Uruguay/ cárceles de menores: sindicalistas defienden a los "compañeros" torturadores [Leticia Pérez - Eduardo Barreneche]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 20 de junio 2014

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A l’encontre – La Breche

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Uruguay

Hoy como ayer

SIRPA: excusas y reincidencias

Pasa el tiempo, pasan los gobiernos, pasan los directores, y el sistema de
privación de libertad de los adolescentes infractores –aunque cambie de
nombre– sigue por el mismo rumbo: el uso de la violencia como método de
contención y la cerrada defensa del sindicato de los “compañeros”
torturadores.

Leticia Pérez

Brecha, Montevideo, 20-6-2014

http://brecha.com.uy/

Pasó en el Ser. “Todo arrancó porque los del nivel dos sentimos los gritos
de X que le estaban pegando. Ahí empezó el golpeteo de puertas y los
funcionarios fueron abriendo pieza por pieza. Era el turno de los M. Dijeron
que saliéramos y nos sacáramos la ropa. L y N entraron. L, ahí nomás, me dio
un piñe atrás de la oreja y cuando estaba saliendo me pone la pierna. Caigo
y N me da terrible patada karateca en la cara…” El relato sigue con lujo de
detalles. “Yo me desmayé y cuando me despierto N me levantó y me daba piñas
en la cara”. Sigue: “Le partió el ojo, después siguieron conmigo… nos
dejaron a todos en bolas toda la noche… pintó patotazo, me dieron entre
todos los que nombré”. ¿Resuena el testimonio? El sumario se abrió. M, N y L
fueron separados del cargo. Pero la investigación administrativa culminó y M
fue exculpado, L suspendido por 15 días y N por 30. La denuncia penal fue
archivada por falta de pruebas. La contraparte: hacinados, se intentaron
prender fuego. Suena descabellado pero esa fue la declaración desde el
sindicato de trabajadores del INAU (Suinau) respaldando a sus funcionarios.
“Se querían autoeliminar ahí… y los sacaron medio a prepo. Lo único que
constatan los forenses es que hay un chico que tiene un corte en la ceja.”
Pero las pericias se realizaron 11 o 12 días después. El escrito que cuatro
años más tarde acompañó la destitución de M, N y L dice que “fue tiempo más
que suficiente para que los adolescentes dejaran de tener marcas”. Los
hechos ocurrieron en abril de 2003. En aquel momento, además de la falta de
prueba forense, uno de los adolescentes negó lo sucedido. Lo habían
sobornado con derecho a goce de whisky y alcohol rectificado los domingos,
camuflado en una botella de hipoclorito. Los otros omitieron detalles por
miedo. Cuando en 2005 cambiaron las autoridades del Interj (actual Sirpa) el
nuevo directorio solicitó ampliar la prueba de aquellos episodios y se
volvió a interrogar a los jóvenes, que ya estaban fuera del sistema. Como
resultado, el instructor sumariante consignó en su informe contradicciones
entre las declaraciones de los funcionarios y que el principal argumento de
la defensa consistía en descalificar a los denunciantes. A pesar del fallo
el suinau siguió expresando convencimiento de que nada había pasado. “Lo que
hay son denuncias de jóvenes internados que ahora están presos en el Comcar
o en el Penal de Libertad”, afirmaron. En marzo de 2007 Joselo López –usando
la misma estrategia de autodefensa señalada por el sumariante– dijo a
Brecha: “El directorio le cree más a los chicos que a los trabajadores, pero
ellos son como el Cosita y el Sapo” (dos delincuentes que en ese momento
habían causado alarma pública por sus crímenes). Por otro lado, el pit-cnt,
que ante la última ola de denuncias por malos tratos en el mismo “hogar”
manifestó una defensa cerrada de la gestión del actual directorio, alineado
éste por primera vez en la historia con el sindicato de trabajadores, en
febrero de 2007 apoyó el conflicto que declaró el suinau a raíz de las tres
destituciones. “Hay que esperar a que aparezcan los datos y ver si hay
pruebas contundentes”, dijo a Brecha el dirigente Juan Castillo en ese
momento. Un documento elevado en 2006 por la directora del Departamento de
Sumarios de la División Jurídica del inau reconoce que no se trató de un
hecho aislado sino “dentro de un sistema caracterizado por un uso reiterado
de una violencia, por momentos inusitada, practicada como método de
contención”. En la nota1 que relata este caso, el periodista Daniel Erosa
pregunta a Castillo si con estos elementos no cabe otra actitud de la
central de trabajadores históricamente defensora de los derechos humanos.
“La cosa es muy vidriosa…”, ensayó como inicio de una respuesta el
dirigente. ¿Hoy esta postura resuena?

Marzo de 2004. Tres ong envían un documento reservado a la Suprema Corte de
Justicia elaborado a partir de informes, entrevistas y expedientes
judiciales. El hecho es tratado en una nota publicada en La República2 por
Roger Rodríguez. “Se han detectado violaciones a los derechos humanos en el
Interj (…) particularmente en el centro Ser de Berro”, escribe el periodista
a propósito del documento. Éste alerta sobre prácticas de tortura
sistemática desde 1996, denuncias administrativas que culminan con sanciones
demasiado leves en relación con su gravedad, y otras por la vía penal, que
en “escasísimas situaciones han derivado en decisiones de la justicia,
muchos funcionarios fueron trasladados de establecimiento y algunos hasta
ascendidos en el escalafón funcional”.

2014. A la cabeza del nuevo hogar de bulevar Artigas se designa a uno de los
implicados en el caso de Fabián Tomé, un joven que había sido golpeado y
abusado sexualmente en 2012. Hecha la denuncia, el abusador terminó
procesado y preso. Pero a Fabián lo mataron a los pocos días de salir en
libertad.

Ahora, el funcionario del Ser implicado en siete denuncias administrativas y
cuatro penales, recientemente denunciado por golpear a un joven en
represalia a las declaraciones que éste hiciera en un informe de Canal 10,
hasta ayer continuaba en el centro en tareas de coordinación de
funcionarios, “hasta tanto llegue la resolución de Jurídica”, tras un pedido
de informes de carácter urgente, y “sin contacto con los jóvenes”, confirmó
a este semanario Ruben Villaverde. La denuncia desencadenó el lunes la
intervención del Ser: nuevo equipo de dirección integrado por Wilmar García,
Elena Rodríguez y José Luis Pérez, y un reforzamiento del equipo de
asistentes sociales y psicólogos. Villaverde también confirmó a Brecha que
la directora del centro –Jessica Barrios– luego de su licencia reglamentaria
será trasladada, como resultado de una larga investigación iniciada hace
varios meses por malos tratos. La misma culminó días antes de que Barrios
compareciera ante la justicia por denuncias efectuadas en 2013 por un ex
funcionario, caso que determinó otros cuatro sumarios. Villaverde también
informó que el funcionario conocido como “Popeye”, sobre quien recaen varias
denuncias penales y que desde febrero está separado del cargo con retención
de la mitad del sueldo, continuará en la misma situación luego del 7 de
julio.

Hace agua

El lunes pasado la novedad fue que Isaura Tórtora, la jueza que lleva los
casos por maltrato en el Ser, se había tomado licencia médica. De acuerdo al
habitual funcionamiento de la justicia, esto significa que los expedientes
están parados. “Generalmente los jueces cuando son designados suplentes
hacen lo mínimo”, dijo a Brecha Juan Fumeiro, integrante del Comité de
Derechos del Niño-Uruguay. Hasta el día de ayer el adolescente golpeado por
un funcionario en el Ser tras haber sido identificado en el informe de
Subrayado Investiga no había sido visto por un forense. Incluso no está
claro si se ordenó la pericia. De no ser así significa un nuevo palo en la
rueda, afirmó Fumeiro: el debilitamiento de la prueba acerca la causa al
archivo.

Consultada sobre el estado de las denuncias que dirige, la doctora Sandra
Giménez, representante de algunas familias de adolescentes internados en el
Ser, dijo a Brecha que los expedientes se trancan en el Juzgado de Menores
Infractores. Sostuvo que las madres no saben que las denuncias pueden
hacerse directamente en Pando, que se les explica que el sistema está
pensado para que no gasten en abogados particulares y que el juez que
entiende de esto es el de menores infractores. Pero las causas se trancan
allí. Una de las denuncias presentadas por Giménez en 2013 “recién en Semana
de Turismo el juez tomó conocimiento de la misma, pero aún no llamó a los
padres para firmar la ratificación”. Giménez presentó la denuncia el 6 de
noviembre, iba día por medio al juzgado, “eso un defensor de oficio no lo
puede hacer”. La abogada indicó que hay otra denuncia efectuada en abril de
este año por malos tratos y que el adolescente todavía no fue llamado a
declarar. También indicó que hay un expediente sobre un hecho que ocurrió en
mayo, denunciado por la propia dirección del Ser. En este caso el joven fue
trasladado a declarar sin que la familia fuera avisada, violando el artículo
168 del Código de la Niñez y la Adolescencia. La madre se enteró días
después, en una visita.

A la denuncia del ex funcionario de apellido Márquez, recordado por las
imágenes que él mismo filmó durante una golpiza y que fueran difundidas a
través de medios audiovisuales y redes sociales, y por la que el jueves
pasado varios funcionarios del Ser fueron a declarar en calidad de
indagados, se sumó otra en la que el propio Sirpa figura como denunciante.
Dos jóvenes se pelearon en una celda y terminaron tan mal que debieron ser
trasladados de urgencia a un centro médico fuera de la Colonia. El médico
que los atendió solicitó un informe forense. Por lo que se tuvo que llamar
al juzgado. Dado el tipo de lesiones que presentaban se puso en duda la
veracidad de la pelea. A los jóvenes les habían hecho firmar un acta que
decía que se habían peleado. Luego declararon que en realidad habían sido
víctimas de una golpiza.

Reincidencias

“A la prensa parece importarle el Iname cuando éste da motivo de inserción
en la página roja e ignora totalmente las cosas positivas que se dan, y que
son muchas”, dijo, por los noventa, uno de los integrantes del directorio,
“ex secretario del coronel Barba, interventor del Consejo del Niño durante
la dictadura” (véase Brecha, 2-I-05).

Discurso similar se ha escuchado en estos meses desde el gobierno y por
parte de legisladores de izquierda cuando frente a las denuncias de torturas
se responde la obviedad de que “hay que probarlas”, que de las mejoras no se
habla y que los chiquilines no son “nenes de mamá” ni “del Crandon”, como
aseguró Joselo López. Mientras, desde el sindicato se acusa a organizaciones
como el Serpaj de dirigir una movida para justificar su función y atraer
fondos internacionales. O como fuera sugerido por tres dirigentes del suinau
en una asamblea de la feuu que resolvería su adhesión o no al comunicado
emitido por más de treinta organizaciones de la sociedad civil en respaldo a
la inddhh: se interpreta el ruido como una movida para desestabilizar el
sistema y quitarlo de la órbita de inau, con la intención además de
potenciar el discurso a favor de la baja de la edad de imputabilidad.
Recuérdese, sin ir más lejos, que el último cambio de dirección del Ser,
antes de la intervención, fue a raíz de un intento de boicot de funcionarios
que el anterior jerarca habría detectado en las redes sociales y que incluía
la promoción de un motín y fuga de internos (véase El País, 14-XII-13).3

En tanto, autoridades públicas y parlamentarios frenteamplistas cuestionaban
los informes elevados por la inddhh a principios de abril por imparciales,
por omitir mejoras, por no incluir la voz de los trabajadores. Aunque lo que
más molestó fue quizás su carácter, a juicio de varios, apresuradamente
público.

Mientras la justicia se demora, los mecanismos administrativos de denuncia
manifiestan importantes fisuras en el respeto a las garantías de los jóvenes
y sus familias. Las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten
en la creación de un mecanismo independiente con potestades sancionatorias,
conforme a las recomendaciones periódicas que los organismos internacionales
vienen señalando al Estado uruguayo. Esta semana se presentó en Ginebra el
“informe sombra” sobre los avances en materia de derechos de niños, niñas y
adolescentes a instancias de la precisión del Comité de Derechos del Niño de
las Naciones Unidas respecto del informe país presentado por el Estado. Se
trata de un documento que nuclea a varias organizaciones encargadas de
monitorear el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño (cdn).
Las recomendaciones llegarán en enero de 2015 y en materia de justicia
juvenil no se descarta que vayan en el mismo sentido que las anteriores:
además de establecer un mecanismo independiente de recepción de denuncias,
“el establecimiento de un sistema especializado de justicia penal juvenil y
la privación de libertad como último recurso a aplicar”, señaló Fumeiro.

Es probable que antes de fin de año recibamos una nueva visita de la
Organización Mundial Contra la Tortura (omct) para acompañar la recorrida
por el sistema de responsabilidad penal adolescente que el Comité realiza
todos los años como parte del monitoreo permanente. La última vez que el
secretario de la omct, Eric Sottas, visitó los centros de detención de
adolescentes en octubre pasado expresó: “que entre el personal hay unas
ovejas negras y por razones más bien de índole política hay cierta falta de
determinación para arreglar esta cuestión. En los diez años que he seguido
el tema eso ha estado pasando (…) están poniendo mucho énfasis en la
infraestructura y es necesario, pero repito, hay que repensar quiénes están
vigilando a los chicos, hay una formación de psicólogos, de sociólogos, pero
quienes están en contacto directo con los chicos son los guardias, y si no
se hace una detección muy rigurosa de los que perpetran malos tratos, todo
el esfuerzo está afectado. (…) el chico lo que vive es eso, lo que le están
haciendo, no las ideas” (véase Brecha, 1-X-13).

Notas

1. Véase Brecha del 8 de junio de 2007.

2. Nota reeditada por el periodista y publicada en su cuenta de Facebook.

3. La misma versión había sido planteada a Brecha por Ruben Villaverde en
setiembre de 2013.

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Perfil del director del Sirpa

Empresario cercano a Bonomi y al PIT-CNT

Eduardo Barreneche

El País, Montevideo, 18-6-2014

http://www.elpais.com.uy/

Además de poseer una editorial que vende enciclopedias en escuelas, Rubén
Villaverde es técnico en Relaciones Laborales. Su pasado está muy
relacionado al Pit-Cnt: durante 10 años fue director del Instituto Cuesta
Duarte de la central sindical.

También trabajó en líneas programáticas para el Frente Amplio y ha
acompañado al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y al presidente del
INAU, Javier Salsamendi, en temas de seguridad, entre otras actividades.

En 2010, cuando el gobierno analizaba crear el Ministerio de la Presidencia,
en la cúpula de este organismo estarían Bonomi, Salsamendi y Villaverde,
según relató el periodista Sergio Israel en su libro "Pepe Mujica, el
presidente. Una investigación no autorizada".

El 3 de julio de 2011, Villaverde fue nombrado como gerente del entonces
Sistema de Ejecución de Medidas a Menores Infractores (Semeji) en
sustitución de Rolando Arbesún. Un año más tarde, se creó por ley el Sistema
de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y Villaverde fue designado como
presidente del directorio de esa repartición. En el INAU, Villaverde es
catalogado como un frenteamplista independiente muy cercano a Bonomi. Del
Ministerio del Interior obtuvo apoyo logístico y técnico para mejorar las
condiciones de seguridad en los centros de internación de menores.

Es íntimo amigo del actual director del Instituto Cuesta-Duarte, Milton
Castellanos. Ambos organizan asados con distintas personalidades de
izquierda en una casa que Villaverde alquila en Portezuelo, Punta del Este.

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