la utilización de
agrotóxicos, la situación medioambiental que abriga a Campo Agua'ê se ha ido
deteriorando a ritmo acelerado, afectando cada vez más visiblemente la
calidad de vida de por sí empobrecida de sus habitantes. Cuenta Valiente:

"Luego de las lluvias, al bajar el agua por la pendiente desde plantaciones
fumigadas, han muerto gallinas y patos de las familias por deriva del agua
envenenada, llegando inclusive a consumirse estos animales muertos por la
escasez de alimentos. A su vez, los agrotóxicos han perjudicado los cultivos
familiares de subsistencia y de maíz, único cultivo de la comunidad que
produce renta. Los árboles frutales de la comunidad han dejado de dar
frutos. Las colmenas silvestres que existían en el territorio han
desaparecido por la  mortandad masiva de abejas".

En la temporada de siembra de soja de octubre de 2009, tractores de las
estancias lanzaron una ingente cantidad de material fumigador, en algunos
casos a metros de las viviendas, de la escuela y del camino de acceso al
centro de Campo Agua'ê. Según las denuncias, el rociamiento tuvo lugar en
horas de clase en dicha escuela, por lo que niños y niñas resultaron
afectados por la fumigación de manera directa. El 30 de dicho mes, Benito
Oliveira y Lucio Sosa, líder y docente de la comunidad, respectivamente,
denunciaron el hecho ante la Fiscalía Penal del Medioambiente del distrito
de Curuguaty, a fin de que intervinieran en el caso. En la denuncia, además
de dejar patente el carácter violatorio de leyes medioambientales básicas,
hicieron constar los efectos de la acción de los agrotóxicos: "Diarrea,
vómitos, problemas respiratorios y otro tipo de dolencias", por lo que
urgían "se realicen las investigaciones correspondientes para salvaguardar
nuestros derechos".

Tres días después, la Fiscalía comunicó al Juzgado Penal de Garantías de
Curuguaty que los actos investigativos preliminares tendrían inicio. El caso
se asentó en la carpeta fiscal 1303/09 caratulada como: "Averiguación de un
supuesto hecho punible contra el medioambiente. Uso irregular de
agroquímico". El fiscal asignado era Miguel Ángel Rojas, y el juez, José
Dolores Benítez.

Dos semanas más tarde, el acta de procedimiento dejó constancia de lo
siguiente:

"[...] se pudo observar que varias casas, de construcción precaria, de
madera con techo de paja pertenecientes a los indígenas, se hallan a poca
distancia de los cultivos de soja unas de otras, a diez metros
aproximadamente [...], sin utilización de barreras de protección, las
plantaciones se inician desde el límite que une la propiedad privada con la
Colonia Indígena".

En la misma estancia, luego de unas semanas, inspectores del Servicio
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), documentaron
la presencia de 149 bidones de 20 litros cada uno del herbicida Paraquat
(prohibido, excepto especificacio nes atentísimas de la Senave) y unas 40
cajas de 4 bidones cada una de insecticida Endosulfán (prohibida también) y
dos litros de Cloriporifós. Ninguno de ellos tenía en regla sus papeles para
la utilización, según la investigación.

Luego, el 27 de noviembre, la Fiscalía se hizo presente en el otro
establecimiento, la estancia Vy'aha. Allí se volvió a comprobar "que los
ranchos y la escuela se hallan al borde del lindero de la Colonia con los
cultivos de soja, distantes unos diez metros aproximadamente uno de otros,
sin mediar entre ellos barrera de protección, conforme exige la ley", como
reza el acta.

Desde la comparecencia de un supuesto capataz de Vy'aha, el 1 de diciembre
de 2009, en donde el mismo adujo que "no sabía que se necesitaba barrera de
protección hacia el lado donde linda la Colonia Indígena con los cultivos",
según consta en su declaración, la Fiscalía dejó de realizar actos
investigativos. Solo luego de que en agosto de 2010, los abogados de la
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) ampliaran la
denuncia ya existente, la Fiscalía imputó a los propietarios de ambas
estancias: Sebastián Nilson Mendes (estancia Vy'aha) y Ali Mohamed Osman
(Issos Greenfield International SA). Un mes después, los líderes de la
colonia presentaron una querella adhesiva contra ambos. Luego de que la
Fiscalía no produjera ninguna otra prueba, el 4 de febrero de 2011 formuló
acusación contra los acusados, ratificado por el Ministerio Público el 1 de
junio.

El Ministerio Público, el fiscal y el mundo de Kafka

A partir de aquí, comienza el circo procesal a que nos tiene acostumbrados
la Justicia paraguaya, que no tiene nada que envidiar a los procedimientos
dilatorios de las novelas de Franz Kafka: la primera audiencia preliminar
convocada para el 1 de julio de ese año, para saber si el caso era elevado a
juicio oral y público, fue suspendida por supuestos errores procedimentales:
el Juzgado no había notificado debidamente a las partes, además de excusas
de incompatibilidad de agenda por parte de  la Fiscalía. Las notificaciones
fallidas se repitieron ¡en otras siete ocasiones! Recién el 25 de junio de
2013, cuatro años después de los hechos, se fijó la audiencia preliminar. Y
aquí hace su aparición estratégica el nuevo fiscal asignado para la causa:
Jalil Rachid Lichi.

En dicha audiencia, el mismo hombre responsable de la imputación a los
campesinos en el caso de la masacre de Curuguaty, decidió ¡retirar la
acusación y solicitar el sobreseimiento provisional de los sojeros acusados!
Todo porque no contaba, supuestamente, con pruebas para sostener la
acusación. Sin tener en cuenta que la Fiscalía había obviado y omitido
diligencias básicas para la investigación de la causa durante casi cuatro
años, exigidas por la querella adhesiva una y otra vez, apenas (y
estratégicamente) arribado al caso el abogado Rachid Lichi determinó que,
con pruebas harto más concluyentes e inculpatorias que las del caso
Curuguaty que tuvo la caradurez jurídica de presentar para su elevación a
juicio, las que implican a los sojeros que acogotan a Campo Agua'ê resultan
ser insuficientes. Se trata del envenenamiento de unas quinientas familias
indígenas, de la contaminación de cauces hídricos. Luego de la resolución
del juez José Dolores Benítez (el mismo acusado de prevaricato en el caso
Curuguaty, a favor de la empresa Campos Morombí) de sobreseer
provisionalmente a los acusados (es decir, hasta que se reúnan más pruebas),
lo último que "sucedió" en este caso fue precisamente ese sobreseimiento. 

Las demandas por violación de derechos humanos a que el Estado paraguayo
debe hacer frente debido a este caso responden a los siguientes
desnudamientos del modus operandi represor, defensor y sostenedor de un
modelo económico que el Ministerio Público y el Poder Judicial  han
encarnado en el caso que acabo de describir: violación del derecho a la vida
privada en la comunidad indígena de Campos Agua'ê, a raíz de la
contaminación ambiental; violación del derecho de la comunidad indígena de
Campos Agua'ê a mantener su propia vida cultural como consecuencia de la
destrucción de los recursos naturales de su territorio; falta de un recurso
judicial efectivo que protegiera a la comunidad antes las violaciones
denunciadas.

Todavía hoy, a 27 años de la conquista de una porción de sus tierras
ancestrales, a casi cinco años de las denuncias formales del atropello al
tekoha de los Ava Guaraní de Canindeyú, a la ignominia de la Justicia que
les imparte la injusticia de siempre, la lucha de ellos tiene que ver con la
superación de la terrible "metáfora real" que se cierne sobre el Paraguay
del presente y el Paraguay del futuro: el de un país convertido en una isla
no solo en su posibilidad de contacto exterior, como diagnosticaba Roa
Bastos,  sino en el mismo   contacto interior con el resto del país, con la
gente, con la cultura.

Porque ya existen comunidades enteras que son una "isla rodeada de soja". 

* Periodista.

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