Uruguay/ más leyes represivas, pobreza infantil, impunidad latente [Natalia Uval - Serpaj]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de diciembre 2016

Boletín Informativo

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Uruguay

Informe anual de Serpaj advierte que el Parlamento sigue “sancionando leyes
de corte represivo”

Natalia Uval

La Diaria, Montevideo, 13-12-2016

http://ladiaria.com.uy/

El Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj) presentará hoy su informe anual.
La organización de derechos humanos advierte en la introducción del
documento que, si bien en los últimos años bajó la pobreza, la brecha entre
los barrios más ricos de Montevideo y los más pobres ha aumentado,
fundamentalmente en materia educativa. Recuerda que casi 50% de los niños
viven en los hogares más pobres y que la desigualdad “sigue siendo una de
las cuestiones más difíciles de revertir, en todas sus dimensiones”. El
informe agrega que la preocupación fundamental de casi 60% de los uruguayos
desde hace más de diez años es la seguridad, y que respecto de este tema, el
sistema político “continúa sin dar una discusión profunda e integral” y
sigue ejecutando “medidas cortoplacistas” que no han logrado ser efectivas
ni en términos de disminución de los delitos ni en materia de opinión
pública.

“Nuestro parlamento continúa sancionando leyes de corte represivo, que
implican un retroceso en materia de Derechos Humanos, optando nuevamente por
el endurecimiento de penas y el encarcelamiento como única solución posible
a los conflictos que se desarrollan en nuestra sociedad. El sistema
carcelario se encuentra en una situación crítica, donde salvo alguna
excepción sólo ofrece encierro y hacinamiento”, sostiene la organización en
su informe. Recuerda que este año se registraron 32 muertes en el sistema
carcelario.

El informe contiene artículos de distintos autores sobre temas también
diversos: inclusión social, economía, salud mental, acceso a la información,
cuidados, aborto, violencia policial, justicia y verdad en relación a los
crímenes de la dictadura.

Un artículo de la socióloga Lucía Vernazza, denominado “Populismo punitivo
en Uruguay: discursos y políticas de los gobiernos de izquierda 2005-2014”
concluye que hubo un “viraje drástico” entre el primer y el segundo gobierno
del Frente Amplio (FA) (1). Por ejemplo, Vernazza sostiene que cambió la
concepción sobre los efectos del aumento de penas. Mientras que en el primer
gobierno hubo sólo un proyecto de ley destinado a aumentar penas (ley sobre
violencia en el deporte, N° 17.951), en el segundo período hubo por lo menos
cinco: agravantes en las penas para los funcionarios públicos, y para el
tráfico de pasta base y cocaína (Ley N° 19.000); la modificación de los
artículos 72 y 76 del Código de la Niñez y Adolescencia que establecen una
pena mínima de un año para delitos gravísimos (Ley N° 19.055); la ley de
faltas en espacios públicos (Ley N° 19.120); la ley que tipifica como delito
la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas (Ley N°
19.205) y la tipificación del delito de tráfico de armas (Ley N° 19.247).

Hay también giros discursivos en este campo: mientras que la ley de
humanización carcelaria de 2005 se refiere a la ley de seguridad ciudadana
de 1995 “como un ejemplo de inflación legislativa ineficaz y propone derogar
algunas de sus disposiciones penales”, la ley de emergencia carcelaria de
2010 menciona esta misma ley como un intento de encontrar “paliativos” a la
emergencia carcelaria, advierte Vernazza. Al mismo tiempo, mientras en el
primer período del FA hay referencias a la necesidad de una reforma en
materia carcelaria por un tema de respeto a los derechos humanos, en el
segundo período de gobierno se considera que la reforma carcelaria es
necesaria por una cuestión de seguridad pública.

Durante el segundo período, a diferencia del primero, las autoridades del
Ministerio del Interior no registran “referencias a los pobres como motor de
las políticas o como víctimas de una política criminal equivocada”. Y
también a diferencia del primero, los adolescentes empiezan a ocupar un
lugar recurrente en los discursos. “Durante el primer gobierno del FA, sólo
pueden encontrarse unas pocas menciones al tema, mientras en el segundo
gobierno, el tema de los adolescentes infractores cobra absoluto
protagonismo, y es el propio ministro [Eduardo Bonomi] quien lo coloca
constantemente en los medios”, señala Vernazza. En el segundo período, en
línea con esta concepción, se propone el endurecimiento de la legislación
punitiva para los adolescentes -el registro de antecedentes, la pena mínima
de un año para los delitos considerados gravísimos y la posibilidad de un
juicio abreviado- que “violentan los tratados de DDHH de la infancia y
especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño”, advierte Vernazza.

La autora concluye que mientras la gestión de José Díaz (Partido Socialista)
al frente del Ministerio del Interior (2005-2007) se caracterizó por su
“énfasis en la rehabilitación, por su idea de reservar y acotar la cuestión
penal, por su creencia en el conocimiento empírico como guía para la acción,
por su referencia a las ‘raíces sociales’ como causa principal del delito y
por su constante alusión al Estado como garante de la seguridad y el
castigo”, la gestión encabezada por Eduardo Bonomi (Movimiento de Liberación
Nacional-Tupamaros) “presenta características relacionadas al
‘neoliberalismo penal’” y se caracteriza por “la pérdida del conocimiento
experto en la definición de la política, por la politización de los
argumentos, por el aumento de la punitividad, por las referencias a un
enemigo común y por sus señales a una opinión pública que reclama más
seguridad”. Sin embargo, pese a este “viraje drástico” de las políticas y
los discursos, no hubo mejoras ni en términos de indicadores de delitos ni
en términos de hacinamiento carcelario, y tampoco respecto de la percepción
de la opinión pública, indica la autora.

Todavía esperamos

Otros artículos del informe refieren a la persistencia de la impunidad de
los delitos cometidos por la dictadura. Por ejemplo, un artículo firmado por
el periodista Roger Rodríguez recuerda que en 30 años desde el retorno a la
democracia, sólo se han judicializado 304 causas y “apenas se procesó a 30
militares, policías o civiles, de los cuales nada más que 14 permanecen en
una prisión” (ver recuadro).

En un artículo firmado por la licenciada en Ciencia Política Manuela Abrahan
se analiza la actuación del Poder Judicial en dictadura. Se señala que en
esta etapa “el Poder Judicial fue desplazado en varias ocasiones por la
Justicia Militar” y luego “fue mediado por el Poder Ejecutivo creando un
Ministerio de Justicia”, todo esto “sin desmantelar la estructura
preexistente”. Algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
fueron destituidos pero otros permanecieron en sus cargos durante la
dictadura.

Abrahan menciona una acordada de la SCJ de 1975 que establece que “la
liberación de aquellas personas presas en establecimientos militares con
anterioridad a abril de 1972 -que por lo tanto habían tenido actuación de la
justicia ordinaria- debía ser avalada por la Junta de Comandantes en Jefe”.

En cuanto al avance de las causas por violaciones a los derechos humanos en
dictadura, la investigadora concluye, en la misma línea que Rodríguez, que
“parece haberse pasado de una impunidad legal, representada por la vigencia
de la ley de caducidad hasta 2011, a una impunidad fáctica por los
obstáculos presentes para el avance de las causas, que arroja como resultado
que de hecho no se avance en justicia”.

En otro artículo, firmado por Abrahan y Mariana Risso, integrante del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, las autoras se preguntan si
es válido que la Universidad de la República (Udelar) siga colaborando con
el Poder Ejecutivo en materia de información y búsqueda de los
desaparecidos, cuando “hay elementos para concluir que es limitada la
voluntad política para profundizar acciones en materia de verdad, justicia y
reparación”. “Es importante ser conscientes de que la Udelar en los últimos
diez años, al acompañar las diferentes acciones, impulsos y frenos de los
sucesivos gobiernos, no solamente realiza una colaboración técnica, sino que
legitima procesos, expectativas y resultados”, advierten. Y sostienen que la
política del gobierno en la materia es “insuficiente y restrictiva en el
acceso a la información”.

Impunidad judicial

De los casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura que se
judicializaron en los últimos 30 años, 63% no pasó de la etapa del
presumario. Solamente 30% llegó a algún tipo de definición, y 80,5% de esas
decisiones judiciales consistieron en archivar la causa. Sólo 2% de los
procesos alcanzaron una sentencia de primera instancia.

Nota de Correspondencia de Prensa

1) El primer gobierno del FA (2005-2010) presidido por Tabaré Vázquez; el
segundo (2010-2015) presidido por José Mujica.

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