Paraguay/ la soja y el latifundio contra el campesinado [Federico Larsen]

[Ernesto Herrera]

  _____  

Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 3 de setiembre 2014

 <mailto:germain5 en chasque.net> germain5 en chasque.net

A l’encontre – La Breche

 <http://www.alencontre.org/> www.alencontre.org

  _____  

Paraguay 

Mini-documental radial sobre el mismo tema:

http://ombelicodelmondoblog.wordpress.com/2014/08/18/paraguay-latifundio-vio
lento/

La soja y el latifundio contra el campesinado paraguayo

Entre 1989 y 2013 fueron ejecutados 115 campesinos paraguayos por fuerzas de
seguridad y sicarios. Agronegocio, ilegalidad y complicidad estatal están en
la base de esta matanza, un modelo que se profundizó en los últimos años.

Federico Larsen

Miradas al Sur 

http://sur.infonews.com/

Chokokue es una palabra en guaraní que significa campesino, o agricultor, y
es el nombre del informe que hace pocos días publicó la Coordinadora de
Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) acerca de los asesinatos de
campesinos cometidos en ese país en los últimos 24 años. El trabajo toma
como fecha de comienzo de la investigación el 3 de febrero de 1989, día en
que el general Andrés Rodríguez encabezó un golpe de Estado que destituyó al
dictador Alfredo Stroessner luego de 35 años de gobierno. Es a partir de
allí que comienza la llamada Transición Democrática, período que, según
varios analistas, aún está en desarrollo. La Codehupy señaló en su informe
que desde la caída del dictador hasta agosto de 2013, 115 campesinos fueron
asesinados por fuerzas de seguridad o sicarios al mando de grandes
terratenientes con el fin de amedrentar la lucha por la tierra. Un dato que
los investigadores vinculan directamente con el avance del agronegocio y la
concentración de la tierra producidos durante la Transición Democrática.

Paraguay tiene un índice de concentración de la tierra muy elevado. Según
datos oficiales, el 2,6% de los propietarios tienen el 85% de la tierra
cultivable del país. Un proceso que en las últimas dos décadas se ha
acentuado. Entre 1991 y 2008, las fincas menores a 100 hectáreas de
extensión disminuyeron en un 15%, mientras que las más extensas aumentaron
en un 43% ocupando 30.107.408 hectáreas cultivables del país. A esto se le
suma el fenómeno de las tierras malhabidas, campos que debían destinarse a
la reforma agraria y terminaron en manos de simpatizantes de la dictadura
stroenista o amigos de altas autoridades del Estado paraguayo. Entre 1954 y
2003 fueron adjudicadas de manera fraudulenta 7.800.000 hectáreas de tierra.

“En ese contexto de alta concentración de la tierra, de una gran cantidad de
tierras malhabidas, de una deuda pendiente de la transición democrática que
es la reforma agraria, los diversos actos de atropello y violencia contra
los campesinos se producen en respuesta a los reclamos que los movimientos
vienen haciendo hace mucho tiempo”, explicó Enrique Gauto, secretario
ejecutivo de la Codehupy. “Son reivindicaciones que pasan por una reforma
agraria que incluya la recuperación de las tierras malhabidas y el
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas. Es
importante señalar que la reforma agraria en nuestro país tiene rango
constitucional.” En su trabajo, la coordinadora recopiló cada uno de los 115
casos detectados, incluyendo reconstrucciones de los asesinatos, y
documentos que prueban la vinculación de los mismos con históricos sectores
de poder. “Hay claramente un plan impulsado por terratenientes, sectores de
poder político y económico para ir desplazando progresivamente a la
población campesina de sus tierras y apropiarse cada vez más del territorio
campesino”, explicó Gauto. “Estos sectores ven a la tierra como un capital
sumamente rentable y no tienen ningún reparo en avanzar en este plan de
ejecuciones. Desde el Poder Judicial y el Ministerio Público no se
investigan adecuadamente estos hechos y mucho menos se llega a una condena a
los autores morales. Hay un pacto tácito de complicidad entre Ministerio
Público, Poder Judicial y sectores de alto poder económico y político”. El
objetivo es entonces descabezar a los movimientos campesinos, eliminar a sus
líderes o principales referentes para desmovilizar y generar miedo. “Hemos
podido verificar el temor que queda instalado en las comunidades donde se
produjeron estos asesinatos y la dificultad en encontrar personas que puedan
asumir el papel de los líderes que fueron ejecutados”, sostuvo el titular de
la Coordinadora.

En ninguno de los 115 casos se ha condenado a los responsables políticos. De
los 91 asesinatos que han llegado a instancias judiciales, sólo en ocho los
autores materiales han sufrido alguna sentencia, aunque ninguna firme. Otros
47 se encuentran en proceso, 14 se declararon casos perdidos y no
localizables, 16 fueron cerrados judicialmente, y seis no fueron
investigados. La mayoría de los autores materiales, el 67%, son sicarios
parapoliciales. En algunos casos, se trata inclusive de organizaciones
civiles impulsadas por el Estado, como las “comisiones de seguridad vecinal”
implementadas por el presidente Nicanor Duarte (2003-2008), responsables de
varios ataques a movimientos campesinos. Las fuerzas de seguridad, en
cambio, fueron las responsables del restante tercio de las ejecuciones, en
número cada vez mayor luego de la aprobación de la reforma penal de 1997,
sus sucesivas ampliaciones en el 2008 y la Ley Antiterrorista promulgada en
2010, que permite reprimir varias de las acciones que las organizaciones
campesinas llevan adelante, como los cortes de ruta. Más recientemente, el
actual presidente Horacio Cartes aprobó la cuestionada Ley de Seguridad
Interna, que permite al Ejecutivo, sin aprobación del Parlamento, la
militarización y declaración de Estado de Sitio en enteras regiones del país
con la excusa de la lucha contra la insurgencia de Ejército del Pueblo
Paraguayo. “Se han hecho denuncias de atropellos en casas de campesinos y
dirigentes, y persecuciones sistemáticas a las organizaciones en el marco de
esta ley”, explicó Alberto Britez, del Movimiento 15 de Junio. “Esto tiene
que ver directamente con el avance del modo de producción capitalista en el
campo, el agronegocio. Este período de asesinatos tiene directa relación con
el de expansión del territorio sojero y ganadero. En muchos de los casos,
los autores morales sospechados son dueños de estancias, grandes empresas
agroganaderas que contratan sicarios, o capangas como les decimos nosotros.
Esta expansión sojera ejerce presión sobre los asentamientos de campesinos
en el campo y población indígena.” Según Britez, esta presión ha crecido
exponencialmente bajo el gobierno de Federico Franco a partir de 2012, y
Cartes, que el pasado 15 de agosto cumplió su primer año de mandato, mantuvo
la misma política. “Es la política de firma de convenios con grandes
empresas, habilitación de cada vez más semillas transgénicas de Monsanto que
inclusive quiere plantar soja en el Chaco Paraguayo, un territorio muy
árido. Entonces se da la compra de tierras campesinas e indígenas, expulsión
vía fumigación de las poblaciones, que no sólo aumenta los casos de
enfermedad, sino que ahuyenta a los campesinos”. Gran conmoción causó
recientemente la muerte de Adela y Adelaida Álvarez, de seis meses y tres
años de edad respectivamente, a causa de las fumigaciones en Huber Duré,
departamento de Canindeyú. “Muchos pobladores resisten en sus asentamientos
y esto provocó que bajo el gobierno de Cartes se haya rehabilitado una
modalidad que ya se usaba antes pero no era común, que es la protección
policial para la fumigación de los campos de soja. Esto genera una reacción
natural de la población y ha habido casos de enfrentamientos, inclusive con
armas de fuego, donde dirigentes campesinos fueron baleados”, explicó
Britez.

La Federación Nacional Campesina del Paraguay (FNC) es una de las
organizaciones más afectadas por los asesinatos. Desde 1989, 14 de sus
miembros han sido ejecutados. Marcial Gómez, secretario general adjunto de
la FNC, explicó que “la gran mayoría de las luchas campesinas que se
desarrollan en nuestro país son reprimidas violentamente por el Estado. Es
la lucha por un modelo de desarrollo nacional. Hoy tenemos un modo de
producción agroexportador empresarial basado en el monocultivo de la soja.
Esto expulsa al campesino del campo y va creciendo el latifundio en pocas
manos. Nosotros venimos organizando cortes de ruta y ocupaciones de
latifundios porque es la única forma de conquistar un pedazo de tierra,
defender a nuestras comunidades, u obtener pequeños logros sectoriales. Pero
lo que realmente importa es colocar en el debate nacional un nuevo modelo de
desarrollo. Basado en la reactivación de la producción agrícola, la reforma
agraria, el desarrollo industrial, que son necesidades fundamentales para
nuestro desarrollo”.

  _____  

 

 



---
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.
http://www.avast.com
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20140903/e7c987e3/attachment.htm