Brasil/ violencia de Estado: policía militar y política en el gobierno Temer [Correio da Cidadania - entevista colectiva]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

1° de diciembre 2016

Boletín Informativo

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Brasil

Policía y política en el Brasil de Temer: conversación con especialistas

Gabriel Brito, Redacción

Correio da Cidadania, 25-11-2016

http://www.correiocidadania.com.br/

Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa

¿Hay una ideologización del aparato de represión del Estado? ¿Hay un uso de
la Policía Militar en favor de intereses y proyectos políticos específicos?
Delante de acontecimientos recientes que ya entraron para la historia de la
nación, Correio da Cidadania hizo esas preguntas a especialistas de áreas
diversas. Se trata de una evaluación de la actuación del brazo duro del
Estado y su posible uso político, en medio a un gobierno considerado
ilegítimo por una gran parte de la población.

Y, más allá de un eventual uso político, casi nunca debatido luego de la
redemocratización de los años 1980, los entrevistados ponen en jaque los
procedimientos militaristas del Estado brasilero en las áreas más pobres,
esto es, excluidas del mapa de políticas e inversiones públicas. Al final,
las matanzas de Mogi das Cruzes y Cidade de Deus son apenas dos de una lista
casi incontable.

A continuación, la reflexión de Pedro Serrano, Antônio Visconti, Pablo
Ortellado, Christian Dunker, Guilherme Boulos, Alessandra Teixeira,
Givanildo Manoel y Ana Vládia Holanda Cruz. (*)

-Cree que hay una ideologización del aparato de represión del Estado?

Pedro Estevam Serrano: Lo que existe en Brasil es un estado de excepción
permanente que gobierna los territorios ocupados por la pobreza. Él es
ejecutado por la PM (Policía Militar), más que tropa militar una fuerza de
ocupación territorial, una fuerza autoritaria que suspende la fuerza de las
personas, a título de combatir el enemigo, con finalidad
político-ideológica. Enemigo en el caso es el bandido, a su vez, confundido
en Brasil con la persona pobre. En esos territorios, toda la población, por
ser pobre, tiene sus derechos suspendidos. Tal estado de excepción es
gerenciado por el sistema judicial y la PM. Y buena parte de la sociedad
apoya ese tipo de régimen violento en esos ambientes. Por otro lado, existen
los territorios ocupados por los segmentos incluidos, donde se vive, de
hecho, bajo el estado democrático de derecho. Últimamente, viene ocurriendo
que en los territorios de este estado democrático de derecho, que incluye
líderes políticos, militantes, activistas, además de la población que tiene
condiciones de consumo en general, también se han visto medidas de
excepción. Como dice Agamben, medidas de estado de guerra, que suspenden
derechos y buscan atacar el enemigo, aplicadas en el campo interno. (1)

El impeachment fue una medida de ese tipo. Las protestas que criminalizan
líderes de movimientos sociales también. Los procesos contra Lula son
medidas de ese tipo. O sea, bajo apariencia de proceso judicial se realiza
persecución política. No es el ciudadano que eventualmente se equivoca y
recibe un proceso que respeta la legítima defensa. Son procesos de
apariencia democrática con contenido antidemocrático, pues todo el mundo
sabe de antemano el resultado.

Antônio Visconti: No sé si puedo decir que hay una ideologización de la
Policía Militar. Indiscutiblemente si en los gobiernos militares, en
especial a partir de la ampliación de la competencia de la Justicia Militar
Estadual, que pasó a juzgar todos los crímenes de policías militares en
servicio, hubo enorme condescendencia con la violencia, abarcando hasta el
exterminio de marginales, reales o supuestos. Con el lema de bandido bueno
es bandido muerto y la identificación de la lucha por derechos humanos con
“protección a bandidos”, martillada continuamente en los medios, se tiene
apoyo ostensivo o velado de la población a esa corriente de opinión.

Se consolidó la violencia oficial, el abuso de poder y el desprecio por la
vida de sospechosos, con apoyo mayoritario de jueces, fiscales e incluso de
abogados. Últimamente, asistimos al lamentable recrudecimiento de la
mentalidad policiaca, infelizmente por acción del propio Ministerio Público,
con el uso u abuso de encarcelamientos, muchas veces sin fundamentación y
ahora con la moda de conducción coercitiva, largamente utilizada para llevar
a la Policía o al Ministerio Público a sospechosos y hasta testigos, sin la
necesaria vigilancia del Poder Judicial. El juez Moro fue endiosado y el
rigor de los magistrados ya rigurosos aumentó, pues hoy la sociedad aplaude
entusiasta esos procedimientos arbitrarios. De la delación premiada se usa y
se abusa, quedando la fuerte sensación de que la Policía, Ministerio Público
y Judicial, vía procedimientos arbitrarios, quieren arrancar de los dichos
colaboradores aquello que pueda comprometer a los electos como corruptos. Se
detiene, temporariamente y preventivamente, si no ven la delación, y se
condena a los acusados a penal elevadas, forzando claramente la cooperación
“voluntaria”.

En ese caldo de cultura, no espanta que la Policía Militar se exceda
regularmente en el uso de la fuerza, para lo que también contribuyó el
comportamiento de ciertos manifestantes, fácilmente manipulables por agentes
provocadores. Es un panorama triste, sobre porque nadie, Poder Público o
sociedad, se preocupa con los abusos represivos, como lo ilustra
escandalosamente un sistema penintenciario deshumano y fomentador de la
criminalidad, aceptándose con naturalidad que organizaciones criminales,
nacidas dentro de los presidios, asuman el control de los mismos, cobrando
obviamente un alto precio por la preservación del orden en las prisiones.

En fin, hay todo un contexto de violencia y tolerancia con la violencia, que
evidentemente se reflejará en la represión a las manifestaciones. Se hace
necesario buscar nuevas formas de protesta, que precisan ser
obligatoriamente pacíficas, de modo de inhibir la represión policial
violenta. Esperar que el Poder Público discipline a la Policía es ya una
quimera, incluso porque no hay una cadena de mando dispuesta a respetar a
las personas.

Pablo Ortellado: En lo tocante a la acción en protestas, en el estado de San
Pablo por lo menos, no tengo ninguna duda de que la acción es políticamente
dirigida. Eso ya era claro en el padrón de incumplimiento de los protocolos
internacionales e incluso de los protocolos internos de la Policía Militar
en las acciones en manifestaciones. Pero desde que comenzaron las
manifestaciones pro-impeachment, que eran alineadas con los intereses del
gobierno del estado, el doble padrón evidenció de forma definitiva el cariz
político.

Cristian Dunker: Precisamos de una Policía sin Partido. La policía paulista
todavía no aprendió a hablar, y el habla es la primera y el mejor sustituto
simbólico de la violencia. Cuando interpretamos la violencia como ilegítima,
se genera pérdida y no aumento de autoridad. Es lo que viene ocurriendo con
nuestra policía: ella está perdiendo autoridad, por eso tiene que reaccionar
con más y mayores manifestaciones de poder. Tal violencia es peligrosa, pues
es practicada por quien siente que está perdiendo poder. Es la violencia de
los cobardes y de los impotentes. Es la violencia que tranca puertas del
metro para crear confusión y justificar violencia. Que detiene manifestantes
usando golpes como pretexto. Que dispara para intimidar.

Es como el marido que llega borracho a la casa, no consigue mantener su
potencia sexual y agrede a la mujer porque cree que ella lo está haciendo
perder autoridad, ella que se ríe de él, ella que lo traiciona. Una policía
que practica el desorden que aparentemente quiere combatir. Nuestra policía
precisa dejar de ser la expresión viva de nuestro resentimiento social. El
vehículo y el camino por el cual aquellos que un día fueron oprimidos
tornándose opresores.

Guilherme Boulos: En verdad siempre existió. No es de hoy que el aparato
represivo del Estado sirve a las finalidades políticas e ideológicas y más
propiamente a finalidades de clase. La policía históricamente actúa de forma
selectiva, dependiendo de la clase social y, sobre todo, para defender la
propiedad. Lo que viene aconteciendo en el último período de una escalada
represiva de las policías, es nada más que la intensificación de algo que
siempre existió y está en la naturaleza de este modelo de seguridad.

Alessandra Teixeira: La Policía Militar fue creada en el período de mayor
represión de la dictadura militar, en 1969, como una institución ambivalente
para actuar en la entonces llamada “seguridad nacional”, o sea, en la
represión política generalizada, y al mismo tiempo en la “seguridad
pública”, en la represión al delito común. Ella sirvió de modo explícito
desde su creación al proyecto de la dictadura, como el brazo armado,
violento y necesario a un régimen autoritario. Con la redemocratización, el
hecho de su no extinción y su incorporación al texto constitucional y
reconocimiento como institución policial autónoma, trajo contradicciones
profundas a la noción de seguridad pública en un orden democrático, cuyo
padrón de violencia exacerbada, falta de transparencia y, lo más serio, la
alta letalidad de civiles que ella promueve son las expresiones más
dramáticas de esas contradicciones.

La cuestión es preguntar si una institución que ya nació para garantir un
proyecto autoritario, como la PM, en algún momento estuvo exenta de esta
“ideologización”, o sea, si en algún momento dejó de servir a fines
políticos. Yo creo que la respuesta es no, sin embargo, esto es lo más serio
y problemático, en la medida que tal proyecto político se distancie cada vez
más de un Estado democrático.

De ese modo, el momento actual ha sido emblemático. Asistimos a la violación
clara de las reglas democráticas a través de una especie de golpe
parlamentario. El gobierno que se estableció, carente de legitimidad,
recurre al aparato represor, en una concatenación entre el Ministerio de
Justicia (gobierno federal) y las policías militares de los estados, para
reprimir violentamente las manifestaciones populares de protesta. Esa
represión atiende claramente a una nueva orientación de uso descontrolado e
ilegal de la fuerza, además de técnicas también ilegales y bastante caras al
régimen militar, como el uso del espionaje y de las detenciones en
averiguación, práctica esa, además, que jamás encontró respaldo legal en
nuestra historia jurídica.

Givanildo Manoel: La PM desde su fundación y configuración jurídica tuvo el
claro propósito de imponer la ideología de la burguesía. Fruto de la
Doctrina de la Seguridad Nacional, instituida como brazo auxiliar del
ejército y receptora de la Doctrina del Enemigo Interno originaria de la
Alemania nazista, la PM se constituyó como órgano político de control de la
clase trabajadora, presente en los momentos que el régimen burgués necesita
del uso de la fuerza, para amenazar, criminalizar y matar. Así, impone su
hegemonía y garante que sus intereses no sean afectados.

No fue en vano que es su constitución jurídica (1969), la PM fue autorizada
a matar, a través del subterfugio jurídico del auto de resistencia,
justificativa utilizada desde entonces, hasta convertirse en la que más mata
en el mundo. La violencia de la PM también fue encubierta por el manto de
los intereses de la propia corporación, que pasó a ser responsable por los
juzgamientos de los casos de violencia de sus miembros, lo que posibilitó el
no responsabilizar los actos violentos practicados por los policías
militares.

En los llamados años democráticos, no hubo reforma de la PM para remover de
raíz tal doctrina y estructura, manteniendo toda la estructura autoritaria
y, evidentemente, indicando que su acción violenta continuaría, a fin de
impedir que la seguridad pública no se sometiese a los intereses de la
mayoría y, sí, de una pequeña minoría. El hecho es que luego del proceso de
“redemocratización”, la violencia practicada por a PM no se redujo ni
finalizó, al contrario, aumentó de forma vertiginosa, asusta al mundo por su
profundidad, lo que ha preocupado hasta la ONU, a punto de recomendar a
Brasil la desmilitarización de la PM, considerada motivo de agravamiento de
la violencia policial.

Ana Vládia Holanda Cruz: Si. La insistencia del Estado en responder con
violencia a los diversos desdoblamientos de las contradicciones
económico-sociales no es un hecho nuevo. De la condenación anticipada en la
periferias, con record mundial de letalidad, la represión reduce las
posibilidades de participación política, sobre todo por medio de la
criminalización de las protestas; el uso de las fuerzas de seguridad ha sido
una constante desde que las Policías Militares salieron de sus cuarteles y
fueron lanzadas a las calles con el objetivo de hacer patrullaje ostensivo y
mantener el orden público. Habría que preguntarse: ¿qué significa la
“garantía de la ley y el orden” en una sociedad extremamente desigual?.

La función conservadora o de control social, que se suma a las funciones
formalizadas en la Constitución de 1988 para los órganos de seguridad,
corresponde a la producción y utilización de conocimientos, tácticas y
estrategias para la construcción de la hegemonía y para la sumisión forzada
de aquellos que no se integran a la ideología y a los proyectos políticos
dominantes.

-Considera que hay un uso de la Policía Militar en favor de intereses y
proyectos políticos específicos?

Pedro Estevam Serrano: Creo que existe acción en favor del interés dominante
de Brasil, que puede o no identificarse con partidos, lo que en este caso no
interesa. Hablo del interés de una elite que directa o indirectamente vive
del rentismo y, para mantener sus privilegios de elite (mucho mayores de que
cualquier elite europea o norteamericana), precisa mantener a la población
pobre bajo control. Y el control más brutal y medieval posible: físico.

Se mantiene a la población incluida bajo control simbólico, de modo que
aquel que se rebela contra el estado de cosas por un sentimiento de
solidaridad o causa de género tiene la imagen destruida; en cuanto a la
población pobre es físicamente destruida se contesta o se rebela. La PM es
la encargada del control físico, cuya finalidad es obviamente política e
ideológica, de mantenimiento del status quo, en el caso la dominación del
capital financiero sobre la sociedad, inclusive sobre el capital productivo.


Antônio Visconti: No tengo elementos para afirmar que hay una manipulación
de la Policía Militar por ocupantes del poder, no obstante, ahí está la
articulación del impeachment de la ex presidenta para mostrar una
conjugación de poder político, económico y mediático, con decisiva
cooperación de gente del Ministerio Público y del Poder Judicial. Por tanto,
todo es posible. Lo peor es la fuente de corrupción de un Legislativo
desmoralizado y productor de una mentalidad peligrosamente desligada de la
actividad política, vista como ejercicio de corrupción, lo que promueva la
abstención electoral y el consiguiente agravamiento de la pésima calidad de
la representación, en la medida que deja el campo abierto para aventureros y
oportunistas.

En fin, tenemos una larga y ardua batalla por delante y la reforma política
que al menos disminuya esos problemas es una necesidad permanente. Hay que
encontrar caminos para restablecer de alguna manera la representación, sobre
todo en el Legislativo, porque los representantes son elegidos sin ningún
criterio por los electores, que no le perciben la importancia.

Pablo Ortellado: En las manifestaciones, que contrarían el interés del
Estado, la acción de la policía siempre oscila entre tres comportamientos:
una acción represiva muy violenta, cuando el gobierno juzga que es necesario
asustar o simplemente castigar un determinado movimiento de protesta; una
acción muy republicana, siguiendo todos los protocolos, con la vigilancia a
distancia o con policías desarmados, normalmente después que una acción
violenta tuvo mala repercusión pública; y, desde las protestas
secundaristas, otra forma de acción, que es la vigilancia sin represión
violencia inmediata, pero con una presencia agresiva y ostensiva durante
todo el trayecto, para generar tensión, cansancio y desestimular la
continuidad del movimiento.

Esos tres padrones obviamente contrastan con la acción en manifestaciones
alineadas con el gobierno, donde el padrón es una vigilancia discreta y a
distancia.

Christian Dunker: La acción de la policía, desde el conteo de participantes
en manifestaciones hasta las muertes de negros, adolescentes de periferia,
ha sido parcial y tendenciosa. La formación de los policías precisa ser
revisada. El maleficio heredado por su militarización histórica, nunca fue
realmente modificada para los nuevos tiempos. Hoy ella se reduce a obedecer
silenciosamente el poder jerárquico de los superiores, que ejercen con
tiranía y gusto por la humillación. ¿Qué otra práctica podría esperarse sino
una desautorización de sí misma?

Guilherme Boulos: Claro que hay. Si pensamos en la coyuntura del país, y se
precisa ver a largo plazo, basta con mirar la forma como la PM,
particularmente aquí en San Pablo, trató las manifestaciones por el
impeachment de Dilma y la forma en como trata las manifestaciones de los
sectores populares y de los movimientos sociales. Hay un abismo. En una de
ellas el espectáculo de la democracia, el show, y la tropa de choque
tomándose fotos con los manifestantes; en la otra los tiros, la bombas
lacrimógena, los golpes.

Eso tiene que ver, evidentemente, con quien gobierna, quien comanda, en el
caso del gobierno estadual y las preferencias políticas del gobernador. En
el último período, eso se agravó todavía más con la llegada de Alexandre de
Moraes al Ministerio de Justicia. Desde allí él comanda a la policía del
estado San Pablo.

Alessandra Teixeira: En el caso de la violencia policial en las protestas,
es clara la actuación de la PM según una orientación política precisa. A
partir del 31 de agosto, cuando el impeachment se confirmó, la PM cambia su
estrategia de actuación en las protestas, pasando a la acción de modo activo
(y no reactivo) contra los manifestantes, recurriendo a las armas y técnicas
de investida bélica contra la población civil. Su accionar en San Pablo,
sobre todo en los días 31 de agosto a 4 de setiembre, comprueban las
afirmaciones, y fueron ampliamente documentadas por ciudadanos y divulgadas
en redes y medios sociales, que están, con todo, al margen de los grandes
medios que cubren tales violaciones.

En esas grabaciones se muestra la investida de diferentes PMs contra
manifestantes que caminan pacíficamente, sin armas o piedras, y esa
investida ocurre no apenas por el uso de armas llamadas “no letales”, que
venían siendo utilizadas comúnmente en esas ocasiones (bala de goma, gas
pimienta, bastones, gas lacrimógeno), sino de granadas que al explotar
disparan fragmentos cortantes, promoviendo un gran número de heridos
gravísimos (como la universitaria que perdió la visión) y graves, y todos
ellos con cortes en el rostro (como la jueza Kenarik Boujikan, herida en el
superciliar por fragmentos de una granada lanzada a más de 200 metros) o
miembros superiores e inferiores. Los atropellamientos con autos y motos de
la PM a individuos que corrían desarmados también fueron registrados.

El Ministerio Público, órgano encargado de realizar el control externo de
las policías por la Constitución de 1988, además de ser el único competente
para proponer acción penal, jamás asumió ese papel, como bien se ha
demostrado, ha tenido una completa condescendencia con la violencia
policial. Esa condescendencia equivale, a mi entender, a los actos
institucionales de suspensión de derechos y garantías constitucionales
emitidos por el régimen militar (sobre todo el Acta Institucional-5),
comprometiendo el ejercicio de derecho y garantías fundamentales como la
libertad, la libre manifestación y hasta la vida de los ciudadanos,
estrategia bastante cara y necesaria en regímenes dictatoriales.

La novedad, en tanto, es que no precisan recurrir a instrumentos que
suspenden o interrumpen de modo expreso el orden democrático.

Givanildo Manoel: Pienso que no es solo la actuación de la PM. Desde el fin
de los años ’90, tal proceso está asociado a la estructuración de la
violencia de Estado, frente a la posibilidad de que la clase trabajadora se
organice contra la ofensiva que le quita derechos, prevista en el recetario
neoliberal, lo que va desde el ataque a los derechos laborales y
previsionales hasta el proceso de privatización y precarización de las
políticas sociales, como educación, salud y asistencia social.

La primera acción del Estado fue en 1999, con la reorganización del aparato
de información, a través de la institución del Sisbin (Sistema Brasilero de
Inteligencia), que articula 37 órganos del gobierno federal, unifica las
informaciones, trae elementos de la Garantía de la Ley y del Orden y la
asimilación de las doctrinas de seguridad pública estadunidense de guerra al
terror. De allí se originan la política de seguridad de “tolerancia cero”,
la creación de la Fuerza de Seguridad Nacional y, por fin, la ley
antiterrorista, que en su subjetividad posibilita que haga una libre
interpretación del terrorismo.

Tales acciones del Estado convirtieron imprescindible el operador cotidiano,
que es la PM, que ya domina lo cotidiano, estructuró una red que facilita su
actuación. Su red va desde actores que no hacen parte del Estado hasta la
utilización de personas infiltradas, en movimientos y manifestaciones,
espiando la libre asociación y el derecho a la manifestación.

Ha sido así, no existe el debate democrático, ya que a un sector expresivo
de la población le fue impedido expresar la totalidad de la dimensión de su
contrariedad con lo que viene ocurriendo en los últimos años, pues ha sido
espiado, criminalizado y ha sufrido la violencia del Estado. Además de saber
las acciones de los movimientos, lo que legalmente no debería saber, pues
viola el derecho a la manifestación política, el Estado también ha sido el
agente provocador de la violencia.

Lo que podemos concluir es que es Estado no atiende los intereses de la
mayoría de la población y para eso ha creado leyes que estimulan la acción
cada vez más violenta de los aparatos de represión, como la PM. Por tanto,
podemos afirmar que, sí, la PM tiene en su estructura la jerarquización y el
adoctrinamiento militar y es un instrumento de afirmación de un proyecto una
clase en el capitalismo.

Ana Vládia Holanda Cruz: El entrenamiento de las PMs no está enfocado en la
garantía de derechos. Muy por el contrario, la cultura institucional es
guidada por una lógica de guerra que transforma las calles en campos de
batalla, criminaliza la condición de pobreza y los movimientos sociales y
transforma cuestiones de salud, como el consumo y la dependencia de drogas,
en asunto militar.

En una perspectiva macro-sociológica, se puede afirmar que el intenso
proceso de militarización de la seguridad (sentida en el recrudecimiento de
los mecanismos de represión, hiperencarcelamiento, ampliación de las penas,
llamados a la reducción de mayoridad penal y el armamento de las guardias
municipales, para citar algunos ejemplos) compone la lógica de gestión penal
de la desigualdad, en sintonía con otros órganos de la política criminal
(incluido el sistema judicial).

Preocupante, todavía, el crecimiento de la llamada “bancada de la bala” (2),
con sus discursos de odio que disputan el imaginario social por medio de la
apelación punitiva, que cuentan con fuerte y peligrosa contribución de los
programas policíacos en horas pico de la TV abierta, una narrativa racista e
higienista para lidiar con la conflictividad social.

* Los especialistas consultados:

Pedro Serrano, abogado, masters y doctor en Derecho del Estado;

Antonio Visconti, procurador del Estado jubilado;

Pablo Ortellado, filósofo y profesor de la USP (Universidad de San Pablo),
autor del libro 20 centavos: la lucha contra el aumento;

Christian Dunker, sicoanalista es autor de Mal-estar, sufrimiento y síntoma:
la sicopatología de Brasil entre muros;

Guilherme Boulos, coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo
(MTST);

Alessandra Teixeira, abogada y socióloga.

Givanildo Manoel, activista de derechos humanos y miembro del Tribunal
Popular-el Estado en el banquillo de reos, es editor del libro
Desmilitarización de la Policía y de la Política-Una Respuesta que Vendrá de
las calles;

Ana Vládia Holanda Cruz, doctora y masters en Sicología Social, actuando en
Derechos Humanos y Sicología en la Interface con la Justicia.

Notas de Correspondencia de Prensa

1) Giorgio Agamben, Estado de excepción (Ada Hidalgo editora, Buenos Aires,
2004)

2) Conformada por ex militares, torturadores, comisarios policiales y
parlamentarios ultraderechistas. Promueve el “derecho natural” a la
“autodefensa individual” como forma de preservar la vida propia y ejercer
“el derecho constitucional en defensa del hogar y la familia”. El diputado
Jair Messias Bolsonaro (Partido Progresista), electo por Río de Janeiro, es
el principal exponente de esta “bancada de la bala”.

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