Uruguay/ represión: el pasamontañas policial [Venancio Acosta y Betania Núñez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 3 de octubre 2015

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A l’encontre – La Breche

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Uruguay

 

Violencia de Estado

 

El desalojo del Codicen y unas prácticas que se repiten

El pasamontañas policial 

En tanto el Frente Amplio intenta salir ileso de los conflictos
presupuestales en la educación, el Ministerio del Interior repite prácticas
de represión y judicialización de la protesta social. La Policía se infiltró
en la ocupación e intenta imponer su versión de lo ocurrido el 22 de
setiembre en el Codicen (Consejo Directivo Central) de la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP)

Venancio Acosta y Betania Núñez

Brecha, Montevideo, 2-10-2015

http://brecha.com.uy/

“Esta es la verdad”, dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, como si
después de sus palabras quedara todo más claro. Lo hizo el lunes 28, en una
conferencia de prensa que buscó asentar la versión oficial de lo sucedido
durante el desalojo de un grupo de liceales, que ocuparon por cuatro días
las oficinas centrales del Codicen. Pero desde el episodio, que ocurrió hace
más de una semana, una brumosa disputa mediática no cesa de opacar los
hechos. La discusión sobre el presupuesto para la educación fue relegada a
un segundo plano, mientras en los tribunales de la Ciudad Vieja desfilaban
militantes estudiantiles y sindicales en un festín judicial.

En ese marco la Policía, que por ahora no fue imputada por la justicia,
lideró las investigaciones que desembocaron, hasta el cierre de esta
edición, en el procesamiento sin prisión por atentado agravado a nueve
militantes, que deberán cumplir 200 horas de trabajo comunitario. La falta
de imputados policiales responde, según supo Brecha, a que la justicia no ha
podido dar con los funcionarios que cometieron abusos durante la represión
desatada fuera del Codicen; los videos que circularon muestran el exceso,
pero sus cascos ocultan sus rostros e impiden que sean identificados. La
Policía trabaja para identificar a aquellos que tiraron piedras, reúne las
pruebas, los detiene, los lleva ante la fiscal Ana María Telechea y la jueza
Ana de Salterain. Y la justicia procesa. Quiénes fueron los policías que
actuaron en el operativo y quiénes se excedieron es un misterio, porque no
hay ningún indicio sobre aquello que la Policía evita investigar.

La propia actuación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh)
contribuyó a plantar esa escena. El informe que realizó su presidente, Juan
Faroppa, motivó fuertes controversias en la interna de la institución ya
que, por un lado, se hizo público antes de que algunos de sus miembros
accedieran a él, pero además dos de sus integrantes no están de acuerdo con
las conclusiones presentadas. En el documento Faroppa concluyó que el “clima
fuera del edificio ocupado, generado por manifestantes que no eran
estudiantes” “presagiaba una definición violenta de la situación”. Pese a
todo, el presidente de la Inddhh también reconoció que “lo anterior no
significa que no se hayan observado casos puntuales por parte de algunos
efectivos policiales que mostraron, en forma innecesaria, un uso abusivo de
la fuerza”. Según dijeron algunos manifestantes, lo que fue confirmado por
el propio Faroppa, otros términos se le escucharon durante la represión: “Es
un desastre total, al abogado lo cagaron a palos en el piso, yo lo vi”, le
dijo a la senadora del Mpp Ivonne Passada, que estaba del otro lado del
celular.

La Inddhh, que recibió una carta de “reconocimiento” del Ministerio del
Interior (MI) por su participación en el desalojo, ahora parece matizar su
primera impresión. El miércoles emitió un comunicado en el que se explicita
que el informe responde a la pluma de su presidente, como quien deslinda el
carácter institucional del texto, y adelanta que se investigará con base en
las denuncias recibidas, que no son pocas.

Por ejemplo, la institución analiza una foto donde se deja constancia que un
agente de la Republicana utilizó una cachiporra con punta metálica, hecho
que parece contradecir una de las afirmaciones del informe: “no se
utilizaron elementos de mayor fuerza agresiva”. Faroppa explicó a Brecha que
la información fue recibida luego de la difusión del informe, y apenas
conocida (el miércoles) fue “remitida de inmediato al ministro del Interior,
a los efectos de que se investigue esta situación. No sé bien lo que es, si
es una cachiporra, pero ese tipo de cachiporra es un arma que no está
autorizada por la ley de procedimiento policial”.

No prueba

Durante la conferencia del lunes se distribuyeron grabaciones de las cámaras
que los oficiales del Grupo de Reserva Táctica llevaban adheridas a sus
uniformes. Aunque el propio ministro aseguró que había por lo menos cinco
cámaras, únicamente se reproduce lo captado desde una de ellas.

Bonomi insistió en afirmar que cuando la Policía ingresa al edificio los
estudiantes ya no estaban. En consecuencia, aportó la filmación como prueba.
“Una Policía democrática es una Policía que puede demostrar lo que dice que
hace”, se jactó. Lo cierto es que el video no prueba la afirmación inicial
del ministro ni contradice la versión de los estudiantes, quienes sostienen
que se encontraban en el edificio cuando la Policía ingresó. Las imágenes
sólo muestran a policías efectivos entrando por el estacionamiento a las
oficinas del Banco de Seguros del Estado y de ahí al hall del edificio por
Avenida del Libertador. Pero los estudiantes dicen que otro grupo intentó
pasar hacia la puerta de Colonia, sin éxito porque había una manguera de
bomberos obstruyendo el ingreso. Es en ese momento que los ocupantes
perciben la presencia policial y, según los testimonios, desocupan por
Colonia gracias a los manifestantes que, del lado de afuera, custodiaban esa
puerta. Las imágenes difundidas no alcanzan a negar que otros agentes hayan
seguido recorridos diferentes y se hayan topado con los jóvenes.

Consultado sobre las denuncias de los primeros 12 detenidos por maltrato en
dependencias policiales, Bonomi arriesgó y repitió “no la creo”, aunque no
argumentó sus motivos, una actitud que el ministro ha adoptado otras veces
en que su cartera (el organismo público más denunciado por violar los
derechos humanos en el país, según la propia Inddhh) fue señalada por
prácticas de abuso policial.

Déjà vu

En medio de la guerra de videos desatada entre el ministerio, los
estudiantes y algunas organizaciones que acompañaron la ocupación, los
legisladores oficialistas se lamentan por no haber estado en el lugar de los
hechos, lo que les habría permitido contar con una versión de primera mano.
En esta línea, y en diálogo con Brecha, Passada dijo que fue “un error no
haber estado presente”, mientras que Sebastián Sabini, diputado del mismo
sector, evaluó que hubo “un error de comunicación”.

Pero mientras el Frente Amplio encuentra dificultades para lidiar con formas
de protesta social que alguna vez apoyó, el Ministerio del Interior repite
la estrategia utilizada en agosto de 2013, cuando infiltró policías en
manifestaciones estudiantiles e intervino abiertamente en las actuaciones
judiciales. De hecho, infiltró la ocupación en el Codicen con el mismo
policía que en la marcha del 14 de agosto de aquel año. El agente en
cuestión, John Giménez, quedó en evidencia el lunes pasado luego de intentar
detener a Marcelo Hospitale, momento en el que fue registrado por una cámara
de celular. Hospitale se había separado de la multitud que esperaba fuera
del juzgado para ir a un almacén. En ese momento fue interceptado por un
automóvil blanco del que se bajaron dos policías vestidos de civil. Como se
resistió al arresto porque los efectivos no tenían una orden judicial, sus
compañeros se acercaron. Allí fue que algunos militantes de Ades repararon
en Giménez y recordaron las conversaciones que habían mantenido con él
dentro del Codicen, cuando se presentaba como un militante de la Feuu,
contaron a Brecha. El agente de inteligencia tiene 28 años y en 2013 declaró
a la justicia que fue “asignado al servicio de la manifestación y marcha por
lo de Líber Arce”, “íbamos por el interior de la marcha hasta que en
determinado momento notamos una conducta violenta”, según el expediente
judicial al que accedió este semanario (véase Brecha del 27-XII-13).

También el lunes, un dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Taxi
(Suatt) que estaba en la concentración fuera del juzgado fue interceptado
por tres autos y dos motos cuando iba a comprar comida a una panadería.
Oficiales vestidos de civil le solicitaron que ingresara a uno de los
vehículos para dirigirse a “hablar con la jueza”. Lo capturaron sin orden de
la justicia y fue llevado a la sede de la Dirección de Inteligencia en la
calle Maldonado, donde le revisaron el celular y recabaron datos de todos
sus documentos (incluyendo la libreta de propiedad del vehículo, libreta de
conducir y carné sindical). Lo llevaron posteriormente al juzgado y fue uno
de los procesados por “atentado”. Al ser liberado, según dijo a este
semanario, fue acompañado por oficiales de inteligencia con pasamontañas
(excepto el funcionario al mando) y agentes del Grupo de Reserva Táctica,
junto a otra  imputada por los mismos hechos, a la que los policías acosaron
haciendo chistes por handy.

Al día siguiente otros militantes del mismo sindicato se dirigían en un auto
a Radio Fénix, donde emiten un programa, cuando dos vehículos los encerraron
en plena calle. Se llevaron a uno de ellos, nuevamente sin orden de la
justicia. Pasó la noche en la sede de inteligencia y declaró al día
siguiente. De la misma forma se apresó a dos militantes más, incluyendo al
secretario general de la organización, Carlos Silva, que en el momento en
que se dirigía a una asamblea del sindicato fue abordado por oficiales
encapuchados. El día anterior, dijeron desde el gremio a este semanario,
vecinos del barrio Santa Catalina –donde vive Silva– fueron interrogados por
funcionarios del MI, que también usaban pasamontañas, acerca del paradero
del sindicalista. Otra coincidencia: el mismo mecanismo fue utilizado por el
MI en los acontecimientos del 14 de agosto de 2013, que entonces denunció
Brecha. “Si la jueza precisa hablar con alguno de los dirigentes del
sindicato, es cuestión de mandar una citación. Nosotros no nos vamos a dar a
la fuga, somos personas públicas. Parece bastante planificado, es un día
cada uno, también como forma de desgastar la movilización del sindicato”,
contó a este semanario uno de los procesados.

No es nuevo: a pesar de que la Policía comete excesos, sólo son procesados
los manifestantes. El operativo de desalojo del Codicen y las detenciones
que vinieron después siguen ese patrón.

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