Río de Janeiro: el Haití de Brasil [Juan Luis Berterretche]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 11 de agosto 2014

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A l’encontre – La Breche

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Rio de Janeiro

Haití de Brasil

Juan Luis Berterretche

La favela no puede hoy ser entendida a partir de una serie de peculiaridades
culturales -en el sentido de costumbres en común/1- exclusivas de su proceso
histórico de formación bajo la mirada costumbrista benevolente de las
élites, que le reservaron sólo su derecho a hegemonizar el carnaval y
proveer personal de servicio. Se debe comenzar por ubicar su actual rol en
la relación Capital/Trabajo, siglo XXI.

Favelas: guetos de explotación y discriminación de clase y étnica

Rio de Janeiro y en especial su estructura urbana que combina gran cantidad
de viviendas precarias e infraestructura miserable, con barrios de altísimo
padrón edilicio y amplitud de servicios, es un territorio clave para
entender la desigualdad en Brasil. Porque Rio hace años que tiene sucesivos
gobernadores y prefeitos en la avanzada de las políticas que encaminan la
in-justicia, la represión, la especulación inmobiliaria, la discriminación
étnica y económica y en conjunto todas las medidas institucionales y
corporativas necesarias para una defensa irrestricta de la continuidad de la
desigualdad en el país. Es en verdad una vidriera de todos los aspectos e
interrelaciones estructurales que articulan la persistencia de esa enorme
desigualdad social brasileña.

Los guetos favelados y su discriminada existencia conviven en Rio con
barrios y zonas residenciales y empresariales con instalaciones privativas
sociales y culturales, en forma de enclave excluyente, en áreas separadas de
otras partes de la ciudad por barreras sociales, económicas y muchas veces
físicas como los condominios cerrados o los shoppings que impiden el ingreso
a sectores populares.

Para el arquitecto/urbanista Roberto Rocco /2 la favela no es un gueto, “en
lo que se refiere a los beneficios que la élite realiza con su existencia”.
Pero reconoce que se trata de “una fuente de mano de obra barata y
descalificada que se traduce en un ejército de domésticas, porteros, obreros
de la construcción, empleados de empresas de seguridad, que se encargan de
mantener el mundo de las clases privilegiadas funcionando”...”son parte de
un modelo de desarrollo excluyente que amplifica las ganancias de la clase
dominante por la vía, entre otros factores, de las bajas inversiones en
vivienda social, dándole prioridad a las inversiones en infraestructura para
las zonas de “clase alta” facilitando la especulación inmobiliaria y la
consecuente acumulación de capital”.

La favela no es, estrictamente un gueto clásico de exclusión racial,
cultural o religioso como aquellos donde fueron recluidos los judíos en la
Edad Media o bajo el nazismo. Pero Peter Marcuse /3 utilizó con propiedad el
término gueto para nombrar las zonas pauperizadas de los suburbios urbanos
que combinan la exclusión de clase con la “racial”. Es este un fenómeno que
se expande desde el siglo pasado en el mundo. Un nuevo tipo de gueto que
“armoniza” la discriminación étnica con la explotación de clase. En las
favelas brasileñas es indudable que el factor etnia (afro descendientes) se
interrelaciona con la pertenencia al más bajo estamento de una clase social
que trabaja a cambio de un salario.

La descripción de Rocco sobre la favela y sus trabajadores descalificados se
ajusta más a la existencia favelada del siglo XX, donde habitaba un sub
proletariado que a lo más que podía aspirar era a cumplir funciones de
“servicios personales” de la clase media y la burguesía. Con la inclusión en
el mercado procesada por el “lulismo” de ese sub-proletariado que abarca
decena de millones de nuevos trabajadores y que, en significativa medida,
habitaba y habita las favelas, en la actualidad hay una explotación de clase
por el capital por la vía de acceder a puestos de trabajo “con
remuneraciones por debajo de 2 salarios mínimos (R$ 1.448 en 2014)
principalmente en el sector empresas de servicios y con alta rotación,
precarización, fragmentación y menor presencia en un centro de trabajo fijo”
/4.

Es decir estamos frente a territorios que antes del “lulismo” eran habitados
mayormente por ese sub-proletariado que no era parte de la relación
capital/trabajo, era discriminado, sin los derechos de los trabajadores
sindicalizados y segregado por su pertenencia a la etnia afro-descendiente.
Y que ahora integran el sector de la clase obrera más pauperizado. Pero que
están en la actualidad en un proceso de conquistas indudables de nuevos
derechos como trabajadores, así como etnia discriminada.

Rocco también afirma con justeza que existe una resistencia -entre otras
académica- a reconocer el factor étnico como determinante en su
discriminación social. Se responsabiliza del prejuicio excluyente a la
“nefasta herencia del esclavismo”, sin reconocer abiertamente en el país la
notoria existencia de un “racismo” estructural, institucional e
interpersonal /5.

Es por esas características mencionadas de los nuevos empleos, -diferentes
al trabajo industrial sindicalizado-, que en muchos casos la protesta contra
la desigualdad explota a partir del ámbito de convivencia común, -en el
espacio de la favela- antes que en el lugar de trabajo.

Aquí es importante la relación que el Estado siempre creó con la favela
“lazos de clientelismo electoral y de corrupción política con el dinero del
tráfico”...”En el caso brasileño, la favela es más que nada un producto del
Estado, que se excluye de asumir sus responsabilidades naturalizando la
pobreza y apuntando a la favela como ‘infeliz producto de la historia’ “.
Explicación ideológica que intenta exculpar al Estado de su real
responsabilidad. A la vez que se demoniza a los favelados por los “reinos de
terror en torno del crimen organizado” que el propio Estado desarrolló /6.

La favela es entonces un área donde se combina la discriminación y
explotación de clase con la étnica. A la que se suma la incomprensión de ese
proceso en los viejos sindicatos y centrales de trabajadores y movimientos
sociales antiguos, así como en la mayoría de la “izquierda” tradicional, que
pretende encuadrar al nuevo proletariado en las organizaciones sociales del
siglo pasado.

Déficit habitacional

Aunque en los últimos 10 años entre los trabajadores con ingresos familiares
mayores de 3 salarios mínimos el déficit de vivienda disminuyó, en los
hogares con ingreso por debajo de 3 salarios mínimos el déficit aumentó un
3%, pasando de 70,5% en 2007 a 73,6% en 2012. La razón es que el ingreso
familiar menor a 3 salarios mínimos no cumple los requisitos de la Caixa
Económica para intervenir en los planes “Minha casa, Minha vida”. Las
medidas “asistencialistas” del “lulismo” no incluyeron predecir las demandas
por vivienda que surgirían del seno de ese nuevo proletariado con ingresos
familiares menores a 2 o 3 salarios mínimos. Menos aún se anticiparon a las
protestas callejeras que se desatarían como expresión de ese déficit, que en
un 81% es urbano /7.

Confiados en su control de los movimientos sociales institucionalizados, los
gobiernos petistas no previeron que se multiplicarían las demandas urbanas
por el acceso a los servicios públicos y el ejercicio de nuevos derechos
como el de la vivienda. Y ubicaron como centro del desarrollo nacional, la
inversión estatal en obras de infraestructura que darían impulso al
capitalismo brasileño y responderían a necesidades de las clases medias
(profesionales y tecnócratas) y de algunos estamentos más favorecidos del
trabajador industrial.

Durante los dos ejercicios que gobernó Lula se lanzaron los Programas de
Aceleración del Crecimiento (PAC I y II) apuntando a realizar las obras de
infraestructura que permitieran un crecimiento que transformaría a Brasil en
la “China latinoamericana”. El PAC I contó con US$ 370 mil millones para la
realización de 2471 proyectos de infraestructura. El PAC II anunciado
oportunamente antes de iniciarse la campaña electoral de 2010, destinó US$
878 mil millones con igual objetivo. Una enorme inyección de capital que
favoreció en primer lugar a las constructoras transnacionales de capital
brasileño y que -en algún caso- se derramó incluso hacia las inversiones de
capital de origen delictivo /8.

El gobierno de Dilma lanzó un Plan Nacional de Logística (PNL) dirigido al
desarrollo de la infraestructura del país, (autopistas, ferrovías, puertos,
aeropuertos, etc.) así como a las obras “necesarias” para alojar mega
eventos deportivos (copa de las confederaciones -2013- campeonato mundial de
futbol -2014- y Juegos olímpicos de 2016). Y utilizó y utiliza ese Plan para
realizar una contra reforma urbana en las principales ciudades del país. La
mayoría de los desplazamientos de pobladores favorecieron una “limpieza de
indeseables” en zonas conflictivas, donde se trató de desmontar la
organización comunitaria. En todo Brasil fue desatendida la mejoría de
condiciones de vida de la población carente, en los aspectos de
infraestructura urbana, vivienda, saneamiento básico, salud, enseñanza y
transporte. Dándole prioridad a grandes emprendimientos que desarrollaran la
especulación inmobiliaria.

Como David Harvey señala “la producción del espacio urbano se conecta cada
vez más a la forma mercadería que sirve a las necesidades de la acumulación
promoviendo cambios, exigiendo readaptaciones de usos y funciones de los
lugares en la ciudad, reproduciéndose bajo la ley de lo reproducible. Esto
es así porque hoy, cada vez más, el espacio producido como mercadería entra
en el circuito del intercambio atrayendo capitales que migran de otros
sectores de la economía de modo de viabilizar la reproducción en un momento
de super-acumulación del capital que coacciona y solapa la producción de la
ciudad como espacio-tiempos de realización de la vida humana.” Y concluye
“El capital tiene la capacidad de construir las ciudades que quiera sin
importarle lo que necesita la gente. Como individuos nos vemos obligados a
vivir en el tipo de ciudad que el capital quiera y el tipo de ciudad que es
coherente con mantener la acumulación de capital" /9.

Mientras el tema habitacional se destacó como el principal problema urbano
de las capitales estaduales. São Paulo ya engendró un enorme movimiento
urbano por vivienda que se organiza en el Movimento dos Trabalhadores
Sem-teto (MTST) y que obtuvo con sus movilizaciones y ocupaciones de tierra
un importante reconocimiento en la votación por los vereadores (ediles) de
la ciudad, del Plano Director de São Paulo (julio 2014), con la aprobación
de varias Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS), para construcción de
viviendas populares.

Este factor de déficit de vivienda, aumenta en Rio de Janeiro la situación
de rebelión social de las favelas. Rio es la segunda ciudad del país con el
mayor déficit habitacional en números absolutos. Sólo pierde para São Paulo.
Pero en relación a la población, São Paulo tiene casi el doble de
pobladores, tanto en la ciudad propiamente dicha, como en su región
metropolitana /10. Lo que convierte al déficit habitacional carioca en el
peor del país, en relación al número de pobladores. Déficit que se concentra
en las favelas.

En Rio, en la medida que el problema de la ausencia o pésima calidad de las
viviendas se fue transformando en consciencia de necesidad /11, la
comprensión sobre la desigualdad social se hizo más evidente y la lucha
popular por viviendas se intensificó. Es lo que pasó en los últimos años.
Pero alcaldes -prefeitos- y gobernadores estaduales con apoyo federal han
dado prioridad a una política de “seguridad” exacerbada contra las
poblaciones de favela, con el objetivo de entorpecer la organización y el
desarrollo de las luchas de los sin-techo y de las poblaciones sin los
servicios públicos indispensables del Estado.

De cualquier forma la situación social de Rio por la complejidad y
diversidad de factores que la enervan se ha convertido en algo explosivo.
Durante junio y julio de 2014 el escenario de las luchas populares en la
ciudad se ha visto agravado por la persecución policial y judicial contra
los activistas de las protestas. A la vez que, a la tradicional violencia
mortífera de policías militares y milicias para-policiales se sumó una
intervención de las fuerzas armadas en varias favelas y el intento judicial
de instalar una abierta ilegalidad de “estado de excepción” en su
territorio. Lo que ha transformado a la ciudad en un escenario de
intolerancia institucional negativa, ejemplar para todo Brasil.

Amarildo: los crímenes de la PM y de la “policía pacificadora”

La notoriedad nacional e internacional que tomó el caso del trabajador de la
construcción Amarildo de Souza, de la favela Rocinha, desaparecido en las
manos de la policía carioca, llevó a tomar consciencia de una situación
delictiva de las fuerzas de seguridad del estado: el aumento de los
desaparecimientos estarían encubriendo crímenes policiales.

La investigación presionada por la movilización social, terminó comprobando
que Amarildo fue torturado dentro de la propia sede de la Unidad de Policía
Pacificadora (UPP) y que ese “método” era utilizado allí con asiduidad. Las
“técnicas” usadas incluían asfixia con saco plástico, choque eléctrico en la
planta de los pies mojados y “submarino” en el inodoro. Es decir no se las
puede definir con el eufemismo estadounidense de “técnicas innovadoras de
interrogatorio”. Lo de las torturas de la “policía pacificadora” volvió a
revelarse el mes pasado: la organización Human Rights Watch denunció el 28
de julio, 64 casos de torturas y violaciones de los derechos humanos en
Brasil en los últimos cuatro años y afirmó que por lo menos 150 policías
estarían implicados. La denuncia está en un comunicado enviado por el grupo
de DDHH a presidencia y al Congreso Nacional /12.

Durante los dos ejercicios de Sérgio Cabral como gobernador, los
“tipificados” como “auto de resistência” en la jerga policial, es decir
muertes de civiles en falso “enfrentamiento con la policía” que eran la
norma, han pasado a ser desaparecimientos forzosos. Y las muertes por arma
de fuego son clasificadas ahora como “muertes violentas de causa
indeterminada”, para prescindir en ambos casos de cualquier investigación.
Existen varias investigaciones independientes que concluyen con igual
convencimiento sobre este tema /13.

El abogado João Tancredo, que representa a la familia de Amarildo en la
Justicia, define con claridad esta tesis:

“Para mí, el ‘auto de resistência’ hoy en día se ha tornado
desaparecimiento. ¿Por qué? El “auto” tiene los nombres de las víctimas y de
los policías militares que intervinieron en el hecho. Si la familia de la
víctima exige que se investigue y la sociedad civil se moviliza, el PM que
ejecutó cobardemente va a la cárcel. Para el gobierno del estado es mejor no
ser evidenciado por la brutalidad policial. El aumento de los desaparecidos
tiene sentido en esta idea. Desaparecimiento no tiene autor evidente” /14.

En el período 2007-2013 bajo el mandato de Sérgio Cabral como gobernador de
Rio, las propias estadísticas del Instituto de Seguridad Pública (ISP),
vinculado a la Secretaría de Seguridad Pública, registraron casi 35 mil
desaparecidos!! Un verdadero genocidio que supera las desapariciones en
Chile bajo Pinochet y lo asemeja con la actuación de la junta militar
argentina. Si lo relacionamos al tamaño de las poblaciones, el estado de Rio
y Chile son similares, pero Argentina tiene más de 2 veces y media la
población del estado brasileño. Al ritmo de desapariciones hasta el año
pasado, al fin de 2014 los desaparecidos sumarían más de 40 mil. Lo que hace
imperioso la instalación de una Comisión de Verdad sobre desaparecidos que
realice una amplia y exhaustiva investigación independiente. De acuerdo al
mismo ISP, en 22 años las desapariciones sumaron 92 mil personas /15.

Rio: prototipo de desigualdad e injusticia

Según el censo demográfico de 2010 de IBGE, el primer mundo y el último
conviven en los 1.182 kilómetros cuadrados del estado de Rio de Janeiro. Los
barrios “nobles” poseen un Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre los diez
primeros mayores IDH del mundo. Gávea tiene el mismo IDH que Australia
(0.970) que está en segundo lugar en el listado mundial. Leblon tiene un IDH
(0.967) mayor que Canadá (0.966) que ostenta el cuarto lugar en el mundo.
Jardim Guanabara iguala en IDH a Suecia (0.963) que se ubica séptimo e
Ipanema con 0.962 supera a Francia (0.961) octavo en el ranking, Lagoa
iguala a Finlandia (0.959) décimo en el mundo.

En el extremo opuesto tenemos el barrio de Manguinhos con un IDH (0.726)
menor que el de Mongolia (0.727) que se ubica en el lugar 115 en el mundo;
el Complexo do Alemão con un IDH (0.711) menor que Guinea Ecuatorial
(0.719); la favela de Rocinha con un IDH (0.735) menor que los Territorios
Palestinos y Jacarecinho con un IDH (0.731) menor que el de Honduras
(0.732).

De acuerdo al censo de 2010 el Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) en los denominados por el Instituto “aglomerados
subnormales” en términos de vivienda (con que se nombra a todos los
asentamientos irregulares conocidos como favelas, invasiones, grotas,
baixadas, comunidades, vilas,, ressacas, mocambos y palafitas, entre otros)
dan la pauta de la desigualdad social en las ciudades. La explicación no es
difícil: en Rio de Janeiro la cuarta parte (25,6%) de la población favelada
tiene un rendimiento nominal domiciliar de hasta medio salario mínimo.
Mientras que en el resto de la ciudad ese porcentaje baja a poco más del 10%
(10,7%).

En educación sólo el 1,2% de la población favelada de Rio contaba con curso
superior, mientras que en el resto de la ciudad ese porcentaje alcanzaba
casi el 15%. En las viviendas de las favelas también hay menos
electrodomésticos y menor conexión a Internet, por domicilio.

La circulación interna en las favelas se realiza a través de una
infraestructura vial precaria de escaleras, callejones, callejuelas y
rampas. La región metropolitana de Rio de Janeiro fue la segunda -después de
la región metropolitana de Sao Paulo en concentración de domicilios en
“aglomerados subnormales” con el 14,9% del total nacional. En la región
metropolitana de Rio de Janeiro estaban las mayores cantidades de viviendas
en fajas laterales de dominio de ferrovías y carreteras /16.

La ocupación militar de las favelas de Rio

Definitivamente, las comunidades miserables de Haití sirvieron de
laboratorio para la actuación del ejército brasileño en las favelas de Rio.
Así como la Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) sirven como modelo para
la organización de la policía haitiana. En mayo de 2013 el gobernador Sergio
Cabral y el primer ministro haitiano Laurent Lamothe firmaron un acuerdo de
intercambio de profesionales y de experiencias entre la policía militar de
Rio y la policía nacional de Haití en el tema de intervención policial en
las comunidades pobres. En enero de 2014 llegó a Rio un grupo de policías
haitianos, para interiorizarse sobre la metodología de las UPPs y la
estructura de la policía militar fluminense. La nueva policía nacional de
Haití que impone la intervención de la Minustah bajo dirección de Brasil,
está siendo desarrollada con todos los vicios y transgresiones a los
derechos ciudadanos, de las unidades expertas en represión como el Batallón
de Operaciones Policiales Especiales (BOPE). La intermediaria entre ambas
fuerzas policiales es una ONG, Viva Rio no Haití, cuyo coordinador Ubiratá
Angelo explicó: “el proceso de pacificación engloba la decisión del
gobierno, cual área será pacificada, ahí entra la inteligencia policial,
después entran las tropas de intervención, por eso los visitantes conversan
con esos tres sectores inicialmente” /17.

Morro da Providencia. Em 2008 cerca de 200 hombres del ejército, del Comando
Militar del Este, ocuparon el “Morro da Previdencia” en la zona portuaria de
Rio supuestamente para garantizar obras de un proyecto denominado “Cimento
social”. “En este morro lo principal era favorecer el proyecto del Porto
Maravilha, donde algunas familias fueron removidas por la construcción de un
teleférico, y otras sin ninguna justificación desde áreas sin
riesgo”...“Esos procesos de remociones dan prioridad a las inversiones
empresariales y los negocios y se realizaron a través de un proceso
decisorio autoritario, cerrado, no transparente y simbólicamente muy
violento” /18. En 2014, en una confraternización con empresarios de la
construcción, donde participaba Carlos Carvalho que remodela la zona
portuaria, el prefeito de Rio, Eduardo Paes (PMDB) se vanaglorió: “Hoy, el
puerto es el lugar de la ciudad donde hay más especulación inmobiliaria, y
gracias a dios es así.”

Bajo la ocupación, en junio de 2008, once militares participaron de la
muerte de tres jóvenes supuestos “minoristas de traficantes” de dicho
“morro”, que fueron entregados a narcos antagónicos del “Morro da Mineira”
para ser torturados y muertos. En realidad los militares vendieron los
jóvenes por R$ 60 mil a los traficantes de la “Mineira”. Los hechos se
hicieron públicos porque una moradora de la favela salvó a uno de los
jóvenes que estaban siendo golpeados por el grupo de militares
introduciéndolo en su casa y trancando la puerta.

A raíz de este acontecimiento que se hizo público intervino una jueza de Rio
que dictaminó la salida de los militares de la favela. Pero una instancia
judicial superior decidió mantener los militares en el “morro”. Los
efectivos del ejército se redujeron a 60 y la justicia estableció
restricciones a su actividad. Según decisión judicial los militares no
podrían ejercer actividades que impliquen seguridad pública o garantía de la
ley y el orden, ya que dichas funciones les están impedidas
constitucionalmente. Este fue el primer intento de ocupación militar de una
favela bajo gobierno de Lula, para crear un antecedente en ese sentido. La
importancia de esta “operación experimental” y su descrédito fue tal, que el
propio presidente Lula se entrevistó con las madres de los jóvenes
asesinados y se comprometió a indemnizar a las familias, para detener
cualquier acción judicial.

Complexo do Alemão. El último fin de semana de noviembre de 2010 todas las
cadenas de TV de Brasil realizaron una cobertura “espectacular” de la
invasión a algunas favelas de Rio por centenares de policías militares (PM)
de elite -el varias veces acusado de corrupción, Batallón de Operaciones
Especiales (BOPE) y 800 infantes de marina del Comando Militar del Este
-integrantes de las Fuerzas Armadas con experiencia de represión a civiles
en Haití- apoyados por helicópteros y vehículos blindados. La operación
comenzó el jueves 25 de noviembre en la Vila Cruzeiro y continuó el domingo
28 sobre el Complexo do Alemão que reúne 13 favelas donde viven unas 150 mil
personas. No hay cifras oficiales sobre la cantidad de muertos que dejó como
saldo la acción represiva. Ni imágenes de TV sobre detalles del operativo.

Durante la operación en la Vila Cruzeiro y el Complexo do Alemão el Batallón
de Operaciones Especiales (BOPE) derrumbó puertas y allanó viviendas y
destruyó o sustrajo pertenencias de los pobladores sin ninguna clase de
autorización o fiscalización judicial. Ni la Orden de Abogados de Brasil
(OAB) ni su filial de Rio de Janeiro reclamaron por este obvio abuso del
truculento BOPE. Tampoco la Justicia hizo declaraciones al respecto. Se
considera axiomático que los favelados no tienen los mismos derechos que los
demás ciudadanos.

Comencemos por decir que en los tres años anteriores a la intervención, la
policía y los servicios del Estado no ingresaron para nada en dichas
favelas. Después de tres años sin aparecer, el lunes 29 de noviembre de 2010
se realizó allí una escenificación de recolección de residuos y de basurales
para las cámaras de TV. Escuelas, guarderías y policlínicas o no existen o
son insuficientes. La TV Record News combinó escenas anodinas del operativo
policial-militar con llamamientos a los favelados para que aplaudieran la
intervención de los uniformados y publicidades de la faja abdominal
“abdomil” que “le garantiza la pérdida instantánea de 8 centímetros de
cintura”. En una modesta guardería para niños de 2 a 5 años estos ya habían
aprendido que, al sentir los primeros disparos de una balacera, debían
concurrir a un pequeño salón resguardado y cobijarse bajo una mesa. “Para
que no nos maten” explica con convicción un niño de 3 años.

El territorio invadido poseía poco más que el 7% de la población de las
favelas y no mucho más del 1 o 2% de la superficie favelada de la ciudad.
Pero la acción fue presentada como una batalla definitiva contra el
narcotráfico de Rio. Las fuerzas permanecieron en dichas favelas por casi 2
años.

Favela Santo Amaro. Desde mayo de 2012, cerca de 150 hombres de la Força
Nacional /19 ocupan la favela de Santo Amaro, en Catete, Zona Sur de Rio de
Janeiro. Para este comando de la Força Nacional el 21/07 pasado hubo una
ampliación del plazo de permanencia por más 90 días para “continuar dando un
supuesto apoyo al programa ‘Crack, é Possível Vencer’. Y ya se prevé que su
actuación podrá ser prorrogada nuevamente /20.

Complexo da Maré. Desde abril de 2014, 2700 hombres del ejército y la marina
substituyeron parte del efectivo de la policía militar de la Maré en la zona
norte de la ciudad. El Complexo da Maré es un denso territorio donde viven
más de 130 mil personas, auto-organizadas en dieciséis favelas. Estas
existen porque sus moradores resisten la exclusión de la ciudadanía y luchan
por el derecho a ser parte de la ciudad de Rio de Janeiro. Para la gente del
“asfalto” el Complexo da Maré, es un lugar peligroso pero de pasaje
obligatorio pues arterias fundamentales de movilidad urbana en Rio -Avenida
Brasil, Linha Vermelha y Linha Amarela- cruzan o circulan el territorio. La
ocupación preveía facilitar el desplazamiento de turistas por la Copa del
mundo. Es simbólico que el Complexo de Maré sea también conocido como “Faja
de Gaza”. El 31/07 la presidente Dilma Rousseff postergó hasta el 31/10 la
permanencia del ejército y la marina en el Complexo da Maré.

Fuerza Nacional de Seguridad. Para la Copa del Mundo de 2014, la Força
Nacional aportó un efectivo de más de 10 mil hombres para actuar en el
control y la represión de protestas populares en las 12 ciudades sede de la
Copa. En Rio de Janeiro, el pedido de prórroga para el mantenimiento de los
efectivos en la ciudad, hecho por el gobernador Luiz Fernando Pezão
(sustituto de Sérgio Cabral por la campaña electoral de este año). Pezão
argumentó que prevé aumento de las demandas populares durante el período
electoral, lo que va a requerir la movilización de todo el efectivo de la
Policía Militar (PM). O sea las razones para el mantenimiento de la tropa
son abiertamente represivas.

Para el Ministerio de Defensa, movimientos sociales son “amenazas”

Luego de un cierto ocultamiento gubernamental de las disposiciones que se
estaban tomando para defender el Mundial de Futbol, a fines de enero de 2014
se dio a conocer la Portaría 3.461 del Ministerio de Defensa, con la firma
del ministro Celso Amorim. El documento considera a los movimientos sociales
como “fuerzas oponentes” y “amenazas” (p. 15) del Ejército, Marina y
Aeronáutica en las situaciones en que éstas fueran accionadas para garantir
la ley y el orden, e iguala a las organizaciones populares con cuadrillas
contrabandistas y facciones criminosas.

El texto está redactado en un lenguaje que recuerda la antigua Doctrina de
la Seguridad Nacional de los golpistas del 64. Empleo de “inteligencia y
contra inteligencia” y el “uso progresivo de la fuerza” (p. 26). Incluye
entre las “principales amenazas” (p. 29) el “bloqueo de vías públicas”,
“disturbios urbanos”, “invasión de propiedades e instalaciones rurales y
urbanas” y hasta mismo “la paralización de actividades productivas”. Es
decir en el documento inquisidor militar no se excluyen de la condena ni las
huelgas de los trabajadores /21.

La Comisión Nacional de Verdad (CNV) había solicitado a los comandos de las
tres fuerzas -ejército, marina y aeronáutica- que informaran a la Comisión
sobre el uso ilegal de siete unidades militares, durante la dictadura
cívico/militar/empresarial de 1964 a 1985. En esos locales fueron torturados
por lo menos 15 personas y muertas por lo menos 9. Sin embargo, en las
respuestas enviadas en junio/2014 a la Comisión, los comandantes presentaron
tres informes similares sobre el histórico de dichas unidades, afirmando que
ellas siempre actuaron de acuerdo con las leyes de la época, sin hacer
referencia a casos de muerte o tortura. Argumentaron que mucha documentación
fue destruida y concluyen que “no existen registros formales que permitan
comprobar el uso de las instalaciones militares para fines diferentes de los
que tenían prescripto”.

Las Comisiones de Verdad en todo el país comprobaron hechos vergonzosos de
tortura y muerte, en el combate militar a un supuesto “enemigo interno”. Las
respuestas de las tres fuerzas muestran que el actual comando de las FFAA
brasileñas se niega a colaborar en el esclarecimiento de los crímenes
cometidos por sus integrantes.

Los informes del comando de las FFAA fueron desmentidos al mes siguiente
(31/07/2014) por las declaraciones del juez militar jubilado Nelson
Guimarães que admitió en su exposición ante la CNV que había tortura
sistemática en las prisiones ilegales en dependencias militares y policiales
durante la dictadura. Y que tanto el sindicalista Olavo Hansen, como el
líder estudiantil Paulo Vannuchi y Frei Tito murieron a consecuencia de la
tortura /22.

Pero existe un hecho incontrovertible que ubica a los comandantes en jefe de
las tres armas en actitud de prepotencia y desprecio a la legalidad
democrática. Uno de los 7 centros de represión mencionados por la CNV en su
requerimiento de informes a las FFAA, es el conocido DOI-CODI del II
ejército, ubicado en la calle Tutoia de la capital paulista. En él fue
torturada durante 22 días una estudiante mineira integrante del grupo
guerrillero VAR-Palmares, conocida bajo el seudónimo de “Estela”. Cuatro
décadas después, la ex-guerrillera Dilma Vana Rousseff, es hoy, como
presidente de Brasil, supuesta comandante suprema de las fuerzas armadas. Y
éstas, vuelven a ultrajarla con su respuesta a la CNV.

Es indudable que estos hechos son el resultado de la impunidad de sus
crímenes bajo la dictadura; su desempeño como invasores y represores del
pueblo haitiano, en la Minustah, y las nuevas funciones que les está
adjudicando el gobierno petista en la ocupación y control de la “seguridad”
en la favelas de Rio de Janeiro.

Inocentes pueden acabar como reos de la justicia militar /23

Cualquier persona acusada de cometer un crimen contra militares o
instituciones militares federales puede ser juzgada por un tribunal militar
de la Unión, sin necesidad de validez de pruebas por la justicia civil. Con
la ocupación militar de espacios urbanos, esta posibilidad se acrecienta ya
que se convive con posibles abordajes autoritarios de militares que se
sienten protegidos por un sistema de justicia en el cual ellos mismos están
en el comando.

Y esto no es sólo una posibilidad remota. En el Complexo do Alemão en 2011,
una joven de 22 años salió de la casa para ayudar un vecino que pedía
socorro en cuanto era forzado a entrar en un jeep por militares. Sin
entender que pasaba pidió para hablar con él y la respuesta fue un tiro de
bala de goma en el pie izquierdo. En el hospital donde la atendieron por
tres dedos quebrados, se recusó a firmar un papel en blanco presentado por
un oficial militar. La detuvieron acusándola de desacato y otros crímenes.
En primera instancia, 5 jueces -cuatro militares y un civil- la condenaron a
6 meses de prisión en base al testimonio de militares del mismo agrupamiento
que la agredió. Como apeló fue nuevamente juzgada por el superior tribunal
militar -integrado por 15 jueces, 10 militares y 5 civiles- que mantuvo
-como era obvio por su integración- la decisión de primera instancia. Los
militares agresores contaron con total impunidad. Al contrario de la
justicia federal no existe un tercer recurso antes del supremo.

Es decir, a pesar de vivirse en una democracia, cualquier ciudadano civil
puede transformarse en reo por acusación de desacato o cualquier otra forma
de supuesta insubordinación a las fuerzas armadas. La procuraduría general
de la república entró con una acción en el supremo tribunal federal (STF)
para terminar con ese absurdo. Los militares no quieren perder ese
privilegio e intentan presionar a los ministros del STF. Sin embargo la
sociedad civil ya comenzó a organizar una gran movilización para
desmilitarizar la justicia.

La ocupación militar en las favelas favorece crecimiento de las “milicias”

En el caso del Complexo da Maré, la ocupación militar, tiene un
comportamiento permisivo respecto a las milicias parapoliciales. El “enemigo
interno” es el traficante y no el policial corrupto que integra las
milicias. La tarea de “pacificar” se centra en las áreas de influencia del
tráfico. Existe un proceso de decadencia de los comandos narcos que se
inició en 1990 con la caída del precio de la cocaína y el surgimiento y
popularización de drogas sintéticas como ecstasy o LSD comercializados fuera
de la favela por traficantes de clase media y media alta. Indirectamente la
acción estatal fortaleció las milicias pues su territorio no fue casi
alterado desde el inicio del programa de “pacificación”.

Existen estimativas de que en cuanto las tres fracciones del tráfico
(Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) controlan hoy
el 40,6% de todas las favelas cariocas, las milicias dominan el 42,5% del
área total. Pero con el agravante, que el tráfico posee los mercados
consumidores menos dinámicos y de más bajo poder adquisitivo. La expansión
de las milicias fue muy agresiva por el consentimiento e incluso el estímulo
del propio Estado, como solución alternativa a los narcos.

El favorecimiento a las milicias pudo comprobarse desde el alcalde
(prefeito) de Rio de Janeiro César Maia (1993-1996, 2000-2003 y 2005-2008)
que apoyó a los grupos de milicias y llegó a llamarlas “autodefensas
comunitarias” y un “mal menor que el tráfico” asegurando en 2004 que el
fenómeno de las milicias era una reacción natural de los habitantes de las
favelas. La gobernadora del estado Rosinha Matheus (2003-2006) no reconocía
la existencia de las cuadrillas parapoliciales. El gobernador Sergio Cabral
contó con los jefes de las milicias en los actos de su primera campaña
electoral de 2006. Reelecto en 2010 por la coalición que lideraba Lula,
anunció al inicio de su gobierno que reprimiría las milicias. Pero luego,
tanto la policía como el Ministerio Público de Rio de Janeiro declararon que
la “integración a una milicia no constituye un delito criminal” y la
expansión de los parapoliciales se siguió extendiendo. Y Eduardo Paes,
actual prefeito carioca, “enumeró y colocó en Internet durante su
candidatura al gobierno del estado, en 2006, los ‘benefícios’ que los
“milicianos” aportaban a sus territorios en Jacarepaguá.

Sin duda los paramilitares se debilitaron con la CPI de las “milicias”
realizada en Rio en 2008, donde se identificó sus principales áreas de
actuación y sus estrategias para lucrar, posibilitando la acusación formal y
la casación de muchos agentes públicos de seguridad y políticos envueltos
con las cuadrillas. Esto los ha llevado a hacer menos visible su presencia y
evitar demostraciones de fuerza públicas. Actuando ahora en centros de
tortura clandestinos y casas de muerte con desaparecimiento garantido de
cuerpos /24.

Primeros presos políticos del siglo XXI en Brasil

El ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, en la misma semana del
sospechoso atentado con una bengala contra el camarógrafo de la TV
Bandeirantes Santiago Andrade y el “brote histérico” represivo promovido por
los medios para aprobar una ley anti-terrorista auspiciada por la FIFA,
anunció que presentaría a la presidencia un proyecto para reglamentar las
manifestaciones. En él se agravan las penas para crímenes cometidos en
protestas callejeras.

Cuando se pretende tipificar o agravar las penas para delitos “cometidos en
protestas callejeras”, el objetivo es amedrentar a quienes concurren en
forma pacífica para que dejen de ejercer su ciudadanía.

José Mariano Beltrame, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Rio
de Janeiro, con responsabilidad por su cargo en la expansión explosiva de
las milicias y de la inmensa “burbuja” de desapariciones forzadas en el
estado carioca, concurrió luego del fallecimiento de Andrade a la comisión
de Constitución y Justicia del Senado a entregar un proyecto de ley que
tipifica “desorden” como crimen.

En el proyecto de Beltrame se declara delito con pena de 2 a 6 años de
reclusión y multa por “causar desorden en lugar público o accesible al
público”...”con el pretexto de protestar o manifestar desaprobación o
descontento con relación a actos o situaciones con los cuales no se
concuerde” Es decir se tipifica disentir y protestar como delito, con pena
de cárcel.

Y se responsabiliza a todos los manifestantes por cualquier delito que se
cometa en una protesta. Las penas pueden llegar a ser de 6 a 12 años de
reclusión y multa, por la simple participación en la protesta, en caso que
haya una muerte en la reunión o manifestación pública. Un proyecto que
intenta impedir no sólo el derecho a manifestar sino también el derecho al
descontento.

Aún sin haber sido aprobado, este proyecto se ha comenzado a aplicar en Río
de Janeiro desde la víspera del último partido de la Copa del mundo. En una
operación denominada “Firewall” la policía ha salido a detener a los que
identifica como “activistas” de las protestas, los lleva ante la justicia y
ésta los condena a prisión temporaria sin cualquier indicio o pruebas que
puedan comprobar las acusaciones. De esta forma se realizaron más de dos
decenas de detenciones. Varios diputados federales (Jandira Feghali - PCdoB;
Chico Alencar e Ivan Valente - Psol; etc.) han acusado al juez Flávio
Itabaiana de Oliveira Nicolau por actuar como si se tratara de un “Estado de
Excepción” y accionaron el Consejo Nacional de Justicia contra la decisión
judicial. Por eso estas detenciones ya son denunciadas como los primeros
presos políticos bajo presidencias petistas.

La activista, abogada Eloisa Samy, 45 años, fue presa en Rio de Janeiro
acusada de hacer reuniones en su casa y de abandonar su actividad
profesional para intervenir en las protestas. En base a esos “delitos” se le
tipificó “formación de cuadrilla” por la policía civil carioca. Fue detenida
en el presidio de Bangú, liberada por un “habeas corpus” y vuelta a procurar
por un nuevo pedido de prisión. Samy ganó atención al huir de la detención y
pedir asilo en el consulado de Uruguay. Lo que abrió un debate sobre la
vigencia del estado de derecho democrático en Brasil.

Para ella el país ya no es de hecho un estado de libertades democráticas. Y
agrega: “quien experimenta esa situación todos los días son los favelados,
las comunidades carentes”...“Yo vivo en una clase privilegiada, por eso
tengo el deber de reconocer las personas más vulnerables en ese sentido. Es
mi responsabilidad, por los privilegios que tuve, que recibí por los
estudios, por el color de mi piel y por los salarios que gano”.

La trascendencia de estos hechos obligaron al presidente del PT Rui Falcão,
al secretario de Movimientos Populares, Bruno Elias y al coordinador de
Derechos Humanos del partido, Rodrigo Mondego a realizar una declaración
donde consideran dichas prisiones como violación de derechos y libertades
democráticas.

Pero lo cierto es que estas graves transgresiones policiales y judiciales en
Rio son resultado de una política gubernamental, que desde hace algunos años
incentiva la compra de armamentos, proyectiles y tanquetas contra
movilizaciones callejeras, (principalmente al estado genocida de Israel);
creó y desarrolló cuerpos de élite para agredir y perseguir todo tipo de
protestas populares. Ha hecho intervenir en la represión a las fuerzas
armadas no sólo en aspectos puntuales -como el “resguardo” de la licitación
internacional de la cuenca de Libra, del pre-sal sino también en invasiones
y ocupaciones de favelas en la capital carioca.

En Río de Janeiro 2010 el PT apoyó la reelección del gobernador Sergio
Cabral Filho, que bajo su ejercicio impulsó la expansión de las milicias
parapoliciales y las desapariciones forzosas; y la elección del actual
prefeito Paes (PMDB) un candidato de las grandes constructoras, que no se
avergüenza de hacer declaraciones públicas a favor de la especulación
inmobiliaria en la ciudad y que también ensalzó las ventajas de la expansión
de las milicias en Rio.

Como podemos apreciar por todo este panorama, la intervención militar en Rio
de Janeiro es algo que ha contado con la ayuda y la anuencia del gobierno
petista. Y su objetivo es aplastar el movimiento de demandas de un
proletariado incipiente y una población ultra-explotada y discriminada por
su pertenencia étnica.

La acción conjunta de gobernantes estaduales y municipales aliados a las
policías, los parapoliciales, los militares y la justicia, ha significado
una enorme pérdida de derechos y libertades en la población más pobre de la
ciudad. Con las justificaciones de la “seguridad” y el gran embuste de la
ficticia “guerra contra las drogas”.

Los militares que ocupan las favelas en su gran mayoría vienen de reprimir a
la población pobre de Haití. Las fuerzas brasileñas de la Minustah se
ejercitan en el pequeño país ocupado hace 10 años por orden del
imperialismo, para continuar desplegando su oficio represor en las favelas
de Rio de Janeiro. Y la naciente policía haitiana es entrenada por la
policía militar carioca y sus batallones especiales de pésimos procederes
como el BOPE. Por todo esto la capital carioca se está transformando en la
Haití de Brasil. Y la intervención en Haití, como ejemplo de ultraje al
derecho de autodeterminación de los pueblos, es una afrenta para todo el
continente.

Notas

1/ Edward Palmer Thompson, Costumbres en Común Barcelona, Crítica. Grijalbo
1995.

2/ Roberto Rocco, Favela: Gueto ou enclave? Correio da Cidadania - Columna
Cidade Aberta. Rocco es arquitecto-urbanista y doctorado por la Universidad
Técnica de Delft, Holanda.

3/ Peter Marcuse The Ghetto of Exclusion and the Fortified Enclave Columbia
University 1997.

4/ J.L.B. Brasil: Estrategia del “lulismo” para el próximo decenio
Correspondencia de Prensa. Julio 2014.

5/ ONU: negros ainda sofrem racismo estrutural institucional e interpessoal
Instituto Humanitas Unisino 20 12 2013.

Un grupo de trabajo sobre afro-descendientes de la ONU en una visita de 10
días a Brasil, elaboró un informe para presentar en el Consejo de Derechos
Humanos de ONU en setiembre de 2014. Allí se afirma que en Brasil existe
racismo estructural, institucional e interpersonal; que existe falta de
oportunidades para la población afro-descendiente en las áreas de educación
y de trabajo; que a pesar de que el grupo de personas de ascendencia
africana son más de la mitad de la población brasileña permanecen
sub-representadas o invisibles en la mayoría de las estructuras de poder, en
los medios de comunicación y en el sector privado; y destacó que además
existe situación de desventaja para los negros en la áreas de vivienda,
salud e infraestructura.

6/ Roberto Rocco, Ibíd.

7/ Carolina Gonçalves. Déficit habitacional cai 12% em 5 anos, aponta estudo
do Ipea Rede Brasil Atual 18 05 2013.

Gabriel Brito y Paulo Silva Junior O déficit habitacional no Rio é gritante;
vai provocar mais lutas e mobilizações’ Correio da Cidadania 28 04 2014.

8/ La constructora Delta que obtuvo la participación en la construcción de
varios estadios tenía como socio oculto al “bicheiro” Carlinhos Cachoeira
(banquero de máquinas caza-níquel ilícitas) relacionado amistosamente a todo
el espectro partidario del Congreso brasileño y a varios gobernadores
estatales.

9/ Intervención de David Harvey en el marco del VI Encuentro Internacional
de Economía Política y Derechos Humanos, organizado por la Universidad
Popular Madres de Plaza de Mayo, que tuvo lugar entre el 4 y 6 de octubre de
2012, en Buenos Aires.

10/ Ana Conceição Déficit habitacional cai no geral, mas cresce na baixa
renda, diz Ipea Valor Económico, 25 11 2013. Esta caída del déficit
habitacional no se manifestó en los domicilios con renta familiar menor a 3
salarios mínimos. En este sector de la población el déficit de vivienda
aumentó.

11/ “Las clases respiran desde el momento en que, al situarse de desigual
manera en la génesis de riqueza, en cuanto a los medios de producción
fundamentales, y respecto al consumo de excedente, sus intereses son
distintos, aunque las facciones involucradas, en particular, las clases
dominadas, puedan no ser conscientes de esos intereses... la construcción de
una conciencia en torno a los intereses de clase por una clase, es una
elaboración que llega más tarde, pero que supone la existencia de la clase
que arribará a esa conciencia”. Edgardo Adrián López, Facultad de
Humanidades, Universidad Nacional de Salta, Salta capital, provincia de
Salta, Argentina.

12/ Human Rights Watch denuncia torturas no Brasil e acusa 150 policiais
Gazeta do Povo 28 07 2014

13/ Fabio Araújo. Das Consequèncias da “Arte” Macabra de Fazer Desaparecer
Corpos - Violência, sofrimento e política entre familiares de víctima de
desaparecimento forçado

Daniel Cerqueira. “Mortes Violentas Não Esclarecidas e Impunidade no Rio de
Janeiro” Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA). Enero 2012.

Michel Misse, Quando a polícia mata. Libro ISBN: 9788577291380, 196 páginas
2013.

Alba Zaluar y Christovam Barcellos “Saúde Urbana – Homicídios no entorno de
favelas do Rio”. IESP - Universidad Estadual de Rio de Janeiro y Fiocruz.
Ver reseña en link:
http://www.icict.fiocruz.br/content/pesquisa-realizada-pelo-icict-avalia-nov
os-rumos-para-politica-de-seguranca-do-rio

Ignácio Cano No Sapatinho A evoluçao das milicias no Rio de Janeiro
2008-2011 Versión PDF

14/ Giuliander Carpes. Desaparecidos y Esquecidos. Brasil de Fato 27 02
2014.

15/ CPI do Amarildo: deputado propõe comissão para investigar
desaparecimentos no Rio. SRZD 04 10 2013.

16/ Censo 2010 mostra as características dos aglomerados subnormais e suas
diferenças das demais áreas das ciudades - IBGE 06 11 2013

17/ Flavia Villela. Policiais haitianos estão no Rio para conhecer programa
das UPPs Agência Brasil 29 01 2014.

18/ Sônia Fleury Megaeventos y violación de los derechos humanos en Rio de
Janeiro. Instituto Humanitas -Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 28 05
2013

19/ La Força Nacional de Segurança Pública con sede en Brasilia (Distrito
Federal) fue creada en la primera presidencia de Lula y depende de la
Secretaria Nacional de Segurança Pública, del Ministerio de Justicia. El
comando se comparte entre la Policía Federal y la Policía Militar y tiene
una unidad de élite denominada batallón especial de despliegue rápido. Al
parecer como las nutridas y variadas fuerzas represivas federales y
estaduales no eran suficientes el gobierno de PT agregó un nuevo escuadrón.

20/ Força Nacional permanecerá no Morro do Santo Amaro por mais 90 dias
Agência Brasil 21 07 2014.

21/ Portaria 3461 do Ministério da Defesa ¿Criminalização das ruas?
EcoDebate e Instituto Humanitas Unisinos – IHU, da Universidade do Vale do
Rio dos Sinos – Unisinos, em São Leopoldo, RS.

22/ Juiz militar admite tortura e prisões ilegais na ditadura Comissão
Nacional da Verdade 31 07 2014

23/ Você sabia que no Brasil você ainda pode ser julgado por um tribunal
militar? Desmilitarização da Justiça

24/ Lia Imanishi Rodrigues. Milicias como no tempo da ditadura 17 07 2014

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