Colombia/ el acuerdo de justicia: ¿fin de la impunidad? [Gearóid Ó Loingsigh]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 10 de octubre 2015

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A l’encontre – La Breche

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Colombia

El Acuerdo de Justicia: ¿Fin de la Impunidad?

Gearóid Ó Loingsigh *

Desde Abajo, Bogotá, 5-10-2015   

http://www.desdeabajo.info/

El acuerdo sobre la justicia firmado entre las FARC y el gobierno colombiano
el pasados 23 de septiembre fue anunciado con bombos y platillos. Al igual
que los otros acuerdos, estalló un gran regocijo entre las ONG, el gobierno,
una parte de la prensa y los llamados intelectuales. Olvidaron por completo
que las FARC en un comunicado del 2014, había declarado que no se someterían
a la justicia. Pero como todo lo dicho por las organizaciones insurgentes en
distintas partes del mundo, lo que anuncian que no harán, es el más claro
indicio de lo que piensan hacer. Así tenemos un acuerdo sobre la justicia.

¿Realmente se justifican el optimismo, el alegría y la esperanza? Y si son
justificados, ¿qué significan? Cuando las FARC firmaron los otros acuerdos
sobre la cuestión agraria, drogas y participación política tuvimos que
aguantar las declaraciones de las ONG y los llamados intelectuales
anunciando, no sólo el fin venidero del conflicto sino la transformación del
país. Cuando finalmente publicaron esos tres acuerdos pudimos ver cuán
equivocados estaban, o mejor dicho, cuán cínicos eran. El Acuerdo Agrario es
un documento patético, vacío de contenido, que no sólo no acuerda una mínima
reforma agraria, sino que la descarta y enfoca la cuestión sobre las tierras
de narcotraficantes y no las tierras de la oligarquía contra la cual las
FARC se sublevaron hace tantos años. Además, no dice nada que no exista en
la legislación actual de Colombia. Cómo lo señaló, en su momento, la
senadora Claudia López:

Es muy importante que hayan hecho público los acuerdos con las Farc. No veo
en esos acuerdos nada exótico, al contrario, yo los leo y me pregunto: ¿por
esto nos hemos matado 60 años, por esto nos hemos dado tanto plomo, por esto
hay seis millones de víctimas? ¿Por esto, por actualizar el catastro, por
acordar que se financie el desarrollo rural, garantizar que a la gente no la
maten si hace política? Esto a mí lo que me produce es vergüenza de patria.
La gran revolución de las Farc terminó exigiendo que se cumplan las leyes
que ya teníamos. Qué pena con el país, con las víctimas. Semejante matazón
por cosas tan elementales.(1)

Tiene toda la razón. Ni siquiera el fondo de tierras es nuevo. En Colombia
existe desde los años 60 una especie de fondo de tierras, se llamaba Incora
y hoy en día se llama Incoder. Funciona mal, no hace lo que se debe, pero es
un fondo de tierras, nos guste o no. Claro, este fondo de tierras es
corrupto en extremo hasta tal punto que en vez de entregar tierras a los
campesinos entregó 38.000 hectáreas, en Vichada, a parapolíticos y amigos
del paramilitar Macaco.(2) Existe también un modelo agrícola que desmiente
cualquier intención de hacer siquiera una reforma parcial. Ese modelo es la
entrega de baldíos de la nación a grandes empresas extranjeras y nacionales,
lo que un analista ha llamado el modelo Riopaila.

La empresa compró 42 mil hectáreas en el Vichada para lo cual constituyeron
27 S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada) a las cuales Riopaila les
prestó el dinero para comprar los terrenos. A su vez estas "empresas" le
arrendaron los terrenos a Riopaila por el término de 30 años y por el mismo
valor de los baldíos.(3)

El caso de Riopaila no fue el único y todo eso ocurría mientras las FARC
"negociaban" el Acuerdo Agrario. De pronto lo más decepcionante fue que sus
puntos claves eran nada más que una copia del acuerdo firmado entre las URNG
en Guatemala, (4) país donde sabemos sin lugar a dudas que no hubo ninguna
reforma agraria, sino una contra-reforma agraria a punta de proyectos
palmeros, azucareros y minero-energéticos.

El Acuerdo de Justicia

Entonces, viendo como fue con el Acuerdo Agrario, ¿cómo nos puede ir con el
Acuerdo de Justicia? El gobierno anunció el fin del conflicto para marzo del
2016 y salieron los de siempre a decirnos que gran acuerdo era. Valga
aclarar que por el momento solo tenemos acceso al comunicado conjunto, el
acuerdo como tal no se ha publicado. Aun así, se ha levantado mucha
polémica. Aquí no vamos a referirnos a las diatribas de la derecha
colombiana representada por Uribe, pues en todos los procesos de paz, las
estupideces y bobadas de esa clase de gente solo sirven para distraernos de
la realidad.

El acuerdo tiene varios puntos como una jurisdicción especial para juzgar a
los guerrilleros, participación de jueces extranjeros, juzgamiento de
agentes del estado y mecanismos para establecer la verdad, o mejor dicho
asegurar que los que entran en el proceso digan todo la verdad. Algunos
comentarios enfatizaron el hecho de que también se juzgarán a agentes del
estado y que el acuerdo reconoce la existencia de delitos políticos y
delitos conexos por los cuales nadie será juzgado. Es decir, que el
guerrillero que mata en combate no será procesado. Eso es visto como un
avance y logro de las negociaciones. Pero debemos recordar que la idea de
que el guerrillero es un criminal es algo relativamente nuevo y forma parte
del nuevo orden mundial después del ataque a las torres gemelas. Antes se
veía como un sublevado en armas, un actor altruista que no buscaba un
beneficio personal. Así, ese logro es muy relativo, aunque no por eso, deja
de ser importante.

Pero, no es cierto que los crímenes del estado se pongan al mismo nivel de
la insurgencia. El acuerdo no dice eso, sino todo lo contrario. Mientras,
los "intelectuales" aplaudían sin reservas al acuerdo cómo algo histórico,
el Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado), se atrevió a
hacer unas preguntas pertinentes y un cuestionamiento sobre el alcance del
acuerdo.

Al Movice le preocupen varias cosas: el mecanismo para seleccionar los casos
y los postulantes a la jurisdicción especial; los agentes del estado
recibirán un tratamiento especial; no se sabe cuántos fiscales se encargarán
de los casos de agentes de estado; la falta de claridad frente a la no
repetición de los responsables de crímenes del estado, entre otras cosas.
Respecto a los crímenes del estado el Movice afirma:

De otro lado, en la mayoría de crímenes de Estado no se han siquiera
vinculado dentro los procesos penales a los máximos responsables y
beneficiaros de estos hechos, por lo que el mayor número de casos no se
remitirán a la Jurisdicción para la Paz y continuarán en la impunidad,
repitiendo lo sucedido con la llamada Ley de Justicia y Paz, en donde la
mayoría de los paramilitares desmovilizados nunca fueron investigados por su
responsabilidad en crímenes internacionales y por tanto, nunca pasaron por
el procedimiento establecido en la Ley 975. (5)

Efectivamente, en el proceso con los paras nunca tocaron a los máximos
responsables, nunca tocaron a las empresas. Salvatore Mancuso declaró que la
mayoría de las petroleras en Casanare pagaban a las AUC y sin embargo, no se
les abrió investigación. En 2006, José Felix Lafaurie, capo máximo de los
ganaderos agrupados en Fedegan, reconoció que los ganaderos habían
financiado a los paramilitares de las AUC y además dijo que poseía
información sobre los pagos de empresas nacionales, internacionales,
palmeras y arroceras.(6) No le pasó nada, nunca fue investigado, y tampoco
le pidieron la información que tenía. Hay quienes quieren promover la
ingenua esperanza entre la gente que gentuza como Lafaurie serán procesados,
o que ellos contarán la verdad. Si no pasó en el momento del proceso con los
paramilitares, no va a pasar ahora en el proceso con las FARC.

Las organizaciones de derechos humanos andan por el mundo promoviendo
ilusiones en los sistemas de justicia y en los acuerdos de paz que se
celebraron en otros países, sin siquiera mirar cual fue el resultado real de
esos procesos. Así se habla de Sudáfrica como si fuera un gran éxito.
Algunos policías no fueron indultados por sus crímenes pero a De Klerk, el
máximo jefe de los escuadrones de la muerte, de los torturadores, del
sistema de apartheid en sí, pues a él le dieron un premio nobel. Tal fue la
impunidad en Sudáfrica que nunca tocaron a ninguna de las empresas
beneficiarias del sistema y hoy en día Colombia es víctima de ese proceso,
pues la empresa minera Anglogold fue uno los principales beneficiarios y
victimarios del apartheid y ahora anda suelta por Colombia. No solo ha
podido implantarse en este país, será uno los beneficiarios de la paz en
Colombia, como lo fue en Sudáfrica.

En el 2012, la policía asesinó a 34 mineros en Marikana, Sudáfrica. Uno de
los directores de la empresa minera era Cyril Ramaphosa, hoy vicepresidente
del país. La impunidad no es solo para las empresas de ayer sino para las de
hoy también.

Si miramos a Guatemala, vemos que allí no hubo justicia para las víctimas de
crímenes del estado. Después de mucha presión se hizo un intento de llevar
al genocida Ríos Montt a juicio responsable por la masacre de 200.000
personas, y el intento fracasó. Fracasó a pesar de que el Acuerdo Global
Sobre Derechos Humanos, firmado en 1994 estipuló que:

Las partes coinciden en que debe actuarse con firmeza contra la impunidad.
El Gobierno no propiciará la adopción de medidas legislativas o de cualquier
otro orden orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los
responsables de violaciones a los derechos humanos.

El Gobierno de la República de Guatemala promoverá ante el Organismo
Legislativo, las modificaciones legales necesarias en el Código Penal para
la tipificación y sanción como delitos de especial gravedad, las
desapariciones forzadas o involuntarias, así como las ejecuciones sumarias o
extrajudiciales. Asimismo, el Gobierno promoverá en la comunidad
internacional el reconocimiento de las desapariciones forzadas o
involuntarias y de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales como delitos
de lesa humanidad.

Ningún fuero especial o jurisdicción privativa puede escudar la impunidad de
las violaciones a los derechos humanos.(7)

Así de claro. El documento también prohíbe expresamente grupos armados de
justicia privada. Aunque llevaron a juicio a algunos militares, generalmente
de bajos rangos, hubo impunidad total para los altos militares, entre ellos
Ríos Montt, y por supuesto hay una impunidad reinante frente a los
asesinatos cometidos por los grupos de justicia privada hoy en día, no
obstante la conformación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala. Sin embargo, impunidad es lo que hay. En su reciente informe
Amnistía Internacional señala:

En mayo, el Congreso aprobó una resolución no vinculante en la que
manifestaba que no se había cometido genocidio durante el conflicto armado
interno. La resolución contradecía frontalmente una investigación realizada
por la ONU en 1999 que concluía que durante el conflicto, en el que 200.000
personas murieron y 45.000 fueron sometidas a desaparición forzada, se
habían cometido genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad. Más del 80 por ciento de las víctimas de homicidio y desaparición
forzada durante el conflicto eran indígenas mayas.(8)

Mientras tanto, el mismo informe señala que:

“En julio, Fermín Solano Barrillas, ex miembro de la oposición armada
durante el conflicto armado interno, fue condenado a 90 años de prisión por
dirigir la masacre de 22 personas perpetrada en 1988 en El Aguacate,
departamento de Chimaltenango”.(9)

Es decir, que mientras Ríos Montt sale libre y el Congreso dice que el
genocidio cometido por él y otros es un cuento de hadas, sí se persiguen a
los ex guerrilleros. Puede que tengan toda la razón con el caso del
guerrillero, pero no deja de ser un contraste fuerte con el caso de Ríos
Montt.

Es una clara muestra de lo que se puede esperar. En Colombia, podemos decir
claramente que no habrá mayores sanciones contra altos oficiales y mucho
menos contra políticos a raíz del acuerdo sobre la justicia. En El Salvador
se aprobó la Ley de Amnistía de 1993, un año después del final del
conflicto, esa ley es la garantía de impunidad en el país y la razón por la
cual los militares, políticos y empresarios duermen tranquilos todas las
noches.

Juzgar a los políticos

La tinta sobre el papel no había secado y ya estallaron las primeras
controversias. El Fiscal General de la Nación, en declaraciones a la prensa,
dijo que bajo el nuevo acuerdo se perseguiría penalmente al ex presidente
Uribe Vélez. El estado reaccionó rápidamente "El ministro de Justicia, Yesid
Reyes, quien se pronunció en ese sentido, explicó que 'jamás se pensó que
los expresidentes tuvieran que acudir a ese tribunal' y agregó que esas
salidas 'terminan haciéndole daño al proceso'."(10)

Hay que escuchar bien al ministro, no solo se descarta cualquier posibilidad
de juzgar a semejante personaje como Uribe sino dice que quienes lo proponen
dañan el proceso de paz. Esta frase se escuchará mucho en el futuro, "en
nombre de la paz, no pidan más, no exijan más," las víctimas buscando
justicia serán los nuevos terroristas que quieren desestabilizar al país.
Eso no sólo se ha visto en otros países, sino en Colombia hemos visto
ejemplos de eso cuando la iglesia exige a las víctimas que perdonen a los
victimarios, tal como dijeron explícitamente en el proceso con los
paramilitares.(11) El perdón es sólo la mitad de la consigna Ni Perdón, Ni
Olvido. Habrá que perdonar y habrá que olvidar. Eso es lo esencial del
acuerdo respecto a los agentes del estado.

No sólo se debe juzgar a Uribe, sino a todos los presidentes, pues Uribe no
hizo nada que no hicieron ellos en algún momento, inclusive sus acciones en
los noventa como gobernador de Antioquia fueron amparadas por el decreto de
Gaviria, y el gobierno de Samper. No montó a las Convivir solo. Lo hizo
aplicando la legislación vigente y con el beneplácito del estado.

Humberto de la Calle en el banquillo

De paso podemos pedir que el jefe del equipo negociador del gobierno
colombiano sea juzgado por esa jurisdicción especial. De la Calle fue
ministro del interior en 1990 y 1991 cuando la masacre de Trujillo llegó a
su punto más feroz. La III división del ejército, bajo el mando de Manuel
Bonnet (futuro jefe de las fuerzas armadas) asesinó a centenares de
personas. Bonnet no asumió ninguna responsabilidad, ni siquiera por línea de
mando, pero el Presidente Samper sí aceptó la responsabilidad del estado por
esa masacre. Entonces, ¿será que los ministros de gobierno entonces tienen
alguna responsabilidad y si no la tienen, por qué?

Pero las hazañas de Humberto no terminan ahí. Fue vicepresidente en el
gobierno de Samper, durante los primeros dos años. Renunció por una cuestión
ética, la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña electoral de
Samper. Eso fue algo importante y ético para él, sin embargo, no renunció
por las Convivir. Es decir, formar, organizar, dotar de armamento a grupos
de civiles, quienes luego asesinaron a otros civiles y se convirtieron en la
fachada legal de los grupos paramilitares no fue una cuestión ética. No es
descabellado proponer que De la Calle sea juzgado en esa jurisdicción
especial y que nos cuente TODA la verdad para obtener los beneficios
jurídicos aplicables en el caso.

Pero nada de eso ocurrirá. Como en todos los otros procesos de paz, los
principales beneficiarios no perderán su estatus de beneficiario y sus
privilegios, y por supuesto no perderán su libertad y la razón es sencilla,
pero casi nunca se dice: las FARC perdieron la guerra, el estado ganó. La
única persona que ha dicho eso, es Humberto de la Calle. Los procesos de paz
se basan en una mentira, que nadie gana, ni pierde y que la paz, es un
proyecto de todos. Pero no lo es. Las FARC se retiran de la batalla y se
disuelven, el ejército oficial no. Está claro quién gana una guerra, pues
quien se queda en pie y el vencedor echa la culpa por todos los males que
aquejan el país, todo el horror de la guerra, todo el sufrimiento a un solo
actor, el perdedor. Es por eso las FARC serán juzgados: perdieron, y como
una migaja algunos militares de bajo rango pueden ser juzgados, aunque con
un tratamiento especial.

El periodista William Ospina lo describió bien en su columna de El
Espectador:

“Pero aunque las Farc admitan ser las principales responsables de los
crímenes y las atrocidades de esta guerra, yo tengo que repetir lo que
tantas veces he dicho: que es la dirigencia colombiana del último siglo la
principal causa de los males de la nación, que es su lectura del país y su
manera de administrarlo lar responsable de todo. Responsable de los
bandoleros de los 50, a los que ella armó y fanatizó; de los rebeldes de los
60, a los que les restringió todos los derechos; del M19, por el fraude en
las elecciones de 1970; de las mafias de los 80, por el cierre de
oportunidades a la iniciativa empresarial y por el desmonte progresivo y
suicida de la economía legal; de las guerrillas, por su abandono del campo,
por la exclusión y la irresponsabilidad estatal; de los paramilitares, que
pretendían brindar a los propietarios la protección que el Estado no les
brindaba; responsable incluso de las Farc, por este medio siglo de guerra
inútil contra un enemigo anacrónico al que se pudo haber incluido en el
proyecto nacional 50 años antes, si ese proyecto existiera...

Lo que me asombra es que la astuta dirigencia de este país una vez más logre
su propósito de mostrar al mundo los responsables de la violencia, y pasar
inadvertida como causante de los males. A punta de estar siempre allí, en el
centro del escenario, no sólo consiguen ser invisibles, sino que hasta
consiguen ser inocentes; no sólo resultan absueltos de todas sus
responsabilidades, sino que acaban siendo los que absuelven y los que
perdonan”.(12)

Como dijo Julio Cortázar en El Libro de Manuel "es muy importante comprender
quién pone en práctica la violencia: si son los que provocan la miseria o
los que luchan contra ella." El proceso de paz con las FARC y sobre todo el
acuerdo sobre la justicia niegan ese elemento. Es el estado el principal
responsable de la violencia, y si buscamos criminales de guerra, los
encontraremos en el Congreso de la República, en el Estado Mayor de la
Fuerzas Armadas y por supuesto en el equipo negociador del estado en La
Habana.

Los reclamos del Movice 

Está bien que el Movice haga reclamos, que haga preguntas, que exija la
participación de las víctimas en el proceso de selección de casos etc. Pero
el Movice tiene que comenzar deshaciéndose de sus ilusiones en el proceso y
el acuerdo. Su lucha contra la impunidad no se acerca a una etapa final,
sino apenas comienza. El acuerdo y el proceso no inauguran una nueva época
de justicia y el fin de la impunidad, sino que la impunidad gozará de nuevos
mecanismos y a los que buscan la justicia se les acusará de buscar el fin de
la "paz" y la "reconciliación". Tendrán que luchar como los guatemaltecos
para llevar ante la justicia a personajes como Montt, tendrán que buscar
fiscales valientes, sabiendo esos fiscales que por su osadía y coraje ellos
serán perseguidos y hostigados como fueron sus homólogos en Guatemala.

La impunidad no es solo un problema en América Latina. En Irlanda, los
responsables estatales de masacres y torturas nunca fueron identificados, ni
hablar de ser

procesados. Los asesinos de abogados como Pat Finucane no han sido
procesados ni plenamente identificados, aunque sí se sabe que agentes
estatales participaron. Los agentes británicos involucrados en los atentados
de Dublín y Monaghan tampoco han sido identificados, y hasta hoy, el estado
británico y el irlandés niegan la participación de agentes estatales. Se
estableció una comisión para investigar la masacre de Domingo Sangriento,
donde 13 civiles fueron asesinados delante de las cámaras de televisión. Esa
investigación concluyó que los soldados rasos tenían algo de culpa, no los
mandos militares, no el gobierno y mucho menos la reina Isabel quién
condecoró el mando encargado de la masacre.

El Movice también tendrá que deshacerse de sus ilusiones en la justicia
internacional. En su comunicado se refiere a la presencia de jueces
internacionales como una garantía de imparcialidad. ¿Realmente creen eso? No
obstante los fallos de la CIDH, la justicia internacional funciona en la
práctica como una especie de imperialismo jurídico. Hasta el momento la CPI
sólo ha juzgado a africanos por los conflictos allá y ha pasado por alto la
participación de intereses extranjeros en todos esos conflictos. En el caso
de Sierra Leona, condena a varios africanos y ni un solo europeo involucrado
en el tráfico de los llamados "diamantes de sangre". Ni siquiera se planteó
la posibilidad de juzgar a algún europeo. Si se trata de juzgar a algunos
militares, puede que algún juez extranjero sea imparcial, aunque debemos
recordar que en años recientes el sistema colombiano ha logrado enjuiciar y
condenar a varios militares de alto rango por los falsos positivos. Pero si
en algún momento se intenta tocar el tema de las empresas extranjeras, los
jueces internacionales no serán imparciales, como nunca han sido en ninguno
de los conflictos donde los intereses económicos de los países imperialistas
están en juego, y no solo se refiere a Irak y Siria sino a las guerras
sucias en América Latina. ¿Acaso creen que se juzgará a los directivos de
Chiquita que ya han reconocido su papel en la guerra sucia en Colombia? Un
juez canadiense no dirá mucho sobre el papel de las mineras canadienses y un
juez británico tampoco será tan imparcial como se cree a la hora de juzgar a
BP por lo que hizo.

Quizás esperen que el juez Baltasar Garzón ayude en la lucha contra la
impunidad. A fin de cuentas, es el juez preferido de las ONG de derechos
humanos en Colombia, muy a pesar de ser un violador de los derechos humanos
en el País Vasco, donde cierra periódicos, limita el derecho de asociación y
donde procesa a reos que han sido torturados.

Si no se acepta que las FARC son derrotados militarmente y que el contenido
de los acuerdos muestra una profunda derrota política, las organizaciones
campesinas, obreras y de derechos humanos no podrán avanzar en su lucha
contra la impunidad. Lo primero que hay que hacer es tomar cuenta de la
situación en que el movimiento popular se encuentra. Entonar cantos de una
falsa e inexistente victoria ( o siquiera un avance) no ayuda a nadie. Hay
que aceptar la derrota por lo que es y organizarse en medio de esa realidad.
Actuar según la lógica de la gran victoria o avance que significan los
acuerdos es prepararse para futuras derrotas aún más profundas, como ha
ocurrido en todos los procesos de paz con organizaciones insurgentes, donde
las organizaciones sociales no reivindicaron su autonomía frente a los
acuerdos firmados, sino se sumaron a ellos de una forma acrítica y no
estaban en una posición de avanzar sus luchas por haberse amarrado a
acuerdos firmados entre entes ajenos: la insurgencia y el estado. Es la hora
de distanciarse del proceso. A fin de cuentas, son organizaciones
independientes y deben mostrarlo. El fin de la balacera no corresponde a
nadie más que la insurgencia y el estado, los acuerdos sociales se negocian
con los actores sociales y deben tener criterios propios. Criticar u
oponerse a un acuerdo, no es lo mismo que pedir más guerra, como los
mentalmente empobrecidos intelectuales quieren hacernos creer. Las opciones
siempre son más amplias que la falsa elección entre más guerra o proceso de
paz. 

* Gearóid Ó Loingsigh, investigador irlandés y autor de “Una mirada desde el
sur”, que ha llevado a cabo varios estudios sobre la minería en Colombia y
los efectos qué efectos tiene la extracción de oro a cielo abierto. También
tiene realizados varios textos sobre las consecuencias sociales de la
minería de oro en regiones del país, la utilización de agua en esta y sus
efectos sobre las comunidades.

Notas

1) El Espectador (28/09/2014) Me duele que mi mamá se angustie por mí,
www.elespectador.com

2) Cuellar Solano, A. ¿Conejo a lo pactado en La Havana, Caja de
Herramientas Nº 00370, 27/09/2013 a 4/10/2013 www.viva.org.co

3) López Rincón, J.H, Despojo de Tierras: el modelo Riopaila, Caja de
Herramientas, Nº 00357 28/06/2013 a 04/07/2013 www.viva.org.co

4) Véase U.N. A /50/956 6 de junio 1996. 

5) Movice, (26/09/2015)Que el acuerdo de jurisdicción para la paz no deje en
la impunidad crímenes de estado, publicado en http://anncol.eu

6) Véase El Cambio No 704 diciembre 2006/enero 2007 Diez Preguntas
(Entrevista con José Félix Lafaurie)

7) Acuerdo Global de Derechos Humanos, Capítulo III

8) Amnistía Internacional (2015) La Situación de los Derechos Humanos en el
Mundo, AI, Madrid, pág 205

9) Ibíd.

10) Semana (29/09/2015) La metida de pata del fiscal Montealegre
www.semana.com

11) El Tiempo (24/12/2006) La Iglesia tiene su archivo de la verdad pág 17

12) Ospina, W. El Espectador (26/09/2015) Los invisibles
www.elespectador.com

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