Bolivia/ asesinato del viceministro Rodolfo Illanes: Bolivia frente a sí misma [Pablo Stefanoni]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

28 de agosto 2016

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Bolivia

Bolivia frente a sí misma

El asesinato del viceministro Rodolfo Illanes pone a Bolivia frente a la
radicalidad de sus formas de protesta y revive viejos fantasmas de conflicto
social.

Pablo Stefanoni

Nueva Sociedad, agosto 2016

http://nuso.org/

El conflicto entre el gobierno boliviano y los cooperativistas mineros no es
novedoso en su dinámica pero sí en su escala: la brutal muerte de un
viceministro a golpes, luego de ser secuestrado, causó conmoción en un país
acostumbrado a la radicalidad de las protestas sociales. Además, el crimen
pone en duda los avances en la creación de un «Estado fuerte», la meta de
Evo Morales desde 2006: ni siquiera durante la guerra del gas de 2003, que
acabó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se llegó a una agresión
semejante contra un funcionario de tan alto nivel.

Como viceministro de Régimen Interior, y parte del círculo presidencial
desde 2006, Rodolfo Illanes fue a la localidad de Panduro (185 kilómetros de
La Paz) a negociar con los cooperativistas mineros, donde fue retenido y
luego asesinado a golpes mientras caían dos mineros víctimas de la represión
policial para desbloquear las rutas. «Ya no vamos a negociar con él [por el
ministro de Gobierno Carlos Romero], que presente su carta [de renuncia]; si
no, vamos a colgar a su viceministro y yo me voy a encargar», había
declarado a la prensa uno de los líderes mineros en medio de los intentos
del gobierno de retomar el diálogo.

La dinámica bloqueos de caminos-represión- enardecimiento-escalada de
violencia es parte de las luchas sociales en Bolivia. Pero desde su llegada
al poder, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) logró reducir los
conflictos sociales, aunque hubo momentos críticos como las movilizaciones
contra el «gasolinazo» de 2010 o las protestas contra la construcción de una
carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure
(TIPNIS) en 2011. En esa ocasión el Canciller David Choquehuanca fue
«retenido» por los indígenas y utilizado como escudo frente a la policía, no
obstante las cosas no pasaron a mayores. Pero hoy, a diferencia de esos
días, el gobierno enfrenta el desgaste político de la derrota en el
referéndum del 21 de febrero de 2016, con una pérdida significativa de apoyo
en las grandes ciudades. A ello se suma la baja de los precios de los
minerales y menores recursos en el Tesoro.

Estas cooperativas son uno de los tres grandes actores de la minería
boliviana junto con la estatal y la transnacional, y están acostumbradas a
disputar vetas de minerales de manera aguerrida e incluso violenta, como
quedó claro en 2006 con el enfrentamiento entre cooperativistas y mineros
estatales con un saldo de 16 muertos. Sobrevivientes de la crisis de la
minería estatal en los años 80, las cooperativas crecieron bajo todos los
gobiernos, pero lo hicieron en mayor medida en esta década al calor del
aumento de los precios internacionales de los minerales. Los cooperativistas
también participaron del ciclo de luchas populares de los años 2000, y
estuvieron entre quienes impidieron, en Sucre, que asumiera un «neoliberal»
tras la renuncia del presidente Carlos Mesa en 2005. Ya durante la Asamblea
Constituyente lograron que un artículo de la nueva Constitución Política del
Estado (2009) indique que «El Estado reconoce y respeta los derechos
pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter
productivo social».

Hoy los cooperativistas son unos 119.000 trabajadores, frente a 8.000 de la
minería privada y 7.500 de la estatal), aunque su productividad es menor y
su trabajo más artesanal. En un artículo titulado «Cría cuervos», el
exviceministro de Régimen Interior Rafael Puente escribió que «las
‘cooperativas’ mineras no tienen nada de cooperativas; en realidad son
empresas, cuyos dueños son los llamados ‘socios’ (y ni siquiera todos) que
manejan y explotan a una enorme masa de obreros que no tienen ni seguro
social, ni seguro industrial, ni jubilación, ni nada. Y ni siquiera hablamos
de las mujeres y del trabajo infantil».

En efecto, aunque se use la figura de la cooperativa, ello opaca un mundo de
asimetrías y relaciones entre «socios» y peones, además de contratistas y
otros actores. «La cooperación se restringe a la reunión de socios para
acceder al yacimiento que luego parcelan, predominando el trabajo individual
de baja productividad y no la organización del trabajo con base en la
cooperación», señala el investigador Pablo Poveda Ávila en un artículo sobre
la historia del cooperativismo minero.

Una de las razones de las protestas actuales fue, precisamente, rechazar una
ley que permitiría sindicalizarse a los peones de las cooperativas, lo que
es rechazado por los «socios».Otra causa de la radicalización del sector es
el impedimento que tienen para suscribir acuerdos con empresas para operar
sus yacimientos. Y una tercera es la demanda de flexibilización de las
regulaciones ambientales. Por eso, el gobierno los acusa de querer asociarse
a las transnacionales y de ser patrones disfrazados de cooperativistas. No
obstante, eran hasta ahora parte del bloque político y social «del cambio»,
e incluso consiguieron embajadores, diputados y senadores. El primer
ministro de minería de Evo Morales, Walter Villarroel, pertenecía a la
Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y su gestión potenció
el conflicto entre estatales y cooperativistas.

Una cuestión anexa a esta crisis es el uso de la dinamita en las protestas.
Hace unos meses, el gobierno la prohibió, pero más tarde la volvió a
autorizar dado que es parte de la identidad minera. El propio
vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo hace un tiempo a un grupo de
estudiantes de Porco, Potosí, que «Si alguien de aquí a cinco a 10 años
quiere venir a quitar el petróleo, la electricidad, pónganse sus cartuchos
de dinamita y vayan a botarlos a patadas». «La dinamita es la esencia de los
trabajadores, sobre todo de los mineros; con ella podemos enfrentar a los
gobiernos neoliberales», señaló el secretario ejecutivo de la federación de
fabriles, Víctor Quispe, en mayo pasado al celebrar la abrogación del
decreto que prohibía su uso. Y el secretario ejecutivo de la Central Obrera
Boliviana, Guido Mita, también destacó la medida. «¿Cómo se llegó a
recuperar la democracia? Gracias al arma que tenemos los trabajadores en su
conjunto para defendernos de la derecha neoliberal». Pero como se ve con
este conflicto, la minería no solamente remite a las heroicas luchas de los
trabajadores de los socavones –como la Revolución de 1952 o las luchas por
la democracia en los años 70 y 80– sino a las disputas por la renta en un
país fuertemente corporativo y sostenido en una economía extractiva.

Que los cooperativistas sean parte del MAS tampoco es una anomalía. El MAS
es un partido de pequeños productores (más que de comunarios) que incluye a
cocaleros y comerciantes informales («gremiales»), pero en este caso los
intentos oficiales de fortalecer a la minería estatal desataron diversas
tensiones, que culminaron en la escalada actual.Ahora, tras estos hechos
luctuosos, posiblemente el gobierno emprenda cambios más profundos en la
minería. Por lo pronto, se anunció que los cooperativistas ya no contarán
con representación en la Corporación Minera Boliviana (Comibol).

Si bien muchas cosas se modificaron desde 2005, muchas otras permanecieron
con escasos cambios y una de ellas es la dificultad para que los conflictos
sociales puedan procesarse de manera institucional. Al mismo tiempo, la
dinámica del conflicto social boliviano muestra a menudo precariedad estatal
(por ejemplo, un viceministro que va con escasa custodia a negociar con un
grupo radicalizado) junto a una policía que suele ser letal a la hora de
despejar caminos, por una combinación variable entre armamento inadecuado o
escaso, fuerzas policiales insuficienteso temor a sectores sociales a menudo
armados con piedras o dinamita.

Si bien Evo Morales tuvo la autoridad para normalizar en gran medida al
país, sus principales escollos fueron sus propias bases, ese «veto social»
difícil de contrarrestar, más aún que la oposición de derecha a la que pudo
derrotar sucesivas veces en las urnas –y en las calles–. Una ventaja que
contó el gobierno en este caso fue que no se sumaron otros sectores a las
demandas de los cooperativistas, y que estos últimos cosechan escasa
simpatía social. Pero haría mal en leerlo en términos conspirativos en lugar
de abordarlo como un síntoma de un nuevo momento y como una amenaza a
futuro. Otra vez, un conflicto toma el carácter de guerra civil en pequeña
escala, y esta vez con una baja del entorno del Presidente.

Quizás el asesinato de Illanes marque un antes y un después, sin que aún
podamos dimensionar ese «después», es decir la forma en que el gobierno
utilizará este desborde para recuperar iniciativa y poder.

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