Río de Janeiro/ el legado de las Olimpíadas: exclusión social y violencia estatal [Renata Neder - entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de agosto 2016

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Río de Janeiro

Entrevista a Renata Neder, investigadora y asesora de Derechos Humanos de
Amnistía Internacional en Rio de Janeiro

“Olimpíadas fueron una oportunidad perdida de dejar legado positivo para la
ciudad”

Raphael Sanz, de la Redacción   

Correio da Cidadania, 22-8-2016

http://www.correiocidadania.com.br/

Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa

-Correio da Cidadania: A falta de 20 días para la apertura de los Juegos
Olímpicos, Amnistía Internacional denunció que 2651 personas habían sido
muertas por las policías en Río de Janeiro desde 2009, cuando la ciudad fue
anunciada como sede de los Juegos Olímpicos. ¿Qué dice ese número sobre la
realidad de la ciudad?

Renata Neder: Los datos muestran el aumento de la violencia policial en el
estado de Rio de Janeiro en la medida en que las Olimpíadas se aproximan.
Revelan que los Juegos fueron una gran oportunidad perdida de dejar algún
legado positivo para la ciudad y una parte de tal legado tenía que ver con
la seguridad pública. Fue prometida una ciudad más segura para sus
moradores, pero, los organizadores y autoridades fallaron dramáticamente con
la promesa. 

Por otro lado, además de haber fallado en entregar un legado de seguridad
pública, vimos también que la propia realización de los Juegos resultó en
violaciones a los derechos humanos en diversas áreas, incluyendo la
seguridad pública. Uno de esos ejemplos es el aumento de las personas
muertas por la policía.

Es claro que Río de Janeiro tiene un problema histórico de alta letalidad en
las operaciones policiales. La policía de Río de Janeiro mata mucho. Pero la
realización de megaeventos deportivos tiende a profundizar este tipo de
violación que ya acontece en la ciudad o en el país sede. En el caso de Río,
como tuvimos la experiencia, con la secuencia de tres megaeventos deportivos
-Juegos Panamericanos en 2007, Copa del Mundo en 2014 y ahora los Juegos
Olímpicos- podemos identificar un padrón de violaciones que se repite. Uno
de ellos es justamente el aumento de personas muertas por la policía. O sea,
si ya hay una policía que mata mucho, cuando recibe un evento de ese tamaño
la tendencia es que aumente el número de operaciones policiales. Y si
aumentan las operaciones, con una policía que mata mucho, va a aumentar
también el número de personas muertas. 

Eso fue documentado y denunciado en 2007 y en 2014, pero parece que las
autoridades y el Comité organizador local no aprendieron con las
experiencias anteriores, no implantaron ninguna medida preventiva para
evitar que ocurriera y ahora vemos, en los meses previos a las Olimpíadas,
el número dramático de personas muertas por la policía. Si miramos los meses
de abril, mayo y junio de este año, en comparación con los mismos meses del
año pasado, hubo un aumento de más de 100% en el número de personas muertas
por la policía. Es un escándalo.

Y además del número de personas muertas por la policía por causa del
megaevento deportivo, también hay violaciones que ocurren directamente
relacionadas a las acciones de seguridad pública específicamente volcadas al
evento.

Siempre que Río recibe un megaevento deportivo, las Fuerzas Armadas y la
Fuerza Nacional de Seguridad son desplegadas en la ciudad. Y hay muchas
violaciones documentadas relacionadas al uso de las Fuerzas Armadas para
hacer tareas policiales, además del uso de la Fuerza Nacional. En 2007, hubo
una carnicería que llevó el nombre del evento. La Carnicería del Pan (en
alusión al Panamericano) fue una megaoperación de la Fuerza Nacional que
resultó en 19 personas muertas en el Complejo Alemán. Y las investigaciones
hechas sobre el caso revelaron que la mayor parte de las muertes fueron
ejecuciones a quema ropa. 

En la Copa del Mundo, nuevamente hubo despliegue de las Fuerzas Armadas en
la ciudad. Vinieron a actuar específicamente en la favela de la Maré. A
pesar de que la Copa del Mundo se terminó, las Fuerzas Armadas permanecieron
en la favela de la Maré por más de un año y una cantidad enorme de abusos
fueron cometidos en la Maré, inclusive el caso de Vitor Santiago, que
baleado por los militares, fue amputado de una pierna y quedó en una silla
de ruedas (1).

Nuevamente, las autoridades anunciaron el mismo modelo de seguridad pública
para las Olimpíadas. Estamos viendo un aumento de las operaciones policiales
y de muertes causadas por la policía. Vemos a las Fuerzas Amadas nuevamente
actuando en la ciudad, así como la Fuerza Nacional. 

-Correio da Cidadania: Sobre las muertes causadas por el Estado, Amnistía
Internacional, así como otras organizaciones, vienen denunciando desde hace
años una política de exclusión que ahora alcanzaría su auge con la
implantación de las UPPs (Unidad de Policía Pacificadora). ¿Cómo analiza el
cuadro?

Renata Neder: Amnistía Internacional no tiene una encuesta específica sobre
las UPPs, pero creo que hay algunos elementos importantes que precisan ser
destacados. En primer lugar, las UPPs fueron presentadas como un proyecto de
implantar otra forma de actuación policial, que llamaban de policía
comunitaria o policía de proximidad. Reclutaron nuevos policías que, en
teoría, darían otro tipo de entrenamiento a esas personas. Pero, sabemos que
intervenciones puntuales no van a cambiar una estructura. Con el tiempo,
obviamente los nuevos policías serían insertados en la estructura de la
policía y en la estructura de seguridad pública. Y aunque tales estructuras
hayan pasado por reformas, ellas van a operar en la misma lógica. 

Hoy, pasados casi ochos de la implantación de la primera UPP, ya tenemos
muchos relatos de uso excesivo de la fuerza, abusos, ejecuciones, torturas,
violencia sexual, desapariciones cometidos por policías de UPP. 

Está el caso de Amarildo en la Rocinha, donde el Comandante de la UPP estaba
involucrado. En Manguinhos, por ejemplo, ocho niños fueron ejecutados por
policías desde que la UPP fue implantada. En el Complejo Alemán, además de
las ejecuciones hay innumerables abusos relatados por moradores por parte de
policías y ninguna política de seguridad pública puede violar derechos
humanos. No podemos aceptar el discurso de que las violaciones son
necesarias para combatir el crimen organizado. O sea, combatir el crimen
organizado no es incompatible con la garantía de derechos. Toda la sociedad
se beneficiaría de una policía actuando dentro de la ley, que respeta los
derechos humanos, que tiene un mínimo protocolo para usar la fuerza. Pero,
infelizmente, no es lo que vemos. 

La realidad es una policía que comete innumerables violaciones de derechos
humanos, hace uso de excesivo de la fuerza, tortura, perpetra malos tratos,
abusos sexuales y, más allá de todo, todavía opera en la misma lógica que la
policía siempre operó. La lógica de guerra, de confrontación, que mira el
territorio de la favela como un lugar de ausencia de derechos, como si el
Estado de Derecho no valiese e imperase un eterno Estado de Excepción. Eso
es inaceptable. 

-Correio da Cidadania: En 2012 una recomendación de la ONU pidió el fin de
la Policía Militar, o sea, la desmilitarización de las policías brasileras.
¿Amnistía Internacional concuerda con la recomendación?

Renata Neder: La recomendación no es directamente de la ONU, hace parte de
un proceso que se llama Revisión Periódica Universal. Es un momento en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en que los otros países pueden hacer
recomendaciones para el país que está en revisión. Esa es una recomendación
hecha por otros países a Brasil.

Amnistía Internacional ya se posicionó públicamente a favor de la
desmilitarización de la policía brasilera. Inclusive, cuando el secretario
general de Amnistía Internacional estuvo aquí en Río, en agosto de 2013, uno
de los puntos colocados por él fue justamente la necesidad de desmilitarizar
la Policía Militar. 

Ocurre que desmilitarizar la policía no es la solución para todo. Es una
pieza de un gran rompecabezas que precisa ser montado: la reforma de las
instituciones de seguridad pública y policiales. La desmilitarización apenas
es un elemento dentro de otras reformas. Una de ellas es el cambio cuasi
simbólico de como la policía se ve, como el Estado la ve y como la sociedad
ve el papel de la policía. 

La policía en Brasil, por motivos históricos que remontan a su propio
origen, se ve y se comprende como una fuerza de represión, de control social
y percibe el número de muertos como un indicio de productividad, cuando en
verdad debería percibirse como un instrumento de garantía de derechos y
protección de la vida. El problema es que ella no se percibe de esa forma y
el Estado mucho menos. Se precisa un cambio fundamental. Un cambio cultural,
de percepción, de entender el lugar de la seguridad pública en el país. 

Eso tiene varias implicaciones si pensamos que Brasil es el país con el
mayor número de homicidios del mundo. Llegamos a 60 mil homicidios por año.
En un país con tales números, se imagina que la política prioritaria de
seguridad pública debería ser la reducción de homicidios. Sin embargo, basta
ver lo que están haciendo las policías y los programas de seguridad pública
de los estados brasileros para ver si esa es la prioridad. 

En Rio de Janeiro, toda política de seguridad pública es basada en
operaciones de “guerra a las drogas” y no de reducción y prevención de
homicidios. O sea, de un lado vemos que las políticas de seguridad pública
están fallando en proteger a todos, porque en el país con el mayor índice de
homicidios del mundo claramente las instituciones están fallando en proteger
el derecho a la vida, uno de los derechos más básicos. Por otro lado, los
agentes de seguridad pública son los propios agentes de violaciones de
derechos, inclusive del derecho a la vida. 

Un porcentaje significativo de los homicidios son cometidos por policías. El
año pasado, en ciudad de Río de Janeiro la policía fue responsable por uno
de cada cinco homicidios, o sea, 20% de los homicidios cometidos en la
ciudad. Es un dato totalmente chocante. 

-Correio da Cidadania: ¿Cómo percibe el advenimiento de la ley
antiterrorismo recién engendrada en Brasil? ¿Al servicio de qué cree que
estará? 

Renata Neder: Amnistía Internacional, desde antes de la Copa de Mundo, hizo
varias movilizaciones contra la Ley Antiterrorismo. La discusión no es
necesariamente si el país debe o no tener una ley antiterrorismo. La
discusión es sobre la forma y el tipo de ley que intentaron aprobar antes de
la Copa del Mundo, claramente en un contexto de criminalización de las
manifestaciones y protestas sociales. En un 2013 de grandes manifestaciones,
varias leyes surgieron en el Congreso Nacional restringiendo el derecho a la
manifestación o incluso criminalizando ese derecho. Una de esas leyes que
surgieron en tal contexto fue justamente la primera propuesta de ley
antiterrorismo.

La forma como la ley estaba escrita en aquella época claramente favorecía un
uso de la ley con vistas a criminalizar manifestaciones. Inclusive había
colocado en las propuestas el “crimen contra la cosa”, o sea, un daño a la
propiedad iría a volverse un acto terrorista. La movilización de la sociedad
por entonces hizo que la ley no fuese aprobada antes de la Copa del Mundo y
la Copa se desarrolló sin precisar de Ley Antiterrorismo. Pero en se mismo
tiempo tuvimos elecciones presidenciales, fue electo el Congreso más
conservador de la historia de la democracia brasilera, según varios
analistas políticos, y ellos consiguieron, finalmente, aprobar la ley en
2016, antes de las Olimpíadas (2). 

La ley que fue aprobada no sigue le padrón mínimo de una ley penal, que al
ser específica describe el tipo penal que la ley está creando. O sea, para
acusar un crimen es necesario ser muy preciso al describir que crimen es
ese, para no dejar márgenes a la arbitrariedad del sistema de justicia en su
aplicación. Esta ley fue ampliamente criticada, por ejemplo, por el relator
especial de la OEA (Organización de Estados Americanos) sobre la libertad de
expresión. También fue criticada por cuatro relatores especiales de la ONU,
en cuestiones de libertad de expresión y derechos humanos, y también
Amnistía Internacional se posicionó contra la ley porque ellqa puede, si,
ser utilizada para criminalizar a manifestantes y a la protesta social.
Además de eso, ella no tipifica ningún crimen nuevo. Lo que describe son
crímenes ya existentes en la ley penal brasilera. Así, queda el
cuestionamiento: ¿por qué precisamos des esta ley si lo que está escrito
allí ya está previsto en nuestra legislación?

Además de eso, no podemos quedarnos apenas en el análisis técnico,
precisamos atenernos al contexto de como se ha dado el proceso de
criminalización de la protesta en Brasil. En 2013 y 2014, vimos que
centenares de personas fueron arbitrariamente detenidas durante las
protestas. Después, había legislaciones inadecuadas para el contexto de las
mismas protestas, usadas para criminalizar a manifestantes. En San Pablo,
por ejemplo, aplicaron la Ley de Seguridad Nacional, de la época de la
dictadura militar. En Río de Janeiro y en otras sedes de la Copa usaron la
Ley de Organizaciones Criminales para acusar a manifestantes, siendo que
esta ley fue pensada para combatir bandas y crimen organizado internacional,
y no para delitos cometidos en manifestaciones. Ya vimos esa película, ya
vimos a la Ley de Seguridad Nacional y a la de Organizaciones Criminales
siendo usadas para criminalizar manifestaciones y manifestantes. Por tanto,
el riesgo de que la Ley Antiterrorismo sea usada en el contexto aquí
descripto es muy grande. 

-Correio da Cidadania: ¿Qué decir del caso de Rafael Braga, morador de
calle, preso desde 2013 bajo una acusación, en lo mínimo, infundada?

Renata Neder: El caso Rafael Braga es muy emblemático de violaciones y
sobre-posiciones de violaciones, además de la selectividad del sistema de
justicia criminal en Brasil. Así como cuando se mira a la principal víctima
del homicidio ¿quién es la víctima? Un joven negro de sexo masculino morador
de favelas y periferias. ¿Quién la principal víctima de la policía? También
el joven negro de sexo masculino morador de las favelas y periferias. Cuando
se mira a quien está preso, también es el joven negro do sexo masculino
morador de las favelas y periferias. ¿Y quién es el único preso y condenado
en el contexto de las manifestaciones de 2013? Es  Rafael Braga. Eso revela
una vez más el padrón de selectividad del sistema de justicia criminal en
Brasil. 

Rafael Braga todavía es el símbolo de otras violaciones. Él fue preso el día
de la mayor manifestación, ocurrida en 20 de junio de 2013, en Río de
Janeiro, víctima de lo absurdo que es el sistema de justicia criminal que
rechaza evidencias. Rafael portaba dos botellas de plástico de productos de
limpieza y la pericia indicó que aquello no tenía potencial explosivo, no
obstante, él fue condenado a cinco años de prisión por porte de material
explosivo. 

¿Cómo es que el sistema judicial puede ignorar su propia pericia? Es muy
grave eso ocurra. Rafael quedó preso de junio a diciembre, cuando en
diciembre vio estuvo por primera vez ante un juez. Es chocante que alguien
esté preso tanto tiempo, inclusive preventivamente, pero refleja lo que
acontece en el sistema carcelario brasilero, donde casi la mitad de los
presos todavía aguardan juzgamiento. 

Después, Rafael consiguió la progresión del régimen, salió y pasó a sufrir
una persecución que muchos ex presos del sistema carcelario sufren en
Brasil, inclusive en áreas de UPPs. Existen muchos relatos en áreas de UPPs
de policías que persiguen a ex presos para extorsionarlos, por ser un blanco
fácil, ya que están en libertad condicional y cualquier palabra del policía
puede llevarlos nuevamente a la cárcel. Así, Rafael fue preso nuevamente con
un flagrante prontuario y acusado de tráfico de drogas. Ahora está
enfrentando el segundo juicio injusto de su vida por un crimen que no
cometió. 

-Correio da Cidadania: ¿Qué opina de las manifestaciones que acontecen en
Copacabana y en la Tijuca (3) contrarias a las Olimpíadas, entre otras que
pueden explotar?

Renata Neder: Es siempre difícil saber cómo las manifestaciones van a
ocurrir. Si será grande o pequeña. No esperábamos el tamaño de las
manifestaciones que se dieron en junio y julio de 2013, después vimos que,
en un primer momento, la violencia policial sirvió de combustible para las
manifestaciones, las personas fueron a las calles a protestar inclusive
contra la violencia policial. Pero después de un tiempo la estrategia del
Estado represión directa con uso de la fuerza, de detenciones arbitrarias y
de criminalización de los manifestantes acabó haciendo funcionar la política
del miedo de la policía. Por tanto, es muy difícil prever lo que pueda
acontecer. Lo que observamos es la probabilidad de una represión policial
muy fuerte. 

Podemos ver que las manifestaciones disminuyeron en relación a 2013, pero la
represión policial continúa igual, como se vio con los estudiantes que
ocuparon la Secretaría de Educación aquí. La policía invadió la Secretaría,
de noche, con los estudiantes durmiendo y el lanzó bombas de gas lacrimógeno
en aquel lugar cerrado. Fue una represión brutal a la ocupación.

También vimos escenas muy chocantes de la policía actuando en el pasaje de
la antorcha olímpica en Duque de Caxias, en la Baixada Fluminense. La
policía disparando balas de goma muy cerca de las personas, manifestante o
no: bombas de efecto moral siendo lanzadas en medio del público, en fin,
indignante la forma como la policía brasilera actúa. Y las personas no
necesariamente estaban protestando contra la antorcha, sino aprovechando la
oportunidad para manifestarse a favor de salud y educación, derechos
básicos, y acabaron reprimidas brutalmente. 

La policía no sólo no sabe cómo lidiar de forma democrática con
manifestaciones, sino que no entiende y no reconoce que la manifestación es
un derecho humano, no reconoce el derecho a la libertad de expresión y de
manifestación y se desplaza hacia los lugares de protesta creyendo que su
papel es exclusivamente reprimir y dispersar, y no el de garantir que la
protesta se realice. 

-Correio da Cidadania: ¿Es posible afirmar que tanto el proyecto de ciudad
de Río de Janeiro en general, como el de recibir a los Juegos Olímpicos,
fracasaron? ¿Cree en la prevalencia de la tesis de la ciudad-negocio, como
la definieron algunos críticos en los últimos años?

Renata Neder: De un lado lo que vimos es que el legado prometido no fue
entregado. En ese caso particular el legado de la seguridad pública, de una
ciudad segura para todos. Por tanto, bajo ese aspecto las Olimpíadas fueron
una oportunidad perdida para dejar tal legado a la población. Por otro lado,
ya vimos que los Juegos, por si solos, causaron impactos negativos en lo que
se refiere a las violaciones a los derechos humanos. En el pasado, ya
documentamos casos de remoción de comunidades y ahora recientemente la
represión a las protestas, la restricción a la libertad de expresión y
también el aumento de personas muertes por la policía. 

La pregunta que resta es: ¿al final de cuentas, para quién fueron las
Olimpíadas? ¿Así como la Copa del Mundo, para quién fue positiva? Si usted
conversa con la familia de Vitor Santiago ellos van a decirle que el legado
que quedó no fue positivo. Si fuese a conversar con la Vila Autódromo, con
las caso 600 familias desalojadas, también le dirán que no fue nada
positivo. Si habla con los moradores de Manguinhos o Acari, que están
sufriendo dos o tres operaciones policiales muy violentas por semana, van a
decirle que el legado no es positivo. 

Notas 

1) El caso de O caso de Vitor Santiago Borges será contado por Correio da
Cidadania esta semana. 

2) Nota del traductor: la Ley Antiterrorismo fue sancionada por la
presidenta Dilma Rousseff el 16 de marzo de 2016.

3) Nota del traductor: en el transcurso de los Juegos Olímpicos se
realizaron diversas manifestaciones. En Copacabana, se organizó una “Favela
Olímpica” como demostración de protesta.

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