Uruguay/ explotación sexual infantil: la "cara oculta" del país progresista [Diana Cariboni]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 6 de enero 2015

germain5 en chasque.net

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Uruguay

La cara oculta de la explotación sexual infantil 

Diana Cariboni

IPS, desde Montevideo

http://www.ipsnoticias.net/

Karina Núñez Rodríguez tenía solo 12 años cuando se vio empujada a la
prostitución. Ahora con medio siglo de vida y seis hijos, es una de las
voces más elocuentes contra la explotación sexual de niñas y adolescentes en
Uruguay, un país reacio a reconocer esta creciente lacra.

Su apellido materno, Rodríguez, "tiene todo que ver con lo que hago y con lo
que soy", dice a IPS al explicar por qué quiere figurar con ambos esta mujer
que, pese a sus múltiples aportes, no tiene otros ingresos que el trabajo
sexual.

Tal como su abuela, su madre también fue una niña explotada. Ahora ella se
enorgullece de haber quebrado este círculo familiar de servidumbre y marca
una fecha simbólica: cuando su hija menor cumplió 12 años siendo una niña
alegre y pronta para ingresar a la escuela secundaria.

En Uruguay, una gran cantidad de menores, la gran mayoría niñas, son
arrancados de su infancia y ofrecidos como mercadería a cambio de pagos
variables: un paquete de cigarrillos, una dosis de drogas, una tarjeta de
teléfono móvil, comida, vestimenta, refugio o dinero. Los explotan miembros
de sus familias, vecinos o redes criminales, pequeñas o más articuladas.

La dueña de un negocio alimentario organiza bailes en su tienda los días de
paga de los peones rurales del lugar, e invita a niñas de 12 años de su
vecindario. Las pequeñas pasan sus noches bebiendo, bailando y manteniendo
relaciones sexuales en las instalaciones exteriores de una capilla cercana.

El propietario, de 74 años, de un hotel en una zona turística paga el viaje
de una quinceañera, que vive a cientos de kilómetros, para tener sexo con
ella. Después, le envía dinero a sus explotadores, pero ser elude ser
procesado alegando que ignoraba que la adolescente era menor de 18 años.

Un alto funcionario de un departamento (provincia) organiza una fiesta con
adolescentes, alcohol y cocaína en un edificio gubernamental y es hallado en
flagrancia cuando, ya borracho, se va en su automóvil con una de las
jovencitas.

Una red, conformada por camioneros y los padres de dos de las víctimas,
obliga a varias niñas a tener relaciones sexuales con conductores de
camiones en tres pueblos diferentes.

Casos como estos son noticia cada semana en Uruguay. En 2010, el gobierno
declaró el 7 de diciembre como día nacional contra la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes. Pero todavía no puede medir los alcances del
crimen, penado con hasta 12 años de prisión por una ley de 2004. La
prostitución adulta es legal en el país y está regulada por el Estado.

Al menos 1,8 millones de menores son explotados en la prostitución o la
pornografía en el mundo, según Ecpat, una red mundial de organizaciones
dedicadas a combatir estos delitos. Casi 80 por ciento de la trata de
personas es para la explotación sexual, y más de 20 por ciento de las
víctimas son niñas y niños.

Desde 2010 hasta septiembre de este año, la justicia procesó 79 casos que
involucraron a 127 acusados. Solo 43 de ellos recibieron condena, según un
informe publicado por el Poder Judicial.

Pero las denuncias policiales  van en aumento. En 2007 fueron  20, en 2011
llegaron a 40, in 2013 fueron 70, y en los 10 primeros meses de 2014
superaron las 80. "Cada caso no afecta solo a una niña o un niño. Puede
implicar a cuatro o cinco", dice a IPS el presidente del Comité Nacional
para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de
Niñas, Niños y Adolescentes (Conapees), Luis Purtscher.

Además, los perpetradores superan en número a las víctimas. "En una sola
noche, una chica puede tener cinco o 10 relaciones", agrega.

En los últimos cinco años, Conapees entrenó a 1.500 empleados públicos,
incluyendo educadores, trabajadores sociales, agentes policiales y fiscales.
"Tenemos 3.000 ojos y oídos más, con algún grado de entrenamiento para
detectar y denunciar", agrega, como otra razón por la que los casos
aumentaron.

La violencia de género juega también un papel relevante. En una lista de 12
países latinoamericanos, más España y Portugal, Uruguay tiene la tasa más
alta de mujeres asesinadas por sus parejas actuales o pasadas cada 100.000
habitantes, sostiene un informe publicado por el Observatorio de Igualdad de
Género de América Latina y el Caribe.

Dentro de una campaña de sensibilización, el Conapees publicó un aviso en la
prensa escrita: "Chicas, muy chicas", seguido de un número de teléfono que
recibió 100 llamadas el primer día y 500 el primer fin de semana.

Núñez Rodríguez se convirtió en activista tras presenciar el sufrimiento de
jovencitas sometidas al "proceso de ablande" en las "whiskerías"
(prostíbulos y expendios de alcohol): "torturas, penetraciones forzadas y
colectivas, golpizas", destinadas a crear "tal lazo de temor entre la
víctima y el explotador que la chica se pueda quedar toda la noche parada en
una esquina en cualquier parte sin siquiera pensar en ir a la policía",
describe.

Ella cuenta como un logro haber presentado 27 denuncias a las autoridades.
De esos casos, "participé en nueve procesamientos y tengo el honor de que la
gente confía en mí y me aporta más y más pruebas certeras", sostiene. Revisa
personalmente los datos y se apoya en una red de ocho amigas y colegas en
distintas ciudades del país. "Gracias a Dios, tenemos WhatsApp", sonríe.

En 2007, junto a otras compañeras crearon el Grupo Visión Nocturna para
promover una postura independiente de las autoridades en cuestiones de salud
vinculadas a la prostitución y para exigir respeto hacia las trabajadoras
sexuales.

En 2009, poco después de denunciar en una comisaría de una pequeña ciudad
del interior que dos adolescentes estaban iban a ser traficadas, un supuesto
cliente la invitó a su auto. Viajaron 20 kilómetros hacia las afueras.
"Nueve tipos me dieron una paliza. Estuve 11 días en cuidados intensivos y
tres meses sin poder caminar", relata.

Cuando se recuperó, "volví a denunciar el mismo delito", asegura. Ha sufrido
amenazas de muerte y asume que alguna puede materializarse.

En el oeste de Montevideo, terminales de autobús, parques, autopistas,
cantinas e incluso viviendas particulares son los sitios en los que se
perpetran crímenes sexuales contra niñas y niños, señala el informe "Un
secreto a voces", escrito por Purtscher y otros siete especialistas que
entrevistaron a más de 50 personas.

El área está atrayendo grandes inversiones y mano de obra masculina, que
podrían agravar la situación, pero carece de mecanismos para asistir a las
víctimas, según indicaron varias fuentes. Tampoco los tiene el país. Un
programa gubernamental de asistencia creado en 2013 con ese fin está
desfinanciado y cuenta solamente con dos equipos propios.

Esta lenta respuesta oficial exaspera a Karina Núñez Rodríguez. "Cuando un
niño es explotado, no se puede esperar", dice.

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