México/ PRI=PRD: matanza de Tlatlaya, masacre en Iguala [Manuel Aguilar Mora]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 8 de octubre 2014

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México

Matanza de Tlatlaya: PRI=Masacre en Iguala: PRD

 Manuel Aguilar Mora

México, DF, 7 de octubre de 2014

En los últimos meses la descomposición política y social del país se
profundizó confirmando así los augurios nefastos que desde su inicio
anunciaba ominosamente el presente gobierno de la restauración priista de
Peña Nieto. Los tenebrosos acontecimientos ocurridos en Tlatlaya en el
estado de México y después los de Iguala en el vecino estado de Guerrero
vienen a corroborar por completo lo anterior.

De hecho la conmoción política producida por estos espantosos
acontecimientos que sacuden y horrorizan a la opinión pública nacional en
estos momentos, se ha dado en un brevísimo periodo de no más de dos semanas
debido a que los fusilamientos de Tlatlaya, aunque ocurridos el pasado 30 de
junio, llegaron al conocimiento de la opinión pública nacional hasta finales
de septiembre, coincidiendo así con la otra masacre de decenas de
estudiantes perpetrada en Iguala, Guerrero, precisamente el 26 de
septiembre.

21 personas, entre ellas una muchacha menor de edad, fueron abatidas a
quemarropa por el ejército en Tlatlaya, México, en la frontera con Guerrero.
Tuvo que ser una información de la Associated Press la que obligó a que los
medios de comunicación nacionales informaran casi tres meses después al
público mexicano de lo ocurrido. La indignación de amplísimos sectores
populares no se hizo esperar y se ha sumado a la conmoción producida ante el
horror de la masacre de estudiantes normalistas en Iguala. Los escándalos de
estas crudas y bárbaras represiones han escalado a niveles mayúsculos siendo
muchísimas sus repercusiones; las que sucediéndose como una cascada,
confrontan al gobierno de Peña Nieto y sus aliados del PRD en el Pacto por
México a una de sus peores crisis.

La matanza de Tlatlaya

En los dos casos represivos, la información de lo ocurrido ha salido a
contra corriente de los medios de información oficiales e incluso han
agarrado desprevenidos a los pocos medios independientes existentes. En el
caso de Tlatlaya esto tiene su explicación directa porque el protagonista
principal de la represión ha sido el ejército cuya primera versión, que el
gobierno estatal mexiquense de Eruviel Ávila y el federal de Peña apoyaron
durante meses, era de una simplicidad rayana en lo inverosímil. Según ella
los militares se enfrentaron a delincuentes que los tirotearon primero, lo
cual los obligó a defenderse. Pero, extrañamente, ningún soldado se reportó
como caído en el tiroteo y sólo gracias a las declaraciones de tres mujeres
(una de ellas madre de la muchacha asesinada), cercanas a la escena del
crimen, que contradijeron esa versión, afirmando que las víctimas se habían
rendido ante los militares, quienes sádicamente los ultimaron a sangre fría,
sólo así comenzó a salir a la luz pública el carácter siniestro de lo
sucedido en Tlatlaya y a conocerse con más precisión lo ocurrido. Por
ejemplo, fue evidente que los militares tardaron varias horas hasta que
llamaron a las autoridades judiciales, horas que utilizaron para hacer el
montaje de “la escena del enfrentamiento” con los cadáveres sembrados, todos
ellos con un arma a su lado, en una maniobra grotesca que fue fácilmente
desbaratada.

Los jóvenes ultimados, entre los 17 y 24 años, todos ellos aparecían como
los típicos miembros de las bandas compuestas por desempleados del devastado
medio rural mexicano, carne de cañón primaria de los cárteles de narcos,
extorsionadores y secuestradores, cuyos jefes, ellos sí, están vinculados
con las autoridades y son parte de las élites regionales.

La gravedad de los hechos salpicó al gobernador Ávila y a su procuraduría
quienes avalaron durante meses la versión de la Secretaria de la Defensa
Nacional (Sedena). Sólo hasta que las evidencias abrumadoras señalaban que
el enfrentamiento era un hecho, aceptaron que había responsabilidades que
fincar a los militares por la ejecución de las 21 personas efectuada
después.

Muy tardíamente involucrado, el presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia V., en vez de encargarse de
investigar a fondo los hechos, también avaló la versión inicial del
ejército, provocando la iracunda reacción de los organismos defensores de
los derechos humanos agrupados en el Comité Ciudadano para el Rescate de la
CNDH que han pedido su renuncia y se oponen rotundamente a su reelección
como presidente la cual Plascencia Villanueva intenta llevar a cabo actuando
más como un simple funcionario gubernamental que como un defensor de los
intereses ciudadanos.

Finalmente la PGR ha “atraído” el caso y ya el procurador de la República ha
declarado sobre la investigación y de la detención de una decena de
militares que participaron en el crimen de Tlatlaya.

Esta matanza es la comprobación fehaciente que Peña Nieto sigue aplicando la
política iniciada por el anterior presidente Calderón que consiste en llevar
la violencia militar a las calles del país profundizando la represión, la
corrupción y la impunidad que asuelan al territorio nacional.

La masacre de Iguala

Si en el caso de Tlatlaya la indignación fue mayúscula, la masacre de los
estudiantes normalistas en Iguala ha horrorizado a todo el país: la
represión ha llegado a niveles que hacen recordar los años nefastos de los
gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría en los 60's y 70's con su estela de
masacres en Tlatelolco, San Cosme y de la llamada “guerra sucia”: todos
ellos crímenes de estado que marcaron indeleblemente la historia de México
en la segunda mitad del siglo XX.

Las víctimas de la masacre de Iguala son los más de 500 estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa del municipio de Tixtla, la más aguerrida entre
las aguerridas nueve normales rurales que existen en el estado de Guerrero.
Ellos junto con miles de sus compañeros en todo México han emprendido una
campaña contra la política educativa de Peña Nieto votada por las cámaras
legislativa el año pasado y entre cuyas metas principales está la
restricción, si no es que desaparición completa, de las escuelas normales
rurales, centros de cultura y educación de las poblaciones más marginadas
del país, las comunidades indígenas. Su lucha firme e intransigente provocó
su criminalización por parte de los tres niveles gubernamentales en Guerrero
y en todo el país, causa fundamental de la represión de que son víctimas
desde siempre.

En una de sus giras por el estado el 26 de septiembre, dos camiones repletos
de estudiantes fueron detenidos en Iguala, al norte del estado y balaceados
impunemente por la policía resultando muertos seis personas, entre ellos
tres estudiantes y un jugador de un equipo de futbol cuyo autobus pasaba por
los sitios en que se daba la balacera, además de una veintena de heridos.
Los policías arrestaron a 43 jóvenes los subieron a sus camionetas y se los
llevaron por rumbos desconocidos. Durante diez días los estudiantes
permanecieron desaparecidos, produciendo un verdadero furor de enojo en las
poblaciones de Iguala, Chilpancingo, Acapulco y otras poblaciones de
Guerrero. Finalmente el 4 de octubre en la sierra vecina de Iguala se
descubrió una fosa con una veintena de cadáveres, casi sin duda alguna
pertenecientes a una parte de los estudiantes que fueron secuestrados,
ultimados y luego quemados sus restos.

Tuvo que ser literalmente mundial el clamor de indignación que acompañara a
las protestas nacionales para que el presidente Peña Nieto entendiera que el
asunto no era “meramente local” como había declarado su secretario de
Gobernación Osorio Chong y que competía por entero a la procuraduría federal
(PGR). En una pieza oratoria ambigua y elusiva políticamente, reconoció el 6
de octubre, más de diez días después de ocurridos, la envergadura colosal de
los hechos; siendo el procurador de la República quien se encargó de
informar sobre las medidas tomadas por el gobierno federal: intervención de
la gendarmería nacional y de elementos de la Marina que toman el mando en
Iguala, destitución de muchos funcionarios municipales y el arresto de más
de una veintena de policías participantes en los hechos, una investigación
forense de los restos para su identificación y persecución del alcalde José
Luis Abarca y de su jefe policíaco Francisco Salgado que se fugaron con la
tácita anuencia de las autoridades al mando del gobernador de Guerrero Ángel
Aguirre.

El PRD en la mira

Así como en el caso de Tlatlaya ha sido el PRI y el gobernador mexiquense
quienes han salido a relucir en la primera fila del escándalo, los
protagonistas políticos involucrados en los crímenes de Iguala son las
autoridades estatales guerrerenses encabezadas por el gobernador Aguirre y
las municipales de Iguala encabezadas por José Luis Abarca Velázquez, todos
ellos miembros del PRD, el partido que desde hace más de dos décadas
gobierna a Guerrero.

Las investigaciones tanto oficiales como de los sectores civiles dedicados a
la defensa de  los derechos humanos y en general los medios de comunicación
han mostrado un panorama aterrador, el cual confirma hasta la saciedad lo
que se sabía pero se trataba de ocultar o minimizar: la penetración directa
y sin tapujos de los grupos delincuenciales en todos niveles de los órganos
del estado. En Iguala el alcalde José Luis Abarca, así como su jefe
policíaco Francisco Salgado (hoy fugados) eran personas directamente
vinculadas con bandas de sicarios, algunas conocidas con los nombres de
Guerreros Unidos y La Familia, muchos de cuyos miembros integraban la nómina
de los policías del ayuntamiento.

Disponiendo de amplios recursos financieros Abarca logró ser el alcalde de
Iguala apoyado por la corriente hegemónica en el PRD de los Chuchos
formalmente llamada Nueva Izquierda. Sus trapacerías eran ya bien conocidas
y denunciadas, las cuales incluían crímenes, como el cometido contra tres
miembros perredistas uno de ellos fundador del partido en la ciudad Arturo
Hernández Cardona, quienes fueron ultimados en marzo de 2013. La viuda del
primero, Sofía Mendoza, apoyada por Raúl Vera López  el obispo de Saltillo,
condujo una campaña ante las autoridades federales para que el asesinato de
su esposo fuera investigado por la PGR. Se encontró ante un muro de
indiferencia que la llevó a recurrir a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) la cual precisamente unos días después de la masacre
emitió una advertencia con carácter vinculante al gobierno de México
urgiéndole a la presentación de los 43 estudiantes desparecidos.

El 4 de octubre, el mismo día del descubrimiento de las fosas con los
cadáveres de los estudiantes, en uno de los hoteles más lujosos del centro
histórico de la ciudad de México se realizaba el Consejo Nacional del PRD en
el que se elegiría al nuevo dirigente del partido, quien resultó ser, como
era ya sabido ampliamente, Carlos Navarrete, otro de los jefes de los
Chuchos. En las fotos y noticieros siempre a su lado figuraba de manera
prominente, ni más ni menos, que el gobernador Ángel Aguirre, quien al día
siguiente debía reconocer que “podría renunciar a la gubernatura” si dicha
renuncia ayudaba al esclarecimiento de la masacre. Por su parte, Navarrete
anunció que el 7 de octubre su primera acción como presidente sería ir con
todos sus secretarios a Chilpancingo a realizar un acto de “apoyo a las
instituciones estatales que habían realizado a cabalidad su labor”, entre
ellas, por supuesto, la del gobernador Aguirre, uno de los personajes más
oscuros de la política guerrerense quien hace 19 años, en esta ocasión como
priista, ya había sido gobernador interino del estado sustituyendo al
cacique histórico Figueroa Alcocer que debió renunciar con motivo de otra
matanza de campesinos en el poblado de Aguas Blancas.

Decenas de organizaciones civiles, políticas, sindicales, estudiantiles, de
colonos, de defensa de los derechos humanos, religiosas y pueblo en general
anuncian su participación en la manifestación que se realizará el 8 de
octubre en la ciudad de México, la cual seguramente será acompañada por
otras en diversos puntos del país.

La crisis de Tlatlaya y de Iguala será un factor que afectará a la dura capa
gobernante del país, a sus partidos, a sus dirigentes. También el otro
partido que con el PRI y el PRD integra el trío de partidos gobernantes
nacionales, el PAN confronta una crisis que se pudo apreciar en la elección
de su presidente y ante todo en lo sucedido con motivo de la peor catástrofe
ecológica sucedida en el país desde la del Ixtoc en los años 80’s. En Sonora
paralelamente a las masacres mencionadas se produjo el peor desastre
ecológico reciente al desbordarse ingentes contaminantes tóxicos de las
represas de la mina Buenavista del Cobre de la región de Cananea que
afectaron al río Sonora y a sus afluentes. El cinismo del gobernador
Guillermo Padrés Elías, el primer gobernador panista de la entidad, fue el
ingrediente político que vino a demostrar por enésima vez lo funesto de los
gobernantes, ya sean priistas, panistas o perredistas, que dominan la vida
política de México.

Desastres humanos consecuencias directas de la represión y las matanzas
impunes, devastación del medio ambiente y destrucción de los recursos
naturales, con una capa gobernante cada vez más desvergonzada y cínica en su
representación y defensa de los intereses de las élites económicas y
sociales en detrimento de las abrumadoras mayorías populares empobrecidas y
explotadas. Ese es el panorama que se delinea atroz  y trágicamente ante
nosotros en esta hora del devenir de México. Un panorama que la necesaria
realización de la tarea más urgente y vigente en el seno de los sectores más
conscientes y responsables de las vanguardias revolucionarias, la
construcción de la organización partidaria independiente, democrática y
socialista de los trabajadores y sus aliados populares.

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