Colombia/ las violencias silenciadas: escuadrones de la muerte y exterminio social en los barrios populares [Iván García]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

20 de agosto 2016

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Colombia

Las violencias silenciadas 

Desde 1988, cerca de 5 mil personas fueron asesinadas por los escuadrones de
la muerte en Colombia.

Iván M García, desde Medellín

Brecha, Montevideo, 19-8-2016

http://brecha.com.uy/

“Aquí de vez en cuando a alguien le roban algo. Entonces nosotros llamamos a
los vecinos y a la gallada, y nos ponemos a discutir. ‘Bueno, pues, hay que
cazar a esa rata.’ Nos ponemos de acuerdo en la hora y el día. Siempre de
noche, cuando no haya nadie. Y entonces sacamos las capuchas y comenzamos a
limpiar.” 

Es uno de los testimonios del informe “Limpieza social. Una violencia mal
nombrada”, del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. El
documento señala que desde 1988 al menos 4.928 personas han sido asesinadas
o desaparecidas por escuadrones de la muerte en los barrios populares de las
principales ciudades. “Aunque nosotros decimos que es exterminio social, no
limpieza. Llamarlo limpieza, sería, de algún modo, legitimar ese hecho tan
perverso”, apunta Carlos Mario Perea, autor de la investigación. Las
víctimas son en su mayoría indigentes, prostitutas, homosexuales y jóvenes
cuyo delito ha sido fumar marihuana o realizar algún pequeño hurto.
“Gamines” o gente de mal vivir, como rezan los panfletos amenazantes que
aparecen día sí día también en las calles de las comunas.

El informe señala diferentes victimarios. Las bandas y “combos” de
delincuentes que se reparten el dominio de los vecindarios más humildes. Los
actores armados, sobre todo los paramilitares y, ahora, las bandas
criminales (“bacrim”) herederas de sus prácticas. También los cuerpos
estatales de seguridad y, por último, los propios vecinos y comerciantes del
barrio.

“Suele ser común la combinación de actores. Es decir, los vecinos deciden
que se debe de-saparecer a un grupo de muchachos que se mantiene fumando
marihuana, por ejemplo, y la policía ejecuta”, asegura Perea. O se arma una
operación conjunta de escuadrones de vecinos y la policía.

La causa de esta violencia va más allá del conflicto que golpea a Colombia
desde hace décadas. “No es un motivo político sino social. Regular la
convivencia. Introducir un orden en los barrios populares. Tampoco se meten
en la vida privada: en si un hombre le pega a su mujer. La vida privada no
es el resorte de esta práctica, sino el espacio público y local”, explica el
autor del informe.

Entonces, ¿cómo explicar la participación de actores armados en estas
operaciones de exterminio? “Se trata de demostrar el dominio sobre el
territorio”, afirma Luis Guillermo Guerrero, director general del Centro de
Investigación y Educación Popular (Cinep), que ha apoyado la investigación.
“Ellos te están diciendo ‘la calle es mía’. Y es tan mía que mira lo que
hago. Eso crea un ambiente de terror y miedo que es efectivo. Lo han hecho
los paras y también la guerrilla.”

Las operaciones de exterminio han quedado opacadas, según el reporte, por
los años de guerra, masacres y asesinatos. “Hay mucha literatura sobre la
violencia, pero en ella la ciudad ha quedado ausente porque no ha sido el
escenario de la guerra”, asegura Perea.

El autor del informe reprocha al gobierno que “no está haciendo
absolutamente nada” para resolver el problema. Según el investigador, es
necesario que el Estado se pronuncie sobre esta violencia y se cree una
política pública con medidas de protección especial para la población
afectada. Una de ellas: tipificar el delito de exterminio social en el
Código Penal. Ahora eso no ocurre.

“Y se necesita pedagogía –concluye Perea–. Esta violencia pone sobre la mesa
un problema ético que está por encima de la paz. Y es que en esta violencia
social no participan esas grandes esferas que han financiado a los
paramilitares, sino la gente humilde, de los barrios. Es un problema ético
muy profundo.”

Otras muertes silenciadas

El 6 de abril el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, alertó
públicamente que las estadísticas indicaban que en lo que va del año un
defensor de los derechos humanos era asesinado cada semana en el país.

“Ha sido un gesto significativo. Por primera vez el gobierno ha sacado su
propia cifra, dada la gravedad de la situación”, sostiene Carlos Guevara,
portavoz de Somos Defensores.

Según los datos de esta plataforma de asociaciones, en 2015 se produjeron
682 agresiones contra activistas, 63 de ellas culminadas en asesinato. El
primer trimestre de este año ha registrado 113 agresiones, de las que 19 han
sido homicidios.

En el contexto de los actuales diálogos de paz con las Farc han disminuido
los atentados, las amenazas y también las detenciones. “Pero se mantienen
los homicidios de defensores de derechos humanos, que fueron los primeros en
ponerse la camiseta por la paz y por la salida negociada al conflicto. Son
ellos los que comenzaron a trabajar la paz en las regiones y a hacer las
primeras pedagogías por la paz. Y por eso también comenzaron a
estigmatizarlos, perseguirlos y matarlos”, dice Guevara.

Como en muchos otros conflictos, en el colombiano la violencia ha mutado. Ya
no hay grandes masacres, ni grandes operaciones militares. Pero sí existe
una violencia cada vez más focalizada, especialmente la que llega de los
grupos herederos de los antiguos paramilitares de las Autodefensas Unidas de
Colombia (Auc).

“La recta final de los acuerdos de paz ha propiciado un reacomodo
territorial. La expectativa de que las Farc se desmovilicen, y también que
no estén respondiendo, hace que estos grupos estén posicionándose y copando
territorios y zonas disputadas donde hay rutas de tráfico de cocaína y
plantaciones de coca. Y también proyectos ilegales de minería, sobre todo
oro”, explica Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La ocupación de nuevos espacios por estos grupos conlleva también
inevitables choques con las comunidades que allí habitan, que se resisten a
ser desplazadas y a que se expolien sus territorios. Choques que se traducen
en asesinatos, principalmente de líderes ambientalistas que luchan contra la
extracción ilegal de recursos y contra las violaciones de los derechos
humanos.

Según el informe “Situación de derechos humanos y derecho internacional
humanitario en Colombia”, del Cinep, los principales responsables de las
violaciones en 2015 fueron los grupos paramilitares, con 1.064 atentados,
seguidos por la policía, con 572, el Ejército, con 292, y la fuerza pública,
con 24. La gravedad de las cifras ha llevado al Ejecutivo, tal y como
reconoce Guevara, de Somos Defensores, a tomar cartas en el asunto. “El
gobierno se asustó y se dio cuenta de que el riesgo existe. Y ese riesgo
puede poner a tambalear el proceso de paz”, dice.

Entre las medidas adoptadas está la creación de equipos de alto nivel
integrados por la fiscalía y la policía. “Y en esos equipos también han
contando con nosotros. Por primera vez se han dado cuenta de que los datos
que comprobamos no son especulación de la sociedad civil”.

Neoparamilitares 

El aumento de los asesinatos, las amenazas constantes en zonas de extracción
minera y episodios como el paro armado decretado el pasado mes por el Clan
Úsuga o Urabeños, una de las bandas criminales surgidas tras la
desmovilización de las Auc, han llevado a muchos medios y analistas a hablar
de un fortalecimiento del paramilitarismo en Colombia.

Según Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep, estaríamos hablando de un
“neoparamilitarismo”. Guerrero asegura que la desmovilización de las Auc
llevada a cabo bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubiera requerido un
trabajo “mucho más profundo” del que se hizo. “Se produjo una evolución del
paramilitarismo hacia otro tipo de expresiones más confusas. Se les fue de
las manos, como un Frankenstein”, asegura. Esas “expresiones confusas” son
las llamadas “bacrim” (véase Brecha, 15-IV-16), grupos delincuenciales cuyo
primer objetivo no es ya político, como lo fue el de las Auc, sino el
enriquecimiento ilícito a través del narcotráfico, la extorsión y la
extracción de recursos naturales, entre otros.

Continúan teniendo vínculos con poderes políticos pero éstos no son de
ámbito nacional por lo general, sino regional. Y no dependen de ellos para
su existencia.

Carlos Guevara no cree que estos nuevos grupos sean ahora especialmente más
fuertes que hace unos años. “Sólo que están enseñando los dientes para hacer
notar su fuerza durante el proceso de paz, ocupar nuevos territorios o
buscar una negociación que les permita tener cierta impunidad.” Guerrero,
del Cinep, piensa que el gobierno debería ocupar “el lugar donde estos tipos
ya se están atrincherando. Es un espacio importante, con mucho dinero fruto
de la minería ilegal, plantaciones de coca y producción de droga”.

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Toques finales y dudas

El domingo pasado, delegados de las Farc y del gobierno de Juan Manuel
Santos concluyeron el relevamiento de las zonas donde se concentrarán los
guerrilleros antes de su desmovilización definitiva, una vez firmada la paz.
Unos 150 delegados del gobierno y 33 guerrilleros llegados directamente
desde La Habana, donde tienen lugar las negociaciones desde 2012, visitaron
22 zonas de 15 departamentos del país. “En las visitas realizadas, los
equipos técnicos conformados por ingenieros, cartógrafos, topógrafos, con el
apoyo de tecnología satelital, recolectaron más de 800 imágenes y
aerofotografías, al igual que la información necesaria para que la Mesa de
Conversaciones en La Habana tome las decisiones finales” sobre el
emplazamiento de las zonas de desmovilización, se indica en un comunicado
común. Paralelamente se siguen ajustando las medidas de seguridad exigidas
por las Farc para evitar que una vez desmovilizados queden a merced de los
grupos paramilitares y sean masacrados, como sucedió años atrás. También se
está dando el toque final a los acuerdos que establecen la forma en que las
Farc se convertirán en partido político.

Pero las dos partes son conscientes de que el proceso se juega sobre todo en
el período posterior a la firma del armisticio, fundamentalmente en cómo se
encare el problema de la tierra, que dio inicio al conflicto hace más de
medio siglo. Un primer obstáculo a salvar será el plebiscito que convocará
Santos para que la población se pronuncie sobre los acuerdos. Dos sondeos
establecen que el No, promovido entre otros por el ex presidente Álvaro
Uribe, podría resultar ganador en la consulta. Otros dos prevén un triunfo
del Sí, pero uno de ellos fue encargado por el gobierno. Uribe se opone,
entre otros puntos contenidos en los acuerdos, a la amnistía que
beneficiaría a buena parte de los guerrilleros y a que las Farc se
incorporen a la vida política.

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