Cuba/ ¿actualización del modelo o reforma del Estado? [Pedro Monreal]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 30 de mayo 2015

 <mailto:germain5 en chasque.net> germain5 en chasque.net

A l’encontre – La Breche

 <http://www.alencontre.org/> www.alencontre.org

  _____

Cuba

¿Actualización del modelo o reforma del Estado?

Una lectura política del cambio económico en Cuba

Pedro Monreal

Cuba Posible

http://cubaposible.net/

Alicia le pregunta al Gato de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué
camino debo seguir para salir de aquí?

-Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar - dijo el Gato.

-No me importa mucho el sitio... -dijo Alicia.

-Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes - dijo el Gato.

- ... siempre que llegue a alguna parte - añadió Alicia como explicación.

- ¡Oh, siempre llegarás a alguna parte - aseguró el Gato -, si caminas lo
suficiente!

(Alicia en el país de las maravillas,  Lewis Carroll)

La actualización del modelo económico en Cuba, valorada por su efecto sobre
los indicadores económicos claves parece ser, hasta ahora, un proceso
intrascendente. Juzgada con severidad, pudiera considerársele como un
fracaso; evaluada con benevolencia, pudiese ser vista como una asignatura
pendiente. Las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante
los tres años posteriores a la aprobación oficial del proceso, que no han
logrado superar el 3% anual, no proporcionan la “velocidad de despegue” que
requiere la recuperación del escenario macroeconómico, ni aseguran el
progreso del bienestar material de la población(1).

Pudiera argumentarse que se requiere de más tiempo, pero tres años es un
plazo razonable para juzgar un programa económico gubernamental. En muchos
países, cuatro años es el tiempo máximo del que dispone un gobierno para
dejar su impronta en la economía de una nación.

Parecería prevalecer, sobre todo desde la perspectiva de los economistas, el
supuesto de que el futuro político del país depende del éxito o del fracaso
de la actualización. Si se parte de esa premisa, las perspectivas no
parecerían ser halagüeñas para el Gobierno cubano; pero: ¿qué consecuencias
tendría para el análisis de la situación cubana la posibilidad de que tal
supuesto no fuese válido?

Supongamos que existiese la eventualidad de que el éxito del programa del
Gobierno hasta el año 2018 –momento que parece ser crucial para el futuro de
Cuba- no se apoyase esencialmente en la actualización del modelo económico
sino en una reforma del Estado mucho más amplia que, de manera general,
estuviese produciendo resultados plausibles. Esa es una dimensión en la que
las posibles relaciones de causa y efecto entre programa y resultados
parecerían ser más sugerentes. Después de todo, con independencia de las
insuficiencias de la actualización, y más allá de cualquier consideración
doctrinal que pudiera tenerse sobre el actual modelo de Estado cubano,
resulta evidente que la medición de la principales variables políticas del
país –cualquiera sea la “métrica” que se utilice- no permite validar una
conclusión alarmista respecto a la relativa estabilidad y resolución del
Estado cubano, aún en medio de una situación económica que, a duras penas,
logra alcanzar el estatus de reproducción simple.(2)

No estoy diciendo que no existan áreas problemáticas de gobernabilidad en
Cuba ni que las cosas no pudiesen cambiar en el futuro, pero lo que parece
relevante subrayar ahora es un dato de la realidad actual de Cuba: existe
una desconexión visible entre los resultados económicos del país y la
materialización de una rearticulación de la capacidad del Estado cubano que
le permita seguir ejerciendo, sin mayores sobresaltos, aquello que –definida
de manera un tanto cruda- es la esencia del poder: la capacidad de ejercer
“el mando”, la posibilidad de imposición de una voluntad sobre otra, aún
contra la resistencia de la segunda(3). El poder político es esencialmente
eso. Cualquier intento de edulcorarlo, a la larga, resulta fútil(4).

¿Qué pudiera impedirle a un observador del proceso cubano poder apreciar la
posible validez de tal hipótesis alternativa?

Quizás al menos tres cosas: a) la prevalencia de un enfoque “gerencial”
respecto a la actualización que dificulta verla como un hecho eminentemente
político y no meramente técnico; b) una asimilación excesivamente literal de
la manera relativamente desbalanceada en que, tanto el relato oficial como
una parte de la narrativa contestataria, le adjudican un peso excesivo a lo
económico; y c) el olvido o desestimación de la cuestión del poder, o para
ser más preciso, de la existencia de un Estado (no solo de un gobierno) que
sabe y que puede ejercer el poder de manera efectiva, con relativa
independencia de las variables económicas.

Este último aspecto nos remite a considerar el caso de aquellos Estados que
funcionan como “el actor clave en la construcción de un bloque hegemónico
con una direccionalidad histórico-política definida”(5). Es una noción que
retrata con nitidez lo que ha sido el Estado cubano desde 1959 hasta la
fecha, pero lo relevante ahora consistiría en poder dilucidar si el Estado
cubano actual necesita hacer “algo”, o no, para continuar funcionando de esa
manera, y cuáles serían los medios concretos de los que realistamente
dispone para intentarlo. Expresado de otra manera: ¿qué es lo que
necesitaría resolver, en materia de capacidad estatal, para mantener el
poder del “bloque hegemónico”(6) que hasta ahora lo ha poseído, qué medios
cuenta para hacerlo, y cuáles pudieran ser las posibilidades de éxito en la
consecución de tal empeño?

Nombrando las cosas

La “actualización del modelo económico” y la “reforma del Estado” son los
dos procesos relacionados, pero diferenciables, que dan título a este
artículo. Resulta entonces conveniente intentar asignarles una definición
precisa; no tanto para conceptualizar en extenso sino para dejar claro a qué
nos estamos refiriendo. Se trata de dos conceptos debatibles que admiten
distintas definiciones y que, en muchas ocasiones, tienen una carga
polisémica en el marco de los debates sobre políticas públicas. En el
contexto de los debates actuales sobre Cuba, “la actualización” ha
concentrado la atención de muchos estudios y ha estado presente en otros
tantos análisis. Como contraste, las referencias a la reforma del Estado son
escasas.

Alcanzar un nivel de precisión adecuado respecto al primero de estos
conceptos resulta complicado. Para comenzar, hasta donde conozco,
“actualización del modelo económico” es un término exclusivamente referido a
los procesos actuales de Cuba, lo cual crea el inconveniente de que no puede
ser directamente referido a un cuerpo teórico establecido, ni a nivel de
economía política, ni a nivel de las ciencias políticas.

Obviamente se trata de un término que estaría designando, al menos
aproximadamente, un tipo de proceso que generalmente se conceptualiza como
reforma económica, de manera que la actualización, indirectamente, conecta
con la teoría y con la indagación empírica sobre reformas económicas. Las
razones por las que el Gobierno ha impuesto la utilización de un término no
convencional –más bien impreciso- pudieran ser diversas. Sin embargo,
parece ser bastante clara una motivación política: comunicar que no se
pretende hacer un cambio en el sistema, mensaje que ha sido, quizás, llevado
hasta el extremo de esquivar dos significados frecuentemente utilizados en
el término “reforma” (entendido en un sentido académico como la corrección
positiva de un sistema y, en su acepción más coloquial, como deshacer para
volver a formar).

La actualización del modelo económico cubano es entendida en este artículo
como un proceso de intervención pública correctiva aplicado de manera
extendida al sistema económico nacional y que incluye los contenidos usuales
de una reforma económica -cambios de estructura (relativos al mercado y al
aparato institucional) y modificaciones operativas (reglas)- y que también
incorpora elementos de estrategia económica, que rebasan el ámbito
convencional de las reformas económicas. Tal es el caso de las
transformaciones en por lo menos tres áreas adicionales: las bases
materiales de la creación de riqueza y empleo (incluida la cuestión de la
especialización productiva del país); la calidad de la dinámica económica
(innovación); y la cohesión social (redistribución de riqueza e ingresos).
En suma, la actualización del modelo económico cubano se concibe en el marco
de este artículo como la materialización de un proyecto híbrido de política
pública -combinación de reforma y de renovación de estrategia económica-
orientada hacia la ejecución de cambios cualitativos en la conducción
estatal de la economía.

Dos cosas deberían ser destacadas. Primero, que la actualización es un
proyecto eminentemente político, cuyo leitmotiv central es el remozamiento
de un modelo económico estatal centralizado (modelo que no es incompatible
con ciertos grados y formas de descentralización), y que es concebido como
mecanismo de afianzamiento de un sistema político unipartidista, al cual se
subordina todo el diseño económico. Segundo, que la actualización entraña
una contradicción, hasta el momento relativamente controlada, pero con una
capacidad permanente de generar tensiones.

Dichas tensiones están motivadas por la adhesión a procesos tecnocráticos de
“racionalización” de la gestión económica pública (particularmente en su
variante de “eficientismo”), la mercantilización, y el crecimiento del
sector privado, que deben coexistir con un sistema político que genera
prácticas específicas del ejercicio del poder, defiende intereses
económicos, promueve determinados valores y sostiene una ideología, que
colisiona con dicho proceso de racionalización.

Esta realidad constituye un desasosiego permanente del Gobierno cubano, pues
debe hacer frente a algunos efectos previsibles de la actualización. No
obstante, debe quedarnos claro que tal preocupación no podrá ser corregida,
por la naturaleza de la actualización que genera contradicciones económicas,
sociales, políticas e ideológicas. Para decirlo rápido: la actualización no
es un proceso con capacidad propia de autocorrección y, mucho menos, tiene
una tendencia interna hacia  el auto-equilibrio.

La actualización quizás sea necesaria, e incluso inevitable, pero resulta
portadora de un potencial autodestructivo, vista desde una perspectiva de
análisis político. Hasta aquí, nada nuevo ha sido dicho. Las ciencias
sociales han reconocido desde hace mucho tiempo el carácter contradictorio
de los procesos sociales, incluyendo los relativos a los procesos de reforma
en sociedades con sistemas políticos unipartidistas, específicamente
aquellos presididos por partidos comunistas(7).

Es precisamente esa incapacidad de autocorrección de la actualización lo que
ha requerido la subordinación de la misma a otro proceso de mayor alcance.
Esto que debería parecer obvio, ha recibido relativamente poca atención y
cuando se aborda, casi siempre se hace desde una perspectiva que asume la
función correctora de la política como un proceso “extraño” a la lógica de
la actualización.

Por ello, se hace necesario recalcar que “la actualización del modelo
económico” resulta un episodio marcadamente subordinado a la cuestión
política. Es la “cosa” política (“cosa” entendida aquí en su sentido
ontológico relativo a la esencia) lo que determina y por tanto subordina a
ella el diseño y la dinámica de la actualización económica, y no al revés.
Resulta importante tener en cuenta la aclaración anterior para no considerar
apreciaciones quiméricas respecto al proceso político actual de Cuba.

Llegados a este punto nos parece conveniente introducir el concepto de
reforma del Estado. Como ha sido mencionado anteriormente, no es un concepto
de uso actual en Cuba aunque, en mi opinión, pudiera explicar mejor la
verdadera dimensión del ambicioso proyecto que se ha propuesto el actual
liderazgo cubano. Dicho proyecto, a grandes rasgos, procura establecer, en
menos de diez años, las bases para la construcción de una nueva gobernanza
del país(8). Sin embargo, todo esto está condicionado por una prolongada
situación de estancamiento económico y por los marcos de un episodio
político inédito en casi seis décadas: un ejercicio masivo de transferencia
generacional del poder político en Cuba.

En este artículo adoptamos la definición de reforma del Estado utilizada por
Carlos Sojo que parte de las propuestas de Grindle sobre las “capacidades de
estado”(9). Es decir, la concepción de reforma del Estado como proceso
dirigido a introducir los cambios que permitan que el Estado continúe siendo
un Estado capaz, más específicamente, “un Estado que puede establecer y
mantener en vigencia funciones económicas, técnicas, administrativas y
políticas, con arreglo al siguiente esquema: a) capacidades institucionales
–entendidas como la posibilidad de regular los intercambios políticos y
económicos de la sociedad sobre la base de un conjunto de reglas de juego,
conocidas y cumplidas; b) capacidades técnicas –referidas a la definición y
adecuada ejecución de políticas macroeconómicas; c) capacidades
administrativas –ligadas a la administración eficiente de una red de
servicios e infraestructuras considerados básicos, tanto en el plano
económico como en el social; d) capacidades políticas –relacionadas con la
existencia de medios adecuados para la formación de demandas sociales, la
representación de intereses y la resolución de conflictos. Junto con estas
capacidades están los mecanismos de participación social y la posibilidad de
rendición de cuentas y responsabilidad de los cuadros políticos. En
síntesis, los elementos comúnmente referidos a la cuestión del buen
gobierno”. Para el caso específico de Cuba, la anterior definición necesita
una precisión porque en la Isla el desarrollo es asumido como una función
estatal y por tanto habría que considerar también las capacidades técnicas
que se requieren para conducir el proceso de desarrollo.

En cualquier caso, el cotejo de ambos conceptos facilita entender al menos
tres cuestiones cruciales sobre el proyecto de “buen gobierno” en el que
parece encontrarse enfrascado el actual liderazgo estatal cubano. En primer
lugar, que el “buen gobierno” implica un proceso mucho más amplio y complejo
que la actualización, pues abarca dimensiones políticas que la actualización
no puede resolver. En segundo lugar, mientras que la actualización pudiera
ser decisiva para dos componentes de la reforma del Estado (capacidades
técnicas y administrativas) y parcialmente relevante para las capacidades
institucionales (las relativas al plano económico), la reforma del Estado
sería crucial para que pudiese funcionar cada uno de los componentes
centrales de la actualización (reforma y estrategia económica). En tercer
lugar, y último, debemos comprender que aunque hay una serie de cuestiones
políticas que la reforma del Estado puede contribuir a resolver, existen
otros aspectos, como el quehacer de los partidos políticos, de los
movimientos sociales, y de las formaciones que aspiran a ser fuerzas
políticas cuyo marco de acción son los espacios políticos más allá de las
estructuras del Estado, algo que prefiero identificar como política “a
secas”. Me refiero al espacio donde las ideas enfrentadas, los intereses
divergentes, y los valores y preferencias ideológicas de distinto signo
compiten (“luchan”, si se prefiere este otro término) por el control del
poder(10).

  Hago el señalamiento anterior, porque me parece importante preciar que
cualquier bloque socio-político hegemónico puede servirse del Estado para
imponer sus objetivos y generalmente no resulta difícil comprender cómo lo
consigue. Sin embargo, suele ser complicado entender por qué, para qué, y
cómo son decididos esos objetivos políticos.

El dilatado enfriamiento económico y la abrasadora cuestión del poder en la
Cuba del periodo especial

El llamado “periodo especial” es una ambigüedad utilizada en el relato
oficial cubano para denotar lo que en la práctica ha representado un
prolongado periodo de estancamiento económico que, con altas y bajas, ya
dura un cuarto de siglo. Es un tema que ha recibido una considerable
atención y que ha generado una profusa literatura académica dentro  y fuera
de Cuba, de manera que no me detengo a caracterizarlo.

Lo que interesa a los efectos de este artículo es ubicar este largo
“invierno” de la economía cubana como espacio temporal y como contexto
económico y social de un complejo proceso político que ha logrado evitar que
la debacle económica se haya transformado en fracaso total del proyecto
político de socialismo cubano (o de socialismo “a lo cubano” si así se
prefiriese). Para ser más preciso, me refiero a un proyecto de organización
de la sociedad fundado en una economía estatal centralizada y en el
predominio político de un partido único de inspiración vanguardista. Este
partido es el sucesor de un núcleo revolucionario legitimado por su victoria
en una guerra civil y reafirmada en una revolución social que benefició a
amplios sectores populares. Dicha Revolución consiguió y reafirmó esa
legitimidad por medio de un amplio programa de inclusión social, y de una
ideología que ha combinado fundamentos comunistas con un ideario de estirpe
nacional –primordialmente martiano-, lo cual generó una base de apoyo
popular extendida y organizada.

Obviamente, el proyecto político ha sido mellado durante el período
especial, en algunos aspectos más que en otros, pero el hecho comprobable es
que más de dos décadas después de la caída de la Unión Soviética, el
proyecto sigue vigente en Cuba. Aunque algunas modificaciones han tenido
lugar, en ciertos casos importantes, estas no han transformado esencialmente
la naturaleza del proyecto. Ni el modelo económico estatal ha dado paso a un
esquema fundado en el sector privado y el predominio del mercado, ni se ha
pasado a un sistema político multipartidista. El programa de inclusión
social sigue siendo, a pesar de la crisis, uno de los mejores de América
Latina y el Caribe (en realidad uno de los mejores de todo el mundo en
desarrollo) y la idea de la justicia social continúa primando, no solo como
prédica abstracta, sino como cemento de una ideología que, a pesar de estar
crecientemente impugnada, conserva todavía un considerable impacto concreto
en la política nacional. Finalmente, la irrupción de un heterogéneo sector
contestatario y el surgimiento de zonas de frustración, desconcierto y
apatía entre la población no han cambiado el dato fundamental de que el
proyecto cuenta con decisivo respaldo popular, que llega a ser muy activo y
contundente en determinados grupos sociales.(11)

En sentido estricto, la actualización ha sido uno de los tantos mecanismos
de respuesta que ha utilizado el Estado cubano para sortear con éxito un
tipo de escenario muy complejo que en otras latitudes desbancó a más de un
gobierno y regímenes socio-económicos, en algunos casos con profundas
implicaciones en todos los ordenes sociales.

Para apreciar las cosas desde una perspectiva adecuada, habría que tener en
cuenta que durante este largo “invierno” económico, además de procesos
discrepantes respecto al poder que pudieran haber tenido una lógica interna
(incluyendo voces discordantes dentro del propio PCC y desde instituciones
oficiales), la disputa por el poder político en Cuba en años recientes se ha
ajustado fundamentalmente a un patrón vigente desde 1959. Dicha disputa ha
tenido su esencia en el conflicto con el gobierno de Estados Unidos, siempre
en compleja –y a veces divergente-  interacción con otros actores nacionales
(dentro y fuera de Cuba), que realmente han sido remanentes de la época de
Guerra Fría o una especie de nuevos “activos”.

El espectro de acciones utilizadas desde principios de los 90s para
disputarle el poder al gobierno cubano ha sido muy vasto. Ha incluido el
reforzamiento de las leyes estadounidenses para arreciar el cerco económico
sobre Cuba (con una lógica de afectar directamente a la población para
obtener réditos políticos de un eventual descontento popular). También se
han desarrollado actos de terrorismo (p.ej. la campaña de artefactos
explosivos en instalaciones turísticas en 1997). Del mismo modo, con esa
misma lógica, han destinado dinero del contribuyente norteamericano para
sostener una abigarrada “oposición” con escaso impacto en la política
nacional.

El Estado cubano, específicamente el llamado Estado revolucionario cubano,
se ha reformado en varias ocasiones en el último medio siglo. Sin embargo,
me detendré en la reforma del Estado correspondiente al “periodo especial” y
de la cual la actualización ha sido un componente no solamente reciente sino
relativamente tardío. El propio hecho de que la actualización hubiera
irrumpido, como programa gubernamental, veinte años después del inicio del
período especial, a pesar de que desde entonces ya se trabajaba en lo que
han sido sus fundamentos técnicos, se comprende, únicamente, si lo
consideramos como una subordinación del componente económico al político
que, a su vez, intenta una reforma del Estado cuyo ritmos, prioridades y
direcciones han estado determinados por consideraciones 100 por ciento
políticas. En este sentido, debo señalarlo, la consideración  más importante
ha sido la cuestión del poder. Sin embargo, considero que la prioridad de
esta cuestión (el poder) ha sido preservarlo en manos del “bloque
hegemónico” que lo ha poseído desde 1959, para asegurar su transferencia
ordenadamente hacia una nueva generación de dirigentes.

Considerando el devenir de los últimos años he logrado la percepción de que
los actuales líderes de Cuba no han apreciado la crisis económica como una
mera presión que los obliga a reformar el Estado sino, sobre todo, como una
oportunidad valiosa para hacerlo. Me inclino a considerar que está siendo
percibida como una ocasión favorable para “empacar” un proceso de
reconstrucción integral de la autoridad política alrededor de un nuevo grupo
dirigente. Aprecio que se proyecta que las futuras autoridades se asienten
sobre un Estado reconfigurado “a la medida” de lo que pudiera ser el nuevo
contexto político, con un poder estatal “heredado” que no ofrece la
legitimidad  de un poder “fundacional”(12). Creo que se trata de un proceso
mucho más complejo y ciertamente más profundo que un supuesto ejercicio de
“gatopardismo”(13).

Tratándose en esencia de una reforma del Estado, cabría hacer aquí una
distinción importante entre “poder del Estado” y “capacidad estatal”. Muchas
veces se enfoca el proceso, incluso por parte del propio gobierno, desde una
perspectiva institucionalista, con énfasis en los componentes regulatorios y
funcionales; sin embargo, se hace necesario incorporarle un plano de
análisis más esencial que radica en la definición de  la manera en la cual
el Estado se relacionará con los demás actores sociales.

Se trata de un tema sobre el cual coexisten diversos enfoques conceptuales.
El “poder del Estado” emana de la propia naturaleza del “juego político” que
convierte relaciones políticas en relaciones de poder y en estructuras de
poder, lo que condiciona la posibilidad de que el Estado pueda asegurar las
condiciones para impartir una determinada direccionalidad a la sociedad. Por
otra parte, siguiendo el planteamiento de Maximiliano Rey, pudiéramos
considerar que: “la capacidad estatal alude a cómo desde la dirección del
Estado se puede movilizar el andamiaje político-administrativo, en
vinculación con el contexto social de ese determinado sector de políticas,
que le permita plasmar las decisiones”. Es decir, que la “capacidad estatal”
se refiere esencialmente a cómo se desarrollan las actividades en que se
traduce el poder previamente definido del Estado(14).

Esta diferenciación conceptual pudiera tener una relevancia práctica doble
para el caso de Cuba. Primero, para entender que lo que ha estado en juego
en los últimos veinticinco años en Cuba no ha sido una pérdida de “poder del
Estado” sino una erosión –en algunas áreas significativa- de la “capacidad
estatal” para “llevar a cabo tareas apropiadas de forma efectiva, eficiente
y sustentable”, según la célebre definición ofrecida por Merilee
Grindle(15). Es decir que la abrasadora cuestión del poder en la Cuba
contemporánea ha sido más un problema de aptitud para plasmar políticas
públicas que un problema para mantener, en esencia, las correlaciones de
fuerzas políticas en las que se asienta el Estado.

En modo alguno debe subestimarse la gravedad de los problemas de “capacidad
estatal”, pues obviamente bajo determinadas condiciones tal erosión de
capacidad puede acabar convirtiéndose en una crisis del “poder del Estado”.
No obstante,  eso no ha ocurrido en Cuba, entre otras cosas porque la
reforma del Estado parece haber funcionado razonablemente bien en este punto
esencial.

Las capacidades del Estado se han justado de manera tal que, aun estando
disminuidas, han sido competentes para “entregar” los bienes públicos que
aseguran la aceptabilidad social de los fundamentos políticos del poder del
Estado.(16) En segundo lugar, porque es una diferenciación conceptual clave
para comprender por qué la reforma del Estado, volcada fundamentalmente
hacia la solución de problemas de “capacidad estatal”, donde se incluye la
actualización, no puede ser considerada como un mero asunto administrativo,
técnico o gerencial. Por el contrario, es una cuestión primordialmente
política.

A fin de cuentas, lo que la actualización pueda lograr y definir, dependerá
esencialmente de cómo se consideren y apliquen las cuestiones relacionadas
con la “economía política”, y este es un asunto eminentemente político, no
técnico.

Breve nota final sobre la cuestión política, la reforma del Estado y la
actualización

La relación entre política, reforma estatal y actualización es un tema
vasto, complejo y cambiante, cuyo análisis –incluso de manera parcial-
rebasa no solamente el espacio admisible para este artículo sino que
seguramente sobrepasa las capacidades analíticas de especialistas
individuales.  Hecha la advertencia, me aventuro a escribir algo que pudiera
resultar conveniente para cerrar, a modo de provocación intelectual, el
asunto que ha sido abordado en este texto.

¿Qué tipo de tarea esencial debiera resolverse más allá de la reforma del
Estado, en el terreno de la política “a secas” y qué perspectivas de éxito
pudieran existir para ello, incluso asumiendo un desempeño opaco de la
actualización?

El período decisivo para la política cubana es el que va desde este momento
hasta el año 2018, cuando se supone que se complete la transmisión del poder
político hacia el nuevo liderazgo. Esa transmisión será, por tanto, un
momento político delicado para la cuestión del poder, porque inevitablemente
incorporará al proceso un análisis acerca de la propia definición
(reafirmación) de un modelo de Estado y no sólo la cuestión de la capacidad
del Estado. Se tratará de una cuestión de esencia del poder.

Como he expresado anteriormente, un buen diseño estratégico y metodológico,
bien gestionado además, de la actualización y de la reforma del Estado, será
determinante. Sin embargo, también resultará decisivo el nivel de
movilización social que normalmente conlleva una rearticulación del bloque
social hegemónico (la primera rearticulación significativa en medio siglo).
Esto implicaría “tareas” netamente políticas, al menos en dos grandes
planos.

En primer lugar, la necesidad de asegurar la activación de actores y la
conformación de coaliciones que aseguren que las relaciones políticas del
PCC con otros actores sociales se constituyan en relaciones de poder tanto
al interior del “bloque hegemónico” como en sus vínculos con el resto de la
sociedad. Esto último constituye un desafío delicado, pues sería en un
contexto de desindustrialización nacional, de empobrecimiento significativo
de las bases populares, y de extensión de fenómenos como la desigualdad que
crean contradicciones entre la ideología del “bloque hegemónico” y la
práctica del ejercicio del poder. En segundo lugar, la necesidad de asegurar
que el proyecto de transmisión del poder no sea “estorbado” de manera
apreciable por una movilización política contestaría de cualquier tipo. En
teoría, la propagación de ideologías alternativas pudiera ser, de aquí al
año 2018, el área donde quizás el PCC pudiera ser más vapuleado. Sin
embargo, hasta el momento esta posibilidad sólo existe en el plano
hipotético.

En cualquier caso, la confrontación ideológica (“lucha” ideológica, si se
prefiere) resulta una cuestión esencial en Cuba hasta el 2018, y ese es un
espacio neto de la política “a secas”. Es un asunto en el que el PCC pudiera
estar relativamente mejor posicionado que sus rivales, pero no solamente por
su superioridad en materia de posibilidades de difusión (que ciertamente es
muy importante), sino sobre todo porque el PCC continúa proyectando
credibilidad respecto a un tema crucial para la articulación de un mensaje
ideológico de amplia aceptación popular en Cuba: la justicia social.

De hecho, después del inexplicable “resbalón” comunicativo cometido con la
irrespetuosa metáfora del “pichón” (aquello de que los cubanos esperan con
el pico abierto la magnanimidad del Estado proveedor), la información
disponible parece indicar que el PCC ha tenido éxito en evitar que la
desigualdad resultante de la actualización haya sido percibida como un
equivalente de injusticia social, a pesar de que la desigualdad se construye
socialmente desde el poder y nunca es un “accidente” social. En el fondo,
temas como la unificación monetaria y la libreta de abastecimiento, por
mencionar solo dos ejemplos, lejos de ser asuntos “técnicos” de la
actualización, pudieran constituir aportes positivos o convertirse en
desaciertos políticos, dependiendo de cómo se manejen.

La lucha ideológica no se trata de un asunto menor, pues son las
contradicciones de las políticas en curso el terreno más propicio para sacar
a flote las inconsistencias entre ideología y práctica política. Por tanto,
ésta es el área de más rápido desgaste del mensaje ideológico de quienes
ejercen el poder y donde más fácil resulta prestar atención a mensajes
ideológicos alternativos. Obviamente, en este caso, además de la cuestión
ideológica, resulta importante la “capacidad estatal” para lograr políticas
públicas que eviten la exclusión social y le den sentido concreto al mensaje
ideológico de justicia para todos.

Mientras el PCC mantenga la iniciativa para articular “compromisos
ideológicos positivos”(17), como el asociado a la percepción popular de que
el Estado cubano asume su responsabilidad a favor de la justicia social
procurando resultados concretos y no solo propiciando oportunidades, resulta
altamente probable que arribe al año 2018 sin sufrir un desgaste ideológico
y político significativo, a pesar de las contradicciones (y estragos) de la
actualización. Una razón para sustentar esta afirmación es la probabilidad
de que suceda en Cuba lo que ha ocurrido con cierta regularidad en la
experiencia histórica: que los “compromisos ideológicos positivos” resulten
mucho más atractivos que otras propuestas ideológicas alternativas que se
apoyan en temas que, siendo importantes en sí mismos, son popularmente
percibidos como “bienes políticos abstractos”(18).

Notas

1. Evaluada desde la perspectiva del desarrollo, y no solamente desde el
ángulo de la macroeconomía, la actualización es igualmente decepcionante.
No por el hecho de no poder “entregar” desarrollo -una meta que ciertamente
exige plazos mayores- sino por el escaso efecto que la actualización está
teniendo en la creación de condiciones cruciales para impulsar el
desarrollo, específicamente en lo relativo a lo que se requeriría hacer para
colocar, de manera estable, una parte creciente de la fuerza laboral del
país en trayectorias tecnológicas y organizativas ascendentes
(transformación orientada hacia una estructura de mayor “valor agregado”), a
la vez que se garantizase que esa fuerza laboral estuviese en capacidad de
“capturar” los beneficios sociales del proceso, incluyendo mayores salarios
y mejores condiciones laborales, en la línea del concepto de “trabajo
decente” promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

2. La cuestión relativa a la “medición” de la gobernabilidad de un país y
del nivel de conflicto que pudiera existir, ha recibido una considerable
atención en los últimos diez años, principalmente en el contexto de
necesidades de la política internacional, sobre todo en materia de gestión
de conflictos y de prioridades de ayuda exterior y de colaboración
internacional. Se parte de la premisa de que se trata de un terreno en el
que la medición es difícil y controversial, pero se reconoce igualmente que
poder disponer de un sistema de indicadores, aun con carencias, resulta
preferible a no tenerlo. El punto que habría que retener es que de acuerdo
con esa “métrica”, no existen razones para considerar que el Estado cubano
presenta problemas mayores de gobernabilidad y, mucho menos, para sostener
la idea de que sea probable la emergencia de una situación de conflicto en
Cuba por razones internas. Si se revisan tres de las más conocidas
metodologías (MPICE del United States Institute of Peace, desarrollada por
expertos del Ejército de Estados Unidos;  “Conflict Assessment Indicators”,
desarrollada por The Fund Peace; y “Governance and Conflict Indicators
Report”, desarrollada por el ITAD bajo contrato de la Agencia de Desarrollo
Internacional (DFID) del Reino Unido) se hace evidente que el Estado cubano
parece ser capaz de proporcionar una situación de “seguridad sostenible”
(“sustainable security”) según la definición del término aportada por
Pauline H. Baker en “Conflict Resolution: A Methodology for Assessing
Internal Collapse and Recovery”, en Armed Conflict in África, de Carolyn
Pumphrey y Rye Schwartz-Barcott (compiladores), The Scarecorw Press, 2003.
Supongo que es el tipo de consideraciones que ayudan a entender mejor
algunos eventos recientes de política exterior relacionados con Cuba.

3. Este es uno de los aspectos más recurrentemente destacados en la
literatura académica sobre el tema del poder. Ciertamente ha sido un asunto
muy subrayado por la tradición marxista, pero también ha sido importante
para autores tan disímiles como Voltaire, Sorel, Clausewitz y Weber, entre
otros.

4. A riesgo de ser redundante, una breve aclaración: ejercer “el mando” es
pertinente para cualquier tipo de Estado contemporáneo. En modo alguno es
una característica exclusiva de los sistemas políticos “no competitivos”.

5. Maximiliano Rey. “Capacidad estatal y poder del Estado en Latinoamérica
del siglo XXI: Una perspectiva política para el análisis de las políticas
públicas y la estatalidad”.  Revista Estado y Políticas Públicas. Número 2,
Año 2, Mayo 2014. FLACSO-Argentina.

6. Utilizo aquí el término de “bloque hegemónico”, en referencia concreta al
caso del “poder revolucionario”  en la Cuba post-1959, más como un “comodín”
narrativo que como concepto riguroso. El análisis preciso de tal “bloque
hegemónico”, sin dudas necesario a la hora de analizar en detalle la
“transición” de poder en curso, rebasa ampliamente los propósitos de este
trabajo.

7. No me refiero aquí a textos autobiográficos como los de Milovan Djilas,
Kruschev, Gorbachev, Alexander Dub?ek, Petr Pithart, o Zhao Ziyang, todos
muy interesantes en sí mismos, sino a trabajos académicos que incluyen desde
“clásicos” del tema como Janos Kornai, Oscar Lange, y  Adam Przeworski,
hasta otros autores que han producido una abundante literatura sobre las
reformas y las transiciones “post-comunistas” desde los 90s. Son los casos
de A. Aslund, V. Kosmarskii,  H. Kroll, D. Lipton, J. Sachs, J.M. Litwack,
M. Hart-Landsberg, P. Burkett, S. Haggard,, B. Naughton, J. Unger, G. White,
O. Filippov, O. Svetsova, G. Jibson, G. Evans, S. Whitefield, Wu Guoguang,
Zheng Yongnian, Jinglian Wu, Chenggang Xu, Yiping Huang, L. Brandt, T.G.
Rawski, Le Dang Doanh, A. Kokko, D. Dapice, R. Mallon, J.K. Rosengard,
Hubert Schmitz, Dau Anh Tuan, Pham Thi Thu Hang y  Neil McCulloch.

8. Gobernanza entendida como eficacia, calidad y buena orientación de la
intervención del Estado, que proporciona a este buena parte de su
legitimidad en lo que a veces se define como una “nueva forma de gobernar”.

9. Carlos Sojo. “Reforma económica y cambio estatal en Centroamérica”.
Revista Nueva Sociedad Nro. 156 Julio-Agosto 1998, pp. 127-142.

10. Compartir el poder es, en el fondo, una variante posible del resultado
de la lucha por el poder.

11. De nuevo, no se trata de que no exista pérdida de apoyo en relación con
el proyecto estatal vigente, sino de que con independencia de ello, el
proyecto se mantiene y se reajusta fundamentalmente de acuerdo a lo que
decide el gobierno. No creo que haya necesidad de demostrar que el Partido
Comunista de Cuba (PCC) sigue controlando totalmente el ejercicio de la
política en Cuba. La poca relevancia de otras agrupaciones políticas (no
creo que resulte aplicable el calificativo de “fuerzas” políticas)
seguramente se explica por la confluencia de diversos factores, pero uno muy
importante es el hecho de que esas agrupaciones políticas no han logrado
aunar apoyo popular, al menos con la escala que se requiere para participar
efectivamente en la vida política.

12. El anuncio por parte del PCC, en febrero de 2015, de que una nueva Ley
Electoral entraría en vigor entre 2015 y 2018 parece ajustarse a este “traje
a la medida” que se manufactura para la reconstrucción de la autoridad
política en Cuba. En el mismo sentido pudiera interpretarse la mención hecha
con anterioridad, en febrero de 2013, acerca de la posibilidad de una
reforma constitucional. Por el momento se carece de detalles, pero parece
evidente la conexión de tales anuncios con un proceso de adaptación pensado
para facilitarle una renovada gobernanza al nuevo liderazgo político.

13. “Gatopardismo” en el sentido de “cambiar todo para que nada cambie”,
empleado en las ciencias políticas aludiendo a una expresión del personaje
de Tancredi, en la novela “El gatopardo”, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

14. Maximiliano Rey.  Op. Cit.

15. Merilee Grindle. (1997) Getting Good Government. Capacity Building in
the Public Sector of Developing Countries, Harvard University Press.

16. No me refiero, en modo alguno, a la existencia de una situación de
“complacencia” ni de aceptabilidad generalizada del status quo, ni siquiera
me refiero a una situación de  “tolerancia” o de “resignación”. La creciente
emigración del periodo especial corrobora que no se trata de ello. Lo que
digo es que la capacidad estatal para seguir entregando bienes públicos que
son considerados como esenciales por la gente (no solamente por el gobierno)
favorece la existencia de una considerable franja de aquiescencia popular
respecto a ese poder estatal.

17. Aquí lo de “positivo” no se refiere a que se trate de algo “bueno” sino
a algo sobre lo que pueden construirse soluciones prácticas.

18. Una nota de interés histórico sobre este punto: los movimientos obreros
de finales del siglo XIX y principios del XX, que pudieron articular
“compromisos ideológicos positivos”, fueron más exitosos en organizar
programas políticos atractivos en comparación con el movimiento “cartista”
de la primera mitad de siglo XIX que estuvo estructurado alrededor de un
mensaje ideológico basado en “bienes políticos abstractos”.

  _____





---
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.
http://www.avast.com


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20150530/481e3e84/attachment-0001.htm