Colombia/ no más trampas jurídicas contra la paz [FARC - comunicado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 13 de agosto 2014

germain5 en chasque.net

A l’encontre – La Breche

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Colombia

No más trampas jurídicas contra la paz

Delegación de Paz de las FARC-EP

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Desconocemos el Acto Legislativo 01 de 2012, que establece instrumentos de
justicia transicional, por no obedecer éste a los compromisos surgidos del
Acuerdo General para las partes. Somos aún más claros: para los efectos de
lo que se construye en La Habana, ese Acto Legislativo no existe, porque no
ha sido consensuado. 

"..veo vuestras leyes como Solón, que pensaba que sólo servían 

para enredar a los débiles y de ninguna traba a los fuertes”. 

Simón Bolívar a Santander, 8 de julio de 1825

El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera firmado en La Habana el 26 de agosto de 2012, no
indica en ninguno de sus apartes que se trate de un convenio de sometimiento
de las FARC, o que esta organización alzada en armas, haya sido derrotada.

Desde el principio de los diálogos hemos entendido que nos encontramos en
pie de igualdad frente al Acuerdo General mencionado. Ninguna de las partes
puede abrogarse derechos exclusivos para definir unilateralmente temas que
no se han abordado en la mesa de conversaciones; mucho menos tomar para sí
atribuciones que anticipada e inconsultamente puedan conducir a la
aplicación de políticas o fórmulas jurídicas que por su naturaleza los pueda
convertir en parte y juez.

Si bien es cierto que se han evacuado parcialmente los puntos 1, 2 y 4 de la
agenda, aplazando la revisión de importantes materias de cada uno de dichos
capítulos, que tendrán que ser analizadas próximamente, debe afirmarse con
plena claridad que el punto 5 sobre víctimas, apenas comienza a ser objeto
de juicioso estudio. 

De otra parte, los puntos 3, “Fin del conflicto” y 6, “Implementación,
verificación y refrendación”, quedan aún por atenderse, lo que implica que
ninguno de los dos ha sido revisado, mucho menos evacuado. Las
especulaciones que pretenden dar cabida a lo contrario, no dejan de ser nada
distinto a eso: meras especulaciones.

La anterior realidad nos lleva a repetir de forma categórica que para los
propósitos del logro de la tan anhelada paz por parte del pueblo colombiano
debe respetarse el espíritu y la letra del Acuerdo General firmado en La
Habana. A la fecha nada ha sido acordado en firme por no haberse llegado
todavía a la firma de la paz; por eso nos vemos forzados a denunciar
expedientes extraños a la Mesa de Diálogo que se han pretendido exhibir y
hacer valer como si sus contenidos hubiesen sido considerados y aprobados
por las partes como caminos e instrumentos jurídicos válidos para alcanzar
la reconciliación nacional. Nos referimos muy concretamente al marco
jurídico para la paz y la justicia transicional (Acto Legislativo 01 de
2012); a la sentencia C-579 de 2013 de la Corte Constitucional; al fallo
anunciado el día 8 de este mes, también de la Corte Constitucional sobre
participación política a la luz del citado marco, y al proyecto de referendo
para la paz, hoy en manos de la misma Corte para la definición de su
constitucionalidad. 

Tratan las anteriores materias iniciativas unilaterales que atropellan la
buena marcha de los diálogos y que nos ponen en alerta, toda vez que se
vienen construyendo enmarañados mecanismos jurídicos que se nos pretenden
aplicar desconociendo los plenipotenciarios del gobierno y el Estado mismo,
el Acuerdo General y su agenda, y la realidad histórica del conflicto armado
interno; se busca que el Estado, sin consideración alguna de su notoria
responsabilidad criminal, y que sus agentes, muchos de ellos evidentes
“autores detrás del autor”, persigan y castiguen exclusivamente a la
insurgencia, eludiendo su propia responsabilidad sobre sucesos que le son
imputables de manera incontrovertible; y que de contera se limite el derecho
de los rebeldes a la participación política. Todo, pretextando como telón de
fondo la agenda y la mesa de La Habana, cuando ni una sola idea al respecto,
mucho menos una sola letra, ha sido objeto de aprobación, o si se quiere, de
simple consulta. No se puede dejar de lado de manera olímpica el citado
Acuerdo que es, sin lugar a dudas, la única carta de navegación que puede
garantizar la reconciliación definitiva que se busca.

La enredadera jurídica arranca agregándosele a la Constitución del 91,
mediante el Acto Legislativo 01 de 2012, los artículos transitorios 66 y 67
(extraña transitoriedad que ya completa 23 años).

Y si bien este remiendo constitucional ordena en su primer inciso que “una
ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un proceso de paz, se dé
un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de
la ley que hayan sido parte del conflicto armado interno y también para los
agentes del Estado, en relación a su participación en el mismo”, en el
desarrollo que se ha venido construyendo para su aplicación se mimetiza
todas las veces lo que respecta a la responsabilidad del Estado, para poner
como destinatarios únicos del tramposo engranaje a los que han dado en
llamar Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML).

Así, en sentencia alusiva a aspectos del Acto Legislativo, la Corte
Constitucional parte de una construcción teórica nunca comprobada, para
delinear como ciertas y definitivas, ficciones jurídicas que le sirven para
modular caprichosamente su pronunciamiento. Saben los juristas que en
ocasiones, so pretexto de enriquecer la ciencia del derecho, que no es una
ciencia exacta, se formulan falsedades para tomarlas como premisas
verdaderas a fin de poder satisfacer situaciones concretas. Como que la
sociedad conyugal se inventa para establecer mecanismos de liquidación
patrimonial entre parejas; o se presume que el hijo adoptado es hijo
verdadero; o se establece que la no comparecencia equivale a la aceptación
de lo imputado. Pero que por arte de magia, unos magistrados pretendan que
por la vía de macroprocesos se pueden agrupar graves violaciones de derechos
para serles imputados a los máximos responsables por aquello de su rol
esencial; o que se confunda la “práctica sistemática” de un delito, no con
su permanente repetición, sino por relacionársele con la noción de
“conflicto interno”; o que se aplique de manera exclusiva y excluyente el
tan manido marco jurídico y la justicia transicional a los integrantes de
los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, es pretender que quienes
buscamos la paz desde nuestra razón de vida e historia, tras hacer uso del
derecho de rebelión, demos luz verde a la ciencia del derecho como ficción
para que una de las partes de la mesa de La Habana pueda ser carne de cañón
para las delicias de la otra.

La historia no se juzga con ficciones; el derecho a la paz no puede tener
como tamiz al derecho como ficción. Las ficciones jurídicas son falsedades
en ocasiones necesarias para ser aplicadas en campos del derecho que no
tocan con la vida y con la muerte. La guerra no ha sido una ficción; su
solución no se encontrará nunca en la formulación desde altos estrados
jurisdiccionales, de malabares jurídicos que más bien son atropellos a la
paz.

Rechazamos una vez más la maleza jurídica que se ha venido sembrando en los
campos de paz con el ánimo de hacer de los diálogos de La Habana un
mecanismo inútil. Desconocemos el Acto Legislativo 01 de 2012, que establece
instrumentos de justicia transicional, por no obedecer éste a los
compromisos surgidos del Acuerdo General para las partes. Somos aún más
claros: para los efectos de lo que se construye en La Habana, ese Acto
Legislativo no existe, porque no ha sido consensuado. Mucho menos sus
desarrollos llenos de desechable ficción. Y no existe, porque los temas que
pretende definir y reglar, nunca han sido objeto de estudio en la mesa de
diálogo, agregando además, so pena de estar repitiendo hasta el cansancio,
que de todas maneras las conversaciones se dan bajo el principio de que
“nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

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