Paraguay/ un 2% de propietarios acapara el 80% de las tierras [Osfam]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 21 de mayo 2014

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Paraguay

Oxfam denuncia que un 2% acapara el 80% de las tierras *

Brais Benítez

Macrocultivos de soja que expulsan a los campesinos del campo hacia la los
barrios pobres de la periferia de las ciudades o emigración. Reparto de
tierras a empresarios y políticos afines durante la dictadura. Pago casi
inexistente de impuestos por parte de los grandes terratenientes. Este es el
panorama que dibuja el director de Oxfam Intermón en Paraguay, Óscar López,
quien asegura que “en términos de acaparamiento de la tierra tenemos
probablemente el índice más alto: el 2% de los propietarios acumula el 80%
de las tierras en Paraguay”.

En los últimos diez años, denuncia la ONG, más de 900.000 personas han sido
expulsadas del campo, 585.000 de ellas, jóvenes menores de 30 años. “Este es
un problema antiguo, pero que se agravó con la expansión de la soja de los
últimos 15 años. El uso intensivo de agrotóxicos obliga a las familias a
abandonar sus tierras, dejar de producir alimentos y buscar alternativas ya
sea en las ciudades o incluso en la emigración. La emigración más fuerte a
España se dio en este periodo de expansión de soja”, explica López.

Paraguay es el cuarto exportador de soja del mundo, y dedica al cultivo de
este producto el 92% de su tierra cultivable. El problema asociado a la
expansión de este tipo de cultivo reside principalmente en la toxicidad de
los productos que se utilizan para mantenerlo a salvo de las plagas. Las
fumigaciones de los macrocultivos, que en muchos casos se realizan con
aviones, someten a una gran presión a los campesinos que viven de la tierra.
Se calcula que en cada ciclo productivo se utilizan alrededor de 30 millones
de litros de agrotóxico en todo el país.

“Primero, las plagas de la soja que no mueren vienen a tu propiedad. Después
empiezan a afectar a tu cultivo. Si plantabas maíz, mandioca, tanto el
agrotóxico mismo como los bichos que huyen del agrotóxico vienen y destruyen
tu cultivo. Después empiezan a matar a tus pequeños animales…”, señala
López. El aumento del precio de la tierra aparejado a la llegada de una gran
plantación de soja, añade, acaba por provocar que los campesinos vendan su
propiedad y busquen fortuna fuera del campo. “Si empiezan a fumigarnos todo
el día y después vienen a ofrecernos un precio alto por nuestra tierra,
terminamos vendiendo, y con ese dinero pensamos que vamos a sobrevivir en la
ciudad, pero ese dinero se acaba en pocos meses…”.

Crecimiento exponencial del cultivo de soja

El resultado de todo esto son miles de familias desplazadas que acaban
malviviendo en la periferia de Asunción, la capital, sin acceso a los
servicios básicos ni a su forma tradicional de ganarse la vida: el campo.
Por otro lado, una extraordinaria expansión del cultivo de la soja, que pasó
de ocupar 400.000 hectáreas en 1994 a cerca de 4 millones 15 años después.

Los cultivos de soja, casi toda transgénica, se destinan además a la
exportación. “El volumen mayor pertenece a grandes empresas, especialmente
inversores brasileños, también paraguayos, y es un negocio muy centralizado
en transnacionales alimentarias que son las que compran la producción y
exportan, como Cargill, Bunge ADM, Dreyfus”, señala López. “La propaganda
oficial dice que con el desarrollo del complejo soja producimos alimento
para alimentar a 70 millones de personas. Paraguay tiene una población de
siete millones y hay 1.300.000 que pasan hambre”, afirma el director de
Oxfam Intermón en el país.

Gran parte de las tierras acabó en manos de empresarios y políticos cercanos
al dictador Alfredo Stroessner durante la dictadura paraguaya que dominó el
país entre 1954 y 1989. La Comisión de Verdad, Justicia y Reparación
realizada tras el periodo dictatorial, subraya López, “documentó que de los
12 millones de hectáreas que se repartieron, alrededor de ocho millones que
debían haber sido entregadas a campesinos terminaron en manos de empresas o
personas muy influyentes cercanas al régimen”.

Uno de ellos fue el exsenador Blas Nicolás Riquelme, ya fallecido, dueño de
la empresa Campos Morumbí S.A. 200 familias campesinas del municipio de
Curuguaty llevan una década luchando contra esta empresa reclamando el
derecho a ocupar 2.000 hectáreas de la región conocida como Marinakue . Y es
que la ley paraguaya obliga a que todas las tierras públicas en manos del
Estado, excepto si están destinadas para reservas, se repartan a familias
campesinas para que las trabajen. Los terrenos que reclaman las familias
fueron ocupados durante décadas, hasta 1999, por la marina paraguaya. En
2004, un decreto presidencial entregó las tierras al Instituto de Desarrollo
Rural, el organismo estatal encargado de distribuir las tierras.

Pero Campos Morumbí S.A. consiguió que un juez local le concediera la
propiedad de los terrenos, colindantes a otros cultivos de soja de la
empresa. El proceso constituyó, denuncia López, “un caso evidente de
corrupción”. “Cuando yo ocupo una tierra durante más de 20 años y la
cultivo, la ley me reconoce el derecho a reclamar la propiedad, en una
figura que se denomina usucapión. Esta ley en general se usa para pequeños
propietarios, y es la que usó el juez para concedérsela a la empresa. Es
evidente que no llevaban 20 años ocupándola porque estaba el ejército allí”,
cuenta López.

Decenas de campesinos ocuparon los terrenos, un hecho habitual y, señala
López, imprescindible para que se entreguen finalmente los terrenos
solicitados a las familias. “No hay un solo caso en más de 30 años de
experiencia de distribución de tierras en que si no se ocupa antes esa
tierra, además de realizar los trámites pertinentes, se la hayan entregado a
los campesinos”. El 12 de junio de 2012, sin embargo, las familias fueron
desalojadas en un episodio de gran violencia que acabó con 11 campesinos y 6
policías muertos. El litigo aún sigue en marcha en los tribunales.

El caso de Marinakue se ha convertido en la bandera del reclamo de una
distribución equitativa de las tierras en Paraguay. La Campaña de Oxfam
Jóvenes sin tierra: tierra sin futuro, tiene el objetivo de apoyar a estas
comunidades en sus demandas al presidente “para que use todas su
atribuciones, y a través del Instituto de la Tierra y del Procurador General
de la República, se mueva y se pronuncie hasta lograr que estas tierras sean
devueltas al Estado y las entreguen a las familias”.

* La Marea

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