Uruguay/Fripur: el cierre de un "gigante pesquero" amigo del poder político [Marcos Rey]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 22 de agosto 2015

germain5 en chasque.net

A l’encontre – La Breche

www.alencontre.org <http://www.alencontre.org/> 

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Uruguay

 

El cierre de Fripur (Frigorífico Pesquero del Uruguay)

 

Una empresa amiga del poder político de turno

Los vínculos de los Fernández (Alberto y Máximo) con el poder político no se
limitan a las administraciones del Frente Amplio, más bien parecen abrazarse
al gobernante que esté de turno. A Tabaré Vázquez le prestaron una avioneta
para la campaña electoral de 2004, así como a José Mujica y a Danilo Astori
para viajar a Brasil en 2009. A Mujica, además, le financiaron la banda
presidencial en 2010 (pese a que el Estado luego devolvió el dinero), y
luego aportaron 15 mil dólares para el acto de asunción, al igual que lo
hicieron otras empresas que por entonces coqueteaban con el progresismo,
como Buquebus y Tenfield. Pero los Fernández también tuvieron una relación
cercana con los gobiernos de Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti,
con quienes solían compartir asados en Punta del Este. En tiempos
electorales, Máximo y Alberto Fernández aportaron dinero a varios partidos
políticos. Por ejemplo, en la elección de octubre de 2014 donaron fondos en
nombre de Fripur al Partido Colorado y al Frente Amplio, como lo muestra la
aplicación creada por el portal Sudestada. Y en la última elección interna
de junio de 2014 Alberto Fernández invitó a varios empresarios a colaborar
con la campaña del nacionalista Jorge Larrañaga, según publicó ayer El País.
Pero también hicieron buenas migas con los militares. Desde su fundación en
1976, Fripur abastecía con sus productos a los centros de detención, según
los relatos de varios ex presos políticos. Al disponer de una flota
pesquera, que requiere permisos y controles de la Prefectura, varios mandos
medios de la planta industrial de la Aguada han sido retirados militares,
como los gerentes de mantenimiento. (Brecha)

No huele nada bien 

El sindicato de la pesca denunció en el Parlamento que los dueños de Fripur
utilizaron los créditos bancarios del Estado para invertir en negocios
familiares colaterales. La quiebra del gigante pesquero es para los
trabajadores la “crónica de una muerte anunciada” debido a la falta de
inversión en la planta y en los barcos, a la caída de las exportaciones y a
las múltiples deudas. 

Marcos Rey

Brecha, Montevideo, 22-8-2015

http://brecha.com.uy/

“Fábrica fundida, empresarios enriquecidos”, repiten con impotencia, como si
recitaran un mandato bíblico, sindicalistas y políticos de varias tiendas
partidarias. Después de cuatro décadas se paralizó la actividad en el
Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur), la planta industrial más grande
del país en el rubro y líder en exportaciones hasta hace poco tiempo. Con la
paralización, Fripur dejó un reguero de deudas con el Estado, los
trabajadores y con varios acreedores privados, y un pasivo estimado en 70
millones de dólares.

Lejos de la bancarrota personal, los fundadores en 1976 del frigorífico
ahora quebrado, los hermanos Alberto y Máximo Fernández, lograron reciclarse
diversificando sus inversiones en negocios agropecuarios, forestales,
inmobiliarios, eólicos, entre otras empresas familiares que actualmente
dirigen sus hijos (véase recuadro). Pese a la riqueza que multiplicó la
familia Fernández, casi 960 trabajadores –muchas jefas de hogar que, como
jornaleras, solían cobrar menos de 15 mil pesos mensuales– esperan desde
hace dos años que los empresarios les paguen las licencias y los salarios
vacacionales adeudados. Basta charlar con ellas unos minutos para compartir
la indignación y la frustración que sienten. Fripur no sólo se hizo célebre
por vender pescado empanado en cajitas con destino a Europa, sino por la
persecución sindical y el maltrato sistemático a sus trabajadores, como lo
probaron múltiples inspecciones y multas aplicadas por el Ministerio de
Trabajo (Mtss). En 2012, por ejemplo, se sancionó a Fripur con una histórica
multa de 80 mil dólares por persecución sindical, la más alta que haya
puesto hasta entonces esa cartera.

Con el respaldo del Pit-Cnt, los trabajadores ocupan desde el martes la
fábrica, por tiempo indeterminado. Lo harán hasta que se garantice por
escrito en el Mtss que cobrarán los créditos laborales adeudados (unos 2
millones de dólares, según supo Brecha) y que el seguro de paro se extenderá
por 120 días e incluirá a los empleados que no llegan a los jornales
necesarios para cobrarlo. También buscarán negociar que, si la empresa es
vendida en bloque, se mantengan los puestos laborales o, si no fuera posible
para todos, que se cree una bolsa de trabajo para ubicarlos en otras
empresas del rubro, confirmó a Brecha el dirigente del Sindicato Único de
Trabajadores del Mar y Afines (Sutma) José Franco. Sin embargo, según
contaron en privado a Brecha jerarcas del gabinete de Tabaré Vázquez, en
filas del Poder Ejecutivo ven difícil que todos los trabajadores pueden ser
reincorporados en el sector pesquero, y evalúan ofrecer la reconversión
laboral a través de cursos en el Inefop. Por otro lado, los trabajadores
descartaron apostar a un proyecto coo-perativo autogestionario en el
frigorífico, como sugirieron los empresarios, por el tamaño de la empresa y
el capital que necesitarían para ponerla en funcionamiento nuevamente.

El Sutma pretende que una parte de los ingresos que se generen por la venta
de la mercadería prendada en favor del Banco de Previsión Social (Bps) –por
las deudas de aportes patronales que tiene Fripur– se destine a pagar los
créditos laborales de los trabajadores, pues temen que no haya dinero
suficiente. Los activos de la empresa incluyen la planta industrial, 16
barcos, la flota de camiones y una planta de harina de pescado en el Cerro,
y no llegarían a cubrir ni la mitad del pasivo de 70 millones de dólares de
Fripur.

Según datos del Banco Central, el frigorífico le debe casi 40 millones de
dólares al Banco República (Brou) y 5 millones al Banco Santander, las dos
entidades que tienen hipotecas y prendas sobre los bienes del frigorífico y
que cobrarían primero en la liquidación. Además le debe medio millón de
dólares a Ute, empresa con la que el interventor tuvo que negociar para que
no cortaran el suministro de energía eléctrica –previsto para ayer, 20 de
agosto–, porque se perderían los productos congelados, prendados en favor
del Estado. Al Sutma le parece “paradójico” que mientras Fripur mantiene una
deuda con Ute, Máximo Fernández, titular también del parque eólico Kentilux
SA, le venda energía eléctrica al ente, gracias a los diez molinos eólicos
que instaló en la estancia familiar La Magdalena, en San José (una inversión
que por otra parte financió el Brou en un 70 por ciento).

Desvío de fondos

El sindicato no desconoce las dificultades que ha tenido Fripur en los
últimos años para colocar los productos en sus tradicionales mercados de
África, la Unión Europea y Brasil, ni la desigual competencia asiática que
se vale de mano obra prácticamente esclava en la pesca. Pero insiste en que
la quiebra no sólo está asociada a la pérdida de mercados, sino a “graves
problemas de gestión”. En concreto, denuncian que los Fernández desviaron
hacia otros negocios familiares parte de los préstamos que recibieron del
Banco República para reinvertir en la planta y en la flota de barcos. “La
pérdida de mercados aceleró el proceso, pero en el fondo el problema es que
la empresa utilizó el dinero prestado para otros fines. Desde la dictadura
hasta ahora, todos los gobiernos le han refinanciado las deudas y le han
prestado muchísimo dinero. Pero Fripur no reinvirtió toda esa plata en el
sector, sino en otros negocios, dejando caer esta empresa”, afirmó a Brecha
Franco, para quien el derrotero de la pesquera es la crónica de una muerte
anunciada. A modo de ejemplo, el sindicato señala que de los 16 barcos que
la empresa tiene en Uruguay, sólo cuatro están en funcionamiento, por la
falta de mantenimiento de las cámaras refrigeradoras. Durante algunos años
los empresarios procesaron en la planta de La Aguada parte de la producción
agrícola (brócoli, espinaca, espárrago) de los establecimientos que tienen
en San José, mientras que solían llevar hasta allí a trabajadores del
frigorífico pesquero (electricistas y albañiles) para tareas de
mantenimiento, cuenta a Brecha José Umpiérrez, maquinista y dirigente del
comité de base del Sutma en Fripur.

La última inversión importante que recuerdan los trabajadores en la planta
se realizó en 2009, cuando se utilizó parte de los préstamos bancarios para
acondicionar las cámaras de frío con tecnología de última generación. Hasta
entonces, para almacenar la mercadería Fripur solía alquilar los
contenedores refrigerados de la empresa Fimaral, firma que actualmente está
a nombre de Javier Fernández, hijo de Alberto.

El sindicato denunció este miércoles, en la Comisión de Legislación del
Trabajo de Diputados, lo que entienden fue una “maniobra” para desviar hacia
otros emprendimientos parte de los créditos otorgados por el Estado. Y, en
los hechos, en épocas de cautela y prudencia, volvió a poner la lupa sobre
los controles, las garantías y los recaudos que toma el Estado frente a los
privados. No sólo los legisladores de la oposición consideraron “graves”
estas denuncias y anunciaron que citarán a las autoridades del Banco
República, también la preocupación se extendió entre varios legisladores
oficialistas consultados por Brecha. Por ejemplo, el diputado frenteamplista
Luis Puig (Pvp), que estuvo en la sesión de la comisión, explicó a este
semanario que “es necesario investigar si la empresa desvió fondos hacia
otros negocios de la familia con los préstamos recibidos, así como qué tipo
de garantías se otorgaron por los créditos y si son ejecutables. Esa
información se la pediremos al Brou”.

Desde el gobierno, el presidente del Banco Central, Mario Bergara, así como
la ministra de Industria, Carolina Cosse, aseguraron a la prensa que el
endeudamiento de Fripur se arrastra desde hace varias décadas. En la misma
línea opinó el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, cuando en Canal 12 lanzó
que sin la ayuda del Estado la empresa “hubiera cerrado hace varios años”.
Sin embargo, hasta el momento no se han brindado detalles sobre los montos y
las fechas en que se otorgaron los préstamos al frigorífico pesquero, ni las
garantías de los créditos. “Fripur trabajó con créditos otorgados por todos
los gobiernos, porque ha sido cliente del banco por más de 25 años”, se
limitó a responder a Brecha el ex director herrerista en el Brou durante la
administración pasada, Alejandro Irastorza. Consultado por este semanario,
el director de la Dinara, Daniel Gilardoni, enmarcó la crisis de Fripur en
la pérdida de competitividad que ha tenido el sector pesquero en los últimos
años, y recordó que las empresas pesqueras demandan una reducción de los
aportes patronales, incrementados desde que en 2009 se aprobó la jubilación
bonificada para los pescadores. El sindicato, sin embargo, señala la
prescindencia que ha tenido el Estado al no haber apuntalado una política de
pesca con objetivos claros y con diálogo entre todas las partes.

La liquidación 

La crisis financiera de Fripur se arrastraría desde hace varios años. Desde
2010, según el sindicato, la gestión de la fábrica quedó en manos de Adriana
y Laura Fernández, dos de las hijas de Máximo. Durante 2013 el gobierno de
José Mujica intentó sin éxito que la planta fuera comprada por empresarios
chinos. Poco después, cuando la empresa se presentó a concurso de
acreedores, en julio de 2014, la justicia designó como interventor al
estudio Rueda, Abadie y Pereira. La semana pasada, finalmente, los Fernández
informaron al Poder Ejecutivo que no podrían mantener la planta en
funcionamiento por falta de liquidez. Los empresarios serán desplazados y el
estudio actuará como síndico administrando temporalmente la planta y
buscando la venta en bloque de la empresa.

La etapa que se iniciará ahora con la liquidación de la firma es clave no
sólo para encontrar un comprador que reactive la producción y mantenga los
puestos de trabajo, sino para determinar la conducta de la empresa durante
el concordato. “Ahora viene la calificación del concurso, que puede ser
fortuito o culpable, es decir, se juzgará la conducta del deudor (Fripur).
Los acreedores pueden denunciar o no que hubo dolo o culpa grave del deudor
en la producción o la agravación de la insolvencia. Con esos datos el
síndico realiza un informe y la jueza decide. Sólo si el concurso es juzgado
como culpable se podría ir contra el patrimonio personal (de los
empresarios) o, incluso, contra los bienes de otras personas vinculadas al
negocio. Pero eso dependerá de la calificación de la justicia”, explicó a
Brecha el abogado Francisco Cobas, que oficiará de síndico.

De modo que cuando la jueza dictamine la liquidación de Fripur comenzará a
correr un plazo de 90 días (hasta fines de noviembre) para vender la empresa
en bloque, de lo contrario, si no hubiera comprador, se rematará por partes.
Cobas prefirió no adelantar una opinión sobre presuntas maniobras de la
empresa para desviar fondos hacia otros negocios. Pero sí confirmó a este
semanario que el Brou tiene una garantía real por 23 millones de dólares
sobre los créditos que proporcionó a Fripur, lo que no llega a cubrir el
total de la deuda del banco estatal (superior a los 40 millones). Mientas
prepara la licitación para encontrar compradores para la planta, Cobas
negocia con los dos acreedores que tienen hipotecas y prendas a su favor (el
Brou y el Banco Santander) para que “acompañen el proceso” de liquidación y
el eventual comprador “no tenga dudas” de qué sucederá con el embargo
genérico que recae sobre la planta industrial de La Aguada, los barcos, los
camiones y la mercadería. A favor del Santander están hipotecados dos buques
pesqueros, mientras que a favor del Brou está el resto de los bienes.

Valor quitado

A pesar de las pésimas condiciones laborales, a Fripur le solían reconocer
la capacidad para agregar valor a los productos pesqueros que exportaba, en
particular en su línea de empanado de merluza con destino a Europa. Sin
embargo, las condiciones sanitarias de algunos embarques o las inspecciones
que certificaron irregularidades en el proceso productivo le quitaron valor
y mercados a sus productos.

La Unión Europea (UE) cerró el ingreso de pescado uruguayo entre noviembre
de 2007 y junio de 2008 al detectar irregularidades sanitarias en el proceso
productivo de varias plantas uruguayas. En su informe, los inspectores de la
UE mencionaron que en Fripur hubo “un pobre manejo de higiene en el
procesamiento”, al detectar cadmio (un metal potencialmente cancerígeno) en
una partida de calamares, y “alta presencia de enterobacterias y coliformes
fecales” (Brecha, 25-II-11). A fines de 2010 la UE volvió a emitir una
alerta sanitaria y frenó en Italia el ingreso de un embarque de calamares
que otra vez se excedía en los niveles permitidos de cadmio. A la par,
durante varios meses de 2010 Rusia cerró las puertas al ingreso de
mercadería de Fripur por “contaminación microbiológica”.

Sin embargo, tampoco el Estado colaboró demasiado en hacer notar la gravedad
de las sanciones. Pese a que los inspectores de la Dirección Nacional de
Recursos Acuáticos (Dinara) habían advertido de las irregularidades antes de
que llegara la sanción de la UE, e incluso habían sugerido que se multara a
Fripur con la máxima sanción (115 mil dólares), la oficina estatal le
aplicó, tres años después, una multa irrisoria de 100 unidades reajustables
(2.300 dólares). El abogado Gustavo Salle denunció el caso en el juzgado de
crimen organizado, con la idea de probar que la empresa recibía favores del
gobierno. Por entonces se supo que la esposa del director de la Dinara
durante el primer gobierno frenteamplista, Daniel Montiel (Mpp), había sido
contratada, en 2007, por la empresa de taxis aéreos Vuele Ya, propiedad de
los Fernández.

Pero quizás el hecho más llamativo fue cuando Brecha publicó un extenso
informe, en febrero de 2011, en el que daba cuenta de que una inspectora de
la Dinara había denunciado ante sus jefes que Fripur había adulterado la
fecha de vencimiento de los productos que estuvieron sin exportarse a Europa
mientras duró la sanción. La inspectora tomó fotografías y documentó la
maniobra, pero los jerarcas resolvieron archivar la denuncia y destinar a la
mujer a otras tareas. Aunque este hecho se sumó a la investigación judicial,
pocos meses después el fiscal Ricardo Percivalle archivó la causa. Sin
embargo, el destino de la firma, sacudida por denuncias y multas varias,
tomó la ruta de la decadencia y la falta de inversión, tocando esta semana
fondo definitivo.

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Los negocios familiares

El reciclaje

Los septuagenarios Alberto y Máximo Fernández, fundadores de Fripur, han
sido secundados por sus hijos en las múltiples empresas vinculadas a bienes
de exportación (pescados, pollos, soja, trigo, ganadería) y de servicios
locales (empresas de bolsas de plástico, harina, contenedores), además de
inversiones inmobiliarias y en parques eólicos. Por ejemplo, Javier
Fernández, hijo de Alberto, es el titular de la empresa Frimaral, proveedora
de contenedores para organismos como el Inau y la Anep. Está casado con
Natalie Manhard –cuya familia es propietaria del grupo Parisien (Chic
Parisien, Indian Outlet, La Casa de la Telas, entre otras) y principal
accionista en Punta Carretas Shopping–, y fue en la mansión que esta joven
pareja tiene en Carrasco donde Cotidiano Mujer denunció –y Brecha investigó–
el trabajo esclavo al que eran sometidas varias empleadas domésticas
bolivianas. Ricardo Fernández, otro miembro del clan familiar, es el
director de la empresa Kentilux SA, dueña de más de diez molinos eólicos en
la estancia La Magdalena, en San José. En el establecimiento familiar de los
Fernández, de unas 1.000 hectáreas, se engorda ganado en feedlots y se
cultiva soja y trigo, entre otras actividades agropecuarias. La familia
tiene otra estancia, La Floresta, sobre la ruta 45, que ha ido creciendo con
la compra de campos linderos, por lo cual las tierras de los Fernández se
extienden desde el Río de la Plata hasta el río San José. Además, Alberto
Fernández fue director de Grinfin SA, una pesquera que operaba en Argentina
desde 1992 y que el año pasado fue denunciada por un legislador de la
provincia de Río Negro por adeudar tres meses de sueldo a sus empleados,
según publicó ayer El País.

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