EEUU/Cuba/ hacia fronteras abiertas [Samuel Farber]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 4 de mayo 2015

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A l’encontre – La Breche

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Estados Unidos/Cuba

Hacia fronteras abiertas

Los Estados Unidos y Cuba por fin reanudaron sus relaciones diplomáticas.
¿Qué impacto va a tener esto en la política de inmigración norteamericana?

Samuel Farber *

Havana Times, 2-5-2015

http://www.havanatimes.org/

Jacobin, 22-4-2015

https://www.jacobinmag.com/

A principios de abril del 2015, el presidente Obama se reunió con el
presidente Raúl Castro en la Cumbre de las Américas. Este fue el primer
encuentro entre los líderes de ambos países en más de 50 años. La reunión ha
sido la expresión más visible de la reanudación de relaciones diplomáticas
entre los Estados Unidos y Cuba, anunciada por Washington y La Habana en
diciembre del 2014.

El acercamiento a reenfocado la atención en la política norteamericana que
por casi cinco décadas ha permitido a los cubanos emigrar a los Estados
Unidos sin límite alguno, un “privilegio” que el gobierno estadounidense no
ha extendido a los ciudadanos de ningún otro país.

El número de cubanos inmigrando legalmente a los Estados Unidos había
aumentado significativamente antes del acuerdo de diciembre. De hecho, la
más grande ola de inmigración desde la Revolución cubana de 1959 tuvo lugar
no durante los 60 y 70, sino durante las dos décadas de 1994 al 2013, cuando
el empeoramiento de la situación económica en la Isla provocó una emigración
masiva, con 563 mil 470 cubanos legalmente admitidos en los Estados Unidos.

La migración hacia EE.UU. probablemente aumente aún más como resultado de la
reanudación de relaciones diplomáticas aunada a la liberalización de la
política migratoria del gobierno cubano en el 2012, lo que pone entre tela
el destino de la política de inmigración norteamericana con respecto a Cuba,
política que fue establecida bajo condiciones muy diferentes de las ahora
existentes.

El origen de la política inmigratoria de los Estados Unidos hacia Cuba

Una de las muchas medidas adoptadas por el gobierno norteamericano a
principio de los 60 para derrocar al gobierno revolucionario en Cuba fue
abrir sus puertas a todos los cubanos que querían inmigrar a los Estados
Unidos. Además del impacto propagandístico que tuvo dicha política, golpeó
seriamente la economía cubana, aunque no anticipó que la emigración que
había promovido también funcionaría como una gran válvula de escape para el
descontento popular por mucho tiempo, aún después de que los cubanos más
acomodados abandonaran la Isla.

Para 1966, seis años después del comienzo de la gran emigración de Cuba,
alrededor de 300 mil personas (de una población de aproximadamente 6
millones de cubanos en 1960) ya habían sido admitidas en los Estados Unidos,
aunque con visa temporal de “refugiado” que no les permitía aspirar a la
ciudadanía. Pero la situación legal de los cubanos tuvo que modificarse
cuando se hizo obvio que el gobierno cubano no sería derrocado.

Este fue el contexto en el que la Ley de Ajuste Cubano (CAA por sus siglas
en inglés) fue aprobada por el Congreso norteamericano y refrendada por el
presidente Lyndon Johnson el 2 de noviembre de 1966. Bajo esta ley, los
inmigrantes cubanos, junto con sus parientes ya presentes con ellos en los
Estados Unidos pueden solicitar y obtener la designación de “parole,” que
después de un año los hace elegibles para obtener la residencia permanente.
Cinco años después de haber adquirido la residencia permanente, los cubanos
pueden obtener la ciudadanía norteamericana al igual que cualquier otro
residente permanente.

Sin embargo, a diferencia de la ley Helms-Burton de 1996 que codificó como
ley el bloqueo económico contra Cuba y que por lo tanto requiere que el
Congreso apruebe otra ley para ser enmendada o abolida, la CAA deja la
decisión de conceder la residencia al Procurador General (Attorney General)
“bajo su discreción y conforme a las reglas que él decida establecer.”

Fue así como desde un principio la CAA tuvo la flexibilidad para permitir la
restricción y la eliminación total de sus estipulaciones principales. Sin
embargo, dado que cualquier acción de este tipo por parte de un procurador
general puede tener altos costos políticos, el presidente puede forzar al
poder legislativo a compartir estos costos, al incluir cambios a la CAA
dentro de un paquete más amplio de reformas de inmigración como vehículo
ideal para esconder cualquier modificación o la abrogación de la CAA.

Pero la probabilidad de que cualquier reforma inmigratoria general, por muy
modesta que sea, vaya a ser aprobada en un futuro cercano por un Congreso
controlado por republicanos es mínima, lo que aumenta la posibilidad de una
legislación solamente enfocada en el caso cubano.

“Pies Secos – Pies Mojados”

La severa crisis económica en Cuba, provocada por la caída del bloque
soviético, que llegó a su punto más crítico entre 1992 y 1994, causó
problemas muy serios de desnutrición, entre ellos, una epidemia de
neuropatía con 50 mil casos reportados que particularmente afectó la visión
de las víctimas de la epidemia.

Después de los motines callejeros en el Malecón de La Habana en agosto de
1994 provocados por esta crisis, Fidel Castro permitió la salida libre de
Cuba a todos los que querían marcharse. Así lo hicieron miles de personas,
frecuentemente en balsas en las que arriesgaron y muchos perdieron la vida.
Esta emigración masiva llevó a los guardacostas norteamericanos a detener a
30.879 cubanos en el estrecho de la Florida desde agosto a septiembre de
1994.

La crisis de los balseros fue la causa principal de los acuerdos migratorios
entre los Estados Unidos y Cuba en septiembre del 1994 y mayo del 1995.
Estos acuerdos, refrendados anualmente entre ambas naciones desde entonces,
continuaron la política norteamericana anterior de puertas abiertas, aunque
los Estados Unidos acordaron, también, aceptar a 20 mil inmigrantes cubanos
cada año, que serían procesados por la Sección de Intereses de Estados
Unidos en La Habana. Y en lo que se convirtió en la política de “pies secos
– pies mojados” los Estados Unidos también aceptaron retornar a la Isla a
los cubanos detenidos por la Guardia Costera norteamericana en el estrecho
de la Florida – lo que ha sucedido en miles de casos – y permitir a aquellos
cubanos que se las arreglaron para llegar a tierra firme en los Estados
Unidos acogerse a los derechos otorgados por la ley CAA.

Estos acuerdos proporcionaron una vía migratoria más segura y calmaron un
poco el ansia de los cubanos por emigrar a los Estados Unidos. Pero no
lograron satisfacer el deseo de todos los que querían emigrar, como lo
demostró el número creciente de cubanos, más allá de los 20 mil acordados,
que solicitaron emigrar a los EE.UU. Inicialmente, para repartir los
permisos, los Estados Unidos establecieron una lotería, más tarde abolida
por el gobierno cubano, conocida en la Isla como “el bombo.” En la primera
lotería, que tuvo lugar en noviembre del 1994, participaron 189.000
solicitantes; para la segunda lotería habían aumentado a 435.000 y en el
verano de 1998, a 541.000.

Principalmente como resultado de los acuerdos de 1994-1995, más de 600.000
cubanos han entrado legalmente a los EE.UU. Estos inmigrantes – más los que
vinieron antes, como los 125.000 que salieron del puerto de Mariel en la
primavera de 1980 – proceden mayormente de clases más modestas que aquellos
que los que les precedieron en los 60 y 70.

Son estos inmigrantes posteriores a los 80 los que se han convertido en la
clara mayoría de la población cubano-americana en los EE.UU., a medida que
los cubanos más adinerados que llegaron antes, especialmente en los 60, se
han ido muriendo, y sus descendientes no son tantos como los inmigrantes más
recientes.

El sociólogo cubano-americano Alex Portes describe a la comunidad
cubano-americana actual como un “enclave bifurcado.” De un lado se
encuentran los que vinieron en los 60 y 70 con sus hijos pudientes, quienes
para los conservadores de las ciencias sociales constituyen la “minoría
modelo” que los inmigrantes latino americanos debieran emular. Del otro lado
están los que vinieron a partir de los 80, a los que no les ha ido tan bien
y quienes de hecho tienen un perfil socio-económico similar a otros grupos
de inmigrantes latinoamericanos.

En contraste con los exilados antiguos y sus descendientes, muchos de los
inmigrantes recientes visitan la Isla frecuentemente – más de 300.000 al año
– e, independientemente de su actitud respecto al gobierno cubano, están más
preocupados por el bienestar de sus parientes en Cuba que con la política
del exilio cubano. Van a Cuba no solo para visitar a sus parientes, sino
también para llevarles dinero, obsequios, y para pagarles la estancia en
hoteles turísticos como los de la playa de Varadero (estancia que les fue
vedada mientras Fidel Castro estuvo en el poder).

Por lo tanto, no es sorprendente que las encuestas de opinión pública
muestre a la mayoría de cubano-americanos residentes en la Florida a favor
de una política de normalización en las relaciones de ambos países. A pesar
de que las dos terceras partes de los cubanos que llegaron de los 90 no son
ciudadanos, y los cubanos conservadores adinerados tienen gran poder sobre
los medios de comunicación y el sistema político local. Los tres
representantes de origen cubano de la Florida son todos Republicanos de
derecha firmemente, comprometidos con el bloqueo económico contra Cuba.

Pero el ambiente en el sur de la Florida está cambiando en la dirección
opuesta: Barack Obama obtuvo el 48 por ciento de los votos cubano-americanos
(con proporciones mayores entre los más jóvenes) en las elecciones del 2012,
una clara indicación de la tendencia política en ascenso entre los
cubano-americanos del sur de la Florida de alejarse de la derecha.

La derecha cubano-americana

Desde hace tiempo, la derecha cubano-americana ha estado preocupada por el
cambio en la composición social y política de la inmigración de la Isla a
los Estados Unidos. Los tres congresistas cubano-americanos de derecha –
Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, y Carlos Curbelo – han criticado
públicamente a los cientos de miles de cubano-americanos que viajan a Cuba
para visitar y gastar su dinero con sus parientes en la Isla. En una
entrevista con una estación de televisión de la Florida en el 2009,
Díaz-Balart llegó al extremo de comparar a los cubano-americanos que
viajaban a Cuba con los hombres de negocios que sin escrúpulo alguno
hicieron tratos con los Nazis durante el Holocausto.

Y cuando el gobierno cubano liberalizó la emigración en el 2012 y extendió
el período que los cubanos podían residir en el extranjero sin perder sus
derechos ciudadanos en la Isla – permitiéndoles así a los cubanos obtener la
residencia en los EE.UU y al mismo tiempo preservar sus derechos en Cuba –
Díaz Balart se unió a Ros-Lehtinen, la más antigua de los congresistas
cubano-americanos del sur de la Florida, para denunciar las reformas cubanas
como una amenaza al CAA.

Ahora con la reanudación de relaciones diplomáticas entre Washington y La
Habana, la derecha dura cubano-americana está demandando la abrogación, o
por lo menos una enmienda mayor del CAA con mucha más insistencia que antes,
dado que es muy claro que el CAA ya no sirve sus propósitos originales y
tiende más a beneficiar que a dañar los intereses del gobierno cubano.

Es por eso que Ros-Lehtinen declaró que “uno no puede decir dos cosas
simultáneamente: que Cuba es igual que cualquier otro país, y que voy a
pedir asilo político con la garantía de la Ley de Ajuste Cubano. Algo tiene
que cambiar, porque no es posible mantener dos conceptos, el de persecución
y el de relaciones diplomáticas.” Ros-Lehtinen agregó que “será un milagro
si la Ley de Ajuste Cubano sobrevive a este período de sesiones del
Congreso, porque no se puede mantener relaciones con un gobierno y mantener
un privilegio que no existe para ningún otro grupo,” aunque concedió que
probablemente la ley “solo sería modificada.”

El CAA y los Castro

Desde que el CAA fue aprobado en 1966, el gobierno cubano ha denunciado la
ley como una política asesina, y la ha culpado de la emigración de numerosos
cubanos a la Florida, ignorando los factores internos que, sin duda alguna,
han propiciado esa inmigración. Aunque es verdad que a consecuencia del CAA
miles de balseros han arriesgado – y muchos han perdido – la vida, cruzando
ilegalmente el golfo de México para llegar a pisar tierra en la Florida. Sin
embargo, la gran mayoría emigra ahora a través de México, a donde llega en
lanchas de motor mucho más seguras que las balsas de años pasados.

El gobierno cubano también pasa por alto el hecho de que la emigración
facilitada por el CAA ha funcionado como una válvula de escape para el
descontento interno que crece en la Isla por condiciones tales como la alta
tasa de desempleo, empeorada por la decisión gubernamental de cesantear a
medio millón de trabajadores (en una fuerza laboral de 5.2 millones de
personas) que comenzó a implementar en el 2010.

Hay que agregar que cuando el gobierno cubano liberalizó las reglas de
emigración en el 2012, lo hizo teniendo muy en cuenta el CAA: utilizó esta
ley para que la emigración a EE.UU fuera más atractiva y así resolver
algunos de los problemas de la economía cubana como el desempleo. Al mismo
tiempo sigue negando a sus ciudadanos la libertad de movimiento ilimitada
para entrar y salir de Cuba, aún después de haber liberalizado sus leyes de
emigración. Sigue siendo uno de los pocos países que todavía limita los
derechos ciudadanos de sus emigrantes.

“Robo de cerebros” médicos

En el 2006, el gobierno de Bush, siguiendo la lógica política del CAA,
estableció el “Cuban Medical Professional Parole Program (CMPP)” que le
permite al personal médico cubano destacado en otros países por órdenes del
gobierno, ingresar directamente a los Estados Unidos desde dicho país.

El número de personal médico cubano así admitido en los EE.UU. bajo el CMPP
ha crecido significativamente. Llegó a su punto más alto cuando en el 2014,
mil 278 personas – el tres por ciento del total destacado en el extranjero –
entraron a los EE.UU. El gobierno cubano ha denunciado este programa como un
ejemplo del “robo de cerebros” perpetrado por los Estados Unidos entre otros
países desarrollados.

Sin duda alguna, la política del gobierno cubano de enviar personal médico
al extranjero ha hecho contribuciones muy positivas, particularmente en
casos tan dramáticos como la epidemia de ébola en el África Occidental. Pero
la exportación de servicios médicos cubanos también se ha convertido en un
gran negocio para el gobierno cubano, con una entrada anual de
aproximadamente 8.200 millones de dólares. El programa ha sido
particularmente importante en Venezuela, donde los servicios médicos cubanos
se intercambian por gran cantidad de petróleo, un recurso vital para la
economía cubana.

En última instancia, son más que nada las políticas del gobierno cubano las
que son responsables del grado de éxito que el gobierno norteamericano ha
tenido en estimular la “deserción” del personal médico cubano. Para
comenzar, mientras que muchos países requieren que los médicos compensen al
estado por haber recibido una educación médica gratuita a través de un
servicio social de duración limitada, en Cuba este servicio social
prácticamente no tiene límites.

Hoy en día, como resultado de un aumento de salario concedido a principios
del 2014, los médicos ganan $60 mensuales y las enfermeras $40. Pero aún con
este aumento, los médicos ganan mucho menos que los cuentapropistas como
taxistas, obreros calificados en el sector de la Construcción, y dueños de
pequeños restaurantes familiares (paladares), que constituyen de 20 a 25 por
ciento de la fuerza laboral, y quienes tienen mucha menos educación y
entrenamiento.

Es cierto que los médicos cubanos que trabajan en el extranjero, típicamente
bajo contratos de corta duración, obtienen ingresos significativamente más
altos. En Venezuela, por ejemplo, obtienen un bono adicional de 3 mil
Bolívares mensuales ($477.71). Pero como cualquier otro profesional, no son
los “actores racionales” de la fantasía neoliberal, que abstractamente
tratan de maximizar el rendimiento de su capital humano mudándose a donde
sea necesario para lograr esas metas. Los factores que afectan su motivación
son muchos y más complejos, como su autonomía profesional, sus expectativas
con respecto a las mejoras profesionales y materiales que pueden obtener en
la Isla, y sus ideales de cómo servir a su país.

La cuestión cardinal es si ellos consideran que Cuba les brinda la
oportunidad de mejorar su situación material y profesional correspondiente a
su educación y entrenamiento – aunque no puedan alcanzar los niveles
materiales y profesionales de las grandes metrópolis. Si los médicos cubanos
sintieran que las cosas van a mejorar en su país, estarían mucho menos
interesados en abandonarlo.

Pero como en tantas otras cuestiones, el estado unipartidista ha tratado de
resolver los problemas de “deserción” médica y “robo de cerebros” a través
de medidas burocráticas y policíacas. Así por ejemplo, el Ministerio de
Salud cubano recientemente ordenó que los familiares de los médicos cubanos
destacados en Brasil debían retornar a la Isla antes del primero de febrero
de 2015, so pena de perder sus trabajos. El gobierno cubano lanzó este
ultimátum a pesar de una nueva ley brasileña que facilita la estancia de los
parientes del personal médico cubano mientras estos últimos estén rindiendo
servicios médicos en dicho país.

Hacia una política de fronteras abiertas

Independientemente de los beneficios – y de los costos pagados con las vidas
de los ahogados en el golfo de México – que el CAA ha significado para los
cubanos, el destino del CAA está en las manos del gobierno norteamericano.

En los Estados Unidos el CAA ha sido criticado a lo largo del espectro
político. Aparte de la derecha dura cubana, hay una parte de la derecha
norteamericana que también quiere abolir el CAA, aunque como parte de un
proyecto más amplio para detener la inmigración en general – sobre todo de
la América Latina – para proteger la así llamada homogeneidad cultural y
racial de los EE.UU., y más que nada para preservar la mayoría electoral de
los blancos.

Por su parte, los críticos de izquierda del CAA sostienen con razón que la
aprobación inicial del CAA, no obstante las pretensiones humanitarias de
Washington, fue motivada principalmente por la competencia imperialista
entre Moscú y Washington, y más específicamente por los esfuerzos de Estados
Unidos por derrocar por la fuerza al gobierno cubano para mantener su
hegemonía imperial en el hemisferio occidental.

Aun así, esta es una cuestión que no debe ser confundida con el derecho que
los cubanos deben tener – como todos los ciudadanos de cualquier país – para
abandonar la Isla por la razón que sea, incluyendo su oposición al gobierno.
En muchas ocasiones, el mismo Fidel Castro proclamó que la revolución era un
proyecto voluntario y que los que no la apoyaban tenían la libertad de
marcharse. Pero durante la mayor parte de los 47 años que Fidel Castro
estuvo en el poder fue muy difícil emigrar, salvo por aperturas
relativamente breves cuando muchísimos cubanos abandonaron la Isla. Y, como
mencioné anteriormente, aún las nuevas reglas aprobadas bajo Raúl Castro
liberalizando la emigración no le conceden a los cubanos el derecho
incondicional de emigrar.

La gente, especialmente en los países económicamente subdesarrollados,
deberían poder moverse libremente a través de las fronteras en busca de una
vida mejor. La emigración libre no es una mera utopía. La Unión Europea
permite el libre movimiento de los ciudadanos de los países que la integran
a través de sus fronteras internas (aunque esto, por supuesto, no ha evitado
la crisis de refugiados en Europa, un resultado de las guerras y el
frecuente desplazamiento y desempleo producido por la economía del
imperialismo occidental en el Sur Global.)

Hace menos de cien años, los mismos Estados Unidos permitieron la
inmigración ilimitada (con la excepción de sus políticas de exclusión de
asiáticos.) A finales del siglo 19 y principios del siglo 20, los
trabajadores tabaqueros cubanos viajaban frecuentemente entre La Habana en
Cuba, y Cayo Hueso y Tampa en la Florida, lo que apenas era un día de viaje
en barco de vapor, en lo que de muchas maneras funcionaba como un mercado de
trabajo unificado.

Desde esta perspectiva, el argumento más poderoso que se pudiera hacer
contra el CAA es que discrimina a favor de los cubanos a expensas de los
otros pueblos del Caribe y América Latina. Sin embargo, la realidad es que
los privilegios migratorios que los cubanos reciben por el CAA representan
un tipo de favoritismo sui generis, en el sentido de que no es un juego de
suma cero, donde lo que unos pierden otros lo ganan.

Los beneficios que los cubanos reciben a causa de esta ley no van a acabar
beneficiando a otros inmigrantes caribeños y latinoamericanos en la ausencia
del CAA, y la abrogación del CAA no hará absolutamente nada por aumentar la
posibilidad de obtener derechos de residencia o amnistía para cualquier otro
grupo de trabajadores indocumentados, ni aumentará de manera alguna la
cantidad de inmigrantes a los que se le permita entrar de otros países. De
hecho, dada la nueva hostilidad hacia el CAA por parte de los miembros del
congreso pertenecientes a la derecha cubano-americana, es muy posible que el
CAA sea abrogado, o desprovisto de sus aspectos más importantes, sin que el
Congreso norteamericano tome ningún paso hacia una reforma integral de las
leyes de inmigración.

Es por eso que deberíamos asegurar que el CAA se mantenga en vigencia. En
vez de instar a que se abrogue o se debilite dicha ley, los progresistas
deberían, como punto de partida hacia un movimiento por una política de
fronteras abiertas, presionar para extender los privilegios y beneficios de
esta ley a otros inmigrantes.

Un buen lugar para comenzar sería Haití – país vecino de Cuba y uno de los
más pobres del hemisferio occidental. A pesar de la pobreza abrumadora que
reina ahí, los haitianos que llegan a los Estados Unidos, no reciben los
beneficios concedidos a los cubanos emigrados. Por razones políticas,
económicas y humanitarias, los haitianos – junto con muchos otros – merecen
el mismo trato que los cubanos.

* Samuel Farber nació y se crió en Cuba. Es el autor de Cuba Since the
Revolution of 1959. A Critical Assessment publicado por Haymarket Books en
el 2011.

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