Uruguay/ procesaron a 26 sindicalistas por torturas a menores presos [Viviana Ruggiero - Pablo Melendrez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 22 de agosto 2015

germain5 en chasque.net

A l’encontre – La Breche

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Uruguay

José Lorenzo López “renunció” al Pit-Cnt

Procesaron por torturas a 26 funcionarios del INAU (Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay)

El falló es una cruz para el sindicalismo pero está en sintonía con la
posición que fijaron varios actores de primera línea del gobierno

Viviana Ruggiero

El País, Montevideo, 22-8-2015

http://www.elpais.com.uy/

El juez Gustavo Iribarren procesó con prisión a 17 funcionarios del Sistema
de Responsabilidad Penal Adolescentes (Sirpa) por autoría de un delito de
tortura y a nueve, entre ellos el hasta ayer vicepresidente del Pit-Cnt,
José Lorenzo López, sin prisión por coautoría del mismo delito.

Iribarren, que hizo lugar al pedido de la fiscal Adriana Umpiérrez, aseguró
que se probó un "trato que negaba la dignidad de las personas privadas de
libertad" en los incidentes del 24 de julio en el Centro de Privación de
Libertad (Ceprili). Entre los procesados con prisión está el director del
centro Alfredo Rivas y el subdirector, Piter García.

Las defensas de los 26 funcionarios acordaron apelar el auto de
procesamiento y solicitaron medidas especiales de privación de libertad para
los procesados con prisión, que ayer pasaron la noche en Cárcel Central. El
destino final que tendrán será una decisión del Instituto Nacional de
Rehabilitación (INR).

El abogado del sindicato del INAU, Juan Raúl Williman, que defiende a varios
funcionarios, indicó que pedirá "las libertades provisionales" de quienes
son "primarios, trabajadores, jefes de familia, con menores a cargo y que no
revisten peligrosidad para la sociedad".

El fallo se basó en el artículo 22 de la ley 18.026 que estableció la
tortura como un delito y por el que hasta ahora fueron procesadas solamente
cinco personas.

La ley, aprobada en 2006, tiene como título "Cooperación con la Corte Penal
Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de
guerra y de lesa humanidad" y detalla que se entenderá por tortura "todo
acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales
o morales, el sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
(...) y todo acto tendiente a anular la personalidad o disminuir la
capacidad física o mental aunque no cause dolor físico".

"Una bomba"

Los procesamientos y particularmente el de Lorenzo López son un duro golpe
al Pit-Cnt y a la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), gremio
del cual Lorenzo López es dirigente desde hace 12 años. Para el sindicato
del INAU es una "bomba" que tiene el objetivo "político de destrozarlos".

Los gremios reaccionaron ayer con furia y dirigieron sus misiles al
gobierno.

El secretario general del sindicato del INAU, Carlos Salaberry, que estuvo
toda la tarde en las puertas del juzgado y fue el responsable de contener a
las familias de los procesados cuando se conoció la resolución del juez,
dijo que se consumó un "linchamiento público" de Lorenzo López y el gremio.

"Es claro el objetivo del Poder Ejecutivo de destrozar nuestra organización
para viabilizar todos los planes que se han anunciado. Quieren eliminarnos y
nosotros no nos vamos a dejar llevar por delante", afirmó el dirigente y
adelantó que tomarán medidas, las que será definidas hoy en una asamblea
convocada como "grave y urgente".

Los trabajadores comentaron ayer que la dirección del INAU resolvió en la
noche del jueves decretar la esencialidad del servicio, lo que condicionará
futuras medidas de los trabajadores en los centros de detención. Salaberry
recordó declaraciones de la ministra María Julia Muñoz —"Joselo López no es
capaz de la tarea que realiza ni de ser sindicalista"— y del fiscal de
Corte, Jorge Díaz —"El Ministerio Público y Fiscal va a ir hasta las últimas
consecuencias en la investigación"— y afirmó que obviamente repercutieron en
el procesamiento.

"Eso revela un ataque directo del Poder Ejecutivo y condiciona el proceso.
De hecho se ve reflejado en el pedido de procesamiento de la fiscal que es
un delirio", aseguró el dirigente del gremio.

En el mismo sentido, algunos de los abogados de los funcionarios dijeron que
el fallo "es un verticalazo de arriba".

Reacciones

El fallo se conoció ayer a las 19 horas después que los acusados fueron a
realizar sus descargos tras el pedido de procesamiento del jueves de la
fiscal. La familias de los procesados y trabajadores que no eran parte del
proceso judicial reaccionaron con lágrimas, indignación y bronca en las
puertas de la sede de Juan Carlos Gómez.

Apuntaron a la prensa, al gobierno y a la nueva directora del Sirpa,
Gabriela Fulco, quien reconoció por primera vez la existencia de torturas en
centros de reclusión de adolescentes. "Yo quiero ver cómo reacciona ella
ante personas que te insultan, golpean, hacen puntas con todo lo que
encuentran y hasta se masturban frente a los trabajadores", aseguró a El
País un familiar del subdirector del Ceprili, quien también se desempeña en
la institución.

Los funcionarios insistieron en que desaparecieron las garantías y en que
ingresar a un hogar "es correr el riesgo de terminar procesado".

COFE y sindicato del INAU preparan medidas

El sindicato del INAU cerró filas sin dudas con Joselo López y emitió un
duro comunicado: "Ante el atropello que está recibiendo nuestro sindicato
por parte del Poder Ejecutivo y la justicia, donde se nos quiere condenar
igual que a (José) Gavazzo y el Goyo (el expresidente de facto Gregorio
Álvarez), dejando a 17 compañeros presos por tortura y 9 procesados por lo
que se ve en el video, convocamos en carácter de grave y urgente al plenario
nacional ampliado", que comenzará hoy a las 12. La reunión tiene como
objetivo definir medidas, a las que COFE ya anunció que se plegará en
solidaridad con su líder procesado, José Lorenzo López. "En esta no se puede
faltar", termina el comunicado del sindicato del INAU.

La Asamblea Nacional de Delegados de Cofe decidió ayer de tarde dar "su
total apoyo" a López, su secretario general, porque "su procesamiento no
tiene fundamento alguno, es una anormalidad y un disparate porque no tiene
responsabilidad", dijo a El País el integrante del Consejo Directivo del
sindicato, Luis Bazzano. Anoche la plana mayor de Cofe se reunió con López
en la sede del sindicato del INAU para estudiar los pasos a dar. "Para
Joselo la situación no es fácil porque está siendo enjuiciado por lo que no
tiene responsabilidad y porque arrastró sin querer a un montón de compañeros
porque es una persona conocida", señaló. "Hace mucho tiempo hay un
ensañamiento" con él y no se atacan "los problemas estructurales" del Sirpa
y "las responsabilidades políticas", opinó. Por otra parte, el sindicato del
Inau recibió el respaldo de la central argentina CTA Autónoma. Emitió un
comunicado que plantea que "exigimos a las autoridades del país hermano el
cese de la persecución a los luchadores sociales, a la vez que ponemos
nuestra organización a disposición para colaborar en el esclarecimiento de
esta causa".

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Los 17 funcionarios del Sirpa están recluidos en Cárcel Central 

Permanecerán allí hasta que el Ministerio del Interior decida un lugar
definitivo; defensa solicitó medidas de seguridad por riesgo de represalias

Pablo Melendrez 

El Observador, Montevideo, 22-8-2015

http://www.elobservador.com.uy <http://www.elobservador.com.uy/> 

Al caer la noche, apenas trascendió la decisión del juez Gustavo Iribarren,
el ambiente en la puerta del juzgado ubicado en la calle Juan Carlos Gómez
casi Reconquista se tensó: gritos, insultos y llantos de familiares y
compañeros de los 17 funcionarios del Centro de Privación de Libertad
(Ceprili) del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) enviados
a la cárcel como autores y coautores del delito de tortura, y de los 9
imputados sin prisión como cómplices de ese delito –entre ellos el
presidente del sindicato del INAU y vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo
López– por abusos contra internos de ese hogar.

El juez hizo lugar a la requisitoria de procesamiento de los 26 funcionarios
que había planteado el jueves la fiscal Adriana Umpiérrez, aunque con
algunas variantes. Primero, el magistrado envió a la cárcel solo a los 17
que consideró como autores y coautores y no a todos como había pedido la
fiscal –agregando uno a esa condición, ya que la representante del
Ministerio Público había pedido 16 imputaciones en esa calidad– y segundo
resolvió no remitir a la cárcel a los imputados en la condición de
cómplices.

La resolución judicial cayó como un baldazo de agua fría en el sindicato de
funcionarios del INAU, cuyo secretario general, Carlos Salaberry, que estuvo
toda la tarde esperando en la puerta del juzgado, dijo sentir "una gran
bronca" y aseguró que el fallo del juez "es demencial".

"Esto es una señal para el domesticamiento del movimiento obrero", advirtió
Salaberry, para quien existió un "operativo político" y también un
"linchamiento público" contra López, que presenció parte de los abusos
cometidos contra los internos, y que luego de conocer el pedido de
procesamiento de la fiscal presentó su renuncia al Pit-Cnt . 

Para cualquier trabajador del sistema ir a trabajar es, desde ahora, tomar
el riesgo de ser procesado", indicó Salaberry. El sindicalista informó que
en la noche del jueves, el Sirpa gestionó ante el INAU la declaración de
esencialidad de ese servicio aun cuando, dijo, no hay medidas gremiales en
curso. "Es claro el objetivo del Poder Ejecutivo de destruir nuestra
organización", afirmó.

Salaberry dijo que desde el jueves en el Ceprili está presente el Grupo GEO,
cosa que "refleja que hay una situación de inseguridad constante" . Hoy,
desde la hora 12, el sindicato de funcionarios del INAU realizará una
asamblea para evaluar la situación.

Conjunción de conductas

Anoche, el juez Iribarren explicó las razones que motivaron los 26
procesamientos por la represión contra un grupo de internos del Ceprili
registrada el 24 de julio que denunció ante la Justicia la presidenta del
Sirpa, Gabriela Fulco. En el video de la cámara de seguridad, que semanas
atrás divulgó El Observador y Subrayado, se ve cómo un grupo de más de 30
funcionarios ingresan al patio de un módulo y reprimen a dos internos que
estaban generando disturbios, obligándolos a permanecer boca abajo mientras
un trabajador les propinó patadas en el piso.

"El hecho no está compuesto por acciones individuales. Se entendió que hay
una conjunción de conductas que convergen en un fin común y se juzgó toda
esa actividad común. Todos conforman ese abuso y desproporcionalidad", dijo
el juez en rueda de prensa.

"Si bien esto es cuestionable en cualquier circunstancia, en este caso
adquiere una mayor gravedad porque el fin primordial de la privación de
libertad de los adolescentes es la rehabilitación", explicó el magistrado.

Iribarren indicó que se constató un "trato cruel" contra los internos y
respecto a la imputación contra los nueve funcionarios acusados por
complicidad explicó que el hecho de no haber hecho nada para evitar el
episodio implicó "aceptar" el resultado.

En el dictamen en el que el jueves pidió los 26 procesamientos, la fiscal
Umpiérrez había señalado: "Las conductas son dinámicas y van desde los
golpes de puño o puntapié, el uso de elementos químicos (gas extintor)
dentro de pequeños recintos donde estaban los jóvenes, retiro de sus
pertenencias de las habitaciones y sujeción en el piso de manera degradante,
con la cara hacia el suelo obligándolos a no observar la secuencia por un
amplio término de tiempo".

Exceso

Los abogados de los procesados se mostraron disconformes con la resolución
del juez Iribarren y anunciaron que apelarán. "La fiscal cree que ese 'no
hacer' le permite imputar el delito; nosotros creemos que las personas que
no tienen ninguna actividad y no colaboran ni material ni moralmente en el
delito imputado no deben tener calidad de cómplices", dijo el abogado del
sindicato del INAU, Juan Raúl Williman.

Por su parte, la abogada Natalia Fleitas, defensora del director del
Ceprili, que fue enviado a la cárcel, consideró "excesiva" la imputación del
delito de tortura "No hubo una valoración objetiva de la participación" en
cada caso. "Hubo un intento de motín, se intentó reducir a los internos, y
si bien es cierto que hubo situación de abusos, no ameritan el delito de
tortura", afirmó Fleitas.

El abogado Aníbal Martínez Chaer, defensor del funcionario que le pegó
patadas en el piso a dos internos y que por eso fue enviado a prisión,
también criticó el procesamiento y dijo que su cliente reconoció el "error",
mientras que el abogado José Maldonado, representante de otro funcionario
que fue a la cárcel, sostuvo que el fallo "es un dislate jurídico".

Un delito usado en cinco ocasiones

Desde 2006 (cuando se aprobó la Ley 18.026 que configura la tortura como un
delito en su artículo 22) habían sido procesadas cinco personas por esa
figura, pero con el caso de ayer el total ascendió a 31. El delito lo comete
quien cause "dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales o
morales"; cualquier trato o sometimiento "inhumano o degradante", o acciones
tendientes a "disminuir las capacidades físicas o mentales". La pena va
entre los 20 meses y 8 años de cárcel.

A cárcel Central

Según informó Subrayado esta mañana, y pudo confirmar El Observador, los 17
funcionarios fueron recluidos en Cárcel Central momentáneamente. Dirigentes
gremiales afirmaron que estarán allí por un tiempo hasta que el Ministerio
del Interior decida el lugar definitivo. Los abogados solicitaron medidas de
seguridad por riesgo de represalias.

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