Bolivia/ "el divorcio entre movimientos sociales y gobierno es notorio" [Marco Gandarillas - entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 2 de octubre 2015

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A l’encontre – La Breche

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Bolivia

Entrevista a Marco Gandarillas, director del Centro de Documentación e
Información de Bolivia (CEDIB)

“En Bolivia el divorcio entre movimientos sociales y gobierno es notorio” 

Erika González *

la marea.com

http://www.lamarea.com/

En estos últimos meses, la tensión entre el gobierno de Bolivia y algunas
organizaciones sociales ha ido a más. En agosto pasado, Álvaro García Linera
acusó a cuatro de ellas de estar mintiendo para favorecer a intereses y
empresas extranjeras; según el vicepresidente, reciben dinero del exterior
para que “nos convirtamos en guardabosques”. Entre esas organizaciones
estaba el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), un
centro de estudios que alberga el mayor fondo hemerográfico del país y tiene
una amplia trayectoria en la difusión de pensamiento crítico, que respondió
diciendo que “se intenta acallar nuestros estudios, que muestran la
inviabilidad del extractivismo”. Aprovechando su paso por Madrid esta
semana, entrevistamos a Marco Gandarillas, director ejecutivo del CEDIB,
para conocer sus impresiones sobre esta y otras cuestiones relacionadas con
el momento actual que vive Bolivia.

-El gobierno boliviano ha sostenido que la fase extractivista es
indispensable en el corto y medio plazo para alcanzar el “buen vivir”. ¿Es
posible partir del extractivismo para llegar a ese “buen vivir”?

La primera cuestión es que había la creencia de que no se podía, ni se debía
inicialmente, hacer un desacople de la globalización, es decir, del papel
histórico de Bolivia de ser un proveedor de materias primas y recursos
naturales. De lo que se trataba, en opinión de los gobernantes, era de sacar
un mayor provecho de esta relación, casi necesaria, a través de impuestos.
Creo que este es el inicio del círculo vicioso que ha llevado a una
profundización del extractivismo.

En el momento en que entra Evo Morales al gobierno se da un cambio en la
economía mundial: suben los precios de casi todas las materias primas, como
el petróleo, los minerales y la soja. Esto repercute en mayores ingresos
para el Estado boliviano y, en consecuencia, en una profundización de la
dependencia de las exportaciones, en vez de en un desacople de la
globalización. Se da, además, un cambio fundamental en la manera de concebir
el Estado en la economía: este pasa a ser un gestor de las exportaciones, su
papel fundamental es garantizar que haya un flujo constante de materias
primas al exterior, que no se interrumpa de ninguna manera. Así que se
orienta la mayor parte del presupuesto público a mantener este flujo. Y esta
es la curiosa particularidad de la nacionalización del gas: no se
nacionalizan los campos, lo que más se nacionalizan son las infraestructuras
de transporte. Con lo que este deja de ser un costo para las empresas
privadas, que son las principales extractoras.

-¿YPFB no tiene un fuerte papel en la exploración y explotación de petróleo?

En la exploración sí, porque es una inversión sin retorno. Es como en los
años previos a la privatización, cuando el Estado hizo una inversión enorme
en exploración para determinar los lugares donde había yacimientos. Pero
luego se dio a las empresas la exploración específica orientada a la
explotación. Es decir, el mayor riesgo que hay en el sector se asume por el
Estado y se aminora para las compañías.

El Estado dijo “queremos ser socios de las empresas, no que sean patrones”.
Esa sociedad consiste en que las compañías exportan y Bolivia les da todo
tipo de facilidades a nivel comercial, de infraestructuras, de régimen
impositivo, laboral y ambiental, para tener las rentas. Cuanto más exporten,
más gana el Estado. Y ahora, con la caída de los precios, para compensar la
pérdida de ingresos se tiene que exportar más y las inversiones del Estado
se destinan a este fin. Este es el círculo vicioso.

-Entonces, ¿hacia dónde se dirigen principalmente los ingresos públicos?

La enorme cantidad de recursos que recibe el país por este boom le ha
generado un problema: tiene más recursos que nunca en la historia, sin tener
claro cuáles deben ser las prioridades en la inversión pública. De forma muy
pragmática, se decide que las inversiones prioritarias se destinen a
favorecer las exportaciones y entonces el 80% se destina a todo lo que las
facilite y las amplíe. Entonces, esto repercute en el país en la
proliferación de infraestructuras; como deben hacerse con mucha rapidez, eso
conlleva incumplir acuerdos sociales y legales que involucran los derechos
de aquellos que van a ser afectados, sobre todo de los pueblos indígenas.

Según el gobierno, son decisiones a las que nadie tiene derecho a oponerse,
quien lo haga está atentando contra los intereses y la seguridad del Estado.
De esa manera, transforma toda esta energía social, que va cuestionando el
ritmo de la política económica, en enemigos internos a los que hay que
reprimir. En muy poco tiempo, entre 2010 y 2011, se dan las primeras y a la
vez más fuertes acciones represivas del Estado hacia las personas que
cuestionan esta manera de conducir el proceso. La marcha contra la
construcción de una carretera a través del TIPNIS (Territorio Indígena
Parque Nacional Isiboro Sécure) se hace emblemática por eso, porque supone
una represión nunca antes vista hacia el sector más vulnerable, los
indígenas amazónicos, y contra una parte de la sociedad urbana que les
apoya. ONG ambientales, defensoras de pueblos indígenas y organizaciones de
derechos humanos, entre otras, son duramente atacadas, catalogadas como
“enemigas del desarrollo”. Y se les trata de vincular, sin ningún tipo de
prueba, con movimientos separatistas o con fuerzas de la derecha
internacional.

-¿Por qué se utiliza una estrategia de represión y no de diálogo?

Creo que por la naturaleza de la política. El gobierno se halla ante el
hecho de mantener el flujo de las exportaciones y esto supone hacer las
cosas muy rápidamente. Por ejemplo, hay que hacer una carretera en seis
meses, lo que significa construir sin el concurso y el convencimiento de la
sociedad, más bien contra la sociedad. La rapidez está marcada por la
demanda del mercado; es decir, si se necesita aumentar la producción de soja
para compensar la caída de precios, esto se debe realizar rápidamente. Y si
se hace un proceso de consulta a los indígenas, puede que tarde dos años. Si
estamos hablando de hacer las cosas bien, respetando a la sociedad y el
medio ambiente, supone entrar en otra dinámica en tiempos. El gobierno va
entendiendo, entonces, que su proyecto económico, extractivista a ultranza,
supone desconocer derechos.

Por el lado social lo que se produce es una enorme desilusión y, en algunos
sectores, desmoralización. Porque es un proceso en el que apostaron todo y,
de pronto, no es más suyo sino que responde a intereses empresariales, de
grandes transnacionales. Más bien se les considera hostiles y enemigos por
reclamar sus derechos o por exigir participación. Y este divorcio entre
movimientos sociales y gobierno es cada vez más notorio. Para mí representa
el surgimiento de un nuevo proceso social, nuevo porque ha habido un punto
de ruptura con nuestra tradición política previa. Hay muy poco que recuperar
de las organizaciones históricas, porque casi no existen. El sector que ha
quedado desprovisto de sus organizaciones tradicionales se organiza de otra
manera, de formas novedosas, fuera de estructuras tradicionales. Es un
movimiento social más heterogéneo, pero que tiene más posibilidades de
evitar la cooptación estatal. Y que es duramente perseguido.

-Más allá de los sectores más afectados, ¿cuál es la respuesta de la
población?

Inicialmente se dio un debate que también fue inédito; un debate entre
desarrollo y conservación que partía, desde el lado gubernamental, de la
idea de que hay un costo que hay que asumir: hay quienes se van a perjudicar
pero Bolivia tiene que desarrollarse, a pesar de unas minorías. Pero ahí la
sociedad empezó a ver con cierta claridad que no se trataba de unos pocos
frente a una mayoría, sino de algo que beneficiaba en el fondo a la
globalización. Es decir, que la construcción de una carretera, como la que
pretendía atravesar el TIPNIS, iba a beneficiar a los empresarios de la soja
porque su objetivo principal era facilitar la exportación de este producto.

Fue el momento inicial del divorcio entre una parte que apoyó decididamente
el proceso de cambio. Los pueblos indígenas amazónicos fueron un pilar
fundamental, y las organizaciones de derechos humanos y ambientalistas
fueron parte del movimiento; su alejamiento hizo que el gobierno
interpretara que la oposición no era tanto la derecha política, sino que iba
a ser la sociedad organizada independiente del Estado. Y entonces diseña una
estrategia, que ahora está probada, de ilegalización de estos movimientos
sociales independientes.

-Ante esta situación, ¿cuáles son los escenarios de futuro?

Hay que tener en cuenta el derrumbe de los precios de las materias primas.
El gobierno, entonces, tiene que replantearse varios de sus proyectos porque
son económicamente inviables; va a tener que gestionar una crisis económica.
Por otra parte, está gestionando una crisis política, y lo digo porque este
divorcio con la sociedad se ha vuelto problemático. Por ejemplo, en Potosí,
que votó masivamente a favor de Evo Morales, ha estado paralizada la ciudad
con una movilización de casi dos meses.

Desde el lado de la sociedad, el dilema actual es si se va a seguir
apostando por encaminar las energías hacia lo electoral o si, por el
contrario, se va a apostar por recuperar y fortalecer el tejido social. Es
posible que la crisis económica haga que el gobierno tome cualquier medida
que tenga un impacto negativo en la calidad de vida de la sociedad y sin el
respaldo social que tuvo, lo que puede dar lugar a una conflictividad
inmanejable. Lo que se perfila es un escenario donde va a ganar protagonismo
la movilización social. 

* Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en
América Latina (OMAL) –Paz con Dignidad.

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