Uruguay/ terrorismo de Estado: gobierno, Frente Amplio y Corte Suprema actuan a favor de la impunidad [Comisión Internacional de Juristas]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 23 de enero 2015

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A l’encontre – La Breche

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Uruguay

Actitud deliberada 

Un informe de la Comisión Internacional de Juristas –organismo de las
Naciones Unidas– atribuye a la Presidencia, a la bancada oficialista y a la
Suprema Corte de Justicia una deliberada actitud de consolidar la impunidad
de los terroristas de Estado “para terminar, a cualquier costo, con la
investigación de las violaciones a los derechos humanos”. 

Samuel Blixen

Brecha, Montevideo, 24-1-2015

http://brecha.com.uy/

Con su conocido y particular estilo de prudencia, Tabaré Vázquez contestó:
“Lo dijo usted, no lo dije yo”, cuando una periodista sintetizó: “De modo
que Huidobro está nominado pero no tiene su respaldo”. En un toma y daca, en
medio de tamboriles y comparsas, el presidente electo eludió expresamente un
respaldo a quien designó como ministro de Defensa de su próximo gobierno.
Vázquez resolvió la flagrante contradicción con una perogrullada: “El señor
ministro es ministro del actual gobierno. Yo comienzo a trabajar el 1 de
marzo”.

Tanto gre gre para decir Gregorio explica quizás la intención de Vázquez de
desmarcarse del severo y contundente informe difundido por la Comisión
Internacional de Juristas (Cij) –organismo consultante de las Naciones
Unidas con sede en Ginebra–, que no sólo acusó al ministro Fernández
Huidobro sino a la Presidencia, a la bancada oficialista del Parlamento y a
la Suprema Corte de “consolidar un estado de impunidad para las atrocidades
cometidas en el pasado reciente”. Hasta ahora nadie en el gobierno se ha
sentido aludido por unas conclusiones que afirman una complicidad oficial
con los militares y policías responsables de los delitos de lesa humanidad.

El informe, difundido el pasado lunes 19, no anda con medias tintas, a raíz
de las conclusiones sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay a
que llegaron dos misiones que visitaron el país en 2013. El documento de 32
páginas dedica un capítulo especial a las últimas acusaciones de Fernández
Huidobro. “El ministro de Defensa –dice el informe–, que no ha prestado la
cooperación necesaria en las causas judiciales por violaciones de los
derechos humanos durante la dictadura, decidió lanzar un virulento ataque en
contra del Serpaj y de las Ong en general.” Recuerda los epítetos
–“imbéciles”, “cercanos a grupos nazis”, “financiados por las peores
fundaciones imperiales”–– lanzados por el ministro, y subraya las
afirmaciones –“en un giro reminiscente de los peores años del
autoritarismo”– acusando al Serpaj de ser parte de “una gran campaña muy
bien financiada desde el exterior, una campaña mundial que desestabiliza la
situación en muchísimos países” y “busca objetivos oscuros”.

La Cij anota que “representantes del Poder Ejecutivo, incluyendo el
presidente de la República, minimizaron la importancia de las declaraciones
ministeriales o banalizaron su impacto, ignorando sin embargo el tema de
fondo, que es la falta de cooperación del ministerio respectivo en los casos
judiciales”.

Según la Cij, “el ministerio ha negado a los jueces letrados que iniciaban
investigaciones las listas de militares que en un momento dado revistaron en
una unidad militar; los legajos personales de algunos altos oficiales,
direcciones de soldados a quienes los abogados patrocinantes de las víctimas
querían hacer comparecer ante el juzgado y otras informaciones fundamentales
para dar impulso a los procesos”. El documento agrega que, en ocasiones, el
ministro afirmó que “ese tipo de documentación no se ha conservado en el
ministerio”. (Dicho sea de paso: los juristas de Ginebra no tienen por qué
saber que, por ejemplo, las direcciones domiciliarias del personal militar,
en actividad o en retiro, están, permanentemente actualizadas, en el
Servicio de Pensiones Militares, dependiente del ministerio.)

El documento establece que los legisladores del grupo político predominante
en el gobierno “han guardado silencio frente a lo que resulta cada vez más
evidente: que se han dado pasos para consolidar un estado de impunidad para
las atrocidades cometidas en el pasado reciente”, y han acompañado, dice el
informe, la postura prescindente de la Presidencia. La Comisión
Internacional de Juristas llegó a la conclusión de que el grupo político
predominante en el Poder Ejecutivo no ha tenido mayor interés en escudriñar
el pasado reciente y “ha predominado –dice– en estrechos círculos
gubernamentales lo que los analistas llaman la ‘teoría de los dos
demonios’”.

El informe recuerda que desde hace ya un tiempo se repiten declaraciones
desde altas esferas del gobierno “que apuntan soslayada, pero
inevitablemente, a consolidar el grado de impunidad ya implantado con
relación a las violaciones del pasado reciente. Estas declaraciones se
traducen en llamados a la clemencia humanitaria que mitigue las condiciones
de reclusión –debido a la edad avanzada– de los perpetradores”.

El panorama que conduce a la inevitable conclusión de que en los tres
poderes del Estado predomina un contubernio con la impunidad se completa con
los tajantes juicios del organismo internacional hacia los miembros de la
actual Suprema Corte de Justicia. Afirma el documento que la Scj “ha asumido
una importante cuota de responsabilidad en las acciones para terminar, a
cualquier costo, con la investigación de las violaciones a derechos humanos
cometidas por agentes gubernamentales durante la dictadura militar”. El
documento subraya que no ha bastado para tal fin que las más recientes
sentencias resulten violatorias del derecho internacional (sosteniendo la
prescripción de los delitos que, por otra parte, no son considerados como de
lesa humanidad); “ha llegado a sancionar –para todos los efectos prácticos–
a jueces de lo penal que quisieron seguir con los procesos intentados contra
miembros de las Fuerzas Armadas. Estas sanciones aparecen disfrazadas como
traslados de sus cargos, que se dan de manera inconsulta e infundada, pero
con el obvio resultado de obstaculizar los avances en los procesos penales
pendientes”. Deduce la Cij que con dichos traslados (se menciona
expresamente el de la doctora Mariana Mota) la Suprema Corte y la Fiscalía
de Corte buscan que los jueces y fiscales no avancen en las causas de
derechos humanos, “ignorando el devastador impacto que sus acciones tienen
sobre los procesos judiciales en curso”. La remoción de jueces y fiscales
que se encuentran al frente de casos de alta sensibilidad política y social,
sin brindar fundamentos razonables, “puede verse como un impacto
intimidatorio y aleccionador sobre otros jueces, lo que pone ciertamente en
riesgo el principio de independencia judicial”.

En el umbral de un tercer gobierno del Frente Amplio, la consolidación
presente de la impunidad desdibuja las iniciativas iniciales con las que la
propia coalición diseñó su política de derechos humanos. Concluye el
informe: “Las frecuentes referencias –desde el Ejecutivo– a la necesidad de
clemencia humanitaria –en forma de prisión domiciliaria– para el puñado de
represores de la dictadura que purga sentencia, las alegaciones a las falsas
simetrías del ‘combate’ de los años sesenta y setenta, y la resistencia a
proporcionar informaciones necesarias para que se pueda conocer la verdad
sobre los desaparecidos, son todos signos que sugieren que una nueva
resolución se ha estado abriendo camino a nivel de la cúpula gubernamental.
De consolidarse esta tendencia, sólo puede conducir a un estado más
pronunciado de la impunidad que el que se ha visto hasta ahora”.

Sin embargo, la Cij sostiene que existen condiciones que permiten avanzar
hacia una resolución de los temas de verdad y justicia sobre el pasado
reciente que dé, finalmente, una alternativa aceptable y digna para las
víctimas, los familiares y la sociedad. “Para eso, el próximo gobierno
deberá mostrar determinación y ejercer liderazgo”, recomienda el documento.

En ese sentido, las recientes declaraciones de Tabaré Vázquez (“vamos a
cumplir estrictamente con el compromiso adquirido en la campaña electoral,
vamos a trabajar por la verdad y la justicia, y a trabajar para que la
situación del último de los desaparecidos pueda ser revelada: saber qué
pasó. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para facilitar esta tarea”)
pueden ser el anuncio de una rectificación de rumbos; o pueden ser otro
saludo a la bandera.

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