Uruguay/ ¿quién está buscando a los desaparecidos? [Isabel Wschebor y Camilo Collazo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de agosto 2016

Boletín Informativo

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Uruguay

¿Quién está buscando a los desaparecidos?

Nuestras reservas del caso 

Isabel Wschebor y Camilo Collazo

La Diaria, Montevideo, 22-8-2016

http://ladiaria.com.uy/

En los últimos días se ha señalado en medios de prensa que no se
intervendrán las construcciones del Servicio de Materiales y Armamentos
(SMA). Estos sitios habían sido estudiados por el equipo técnico de
arqueología de la Universidad de la República (Udelar), como posibles
lugares de enterramientos clandestinos de personas que están
detenidas-desaparecidas y estaban cautelados por el Poder Judicial en el
marco de dichas búsquedas. Se señala que las inspecciones de la Facultad de
Ingeniería de la Udelar y del Equipo Argentino de Antropología Forense
mediante georradar no arrojarían datos que confirmen la necesidad de
intervenir los pisos de dichas construcciones (1).

Las dificultades están a la vista. Se trata de cimientos de amplio porte y
grosor. En ese sentido, la detección remota de cambios existentes por debajo
de estos suelos no resulta sencilla. A su vez, los testimonios que aluden a
posibles enterramientos sólo pueden ser descartados con intervención en los
terrenos, dado que no existen fuentes de información que den por seguras
estas versiones sobre los hechos. Por ese motivo, la corroboración en los
terrenos constituye la única modalidad de eliminar especulaciones y mitos en
torno a estos asuntos.

Por otra parte, se vuelve a señalar por la prensa la aparición de archivos
producidos por organismos represivos en el período de la última dictadura
militar. Por lo que se informa en los medios, parecería tratarse de
documentación relevante para el proceso judicial contra el capitán de navío
Jorge Tróccoli que se está llevando a cabo en Italia. El Grupo de Trabajo
por Verdad y Justicia anunció que el tratamiento de estos archivos implicará
esfuerzos de carácter prolongado en el tiempo y el juicio en cuestión se
encuentra en su fase final. En caso de que su tratamiento no se acompase con
esta estrategia judicial, nos hemos preguntado cuáles son los motivos que
limitan el acceso universal a un archivo producido hace cerca de 40 años
(2).

A lo largo del año pasado, integramos el equipo de la Secretaría de Derechos
Humanos para el Pasado Reciente. Lamentablemente, el alto nivel de
conflictividad existente en el que nos vimos inmersos no permitía llevar a
cabo una estrategia de investigación rigurosa sobre los crímenes cometidos
en dictadura, que pudiera ser comunicada de manera clara a la ciudadanía.
Esta situación nos llevó a apartarnos de dicha institucionalidad.

En las primeras etapas de los gobiernos frenteamplistas se detectaron
archivos producidos por los organismos de la represión, se hallaron cuerpos
de cuatro personas que estaban desaparecidas y se juzgó a algunos de los
principales responsables del aparato represivo en dictadura. Estos avances
permitieron quebrar con los discursos de los gobiernos blancos y colorados
que declaraban que las evidencias documentales habían sido quemadas, los
cuerpos arrojados al mar y las violaciones a los derechos humanos
constituían fenómenos de carácter aislado y paraestatal.

Estos primeros avances renovaron las expectativas en relación a la lucha
contra la impunidad, pero también han hecho presente un pasado doloroso para
buena parte de la izquierda en el país y han visibilizado conflictos en su
seno relacionados con la trágica experiencia de sus protagonistas que, en
muchos casos, hoy ejercen responsabilidades de gobierno.

Pese a las tres décadas que nos separan de la restauración democrática,
consideramos que no será fácil analizar estos hechos globalmente si el
Estado no da cuenta del conjunto de crímenes de los que es responsable ante
la ciudadanía. Desde nuestra perspectiva se trata en todos los casos de una
sociedad que fue víctima del terrorismo de Estado, dado que no hay hechos
que justifiquen los crímenes cometidos por la dictadura. La represión
estatal constituye uno de los principales mecanismos de control social. En
la medida en que naturalizamos sus modalidades abusivas, perdemos
democracia, libertad de expresión y opinión. Queremos un Uruguay más
democrático en el presente y eso no es posible sin que el Estado se haga
responsable de los crímenes que comete o ha cometido.

Nos alarma la ausencia de resultados o de información sobre los motivos que
enlentecen estos procesos. Sabemos que se trata de asuntos de difícil
resolución, pero romper las dinámicas de secreto frente a la ciudadanía
constituye un primer paso en el esclarecimiento de los hechos. Nos
distanciamos de este espacio por no querer contribuir con una dinámica de
reserva que genera gran inquietud en la sociedad y no permite sensibilizar a
la población en torno al tema, fuera de los grupos directamente implicados
en los hechos.

Como individuos comprometidos con el esclarecimiento de las violaciones a
los derechos humanos, exhortamos a no dejar de intervenir en los galpones
del SMA hasta descartar la información generada en base a fuentes de
archivo, testimonios y equipos de detección remota (georradares) que están a
disposición del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y a dar acceso a los
archivos con criterios ecuánimes, con el objetivo de aunar esfuerzos en esta
búsqueda. Si la información es poder, lo mejor es democratizarla, para que
cada presente re-escriba la historia y nuevas miradas puedan analizar los
viejos problemas.

Notas

(1). Nota en Búsqueda del 18/08/16: “Vázquez avaló actuación del Grupo de
Trabajo en derechos humanos y resolvió designar a un nuevo director con
perfil administrativo”. 

(2). Véase nota de la diaria del 17/08/16: “Con cautela”.

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