Uruguay/ un socio clave en el mundo de las compañías offshore [Búsqueda]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de abril 2016

Boletín Informativo

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Uruguay

“Panama Papers”

Mossack Fonseca muestran a Uruguay como un socio clave en el mundo de las
compañías offshore

Búsqueda, Montevideo, 7-4- 2016

http://www.busqueda.com.uy/

La filtración de más de 11 millones de documentos internos de la firma
panameña Mossack Fonseca (MF) —que fueron investigados por más de 100 medios
en todo el mundo, entre ellos Búsqueda— reveló secretos del mundo de las
compañías offshore y mostró hasta qué punto Uruguay es un socio clave en el
esquema internacional que, con el asesoramiento de bancos, firmas legales y
asesores financieros, utilizan empresarios, políticos, personalidades y
estrellas del deporte para colocar dinero y realizar inversiones fuera del
país (lea el informe especial completo aquí).

Según los documentos filtrados —que obtuvo el diario alemán “Süddeutsche
Zeitung” y compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, por su sigla inglés)— Uruguay es uno de los principales
socios de MF en la creación de sociedades offshore. Búsqueda pudo comprobar
que numerosos estudios y firmas uruguayas trabajan con la firma panameña
como intermediarios, vendiendo las sociedades anónimas que esta crea a sus
clientes. A su vez, algunos políticos, empresarios, futbolistas y personas
del mundo financiero tienen a su nombre —o son accionistas de— sociedades
anónimas creadas fuera del Uruguay.

MF, una poco conocida pero poderosa firma legal con base en Panamá, tiene
sucursales en Hong Kong, Miami, Zúrich y más de otros 35 puntos alrededor
del globo, entre ellos Uruguay. Es una de las principales creadoras de
sociedades offshore en el mundo.

La noción de que siempre la creación de sociedades en “paraísos fiscales”
tiene finalidades de evasión o lavado de activos es equivocada. Tener una
compañía offshore no es ilegal y, para algunas transacciones de negocios
internacionales, puede ser una opción lógica. También hay quienes recurren a
este tipo de estructuras para construir “pantallas” que les permitan evadir
u ocultar dinero al fisco, disimular la procedencia o el destino de dinero
“sucio” o esconder a los verdaderos dueños de una sociedad.

El martes 5, tanto la Dirección General Impositiva (DGI) como la Secretaría
Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al
Terrorismo dijeron a “El País” que permanecen “alertas” ante la nueva
información, pero estimaron que en Uruguay el impacto será “menor” que en
otros países porque no rige el principio de “renta mundial” y, por lo tanto,
no habría evasión fiscal por parte de los involucrados.

El subdirector general de Rentas, Álvaro Romano, declaró a ese periódico que
“en lo que tiene que ver con sociedades anónimas uruguayas esto (los “Panama
Papers”) no es muy relevante. En Uruguay rige el principio de la fuente
territorial, es decir, que las rentas que quedan sujetas a imposición son
las que se generan dentro del territorio nacional”. Agregó que, “por lo
pronto, desde el punto de vista del Impuesto a la Renta de las Actividades
Económicas —que pagan las empresas— no tiene relevancia, a diferencia de
España u otros países donde existe el criterio de ‘renta mundial’”.

Romano señaló que sí podría existir “alguna trascendencia” en cuanto al
Impuesto a las Renta de las Personas Físicas (IRPF), porque una ley impuso
gravar los intereses bancarios o los dividendos de acciones generados en el
exterior desde el 1º de enero de 2011. Según esa norma (Nº 18.718), desde
entonces se aplica un 12% de IRPF sobre los intereses generados por
depósitos que residentes uruguayos puedan tener en bancos fuera del país. Lo
mismo rige sobre los dividendos que eventualmente reciban quienes posean
acciones en compañías internacionales. Antes del 1º de enero de 2011 no
existía obligación de informar sobre depósitos o acciones; tampoco los
intereses o dividendos estaban gravados por impuesto alguno en Uruguay.

Un experto en esta materia consultado por Búsqueda explicó que si alguien
tiene un depósito fuera del Uruguay, paga ahora lo mismo sobre los intereses
que si tuviera el dinero colocado en el Banco de la República. Advirtió, no
obstante, que la recaudación de la DGI por este concepto ronda apenas los
U$S 10 millones anuales.

En sus declaraciones a “El País”, Romano dijo que “la creación de sociedades
panameñas no es una actividad ilícita”.

“Habría que analizar caso a caso la información que salga a luz. A priori,
estamos expectantes a lo que se va divulgando pero no creo que todo esto sea
algo extremadamente relevante como sí lo puede ser para otros países”,
añadió el número dos de la DGI.

A su vez, Carlos Díaz, secretario nacional Antilavado, dijo en el mismo
diario que “es legal” que “los estudios trabajen en la creación de este tipo
de sociedades. El tema pasa por el cumplimiento de todas las normas; deben
saber el origen de los fondos que manejan y los beneficiarios finales”.

“Se puede trabajar con sociedades offshore en la medida en que se cumpla la
normativa. No hay ilegalidad”, insistió Díaz.

Díaz también fue consultado por Búsqueda. “Los negocios son los negocios”,
dijo en una entrevista que se publica en esta edición (página 48). “Mientras
algo no sea ilegal se va a seguir haciendo. Creo que la culpa no es ni de
los estudios ni de las personas, sino que, en todo caso, de acuerdo a como
vienen las cosas en el mundo, lo que hay que hacer es cambiar algunos
aspectos de la legislación. Ya hemos hecho cambios sustanciales. En la
discusión previa a la eliminación de lo anónimo en las acciones al portador,
se decía que eso implicaba prácticamente la destrucción económica del país.
Y eso no pasó. Y no creo que pase nada malo si se transparenta todo el
sistema. Uruguay no tiene la capacidad de lobby internacional como para
poder resistirse a las medidas que le puede imponer el GAFI o la OCDE y, a
su vez, tiene una economía demasiado abierta que le impediría cerrarse;
sería un suicidio para el país. Un país chico, con tres millones y pico de
habitantes, no puede jugar el partido de ser el discordante con un mundo que
cambió a gran velocidad. Aparecer en una lista gris o negra del GAFI es un
problema grande; por eso tiene que tomar opciones. Pero yo no veo el
problema por el lado de los estudios uruguayos; en todo caso habrá que
controlarlos. Lo que insisto es en que esto no debe ser algo oscuro. Los
estudios tienen la obligación de identificar al beneficiario final. Si lo
hacen está todo bien. Si no, entran en una zona gris o negra. Eso es lo que
se va a empezar a controlar: quién está atrás de esos negocios”.

Uruguay en el “top ten”

Según se desprende de las estadísticas que elaboró el ICIJ a partir de los
documentos, Uruguay está entre los 10 países con más compañías offshore
creadas a través de los servicios de MF: los clientes uruguayos de la firma
adquirieron más de 5.000 compañías en el período de casi 40 años que cubren
los datos filtrados (desde 1977 hasta fines de 2015).

Además, Uruguay también se ubica entre los 10 países donde MF tiene más
clientes: 298. Son bancos, firmas financieras y estudios de abogados que
trabajan como intermediarios de la panameña.

Según un relevamiento realizado por Búsqueda, entre las personas más
relevantes que aparecen en los documentos con vínculos al Uruguay, varios
empresarios, políticos y personalidades de distintos rubros adquirieron o
son accionistas de compañías offshore creadas por MF. La lista no es
exhaustiva y no implica que no haya otras personas en los millones de
documentos internos de MF.

Búsqueda contactó a varios de los mencionados para conocer los motivos de su
vinculación con las sociedades offshore. En algunos casos, dijeron que
fueron constituidas para las actividades de servicios que realizan en el
exterior, o bien para inversiones financieras a resguardo de la
inestabilidad de instituciones bancarias y como un respaldo familiar, o bien
para administrar inmuebles en el extranjero. En todos los casos,
manifestaron que se trata de activos cuyo origen es legal.

Entre los uruguayos que figuran como beneficiarios de compañías offshore
está la empresaria Patricia Damiani, pareja del canciller Rodolfo Nin Novoa,
con una sociedad registrada en Panamá. También el ex catedrático de Derecho
Financiero de la Universidad de la República, José Luis Shaw, y Alfredo
Kaplan, fundador y director del estudio contable Kaplan.

Juan Carlos Deicas, fundador de la Bodega Juanicó, y su hijo Fernando
Deicas, tienen una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas
(BVI, por su sigla en inglés). Fernando Deicas dijo a Búsqueda que la
familia utiliza dicha sociedad para “manejar inversiones financieras en el
extranjero” y aclaró: “Esto es totalmente limpio, pagamos todos los
impuestos que corresponden, tanto en el Uruguay como en el exterior”. Indicó
que eligieron esa figura “por comodidad y seguridad” para ese tipo de
inversiones.

El abogado Fernando Jiménez de Aréchaga, socio del estudio Jiménez de
Aréchaga, Viana & Brause, es beneficiario de dos sociedades en las BVI.
Consultado por Búsqueda, explicó que una la constituyó para adquirir junto
con su esposa un inmueble en Washington para su hija. Agregó que ahora está
en liquidación porque la propiedad se vendió. “No estamos eludiendo ni
evadiendo ningún impuesto; hasta hoy se puede tener un inmueble en el
exterior sin que esté gravado en Uruguay”, precisó. “Era práctica habitual
en materia legal elegir sociedades de fácil manejo, de fácil contabilidad,
que tienen poco gasto de mantenimiento, sobre todo para bienes personales.
Esas son las ventajas que le vimos”, añadió. En otro caso explicó que la
sociedad es de un cliente del estudio y él actuó como asesor externo.

Pedro Konrad, ex corredor de Bolsa y fundador de Konrad & Asociados, también
es beneficiario de una sociedad alojada en BVI.

A su vez, el agente bursátil Víctor Paullier Pereira, el ingeniero y
empresario Nicolás Jodal y el empresario Marcel Gerwer, esposo de la
senadora Verónica Alonso, son beneficiarios de sociedades anónimas
registradas en esa jurisdicción.

Gerwer dijo a Búsqueda que la sociedad fue creada hace “aproximadamente
cuatro años” junto con varios socios para comprar unas propiedades en Miami.
Señaló que tiene el 10% en esa sociedad y aclaró que la empresa “no tiene
activos ni mueve fondos”.

Jodal, por su parte, expresó que sus sociedades están declaradas, pagan
impuestos y que “no hay nada que ocultar”. Una de ellas, creada
recientemente, funciona como una unidad de negocio que se usa para crear
otras compañías.

También los empresarios Luis Eduardo Cardoso, Isabel Cardoso, Pablo Cardoso
y Adolfo Cardoso tuvieron una sociedad registrada en Panamá. Como Jodal,
manifestaron que fue una actividad legal y que “no hay nada que ocultar”.

Por otra parte, varios uruguayos aparecen en los registros de MF como
accionistas de sociedades offshore. Entre ellos, el contador Julio Szafrán,
que se encargó de administrar el holding de empresas panameñas del
empresario Francisco Casal, tiene acciones en una sociedad en Seychelles. El
empresario Pablo Montaldo, ex presidente de la Bolsa de Valores de
Montevideo y la empresaria Cecilia Pombo, tienen acciones en sociedades
alojadas en las BVI. Pombo precisó que su sociedad está “sin uso” y “en
proceso de cierre”.

Jodal y su socio Breogan Gonda, fundadores de GeneXus, también son
accionistas de compañías registradas en las BVI. A su vez, tienen acciones
en sociedades de las BVI el empresario Máximo Fernández, propietario de la
industria pesquera Fripur —que entró en concurso en 2014—, Martín Secco,
presidente ejecutivo de los frigoríficos en Uruguay del grupo Marfrig, y uno
de los directores de la automotora Julio César Lestido, Javier Luis Lestido.

Germán Vecino, socio de Posadas, Posadas & Vecino, y Nicolás Juan, socio de
Guyer & Regules, tienen acciones en sociedades registradas en las Bahamas.
Juan dijo a Búsqueda que una de las sociedades en las que figura fue
adquirida por su estudio y entregada a un cliente final. En otra participó
como director y aseguró que “paga sus impuestos todos los años”.

Konrad también figura como accionista en varias offshore en las Bahamas y
las BVI. El rematador rural Romualdo Rodríguez tiene acciones en una
sociedad allí. También Ricardo Zerbino, ministro de Economía del primer
gobierno del ex presidente Julio María Sanguinetti, el ex director del Banco
Hipotecario en la primera administración del Frente Amplio, Elbio Scarone, y
el corredor Paullier tienen acciones en sociedades en BVI.

A su vez poseen acciones en sociedades panameñas el empresario inmobiliario
Daniel Weiss, de Weiss Sztryk Weiss, y el presidente de Zonamérica, Orlando
Dovat.

Consultado por Búsqueda, Dovat explicó que esa sociedad fue comprada por el
estudio del que formaba parte junto con Daniel Carriquiry, hoy al frente de
Costa Oriental. Actualmente es el único propietario de la sociedad, informó.
“Adquiero esa sociedad —que era prácticamente de registro— y manejo desde
allí actividades internacionales personales. En el sentido de que
represento, a través de la sociedad, los intereses personales pero que
corresponden a Zonamérica”, señaló.

A través de ella, especificó, factura servicios internacionales que realiza
en el exterior. Insistió con que “es totalmente legal en el Uruguay la
actividad tal cual está establecida en la ley”.

Figuran además como accionistas de compañías en Panamá el empresario textil
Moisés Maman, los empresarios Francisco Ravecca, Esteban Pino y también el
contador Kaplan.

Los corredores de Bolsa Federico Araújo, Ignacio Vilaseca, Pablo
Fuchsberger, Jorge di Matteo, Eduardo Maiorano  y Federico Rebagliatti, así
como el consultor económico Michele Santo, tienen acciones en sociedades
registradas en las BVI.

También funcionarios del actual gobierno y políticos aparecen en los
registros de MF. El director del Plan Ceibal, Miguel Brechner, está
vinculado a una sociedad registrada en las BVI. El jerarca tiene el poder
general de esa offshore y sus hijos y esposa son los accionistas.

Brechner explicó que creó la sociedad a mediados de 2002 como un Trust Fund
“pensando en el futuro” de sus hijos. Agregó que fue utilizada para invertir
en dos compañías tecnológicas en Israel y que no tuvo actividad en Uruguay
ni en la región. Otros documentos muestran el interés de Brechner de abrir
una cuenta bancaria fuera del Mercosur. El jerarca aseguró que hizo las
averiguaciones pero finalmente no la abrió.

Familiares del ex ministro de Economía colorado Isaac Alfie tienen acciones
en una sociedad en BVI. A su vez, el ex senador del Partido Nacional,
Francisco Gallinal, aparece como beneficiario de una sociedad panameña.
Consultado, Gallinal dijo que la compañía “nunca tuvo actividad ni movió
fondos” y aclaró que está en trámite para su disolución desde “hace meses”.
Gallinal explicó que la sociedad fue creada para una posible inversión
inmobiliaria en Punta del Este, que no se concretó.

El líder del Partido de la Concertación, Edgardo Novick, aparece como
director de al menos una sociedad anónima, Arko Managment, con sede en
Seychelles. En 2010, el estudio Rozemblum habría tramitado ante MF un cambio
en el directorio de la empresa para que Novick fuera sustituido por otro
uruguayo. El estudio consultó a MF si podía fechar el cambio dos años antes,
en 2008, y no en la fecha real. Consultado por Búsqueda, Novick se mostró
sorprendido por la aparición de su nombre en los documentos y aseguró que
“no es cierto” y que la sociedad “nunca existió”. Además dijo desconocer la
existencia del estudio Rozemblum.

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, aparece vinculado a la
empresa Portmar Invest Group SA, que años atrás fue centro de notas
periodísticas que denunciaron irregularidades en la compra de un campo a
través de esa sociedad. Los documentos de MF dicen que Bordaberry y su
entonces socio Diego Viana tenían un poder general de la sociedad. Luego de
que fuera mencionado el vínculo por las publicaciones sobre los “Panama
Papers”, Bordaberry emitió un comunicado el martes 5 afirmando que “nunca”
fue propietario de “sociedad alguna constituida en Panamá”, ni utilizó una
“sociedad de ese tipo”. Aclaró que antes de candidatearse a cargos electivos
trabajó como abogado en un estudio que tuvo como cliente a una sociedad
panameña que había otorgado, “como es de estilo, un poder de representación
a nombre de varios abogados” del estudio. Añadió que solicitó a “un
especialista un informe independiente de auditoría” sobre el tema y que una
vez finalizado lo dará a conocer.

Fútbol

El mundo del fútbol uruguayo tampoco está ajeno a las estructuras offshore.
El ex dirigente Eugenio Figueredo tenía varias compañías constituidas por
MF, a través de los servicios del estudio J.P. Damiani & Asociados, al igual
que los empresarios Hugo y Mariano Jinkis (ver nota en páginas 6 y 7).

También las sociedades anónimas del contratista de fútbol Francisco Casal
que fueron investigadas por la DGI por presunta evasión de impuestos, fueron
adquiridas a la firma MF. Según un correo de febrero de 2008, el estudio
Rozemblum y Asociados solicitó con “urgencia” a la filial de MF en Uruguay
que emitiera poderes generales a nombre de Casal de cinco sociedades
anónimas.

Los tres ex futbolistas Paolo Montero, Ricardo Canals y Gustavo Méndez
compraron una sociedad anónima con sede en Seychelles a fines de 2012. La
compañía fue creada para “prestación de servicios en el exterior a clubes
deportivos y futbolistas” y la “apertura de cuentas bancarias”.

El futbolista Diego Forlán también está en los registros de MF. Forlán ya
había aparecido en una pasada investigación de ICIJ, “Swissleaks”, conectado
a la sociedad Rosario Trading Company SA. En 2006 él, su madre y su hermano
fueron nombrados directores de la sociedad. En 2014, de acuerdo a los
documentos, Forlán continúa como director y tesorero de la sociedad. Al
menos hasta enero de 2016, la sociedad permanecía activa.

También el crack del fútbol Lionel Messi, que está acusado por la Justicia
española de evasión de impuestos, recurrió a Uruguay para adquirir
sociedades de la panameña MF. Los “Panama Papers” revelaron que junto con su
padre, Jorge Horacio Messi, es dueño de una sociedad panameña offshore
llamada Mega Star Enterprises INC, constituida a través de los servicios del
estudio uruguayo Abreu, Abreu & Ferres. La compra de esa sociedad ocurrió un
día después de que el fisco español le imputara al futbolista un fraude de
4,1 millones de euros. Según explica el diario español “El Confidencial”
—que participó en la investigación— esa compañía ha escapado hasta ahora de
las inspecciones de las autoridades españolas, ya que no está dentro de las
siete sociedades identificadas por la Justicia.

Luego de que el domingo 3 medios que investigaron los “Panama Papers”
publicaran la información sobre la sociedad uruguaya de Messi, el ex senador
del Partido Nacional, Sergio Abreu, dijo a radio Carve que su estudio solo
puso en contacto a Jorge Messi con MF para constituir una sociedad offshore.
“Lo único que hicimos fue el contacto (…). Nosotros no tenemos nada que
ver”, afirmó.

Sin embargo, en una “carta de indemnización” que el estudio de Abreu envió a
MF el 23 de junio de 2013 durante los trámites para constituir la compañía
de los Messi, Sergio Juan Abreu Muxí (hijo del senador) afirma bajo
juramento que su estudio mantiene “una relación de negocios con la persona a
nombre de la cual solicitamos los servicios de Buffete MF & Co” y que
practicaron todas las medidas para conocer al cliente. Además, informa a MF
que los beneficiarios finales de Mega Star Enterprises Inc. son Jorge y
Lionel Messi.

Este no es el único documento que establece el vínculo entre el estudio
uruguayo y los Messi. Hay varios correos del estudio de Abreu dirigidos a la
firma panameña para hacer trámites en nombre de ellos. Incluso en fechas
recientes: en diciembre de 2015, el estudio uruguayo escribió a Mossack
Fonseca informando que las acciones de la empresa pasarían a ser
nominativas, y solicitó que asignara el 100% de las acciones a Jorge Messi.
“Agradecería me enviaran los documentos que deben ser firmados por nuestro
cliente, así como todo lo necesario para realizar el trámite, de tal manera
que su nombre no quede inscripto en el Registro Público de Panamá”, escribió
una abogada del estudio de Abreu en un correo.

Estudios

Según los documentos de la firma panameña, los intermediarios uruguayos que
más han utilizado sus servicios (con 50 o más sociedades anónimas
constituidas por el bufete) son: Hoslynd SA (407 sociedades activas y 195
inactivas); J.P. Damiani & Asociados  (211 y 157 respectivamente); estudio
Víctor Paullier & Cía (183 y 133); Gonary SA (48 y 35); estudio Cr. Abasolo
(33 y 21); María Noel Otero Perroni, socia del estudio Otero & Asociados (29
y 24); el estudio Cr. Caterina Gómez Lagas (59 y 13); Zolkwer y Asoc. (35 y
18); World Business Commercial Corp (34 y 37); Fides Capital (61 y 30); GC
Corp. Ltda, (58 y 12); BGL Asesores Legales y Fiscales (8 y 43); estudio
Dix-Kohlsdrof (50 y 2); Global Developers Corp. (83 activas); Ruben
Weiszman & Asociados (59 inactivas); Guyer & Regules (1 y 63); Bright Side
SA (71 y 142); estudio Dr. Raúl Doldán Amarelli (25 y 68); DCA Contadores &
Asociados (54 y 19); estudio Lussich Torrendell (23 y 29); estudio Daniel
Pérez Blanco (43 y 50); Rodríguez Teodoro y Asociados (72 y 102).

Hay otros cientos de firmas alojadas en Uruguay que trabajan con MF pero no
llegan a la media centena de compañías. Entre los que quedan en el límite
están los estudios Konrad & Asociados (28 sociedades activas y 16
inactivas); PricewaterhouseCoopers International Business Services Ltda. (14
y 31); Atlantic Tower S.A. (24 y 20) y Ferrere Abogados (24 y 25).

Aclaración

En la versión inicial e impresa figuraba este párrafo: "El contador Conrado
Hughes, director de OPP durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, figura
como accionista en una sociedad con jurisdicción en las BVI. El ejecutivo,
retirado de su actividad profesional, dijo a Búsqueda no recordar esa
participación".

En realidad, la persona que figura en los documentos de Mossack Fonseca como
accionista de una sociedad offshore es Conrado Hughes Delgado —ex socio del
estudio de abogados Hughes & Hughes— y no Conrado Hughes Álvarez, el ex
director de OPP, como se informó por error.

También informaba que "Eduardo Kohn, vicepresidente ejecutivo de B’nai
B’rith Uruguay, figura como dueño de una compañía en BVI". Eso no es así:
Kohn, que es director para América Latina de la B’nai B’rith, no tiene una
compañía en BVI.

A los lectores y a los involucrados las disculpas del caso.

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