Argentina/ una década desperdiciada: el fracaso de las políticas de inclusión social [Agustín Salvia - entrevista]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Mar Ene 28 22:03:11 UYST 2014


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boletín solidario de información
Correspondencia de Prensa
29 de enero de 2014
Colectivo Militante - Agenda Radical
Montevideo - Uruguay
Redacción y suscripciones: germain5 en chasque.net

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Argentina

Entrevista a Agustín Salvia *

Ni ganada ni perdida, la anterior fue una década desperdiciada


La cobertura social no logró resultados inclusivos relevantes


Luis Custodio
Economía & Mercado
El País, Montevideo, 27-1-2014
http://www.elpais.com.uy/


Para el sociólogo argentino Agustín Salvia, investigador en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, los programas de asistencia implementados en la última década redujeron la indigencia, pero no la pobreza que se ubica en los peores niveles de la década de los noventa. El crecimiento económico no se derramó sobre las clases más necesitadas y fracasó como plataforma de inclusión. A continuación, un resumen de la entrevista.

-Según el último estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, la pobreza urbana medida por los ingresos afecta a un 25% de la población. ¿Cuál es la evolución que ha tenido ese indicador en la última década?

-Experimentó una fuerte caída después de la crisis de 2002, cuando había superado el 50%, llegando a casi la mitad en 2007 donde se detuvo la baja por dos factores: se detiene la generación de puestos de trabajo y recrudece el proceso inflacionario. Esa situación se agrava con la crisis internacional de 2009, cuando el indicador trepó a 29%. La recuperación económica, con importantes aumentos salariales y una fuerte transferencia estatal hacia los más pobres, permite retomar la tendencia a la baja en 2010 y 2011. Pero en los dos últimos años la curva vuelve a subir; la inflación es mayor, el empleo no es tan dinámico y los aumentos salariales no superan la pauta inflacionaria. Según nuestras estimaciones, hay 2 millones de personas -cerca de un 5% del total- que no cubren la canasta básica de alimentos; por eso son indigentes. Y alrededor de 10 millones que no cubren la canasta básica total (alimentos más servicios), lo que representa un 25% de los habitantes. N de R: según el Indec, la indigencia está en 1,5% y la pobreza en 5,6% de la población.

-¿Estamos hablando de una situación que puede definirse como estructural o es consecuencia de la coyuntura?

-En parte responde al fenómeno de la inflación, pero otra parte es estructural. En el caso de la pobreza estructural, es muy difícil que mejore cualitativamente si no es a través de la transferencia de ingresos, ya que sus chances de inserción laboral son muy débiles, en sectores de baja productividad, con remuneraciones muy bajas. Inclusive, con los programas de asistencia logran salir de la indigencia pero no dejan de ser pobres. Esa población está en el orden del 15%, mientras hay otro 10% fuertemente afectado por la inflación. Si hoy "congeláramos" los precios, con las actuales tasas de retribución, esas personas lograrían rápidamente obtener recursos por encima de la canasta no bien tuvieran un ajuste en sus salarios. Hay una parte de la sociedad que depende fuertemente de esos movimientos, permeable a las condiciones económicas, que puede estar algo por encima o por debajo de la línea de pobreza dependiendo de la coyuntura. Pero el 15% del que hablábamos antes, el que está más abajo, no acompaña ese crecimiento económico y está ligado a la ayuda estatal.

-¿Se esperaban otros resultados de las políticas aplicadas?

-Por más que las retribuciones crezcan, es insuficiente para un país donde los pobres son un 25% de la población, mantienen los mismos niveles de los peores momentos de la década del noventa. Cierto que la indigencia está claramente por debajo de aquella época, pero hay algunos indicadores que no se lograron transformar en 10 años de crecimiento.

-¿Por ejemplo?

-El mercado laboral es el caso más representativo. La década a la que nos referimos mostró un aumento del empleo decente, pleno, productivo, que pasó de 35% a 45% de la población económicamente activa. Pero aún existe un 55% en situación de débil inserción; 8% desocupados, 12% de subempleo e inestable (vendedores callejeros, etc.) y 35% de trabajo precario, sin registro. Y esto no se arregla con mayor fiscalización, porque la mayoría de las unidades económicas donde se desempeñan, son también informales.

-Los beneficios de las políticas aplicadas en la última década, ¿llegaron más a la clase media que a los pobres?

-De no haber habido asistencia la situación sería peor. Indudablemente hubo una reducción de la inseguridad económica de los sectores más desfavorecidos, pero no significó una plataforma de inclusión ya que han sido más beneficiadas las clases medias, formales, con empleos estables.

-¿A qué población alcanzan esas medidas?

-En Argentina, el 22% de los hogares recibe algún tipo de asistencia, abarcando al 33% de los niños. Es un sistema de importante cobertura pero que no logra que la gente supere la pobreza, que establece un fuerte cordón de seguridad para que no caigan a la indigencia, aunque tampoco les permite mejorar ya que la movilidad sigue siendo muy baja. Por más que como condición para recibir la asignación los chicos deban ir a la escuela, el problema es la educación que reciben; las escuelas de los pobres son cada vez peores y por tanto no se rompe el círculo. Y si bien el 98% de los niños asiste a clases, esos problemas se ven cuando un 10% de ellos no entra a la secundaria y un 30% más no la termina. Son chicos que viven en la marginalidad. No adquieren las condiciones de integración previas para participar del campo social y laboral.

-El porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan no ha bajado en forma importante. ¿Las políticas asistencialistas no dieron resultado?

-Son el 19% de los jóvenes, y en los últimos años esa cifra no ha bajado en términos relativos y tiende a subir en términos absolutos. La mitad son mujeres, madres jóvenes que se concentran en sus hogares y están excluidas del mercado laboral, y la otra mitad, los varones, están en las esquinas de las villas y son carne de cañón para actividades ilegales, el narcotráfico, la violencia social. Los programas públicos no intervienen sobre esta población que necesita medidas más estructurales, de mejora en el entorno barrial, generación de empleos de cercanía y políticas de enseñanza atractivas.

-En términos de equidad, ¿dónde se ubica actualmente Argentina?

-Hay dos formas de observar esta realidad. Una es la distribución del ingreso, donde hay una fuerte caída de la desigualdad, como resultado de las políticas asistenciales y de otro fenómeno muy particular: al incrementarse los controles impositivos sobre las clases medias, estos sectores tienden a declarar menos.
Es un aspecto estadístico, pero la brecha se achica porque por un lado se reciben asistencias y aumentan los ingresos y por otro hay menor declaración, y eso ocurre claramente desde el año 2007.

-¿Y en el caso de la distribución de la riqueza?

-Los resultados son marcadamente diferentes, los servicios públicos y la calidad de vida se han seguido distribuyendo en forma muy desigual y esa brecha ha crecido. En los últimos diez años mejoró la educación y salud privada, que es la que reciben los sectores medios, que además tienen otras condiciones de hábitat. Pero los servicios que reciben los pobres no se comportaron de la misma manera.

Hay muchas más torres en Puerto Madero, y de la misma forma creció la Villa 31, que está a muy pocas cuadras, pero la brecha de la masa monetaria de inversión que está puesta en uno y otro lugar se amplió claramente. Por ingresos, el decil más alto recibe aproximadamente 18 veces más que el decil más bajo. Medida por indicadores de riqueza, esa brecha trepa hasta 30 veces.

-En qué se diferencian los resultados sociales obtenidos durante el kirchnerismo y el menemismo?

-En estas últimas administraciones hemos tenido una política fuertemente neodesarrollista que apuntó a crear mercado interno, promoviendo mayor consumo a partir de mejores salarios y ocupaciones, y los resultados se vieron. Muchos argentinos que durante el menemismo no tenían salida laboral ahora lo consiguieron. El problema es que son puestos de trabajo de baja productividad; por tanto, no es suficiente para que la gente salga de la pobreza. Y para mantener esa estrategia, las inversiones públicas deben ser muy fuertes, en un contexto de debilidad económica, donde el déficit fiscal aumenta y no se puede dejar de asistir a esos sectores, porque existe el riesgo de un estallido. Las clases medias, en buena medida, recuperaron el nivel de vida que tuvieron en la etapa menemista, y los trabajadores que habían sufrido el desempleo o bajos niveles de salario en esa época hoy lograron un ascenso importante. Pero el 25 % de la población que está en una situación de exclusión estructural recibió el goteo del modelo, pero no le llegó el derrame.

-Existe realmente el riesgo de un estallido?

-Los saqueos de supermercados en diciembre son una muestra de lo que puede pasar. Son sectores de población que están al margen de un marco regulatorio político-institucional, que reciben una asignación mediante una tarjeta, y nada más. El control social es muy débil y se garantiza solo por estos programas de asistencia, en un panorama donde la ocupación laboral es más difícil, la inflación mayor y los números del gobierno están más comprometidos como para dar más ayudas, y la situación tiende a empeorar. Los saqueos aparecen como emergentes claros de esa situación que deja abierta la posibilidad de un estallido mayor.

-¿Hay alguna propuesta concreta en la actualidad que apunte a los temas de fondo?

-Tenemos dos años de campaña electoral por delante y el tema está en la agenda. Lo urgente es cómo salir de la crisis inflacionaria, reactivar la inversión y la actividad productiva. No se pueden hacer políticas de fondo sin condiciones macroeconómicas sustentables; por tanto, todo lo que se proponga tiene que pasar primero por buscar las soluciones que planteábamos antes. Todos los equipos de gobierno deberían estar pensando en ello, porque nadie puede sostener sus propuestas en esperar que el crecimiento económico de por sí derrame los beneficios que necesitan los sectores que están en emergencia. 

-La debilidad estructural que mostraba Argentina en las dos décadas anteriores, ¿se incrementó en la última?

-Exacto. Una parte de la producción de la economía, sus sistemas comerciales, de distribución, de empleo y de consumo, que se mueven por otras reglas que no son las del mercado formal y que terminan siendo protegidos, debido a que se considera que de no ser así, quedarían excluidos y caerían aún más.

Son las ferias irregulares, la producción ilegal de vestimenta, de productos plásticos, la falsificación, algunos servicios personales como es el caso de las domésticas, el reciclaje de residuos, entre otras. Un conjunto de actividades que se han consolidado y se incrementaron con el crecimiento económico.

-¿Qué políticas concretas de inclusión han sido realmente efectivas?, ¿cómo evalúa los resultados?

-Políticas como la asignación universal por hijo o la moratoria de las jubilaciones significaron una transferencia de ingresos pero no cambiaron las condiciones económicas, de trabajo, los servicios de comunicación, transporte, educación o salud que reciben.

-¿Cuál es el impacto de las obras públicas llevadas a cabo por los últimos gobiernos en las zonas pobres?

-Es cierto que hubo inversión en infraestructuras públicas, como es el caso de cloacas, electricidad, agua potable, etc. Pero allí uno observa que las mejoras tuvieron que ver con lo que se denomina "la crema" de los sectores pobres, que son aquellos que están mejor posicionados a la hora de hacer oír sus demandas, de influir en las campañas en los municipios, o de organizarse mejor en las villas. En otros casos, esa organización lleva a que terminen "colgándose" de los tendidos de electricidad o conectándose ilegalmente a las cañerías de agua corriente, pero de hecho no tienen una mejora real a partir de nuevas infraestructuras.

-¿Cómo ha sido la evolución de las villas y otros barrios marginales, hay estadísticas creíbles respecto a la gente que vive allí?

-En esta década la cantidad de villas y el número de habitantes en los barrios marginales ha aumentado en términos absolutos. En nuestro Observatorio, estimamos que a principios de la década pasada teníamos un 3,5% de la población de la Capital Federal y un 4,7% en el conurbano bonaerense viviendo en villas. Diez años después, los estudios nos muestran que la gente que vive en estos asentamientos en la capital creció a 5,5%, y 8,5% en el conurbano. Los esfuerzos públicos fueron insuficientes para atender siquiera el crecimiento vegetativo de estas poblaciones.

-El Observatorio que usted dirige realizó trabajos conjuntos con el Indec, ¿qué opinión tiene del proceso por el que atraviesa?

-Lo del Indec fue una fuerte intervención con una clara manipulación sobre el índice de precios y otras estadísticas, lo que llevó a una destrucción de su credibilidad. El Observatorio nunca intentó reemplazar al instituto, teníamos la intención de complementarlo y de hecho éramos parte del sistema de información pública nacional, especialmente en temas de desarrollo humano y social. Ello, con los datos que brindaba el Indec hasta el año 2006. A partir de ese año, se cortaron las relaciones debido a las manipulaciones que se dieron en el organismo público. Está bien que las estadísticas públicas estén en manos del Estado, así debe ser, para el acceso general y fomentar el debate. Pero no tenemos eso. Los datos que brinda no son serios ni transparentes.

-¿Cómo se corrige?

-Lo que debería de ocurrir ahora es una rápida redefinición del sistema público de estadísticas, seguramente bajo una nueva fórmula que cuente con mayor sustentabilidad y que nos permita tener información pública confiable. De esa forma, nuestras investigaciones volverían a apoyarse en la investigación del instituto y a su vez, retomaríamos la colaboración.

-La manipulación ha desfavorecido a los más débiles.

-Es la contradicción de una política que se dice progresista, en el entendido que busca mejorar las condiciones de las personas más desfavorecidas pero al mismo tiempo tiende a volverlos invisibles, a partir de la intervención en las estadísticas y por tanto, quitarle herramientas para que reclamen sus derechos económicos y sociales.

-¿Qué siente cuando escucha a los gobernantes hablar de "década ganada"?

-Reconozco que ha habido importantes logros en materia de derechos en este período. Pero para mí no ha sido ni ganada ni perdida sino una década desperdiciada, porque fue un momento óptimo para plantear una política de superación estructural para atender los problemas del país. Y el viento ya no sopla igual. Teníamos la oportunidad de llevar adelante políticas de mediano y largo plazo para que las próximas generaciones se encontraran con mejores condiciones de vida e inclusión, y lo que logramos es reproducir una situación de desigualdad donde la gente puede vivir mejor a partir de sus ingresos, pero eso no garantiza para nada su inclusión en forma sustentable.

* Agustín Salvia es sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor en Ciencias Sociales de El Colegio de México. Investigador del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) de Argentina, Director del Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y Coordinador del Programa Observatorio de la Deuda Social en la Universidad Católica Argentina. 
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