Brasil/ crisis y agonía [Paulo Passarinho]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de abril 2016

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Brasil

Crisis y Agonía       

Paulo Passarinho *

Correio da Cidadania, San Pablo, 13-4-2016

http://www.correiocidadania.com.br/

Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa

La actual crisis que vivimos es el resultado combinado de dos notorios
falencias: el agotamiento de más una fase del modelo económico
liberal-periférico y la incapacidad del actual modelo de representación
política para encarnar las prioridades nacionales y populares, al
encontrarse dependiente de las corporaciones económicas hegemónicas. 

El agotamiento de la actual fase del modelo económico que nos guía desde los
años ’90, tiene como factor de fondo la crisis internacional iniciada en
2007/2008. La respuesta que el gobierno Lula dio en su momento -con la
ampliación del crédito público para empresas y para familias, exoneraciones
fiscales a diversos sectores de la economía y la propia elevación de la tasa
de interés de inversión pública- conformó una exitosa política anticíclica. 

Mientras tanto, ese “éxito” debe ser contextualizado: esas iniciativa dieron
aire a un modelo que solamente encuentra medios de sustentarse, de forma
duradera, en un cuadro en que las condiciones de la economía global sean
favorables, especialmente en lo tocante a la dinámica del comercio
internacional. Y, mismo así, deja como consecuencias la desnacionalización
del parque productivo, la regresión industrial, y la dependencia estructural
a las exportaciones del complejo agromineral, la corrosión de las finanzas
públicas por la carga de los intereses y la creciente mercantilización de
los servicios de salud y educación, entre otras graves deformaciones. 

Esto se da como resultado de algunas características del orden
macroeconómico que en líneas generales prevalece desde 1999, a partir del
acuerdo firmado por el gobierno FHC (Fernando Henrique Cardoso) con el FMI
(Fondo Monetario Internacional) y que dieron continuidad a la integración
del país al mercado global, de una manera subalterna, principal
característica del proceso que nos llevó al Plan Real en 1994. 

Con la desaceleración de la economía china, la continuada crisis en la zona
euro y los impasses e incertidumbres que todavía marcan la superación de la
crisis en los Estados Unidos, el primer mandato de Dilma enfrentó fuertes
dificultades para reeditar lo que fue el llamado neodesarrollismo, la época
del segundo mandato de Lula. Por mala conducción de la política económica y
por presiones del sector privado, la tasa de inversión pública cayó, el
crecimiento económico se vio paulatinamente reducido, las apelaciones a los
inversores privados y externos para que apostasen en los programas de
concesiones de proyectos de infraestructura no fueron bien sucedidos y el
resultado perseguido por el gobierno -la retomada del crecimiento económico-
es absolutamente frustrante. 

Esas son la razones que determinaron la trayectoria de bajo crecimiento que
marca el primer mandato de Dilma. En 2014, año electoral, las inversiones
federales crecen, pero las condiciones de sustentabilidad del modelo, a
partir de las premisas liberales, comienzan a ser cuestionadas. Este factor,
en combinación con las consecuencias, en el plano político, de la
investigación de la Operación Lava Jato -dejando cada vez más en evidencia
las responsabilidades del gobierno y provocando su propia vulnerabilidad-,
produce cambios que fueron anunciados luego de la victoria electoral de
Dilma. 

El problema es que el resultado de ese “giro” anunciado no causó el efecto
esperado: para su base electoral y política, representó un mazazo; para la
oposición de derecha, apenas una rendición política e ideológica a sus
propias posiciones, pero principalmente una total demostración de
fragilidad. 

Pero que eso, la nueva orientación económica, con la elevación de la tasa de
interés, cortes presupuestarios, restricción a derechos laborales y
previsionales y la desastrosa política adoptada en relación a Petrobrás, y
al conjunto del sector de ingeniería del país -en función del
involucramiento de las grandes empresas constructoras en la Operación Lava
Jato-, fue decisiva para producir recesión, desempleo, fuerte caída en la
recaudación y una espectacular pérdida de popularidad de un gobierno que
acababa de ser reelecto. 

Con un cuadro como ese, producido por el propio gobierno, la oposición de
derecha -bajo el comando de fuerzas que desde el primer momento de la
derrota electoral de 2014 cuestionaron la victoria del oficialismo y
enamoraron la tesis del impeachment- se vio con el campo abierto para su
acción. 

La aparente contradicción de las opciones de Dilma revela la ambigüedad del
lulismo: con fuerte apoyo entre los más pobres, por causa de los efectos
positivos que los gobiernos pos-2002 produjeron para esos segmentos su éxito
depende, sin embargo -en función de sus opciones de política económica y de
su conversión a los postulados de credo liberal-, del apoyo político que los
sectores hegemónicos de la economía puedan brindarle. 

.Esa fue la razón esencial para la “guiñada” de Dilma entre la campaña
electoral y el período subsiguiente: presionada por las consecuencias de la
Lava Jato, el gobierno no podría romper con la base política que sustenta el
modelo económico de apertura financiera, de cambio fluctuante, de pretendida
disciplina fiscal y de uso de la deuda pública para el financiamiento del
desorden financiero generado por la política monetaria. La idea de llevar un
dirigente del Bradesco al Ministerio de Hacienda -una propuesta de Lula-
obedeció a esa lógica. 

Con todo, con las desastrosas consecuencias producidas por la política
adoptada, por el creciente desgaste de las investigaciones de la Jato y por
la pérdida de su productividad, turbonada por manifestaciones de masas
contrarias al gobierno y estimuladas por medios de comunicación de masas, el
segundo mandato del gobierno Dilma se metió en un callejón sin salida. Se
puede afirmar que Dilma escogió para contemplar, buscando supuestamente la
garantía para su gobernabilidad, pero no le resultó. 

Ese es el contexto que nos llevó al esdrújulo proceso de impeachment, que
ahora se tramita en la Cámara de Diputados, y de desenlace imprevisible. 

En el plano de la política parlamentaria y partidaria, a su vez, el embrollo
no es menor. Las investigaciones de la Operación Lava Jato van revelando los
bastidores de la política real, la subordinación de casi la totalidad de los
partidos a los grupos económicos financiadores de las campañas millonarias y
el pesado juego financiero para la obtención o establecimiento de acuerdos y
alianzas, entre partidos y líderes políticos. 

Quien ya tuvo la oportunidad de leer el contenido de las llamadas delaciones
premiadas -ya homologadas por la Justicia- del senador Delcídio Amaral o de
Pedro Correa, ex-presidente del PP (Partido Progresista), la reciente
entrevista dada al Estado de San Pablo por Roberto Jefferson, tendrá un
cuadro cristalino del bandidaje en que se transformó la política brasilera,
a partir del protagonismo de los actuales partidos que la hegemonizan.
También de la nota divulgada por el Grupo Odebrecht, donde fue explicitado
el compromiso de la empresa “por una colaboración definitiva con la
Operación Lava Jato”, esta acción investigadora y judicial es caracterizada
como reveladora de la “existencia de un sistema ilegal e ilegítimo del
financiamiento del sistema partidario y electoral del país”. Más claro
imposible. Y, convengamos, por gente que conoce la tela...

Por tanto, bajo el punto de vista del modelo económico y del sistema de
representación político-partidario, hay evidentes señales de una falencia y
desmoralización generalizadas. 

¿Mientras tanto, cuales los caminos posibles para imaginarnos una superación
de esas dos dimensiones de la sociedad contemporánea brasilera?

La terapia propugnada por los liberales, y que el gobierno Dilma intenta
asumir, busca ampliar las ramas del presupuesto público bajo control de
grupos privados, reducir el costo del trabajo y abrir nuevas oportunidades
de negocios a los dueños del capital. No hay ningún proyecto consistente de
reorganización de la economía, buscando reducir la dependencia económica del
país, dotar el Estado de una mayor capacidad de inversión, definir una
estrategia consistente de crecimiento industrial o instituir una verdadera
justicia tributaria. La estrategia liberal es apenas defensiva, en lo
tocante a la preservación de los intereses ya dominantes, y agresiva en
relación a los derechos sociales y económicos de millones de brasileros. 

El finado PT -extinto por sus propios dirigentes, con apoyo de largas
parcelas de su bases y la connivencia y silencio de la mayor parte de su
antigua intelectualidad- cumplió hasta finales de los años 1990 el papel de
resistencia y alternativa posible a la hegemonía liberal, que entonces se
imponía en el país. Con la metamorfosis política e ideológica del antiguo
PT, lo que asistimos, de allá para acá, especialmente a partir de la llegada
de ese agrupamiento al gobierno federal, fue la desarticulación avanzada y
orgánica de una capacidad crítica y propositiva, buscando la construcción de
una contra-hegemonía liberal. El neoPT que emerge de las mutaciones
producidas por el lulismo nada tienen que ver con el antiguo PT,
transformándose en el pilar del neoliberalismo, además de haberse
contaminado de vicios, deformaciones y comportamientos irreversibles.

La izquierda que no se rindió, sectores ligados a la defensa del
nacionalismo revolucionario y segmentos de los movimientos sociales, en
lucha contra los ataques del capital, sufrieron y sufren las consecuencias
que el cambio lulista produjo y no presentan, todavía, una alternativa al
cuadro de crisis profunda en que nos encontramos. 

Innegablemente, el transformismo representado por el neoPT dejó un vacío
todavía no llenado. 

Ahora, muchos de esos sectores están en la calles, en la denuncia del
artificial y forzado impeachment contra Dilma, junto a las bases del
lulismo. Se trata de palanquear un proceso cuyo objetivo es acelerar los
objetivos del recetario liberal, con gravísimas consecuencias para los
derechos sociales, la soberanía nacional y al fortalecimiento del Estado, en
una perspectiva que interese a los trabajadores. 

Caso el actual proceso de impedimento de la presidenta sea frenado, nuevos
embates estarán en la agenda, pues los sectores dominantes parecen
convencidos, al menos hasta ahora, de que la funcionalidad del neoPT perdió
su validez. 

Hay, por tanto, un largo camino de lucha, para que se creen las condiciones
-en el campo popular- de alternativas sistémicas al modelo económico liberal
periférico y al actual sistema político, fundado en el interés de las
grandes corporaciones empresariales y en su poder económico. 

Esos son los gigantescos desafíos colocados para los que aspiran a las
transformaciones estructurales exigidas para un país soberano y, de hecho,
democrático. Hasta allá, lo que podemos afirmar es que la lucha, y la
agonía, estarán en curso. 

* Economista. 

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