Colombia/ acuerdos de paz: un proceso bajo custodia [Olga L González]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de abril 2016

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Colombia

Un proceso bajo custodia 

Tras más de cincuenta años de existencia (la creación oficial de las Farc
data de 1964) y varios intentos de negociación (los primeros se remontan a
los años ochenta, y los más sólidos al período 1999-2002), y luego de casi
cuatro de diálogos en La Habana los acuerdos de paz están casi listos.

Olga L González *

Brecha, Montevideo, 15-4-2016

Los actuales retrasos en la firma del acuerdo de paz se deben a las
peripecias de la vida política colombiana y a la dosis de improvisación que
le es propia, más que a disensiones de fondo. Pero esta demora no será la
más larga. Tras más de cincuenta años de existencia (la creación oficial de
las Farc data de 1964) y varios intentos de negociación (los primeros se
remontan a los años ochenta, y los más sólidos al período 1999-2002), y
luego de casi cuatro de diálogos en La Habana los acuerdos de paz están casi
listos.

Las negociaciones fueron exclusivamente sobre seis puntos: política de
desarrollo agrario; participación política; fin del conflicto; solución al
problema de las drogas ilícitas; víctimas; implementación, verificación y
refrendación.

Hasta hoy, y como ha ocurrido en el pasado, los mayores obstáculos tienen
que ver con el cese del fuego y con la entrega de las armas (en 1991 y en
2002 el desacuerdo respecto de estos dos puntos puso punto final a las
negociaciones). También quedan pendientes temas difíciles, como el ajuste
entre penas y crímenes, la reinserción política de la guerrilla, las zonas
de concentración para las Farc, la validación de los acuerdos (el gobierno
propone un plebiscito, mientras que la guerrilla pide una asamblea
constituyente).

En el punto actual, sin embargo, es seguro que se hallarán compromisos. Las
dos partes han expresado su voluntad de salir adelante en estas
negociaciones. Es verdad que las condiciones las empujan a ello: por un
lado, las Farc tuvieron fuertes golpes militares en los años dos mil; por
otra parte, Santos busca afianzar su proyecto político de “unión nacional”,
a la vez que “ingresar a la historia” (desde su primera elección, en 2010,
se presentaba como el “Roosevelt colombiano”).

Es muy posible que las cosas se aceleren en las semanas próximas, gracias en
buena parte al papel de los países mediadores, en particular Noruega y Cuba.
Además, el momento político se agota, pues los ciclos de largas
negociaciones seguidas de rupturas generan apatía entre los colombianos.
Amplios sectores se muestran sensibles a otro tipo de movilizaciones
políticas, como las reivindicaciones de las minorías sexuales, las luchas
por los derechos de las mujeres o las preocupaciones por el ambiente.

Oficialmente Estados Unidos no hace parte de los países mediadores, pero
está muy presente y tiene también interés en que las negociaciones lleguen a
buen puerto. El enviado especial de este país a Cuba, Bernard Aronson, es un
antiguo consejero de Goldman Sachs para América latina. Es también el
fundador del fondo de inversiones Acon, muy activo en Colombia y en otros
países de la región. Así pues, los actores de este proceso de paz son muy
diferentes a los de la era del Plan Colombia (atrás quedaron los esfuerzos
de Lula, Kirchner, Chávez y el francés Nicolas Sarkozy). Hoy se trata de
anticipar ganancias, abrir mercados, fortalecer a los sectores que se
beneficiarán con el “posconflicto”. Colombia tiene 48 millones de
habitantes, tierras, agua, carbón, petróleo, minerales…

Así, la firma de la paz llegará en un contexto social y económico duro y
poco democrático. Cierto es que la era abiertamente mafiosa, con Álvaro
Uribe en la presidencia, ha terminado. Pero las instituciones más altas del
Estado están corroídas. Los escándalos no cesan (en las Cortes, el Congreso,
los órganos de control, la Policía) y la política económica neoliberal
persiste, con un gobierno al servicio del gran capital colombiano y
extranjero.

Privatizaciones y represión

Las reglas laborales están diseñadas para los más fuertes. El recorte de los
derechos sociales se mantiene, mientras el sector financiero acumula
privilegios. Sin sorpresa, el principal grupo financiero, Bancolombia, logró
en 2015 sus mejores resultados en sus 140 años de existencia.
Simultáneamente, el Estado se deshace de empresas públicas estratégicas y
rentables, como la represa hidroeléctrica Isagén, que fue vendida al fondo
canadiense Brookfield. Paralelamente, el modelo de extracción minera se
consolida, a un costo ecológico irreversible.

Por su parte, la represión de los movimientos sociales persiste. La “ley de
seguridad ciudadana” prevé cuatro años de cárcel por bloquear las vías de
circulación en el marco de protestas. Pero el gobierno de Santos tuvo
cuidado en obtener salvedades para el cuerpo militar (así sucede con el
fuero militar, que les garantiza impunidad).

Colombia sigue siendo una de las naciones más desiguales de América Latina
(según la Cepal, es el país donde ha habido mayor concentración de la
riqueza entre 1993 y 2014). La “cuestión agraria” constituye un buen ejemplo
de esta profunda desigualdad y de la extrema concentración de las riquezas:
según el reciente censo agrario, 70 por ciento de las propiedades agrícolas
tienen menos de cinco hectáreas y ocupan sólo el 5 por ciento de la
superficie agrícola, mientras que los terrenos de más de 500 hectáreas están
en las manos del 0,4 por ciento de los propietarios y ocupan 41 por ciento
de la superficie.

El problema de la tierra

La guerrilla campesina de las Farc, que siempre reclamó el acceso a la
tierra, no obtuvo una reforma agraria. Sobre este punto ha ido más lejos el
gobierno de Evo Morales, poniéndole límites al latifundio. El primer punto
del acuerdo habla de la distribución “gratuita” de terrenos ilegalmente
apropiados o baldíos, y de mecanismos de ayuda a los campesinos (en forma de
créditos).

Pero este acuerdo no cambiará la dinámica neoliberal, ni impedirá el
desarrollo de las “zonas de interés de desarrollo rural y económico”
(Zidres) previstas por la ley. Estas zonas conducirán a la extensión de los
monocultivos para la exportación. Se incrementará el ya elevado nivel de
importaciones de alimentos, proseguirá el éxodo rural y, en últimas,
asistiremos al cambio definitivo del campo, con la transformación del
campesino en jornalero mal remunerado y la expansión de la agroindustria
extensiva. Quienes aprovechan el momento son los grandes empresarios, como
el “Rey de la soja”, el presidente de la multinacional argentina
Grobocopatel, que ha ido a La Habana y que es citado como ejemplo por el
presidente Santos para la zona oriental del país, la “altillanura”,
anteriormente territorios históricos de las Farc.

La idea es aplicar en esta vasta zona oriental del país la forma de
explotación del cerrado brasileño: cultivos transgénicos (soja, maíz), palma
africana, etcétera. Este modelo, alabado por el Banco Mundial, le ha
permitido a Brasil convertirse en potencia agrícola. Pero las cifras se
dieron a costa de una elevadísima deforestación, con efectos nefastos sobre
el ecosistema, y de la expropiación de los campesinos.

He ahí la paradoja: el antiguo ministro de Defensa de Uribe, con sus
procederes maquiavélicos (entre otras, llevó a cabo la cooperación militar
con “expertos” israelíes contra las Farc,1 y fue bajo su mandato que se
produjeron los “falsos positivos”2) se ha convertido en un presidente
respetable. El hombre que firmó el tratado de libre comercio con Estados
Unidos que fragiliza aun más a los pequeños agricultores, es el artífice del
proceso de paz con una guerrilla que dijo actuar durante cincuenta años en
nombre de los campesinos colombianos. La paradoja resulta también de la
buena imagen de que goza Colombia en el exterior, aunque los niveles de
violencia siguen estando entre los más elevados del mundo (en 2014 la tasa
de homicidios era de 24 por 100 mil habitantes) y continúan los asesinatos
de líderes sociales (varias Ong denunciaban el asesinato, en febrero de
2016, de 13 líderes sociales). Anotemos que el acuerdo de paz no traerá una
baja sensible de la tasa de homicidios, pues éstos no son consecuencia
directa, ni indirecta, del conflicto armado.

¿Hay algo positivo en este acuerdo? Es posible matizar: por un lado, los
sectores más reaccionarios y mafiosos ya no pueden oponerse a un proceso de
paz (anotemos sin embargo que Uribe conserva altos niveles de popularidad,
que agrupa fuerzas importantes en el Congreso y que trata de organizar
manifestaciones “contra el proceso de paz”). Otro punto positivo es que las
fuerzas progresistas se reorganizarán, y el tema de “sí o no a la lucha
armada” las dividirá menos. Quizá, también, en el campo de la izquierda
colombiana se le dé mayor importancia al tema de las desigualdades, que
hasta ahora no ha sido el centro de las discusiones.

Ahora bien, la llegada de una ola conservadora en el continente hace muy
difícil suponer que por fin les ha llegado el turno a los grandes avances
democráticos en Colombia. La única esperanza es que este país navegue a
contracorriente, como acostumbra a hacerlo. 

* Doctora en sociología, investigadora asociada de la Universidad
París-Diderot.

Notas

1.Durante su paso por el Ministerio de Defensa se firmó el contrato con la
compañía de seguridad Global Csa, del ex viceministro de Defensa israelí
Yisrael Ziv.

2.Cuando llegaban propuestas de trabajo a jóvenes de barrios pobres (como
Soacha en Bogotá) a cientos de quilómetros de su ciudad, los esperaba en
realidad un tiro del ejército. Un “guerrillero” muerto, un “positivo”
(falso), que le permitía a su autor lograr alguna recompensa (primas y
permisos). Centenares de casos de este tipo de ejecuciones han sido
documentados por las Ong y por la justicia.

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