Alemania/ el movimiento de inquilinos en Berlín [Thomas Chevallier]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

28 de agosto 2016

Boletín Informativo

redacción y suscripciones

 <mailto:germain5 en chasque.net> germain5 en chasque.net

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Alemania    

El movimiento de inquilinos en Berlín

Thomas Chevallier * 

Contretemps

 <http://www.contretemps.eu/> http://www.contretemps.eu/

Traducción de Viento Sur

http://www.vientosur.info/

La población de la ciudad-Estado de Berlín aumenta rápidamente. Tras la
caída del muro y el descenso demográfico, consecuencia sobre todo de la
huida a la periferia de una parte de las clases medias en la década de 1990,
volvió a crecer progresivamente una década después. Contribuyen a ello los
nacimientos, pero sobre todo la inmigración. Así, desde comienzos de este
decenio se instalan en la ciudad cada año 40 000 personas. Y el Senado/1
prevé que la población pasará de 3,562 millones de habitantes en 2014 a
3,828 millones en 2030. A su vez, la construcción de viviendas no mantiene
el paso: 6 800 en 2014 y menos de 4 500 en los años anteriores, mientras que
los observadores cifran en 10 000 el mínimo necesario para hacer frente a la
“penuria habitacional” (Wohnungsnot). Sin embargo, en este contexto de
creciente atracción de la capital alemana y de fuerte tensión en el mercado
inmobiliario, el “problema de la vivienda” (Wohnungsfrage) en Berlín también
es el problema característico de la gran ciudad neoliberal, el de los
alquileres cada vez menos asequibles.

Para un parque de 1,9 millones de viviendas, de las que el 85 % son de
alquiler, dos tercios de ellas en manos privadas, Berlín es más que
cualquier otra gran ciudad de Alemania o de Europa una “ciudad de
inquilinos” (Mieterstadt). Sin embargo, la evolución actual favorece cada
vez menos a los inquilinos. En primer lugar, el predominio del alquiler
disminuye: la proporción de viviendas en propiedad ha pasado de un 8 % en
1992 a alrededor del 15 % actualmente. Y lo que es más importante, las
rentas de alquiler aumentan. Desde 2009, el alquiler medio ha aumentado
cerca de un 50 %. A pesar de que en promedio siguen siendo inferiores a
otras ciudades europeas de tamaño equivalente, incluso en comparación con
Múnich o Fráncfort, los alquileres de Berlín constituyen una carga cada vez
mayor para los presupuestos de una población que tiene una quinta parte
viviendo por debajo del umbral de pobreza.

Sobre todo, porque los aumentos más fuertes se dan (se han dado) en los
barrios populares de viviendas antiguas del interior de la ciudad, donde
viven los grupos sociales más precarios. Si el promedio de los precios de
los alquileres ha disminuido en algunos casos en los barrios ricos y caros,
en determinadas partes del norte del distrito de Neukölln, actualmente uno
de los más afectados por el proceso de gentrificación, se han producido
aumentos de hasta más del 90 % entre 2009 y 2014. Para los inquilinos de
renta baja, el aumento de los alquileres comporta la amenaza de verse
“desplazados” (verdrängt) fuera de la ciudad o a su periferia lejana.

Aunque esté regulado y limitado por la ley –en particular por el dispositivo
del Mietspiegel, cuyo principio es similar al de la regulación de los
alquileres que se debatió con ocasión de la ley Duflot en Francia–, todo
aumento significativo de los alquileres (a menudo de más del 100 % entre dos
contratos) se hace posible por la vía de la realización de las llamadas
obras de “modernización” –que los críticos califican “de lujo”, como la
colocación de un segundo balcón, una segunda bañera o ducha o un ascensor–,
o de la “renovación energética”. Y el freno a los alquileres
(Mietpreisbremse), que se estableció en 2015 por el gobierno federal y
gracias al cual el ministro federal de Justicia y Protección de los
Consumidores, Heiko Maas, ha pasado a ocupar la primera línea del escenario,
todavía no parecer ser, como su nombre indica, más que una solución
paliativa para asegurar que el aumento de los alquileres, aunque inevitable,
al menos no resulte tan doloroso. Pese a todo, en Berlín los hogares ven
cómo la parte del gasto correspondiente a la vivienda (alquiler y cargas)
supera a menudo el 50 % de su presupuesto. Si esta situación incide en la
vida cotidiana de cada vez más berlineses, obligados a recortar otros gastos
y por tanto a cambiar de estilo de vida para adaptarse, también alimenta un
proceso de politización y extensión de un movimiento de inquilinos cada vez
más amplio e incluyente.

Contra la política neoliberal del Senado

En Berlín, el problema de la vivienda tiene una larga historia de protestas
de los inquilinos y de negociaciones con los propietarios y las autoridades
públicas, siempre sobre el telón de fondo más general de la cuestión social.
En todas las épocas, los avances del derecho a la vivienda frente al derecho
a la propiedad solo han sido posibles gracias a la movilización y la
organización de “la base” o a la tradición alemana de la “oposición
extraparlamentaria”. La época actual se inscribe en esta historia agitada de
la vivienda y de los inquilinos en Berlín. La degradación de la situación
que experimentan estos últimos, pertenecientes sobre todo a la clase media
baja, desde la década de 2000, ha alimentado el surgimiento de una miríada
de iniciativas locales que, junto a los actores existentes, han favorecido
una dinámica de politización bastante amplia y popular. Ocurre que, de una
manera u otra, todos estos actores luchan por que todo el mundo tenga el
derecho a vivir en la ciudad y a aprovechar los recursos y servicios que
esta ofrece; es el equivalente a la consigna del “derecho a la ciudad”
retomado de Henri Lefebvre por ciertos investigadores y movimientos urbanos,
por ejemplo, en Hamburgo. Con un vocabulario común, luchan contra los
procesos de “revaluacion” (Aufwertung) y de gentrificación característicos
de la neoliberalización de la ciudad y que provocan la precarización y el
desplazamiento (Verdrängung) de las clases populares al exterior de la
ciudad.

Esta dinámica de resistencia se ha nutrido en gran medida de dos iniciativas
recientes de “decisión popular” (Volksentscheid). Se trata de uno de los
instrumentos de democracia directa previstos en la modificación de la
constitución de la ciudad-Estado en 2006, que permite someter una ley al
voto de los ciudadanos sin pasar por la cámara de diputados. Para que se
vote y adopte una ley (o una modificación de la constitución o una petición
de elecciones anticipadas), la iniciativa de decisión popular debe cumplir
los trámites de presentación de una “solicitud de inicio del procedimiento”
y de validación de una “iniciativa popular” (Volksbegehren). Para ello, la
iniciativa debe superar varios umbrales: la solicitud de inicio del
procedimiento se valida con la recogida de 20 000 firmas de ciudadanos y
ciudadanas en un periodo de 6 meses, y después la iniciativa popular
propiamente dicha se valida cuando la haya firmado el 7 % del electorado en
un plazo de 4 meses (50 000 firmas y las del 20 % del electorado para una
modificación de la constitución o una petición de elecciones anticipadas).

En cada una de estas etapas, las autoridades han de comprobar que la ley
cumpla los criterios de constitucionalidad y de viabilidad. Quienes lo
inicien pueden modificar la ley sobre la marcha en la medida en que no
alteren la “sustancia” misma de la ley. Quedan excluidos los proyectos de
ley presupuestaria, fiscal, sobre las tarifas de las empresas públicas o las
retribuciones de su personal, a menos que se opongan a convenios firmados
por el land. La cámara de diputados puede decidir votar la ley sometida a
decisión popular. Si la ley no es adoptada por esta vía, quienes la han
impulsado tienen un plazo limitado para poner en marcha las etapas de
iniciativa popular (7 meses, 3 si la ley ha sido tramitada, pero rechazada,
por la cámara de diputados) y después de “decisión popular” (Volksentscheid)
(4 meses, 2 para la convocatoria de elecciones anticipadas). Esta última
etapa convoca a toda la ciudadanía a votar a favor o en contra de la ley. La
cámara de diputados tiene 60 días para proponer un proyecto de ley
alternativo. La ley será aprobada si obtiene la mayoría con un quórum del 25
% de los votantes (del 50 % para una modificación de la constitución o la
convocatoria de nuevas elecciones).

En cinco ocasiones, este procedimiento ha alcanzado, efectivamente, la
última etapa de decisión popular, y cuatro veces ha dado lugar a la votación
de una ley. Entre las más recientes figura la ley relativa a la obligación
de publicar los expedientes de privatización de las compañías de agua
berlinesas en 2011, a la remunicipalización de las redes berlinesas de
electricidad en 2013, a la conservación del parque de Tempelhof y al rechazo
del proyecto de construcción aprobado por el Senado en 2014. Los ciudadanos
berlineses, en particular a través de numerosas iniciativas, han aprendido
poco a poco a aprovechar este instrumento de democracia directa, y es
evidente que constituye, por su dimensión legal, una vía de politización y
movilización “por la base”. Y probablemente sea este el motivo por el que la
clase política berlinesa, en particular su nuevo alcalde, Michael Müller,
desean poner cada vez más obstáculos al procedimiento, como la exigencia de
registrar, junto al nombre, el apellido y la firma, una fecha de nacimiento
válida, o el derecho del Senado a emplear fondos presupuestarios para
financiar la campaña en contra de las iniciativas populares.

En 2013 triunfó la iniciativa de decisión popular “100 % Tempelhofer Feld”.
Con su amplia movilización, los berlineses y berlinesas vetaron el proyecto
aprobado por el Senado de construir 4 700 viviendas y equipamientos en el
antiguo campo de despegue y aterrizaje del aeropuerto de Tempelhof,
reconvertido desde 2010 en un parque muy apreciado por los habitantes del
entorno y los turistas. Esta iniciativa, y la movilización que suscitó,
reunió a múltiples grupos y al vecindarios de todos los rincones de la
ciudad. La incomprensión, la vehemencia e incluso la animosidad que
manifestó la clase política, en especial los notables del Partido
Socialdemócrata (SPD) que gobierna en Berlín hacia el movimiento, son las
mejores señales de una divergencia de intereses y de un alejamiento
cultural.

Ante el rechazo del programa de construcción, el entonces alcalde de la
ciudad, Klaus Wowereit, denunció, , el “egoísmo” y el “embrutecimiento
popular” (!). Según Andrej Holm, sociólogo de la Universidad Humboldt,
crítico de la política neoliberal y participante en diversas iniciativas de
resistencia, la clase política berlinesa preconiza en su mayoría el “mito de
la obra nueva”, según el cual “la obra nueva resuelve el problema de la
vivienda”. Holm replica, junto con los activistas de la iniciativa, que los
habitantes, conscientes sin embargo de la necesidad de construir vivienda
nueva, han expresado con esta decisión popular su “desconfianza ante la
vacilante política de vivienda del Senado”. Así, la idea de subvencionar la
construcción de viviendas de alquiler reducido de 6,5 euros/m2 no es
suficiente; lo que hace falta es una política de vivienda “100 % social”,
encaminada resueltamente a facilitar el acceso al alquiler de las familias
más precarias, promoviendo en particular unos alquileres no superiores a 4 o
5 euros/m2.

Mal que les pese a los distintos interesados en este proyecto, tanto si se
trata de agentes públicos o privados, este episodio ha jalonado la historia
del “problema de la vivienda” en Berlín con una nueva victoria popular. La
democracia directa ha permitido decir no. Es más, la movilización ha
contribuido a convertir la cuestión de la vivienda “asequible” y del aumento
(ilegítimo) de los alquileres en un tema de debate legítimo y ampliamente
compartido. Ha hecho que cada vez más ciudadanos de distintos horizontes se
interesen por la cuestión en su complejidad y que de este modo cuestionen
más seriamente las falsas soluciones de los políticos, pese a la amplia
promoción que hacen de ellas los medios de comunicación. Se ha visto que los
gobiernos recientes no han sabido percatarse de la crisis que se avecinaba,
y lo que es más grave, de que ellos han contribuido a su surgimiento.

La política de la vivienda en la República Federal de Alemania siempre ha
sido liberal y basada en la promoción de la lógica de mercado. Es cierto que
existen las llamadas viviendas “comunales”, gestionadas directamente por la
administración pública. Sin embargo, las llamadas viviendas “sociales”
responden a una lógica muy distinta. En el convenio de vivienda social de
Alemania, la autoridad pública se compromete a pagar una parte de la renta
de alquiler directamente al propietario hasta que se haya amortizado la
inversión necesaria para la construcción del edificio. A partir de ese
momento, la vivienda entra en el mercado libre. Durante el siglo XX, y
especialmente tras los dos conflictos bélicos mundiales, esta política
permitió, a través de sociedades inmobiliarias de utilidad pública
(Wohnbaugesellschaften, WBG), pertenecientes a los ayuntamientos o los
länder, sostener el esfuerzo de reconstrucción y asegurar el acceso a una
vivienda digna a gran parte de la clase obrera.

Sin embargo, tanto en Berlín como en otras ciudades de Alemania Occidental,
la gestión de estas sociedades sigue las pautas, desde finales de la década
de 1980, de un modelo privado, cada vez más apartado de la vivienda social.
Y la neoliberalización de la política de vivienda no se detiene ahí. En
Berlín, la crisis presupuestaria sirve de argumento para la venta a fondos
de inversión privados de las viviendas comunales a precio de saldo: en 2004
se vendieron 70 000 viviendas comunales en un solo lote al módico precio de
2 000 millones de euros al fondo de inversión CERBERUS, es decir, de menos
de 29 000 euros por vivienda. Con la reducción de los convenios de vivienda
social, la adopción de disposiciones favorables a la modernización y
conversión (Umwandlung) de viviendas de alquiler en viviendas en propiedad,
y con la concesión de subvenciones para la construcción de viviendas nuevas
con rentas de alquiler mínimas demasiado caras, la política de vivienda en
Berlín aparece cada vez menos favorable a los pequeños inquilinos. De ahí el
veto popular de Tempelhof.

Animados por esta victoria, determinados actores, surgidos sobre todo de
iniciativas locales (en particular Kotti & Co, una comunidad muy activa de
inquilinos de grandes complejos de Kreuzberg existente desde 2011), del
partido Die Linke o del grupo de activistas Interventionistische Linke,
lanzaron en 2015 la iniciativa de “decisión popular relativa a los
alquileres” (Mietenvolksentscheid, MVE). Esta vez, la ley sometida a
decisión popular proponía disposiciones para una “reorientación de la
política de acceso a la vivienda”: revertir la privatización de la gestión
de las empresas constructoras de utilidad pública pertenecientes al land
(landeseigene Wohnbaugesellschaften, LWBG); convertirlas en organismos
públicos y de este modo dedicarlas a facilitar el acceso y mantenimiento de
viviendas para las familias menos ricas; prohibir los desahucios a
instancias de estas empresas y declarar obligatorios los consejos de
inquilinos destinados a “codecidir” y “codefinir” la política de estas
empresas. Paralelamente a este control público de las WBG, la ley preveía la
creación de un fondo destinado a construir viviendas comunales y a
subvencionar las obras de modernización para que estas no empujen al alza
las rentas de alquiler. En suma, el proyecto de ley iba en contra de las
subvenciones estatales orientadas según la lógica del mercado y pretendía
obligar a la administración a paliar las deficiencias de este.

Lanzada en los primeros meses de 2015, la iniciativa movilizó un número
importante de activistas y el apoyo, de cerca o de lejos, de una multitud de
colectivos. Máxime cuando la llegada masiva de personas refugiadas a Berlín
–gran causa por la que se movilizan actualmente las y los ciudadanos
alemanes– y la cuestión de su alojamiento acentúan la urgencia de la
situación. La campaña de recogida de firmas comenzó en las calles, con
tenderetes montados por voluntarios en puntos estratégicos de la ciudad,
especialmente en los barrios más afectados por el problema (Herrmannplatz,
Frankfurter Allee, Herfurthstrasse). El 1 de junio se depositan 49 249
firmas, de las que 40 214 fueron válidas, ante las autoridades, es decir,
más del doble del número requerido para pasar a la fase de “iniciativa
popular” (Volksbegehren). Ante este primer éxito y la creciente
movilización, el grupo parlamentario del SPD comienza a negociar con ciertos
“iniciadores” de la iniciativa, cinco representantes, con los cuales se
constituye un “círculo de coordinación” (KO-Kreis). Esta etapa marca el
comienzo de la recuperación del movimiento por parte de las instituciones,
que lo desvirtúan con ayuda de los expertos.

La recuperación por el SPD contra la movilización por la base

Los activistas de “Wir Bleiben Alle!” (“¡Nos quedamos todos!”), una
asociación de vecinos y grupos militantes que se oponen al desplazamiento de
los habitantes del barrio, abren un debate mediante textos en su página web.
Los principales grupos impulsores de la iniciativa toman parte en este
debate, y el hecho siguiente parece estar fuera de toda duda: los cinco
“representantes” no han sido elegidos en ningún momento por los componentes
de la iniciativa para negociar con el SPD, sino que se han “autodesignado”.
Sin embargo, después de dos meses de negociación a puerta cerrada, sin que
haya trascendido nada de nada, los miembros se ven confrontados con el hecho
consumado: harían mejor en abandonar el procedimiento de decisión popular so
pena de que sea rechazado con toda seguridad, especialmente porque atenta
contra las reglas comunitarias sobre las ayudas estatales y la garantía de
la propiedad… ¡Pero que no cunda el pánico, las negociaciones han dado sus
frutos y el SPD presentará una ley sustitutiva en la cámara de diputados!

Tras una breve ojeada a las propuestas del SPD, la diferencia con el
contenido de la iniciativa salta a la vista. De acuerdo con la ley del SPD,
votada el 12 de noviembre de 2015 y en vigor desde el 1 de enero de 2016,
las LWBG siguen estando gestionadas de manera privada, creándose un
organismo público encargado de velar por que cumplan su misión de utilidad
pública, si bien sin establecer mecanismos de sanción para asegurar este
control. Se declaran obligatorios los consejos de inquilinos, pero estos no
tendrán más derecho que a reclamar información y solo dispondrán de un voto
en los consejos de administración de las empresas; por tanto, no podrán
oponerse a las decisiones. En vez de obligar a las LWBG a fijar un tope de
los alquileres equivalente al 30 % de los ingresos del hogar, la ley prevé
que la administración pague a los arrendadores el importe del alquiler que
sobrepase ese umbral mediante el equivalente al subsidio de vivienda
(Wohngeld) personalizado. Finalmente, el fondo creado debe servir para
promover la construcción y la adquisición de viviendas sociales de alquiler
“asequible”, es decir, de acuerdo con el criterio del Senado, a partir de
6,5 euros/m2. Por mucho que vengan acompañadas, desde que se negociaron, de
promesas grandilocuentes de construir viviendas comunales y de una política
orientada a los inquilinos por parte de los políticos, en particular del
senador encargado del desarrollo urbano, Andreas Geisel, todas estas
disposiciones tienden finalmente, pese a la relación de fuerzas, a preservar
la lógica de mercado.

En todas partes, y en particular en los medios, se desata el debate: ¿ha
tenido éxito la iniciativa o ha fracasado? El caso es que, con ella, los
iniciadores perseguían objetivos diferentes, incluso contradictorios. Para
los dirigentes de la iniciativa, que rechazan tajantemente términos como
“acuerdo” o “compromiso”, “la presión ha dado resultado”, se han conseguido
mejoras. En virtud de la ley, los inquilinos de viviendas cuya subvención
iba a expirar (en particular los grandes bloques de Kreuzberg) verá como el
Senado paga para paliar el aumento de los alquileres, que por tanto quedará
sancionado oficialmente. Además, estas mejoras no son más que “un primer
paso”: el movimiento debe continuar para que el problema de la vivienda
halle una respuesta, en particular que se sitúe en el centro de la batalla
electoral prevista para finales de 2016. Sin embargo, aunque todo el mundo
admite que estas mejoras no habrían sido posibles sin la movilización de los
colectivos locales y sin la dinámica “de base”, el resultado de la
iniciativa ha dejado un amargo sabor de boca entre un buen número de
activistas más o menos próximos a esta, que se sienten “estupefactos”.

De la noche a la mañana, los “activos” se enteraron, al mismo tiempo que los
medios, de que su proyecto de ley no podía aprobarse, pero que se había
llegado a un acuerdo. Incluso para la Interventionistische Linke, que sin
embargo había participado en el “círculo de coordinación”, pero que algunos
meses después ha realizado un análisis retrospectivo en el que parece
arrepentirse, este resultado es un fracaso porque ha dado lugar a una
interrupción del proceso de movilización, léase a la desmovilización.
Algunos activistas de Wir Bleiben Alle –iniciativa que desde el comienzo se
mostró crítica y mantuvo sus distancias– denuncian incluso la “traición” del
movimiento por las personas que han negociado el compromiso, que se han
mostrado “ingenuas”, se habrían dejado “embaucar” por el poder creyendo que
podrían hablar de igual a igual y no habrían visto cómo se reproducían,
durante las negociaciones, las “estructuras de poder”, especialmente
patriarcales.

Otras incluso habrían obrado según intereses personales, a imagen y
semejanza de Jan Kunhert, ex diputado verde, asesor inmobiliario, que ya
rondaba las esferas políticas y que ha sido nombrado recientemente director
de la nueva institución pública encargada de supervisar las actividades de
las WBG. El fracaso se debería además al hecho de que el SPD, al haber
cortado la hierba bajo los pies del movimiento popular, aprovechando la
legitimidad de la iniciativa mediante el reclutamiento de uno de sus
líderes, puede presentarse ahora como el representante del pueblo de los
inquilinos, como Geisel, quien ha declarado en Die Welt: “Berlín sebe seguir
siendo una ciudad de inquilinos”, como si mañana esto pudiera cambiar sin su
consentimiento…

Lógicas de la movilización de los inquilinos

“Realmente se puede hablar de un fracaso”, considera H., de la Berliner
Mietergemeinschaft (BMG, literalmente Comunidad de inquilinos de Berlín),
activo en la publicación de esta última, el Mieterecho, y en el grupo local
del distrito de Neukölln. Segunda federación de inquilinos más grande de
Berlín, con 24 000 miembros, existente desde 1958, la BMG apoyó la
iniciativa, pero sin participar directamente en sus instancias de decisión.
Se considera una organización militante y subraya su independencia de los
partidos, mientras que es notorio que la Berlíner Mieterverein (BMV), la
primera federación de inquilinos, mantiene vínculos estrechos con el SPD.
Junto con determinados partidos, sindicatos y grupos activistas locales, la
BMG lanzó en 2015 la “Iniciativa por la construcción de nuevas viviendas
comunales” (Initiative für Neubau kommunaler Wohnungen), un grupo que
presiona a favor de la construcción de viviendas públicas.

En esta línea, ha lanzado ahora la campaña “Por una vivienda digna para
todos”. J., un militante muy activo en los actos de interpelación y
sensibilización, me explica en presencia de otros activistas: “Desde la
década de 2000, la población aumenta, pero el número de viviendas nuevas no
sigue el mismo ritmo” (hace con las dos manos el gesto que representa dos
curvas de un diagrama, en que una asciende mucho más rápido que la otra).
“Ahora tenemos la cuestión de los refugiados. El Senado quiere construir
viviendas ‘modulares’ y acondicionar los continentes. Nosotros estamos en
contra. Estamos convencidos de que dentro de 4 o 5 años, esas viviendas
formarán una especie de ‘mercado de alquiler de segunda clase’ para los
menos ricos.” Y otro militante destaca hasta qué punto la política actual
del Senado en la cuestión de los refugiados y su alojamiento consiste en
“medidas de urgencia”, sin una visión a largo plazo.

Si se dedican principalmente a asesorar y acompañar jurídicamente a los
inquilinos, los grupos locales de distrito de la BMG tratan también de
movilizar y organizar a estos últimos: “Por ejemplo, cuando viene a vernos
alguien porque le rescinden el contrato para vender la vivienda, tratamos de
reunir a los vecinos de todo el inmueble para que se organicen. A veces
acuden treinta personas, a veces menos… Es difícil. La disposición de la
gente a luchar es muy escasa.” Volviendo sobre el resultado del movimiento
por una decisión popular relativa a los alquileres, H. deplora: “Ahora no
sucede gran cosa por aquí.” Si sus palabras pasan como una minimización para
un observador extranjero poco acostumbrado a tanta proliferación de
iniciativas locales, sí reflejan una realidad: las reuniones de las
distintas iniciativas de barrio y de distrito parecen movilizar a menos
personas que en los primeros meses de 2015, en el momento del lanzamiento de
la iniciativa de decisión popular.

Además, de una reunión a otra, a menudo te encuentras con las mismas
personas. M. es uno de esos militantes activos en diversas instancias de la
ciudad y hace de puente entre estas y los demás colectivos locales. Es uno
de los pilares de un grupo de vecinos de un barrio de Neukölln que se han
movilizado en contra del proceso de “revaluación” y de “desplazamiento” y
por la sensibilización en torno a estas cuestiones. Miembro del consejo de
barrio, se encarga en el mismo de llevar estas cuestiones y, a través de
ellas, de meter un poco de política en sus sesiones, donde interviene
llevando en la chaqueta la insignia de la “Unión por alquileres asequibles
en Neukölln” o de la Mietenbündnis (Alianza de inquilinos).

Como otras personas en otros lugares, se encarga de movilizar a la gente del
barrio. S., vecina del mismo barrio, entregada más bien a la causa de la
lucha contra la gentrificación, cuenta que M. ha venido a reunirse con ella
y sus convecinos para “dar marcha a esa cosa (el consejo de barrio), creo
que esas fueron sus palabras”. El hecho de que sea además un experto en las
cuestiones técnicas y jurídicas relativas a la vivienda y a los alquileres
en Berlín no facilita su labor de movilización. S. dice de él: “No todos le
comprenden. Por eso, al final la gente (en el consejo de barrio) dejó de
escucharle. Decían: ‘Ah, otra vez es M. el que habla…’. Tiene los
conocimientos, está situado muy arriba en la jerarquía del saber.”

Revaluación económica o defensa de los pequeños inquilinos: el “dilema del
SPD”

Interpeladas por las iniciativas y organizaciones locales, las
administraciones, los distritos (Bezirke), han hecho valer durante mucho
tiempo su impotencia ante los problemas de la vivienda. Según H., Heinz
Buschkowsky, quien fue alcalde de distrito de Neukölln de 1991 a 1992 y de
2001 a 2015, “sobre todo ha pasado del problema”. Y eso que los distritos
tienen cierto margen para evitar el desplazamiento. Así, las iniciativas
locales berlinesas, que tras un áspero tira y afloja lograron en mayo de
2014 que se prohibieran las llamadas “vacantes especulativas”, se encargan
hoy de detectar y denunciar los casos de vacantes dudosas.

Entre las reivindicaciones principales de las iniciativas de barrio o de
distrito figuran ante todo la aprobación y aplicación de las ordenanzas de
conservación (Erhaltungsverordnung) o protección del medio
(Milieuschutzsverordnung) y de regulación de la conversión
(Umwandlungsverordnung) de las viviendas de alquiler en viviendas de
propietario ocupante. Ordenanzas de este tipo ya se han aplicado en barrios
de Friedrichshain, Pankow y Tempelhof. Supeditan las obras de
reforma-modernización de las viviendas de alquiler, así como su conversión
en viviendas de propiedad, a una solicitud de autorización al distrito, que
debe decidir con arreglo a unos criterios de rechazo publicados con
antelación. En Neukölln, las iniciativas locales, entre ellas la
Mietenbündnis, han logrado que se aprueben estas ordenanzas para los barrios
de Reuterkiez y Schillerkiez. Sin embargo, según H., para estos barrios “ya
es demasiado tarde”, lo que significa que la dinámica de aumento de los
alquileres, de transformación de la estructura habitacional y de
desplazamiento de los hogares más pobres ha rebasado un punto de no retorno.

Actualmente, las iniciativas luchan por que se apliquen dichas ordenanzas en
los barrios mencionados, aunque también por su ampliación a la totalidad del
territorio norte del distrito de Neukölln. La administración replica que,
debido al recorte del gasto público, no dispone de los recursos necesarios
para llevar a cabo el estudio previo a dicha ampliación. Ya ni siquiera
puede atribuir recursos suplementarios para la aplicación de las ordenanzas
ya aprobadas. Una vez más, la crisis presupuestaria impide cerrar el paso al
mercado. Una concejala del SPD en el consejo de distrito de Neukölln habla
del “dilema del SPD”: resumidamente, el partido está desgarrado entre la
necesidad de impedir la precarización y el desplazamiento de las clases
populares por un lado y el deseo de revaluar el distrito para atraer a
poblaciones más ricas, potenciales contribuyentes, por otro.

La gestión de barrio: acompañar la gentrificación

El SPD berlinés ha dedicado muchos esfuerzos y fondos a este objetivo, tanto
a escala del land como de los distritos urbanos: favoreciendo y
subvencionando la mejora de los inmuebles y espacios públicos, por un lado,
pero también, más difusamente, mediante la actividad de “gestión de barrio”.
Fruto del programa “Ciudad Social”, cofinanciado por el Estado federal y los
länder, unos equipos de gestión de barrio (Quartiersmanagement, QM),
formados en general por cuatro empleados, actúan en los barrios designados a
partir de determinados indicadores –globalmente similares a los de la
política urbana en Francia– que revelan “una necesidad particular de
desarrollo”.

Entre los proyectos fomentados por los QM, los que promueven fiestas,
limpieza, ajardinamiento y embellecimiento de calles y espacios públicos por
parte del vecindario son regulares y característicos de un planteamiento
encaminado al aprendizaje de comportamientos propicios a la revaluación del
territorio. La financiación de una “agencia de uso temporal”
(Zwischennutzungsagentur), cuya misión consiste en favorecer la instalación,
en los locales desocupados o en las antiguas fábricas abandonadas, de
comercios, bares u otras actividades típicas de una cultura “alternativa”,
más bien destinados a las clases medias, ha ejercido una influencia más
estructuradora en todo el territorio norte de Neukölln. “Esta agencia es sin
duda uno de los principales factores de gentrificación del barrio”, dice S.

Más en general, para S. y otras vecinas y vecinos procedentes de la clase
creativa baja, la acción de los QM está encaminada a acompañar la
gentrificación, a facilitarla y sobre todo a hacer que sea menos
conflictiva. En efecto, los instrumentos y conceptos que emanan de ellos, en
primer lugar los de participación y “activación”, parecen promover ciertos
comportamientos y devaluar otros: destilan una representación legitimista
del “buen ciudadano”, que participa “de buen grado” en los proyectos e
instancias que proponen las instituciones, pero que no contesta ni entra en
conflicto o no expresa violencia.

Sin embargo, esto no significa que la conciencia popular, aunque sea de
manera tan difusa y cómoda, se deje anestesiar. Así, fue a partir del
consejo de barrio (Quartiersrat) de Reuterkiez –uno de los instrumentos
derivados del QM– que unos vecinos constituyeron la alianza de inquilinos
reivindicativa en 2013. Más en general, la amenaza de desplazamiento de los
vecinos de origen y de movilización de las iniciativas locales y
supralocales han obligado al QM a no seguir despreciando la cuestión del
aumento del número de inquilinos amenazados. Así, a partir de comienzos de
la década de 2010 se crearon consejos jurídicos gratuitos, destinados a los
inquilinos. Sin embargo, cuando le pregunto si el QM apoya la iniciativa de
decisión popular relativa a los alquileres, O., un gestor de un barrio de
Neukölln, responde: “No, no, nosotros ayudamos a las personas a resolver sus
problemas particulares.”

La convergencia de las luchas

Así, parece que la ambivalencia de la acción de los políticos no se debe más
que a la presión popular: sin ella, ¿acaso no se dejarían arrastrar hacia la
perpetuación de la lógica de mercado y del orden social? Esto es lo que
lleva a decir a un gran número de actores que el resultado de la iniciativa
de decisión popular ha sido un fracaso: “Si la contradicción (entre mejoras
concretas en el terreno legal y la constitución a largo plazo de un
contrapoder de transformación social) no se hubiera resuelto a favor de uno
de los bandos, hoy estaríamos, a pesar de la amenaza jurídica (de
inviabilidad de la ley), ante todo celebrando el triunfo”, analiza la
Interventionistische Linke. Así, la iniciativa podría haber sido un pretexto
para la consolidación del movimiento de base. Al igual que el concepto de
“derecho a la ciudad”, según Andrej Holm, el instrumento de decisión popular
parecía “susceptible (…) de asociar varias iniciativas bastante marginales
bajo el techo común de una confluencia mayoritaria”.

Desde 2013, el movimiento había favorecido, en particular por su dimensión
legal, la interacción de un conjunto muy disperso de colectivos y
movimientos, dando pie a un debate en el que las reivindicaciones de
dignidad y derechos sociales se enlazaban con las que se oponen al derecho
de propiedad y al capitalismo neoliberal. S. lo expresa así: “Lo que tiene
de bueno este movimiento es que moviliza a grupos sociales muy diversos.” Es
el mensaje que transmite el documental “Inquilinos rebeldes” (Mietrebellen),
realizado en 2014 por Gertrud Schulte Westenberg y Matthias Coers (militante
de la BMG). Al contar las historias de inquilinos desahuciados o de
pensionistas expulsados de sus centros de día para dejar sitio a la
construcción de viviendas de lujo para veraneantes, sacando a relucir las
iniciativas “Kotti & Co” y “Stop desahucios”, este documental tiene por
objeto mostrar la existencia y la posibilidad de ampliación de un
“movimiento inquilinario” (Mieterbewegung). Subraya asimismo la importancia
de la comunicación a través de páginas web: cada iniciativa tiene una página
o un blog, que van actualizando de forma más o menos regular, y donde
aparecen los vínculos con las páginas de las demás iniciativas.

Esta dinámica de politización lleva, sin embargo, a ciertos activistas de
WBA a declarar que “¡el fracaso (de la iniciativa de decisión popular) es
una oportunidad!”: “Tenemos más razones para confiar en nosotros que lo que
parece”. Y llaman a la ofensiva en este comienzo de año, pero no con los
mismos actores: un movimiento de “resistencia por la base”, al margen del
abrazo opresivo del SPD neoliberal, y que no caiga en las trampas racistas y
nacionalistas de la “cuestión de los refugiados”. La posibilidad de este
tipo de movimiento en la capital de uno de los Estados del mundo más
entregados al establecimiento de un orden económico y político neoliberal
encierra motivos de esperanza y ofrece instrumentos para pensar la
resistencia en nuestras ciudades. 

* Thomas Chevallier es doctorando en ciencias políticas en el laboratorio
Ceraps de la Universidad de Lille 2.

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