América del Sur/ Corrupción y extractivismos: mutuamente asociados [Eduardo Gudynas]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

23 de diciembre 2016

Boletín Informativo

redacción y suscripciones

 <mailto:germain5 en chasque.net> germain5 en chasque.net

  _____

América del Sur

Corrupción y extractivismos: mutuamente asociados

Eduardo Gudynas *

Rebelión

http://www.rebelion.org/

Los casos de corrupción han proliferado en toda América del Sur, y casi
siempre la mayor atención está puesta en los políticos implicados o los
grandes volúmenes de dinero manejado. Pero detrás de esas noticias existe
una particularidad más que llamativa: buena parte de los casos de corrupción
están relacionados directa o indirectamente con los extractivismos minero,
petrolero o agrícola. Dicho de otro modo, se observa que allí donde hay
aprovechamientos muy intensivos de recursos naturales, con todos sus
impactos sociales y ambientales, es mucho más probable que opere la
corrupción. Estamos ante una íntima relación entre extractivismos y
corrupción, y ese es otro de los aspectos negativos de ese tipo de
desarrollo.

La evidencia es abrumadora. En Brasil siguen avanzando las investigaciones,
con 118 personas detenidas, incluyendo políticos y empresarios destacados, y
se estima que desde la petrolera estatal Petrobras y las empresas de
construcción se desviaron unos 1 895 millones de dólares. Ecuador no ha
escapado a esa problemática, y sigue su marcha la investigación de una
extendida red de corrupción vinculada a los negocios de la petrolera estatal
Petroecuador, que involucran a gerentes y un ministro. El impacto en los
medios de prensa internacionales del hallazgo de sobres con decenas de miles
de dólares escondidos en un cielorraso, se igualó con el caso argentino de
los bolsos de dinero que se intentaban esconder en un convento. En Venezuela
se han indicado casos de corrupción en el sector petrolero y en el minero,
sin olvidar que también fue un factor en los asesinatos de meses atrás para
controlar yacimientos de minerales en el sur del país. En Argentina
prosiguen las indagaciones, que incluyen, por ejemplo, negocios fraudulentos
con la importación de gas natural.

En todos los países, en todos los sectores

Una investigación que hemos realizado desde CLAES (Centro Latino Americano
de Ecología Social), que está en su etapa final, ya permite señalar algunas
conclusiones. La primera es que en todos los países sudamericanos se han
identificado casos de corrupción que envuelven a los extractivismos. No se
han salvado ni siquiera las dos naciones que exhibían los mejores registros
de transparencia ante la corrupción, que son Chile y Uruguay.

En el primer país se sufren varios casos. Por ejemplo, en el sector minero,
la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), enviaba dinero a
legisladores por medio de consultorías ficticias, y con ello, entre otras
cosas, logró que se votara una reforma tributaria que le fue ventajosa. El
caso SQM es impactante por su duración en el tiempo y por haber involucrado
a todos los partidos presentes en el parlamento. En el sector pesquero, la
empresa Corpesca también logró ventajas gracias a pagos a legisladores y hay
un proceso legal por corrupción y fraude en marcha. En Uruguay, aunque los
casos investigados son de una escala mucho menor, de todos modos son
significativos. Su petrolera estatal, ANCAP, está siendo investigada por
sobrecostos, y ya se han confirmado casos de corrupción en su sector de
minería de calizas.

La segunda, es que se han encontrado casos de corrupción para todas las
variedades de extractivismo: minero, petrolero, forestal, agrícola y
pesquero. En los dos primeros tipos son frecuentes situaciones que
involucran corrupción en el acceso a áreas de exploración o explotación,
tráfico de influencias para obtener ventajas tributarias, sobrecostos de
operación o triangulación con otras empresas para captar dinero,
ocultamiento de los impactos sociales y ambientales, cobertura a los que
criminalizan o agreden a las comunidades locales, etc. Situaciones similares
se repiten con los permisos forestales o pesqueros.

En la agricultura intensiva se repiten problemas parecidos con el acceso a
las tierras y los permisos de deforestación, la cobertura dada a mafias que
están involucradas en el tráfico ilegal de madera, o las redes que ocultan o
impiden investigar o sancionar la contaminación por agroquímicos.

Un tercer aspecto es que la corrupción está presente bajo muy distintos
regímenes de propiedad en el acceso y extracción de los recursos naturales.
Nos encontramos, otra vez, con grandes empresas extranjeras envueltas en el
pago de sobornos u otros hechos similares, pero lo mismo aparece en empresas
mixtas estales – privadas (como Petrobras de Brasil) o estatales (como PDVSA
de Venezuela o PetroEcuador en Ecuador, y que en ambos casos fueron
admitidas por los propios gobiernos). La esperanza que las empresas
nacionales, controladas por el Estado, fueran inmunes a la corrupción
extractivista se ha derrumbado.

Recordemos aquí que el concepto de extractivismo no es exactamente un
sinónimo, por ejemplo de minería o agricultura. En efecto, esa idea se
refiere a los casos particulares de apropiación de recursos naturales pero
en grandes volúmenes o por procedimientos intensivos de altos impactos
ambientales, para exportarlos como materias primas. Se alude a casos
específicos como la megaminería a cielo abierto, las perforaciones de gran
profundidad de las petroleras, el fracking, o los monocultivos de
transgénicos.

Precisemos también que estas conclusiones y las que siguen, no quieren decir
que todos los emprendimientos extractivistas estén envueltos en
corrupciones. Sin duda hay muchos casos donde eso no se ha podido demostrar.
Lo que aquí se pone en evidencia son tendencias sectoriales al quedar en
claro que no hay ninguna forma de este tipo de apropiaciones de los recursos
naturales que sea más inmune al dinero que fluye desde la corrupción.

Contextos políticos y sociales

Un cuarto aspecto es que la actual corrupción extractivista mantiene esos
conocidos componentes de algunas personas ambiciosas que desean llenar sus
bolsillos. Pero a ello se suma su papel como vía de financiación de partidos
políticos, como muestran por ejemplo distintos casos en Bolivia y Brasil con
los partidos políticos gobernantes, y en Chile, con casi todos los partidos
que tenían representación parlamentaria. El caso chileno con SQM involucró a
4 candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados y dos ministros en el
gobierno Piñera, y siete partidos políticos recibían sus dineros. De esta
manera, el sistema político queda comprometido por esa corrupción ya que
ella cumple un papel de proveedora de dineros especialmente para las
campañas de publicidad, actos y otros apoyos partidarios similares.

A su vez, los promotores de proyectos mineros apelan a ella para implantar o
proteger sus actividades. Encuentran allí una de las pocas vías para forzar
aprobaciones, asegurarse concesiones, impedir controles efectivos u ocultar
irregularidades diversas, desde derrames a la criminalización de comunidades
locales.

Una quinta particularidad es que esta asociación entre extractivismos y
corrupción afecta a todo tipo de actores, tal como surge de sistematizar los
participantes en todos los casos conocidos. Nadie está a salvo. Es evidente
que están involucrados políticos y empresarios, y con ellos de funcionarios
estatales, personas en el poder judicial, policías y militares, e incluso
consultores. Además hay situaciones con la participación de periodistas, por
ejemplo cayendo en criminalizar la protesta local ante la megaminería (como
ocurrió alrededor del proyecto megaminero Tía María en Perú).

Pero la corrupción también ha alcanzado a organizaciones de la sociedad
civil, como pueden ser líderes locales, o grupos campesinos o indígenas. En
Perú sigue presente en la memoria los reportes periodísticos sobre las
“lentejas” (un eufemismo para dólares) que un dirigente local pedía a cambio
de detener una protesta ciudadana.

Sin embargo es más alarmante, y tal vez más triste, la situación que
involucra a líderes indígenas en Bolivia que manejaban un fondo que se
nutría de los impuestos sobre los hidrocarburos. Un reporte que se acaba de
presentar afirma que el daño para el Estado es de aproximadamente 78
millones de dólares (el presidente Evo Morales lo ha estimado en el pasado
en unos 2 millones de dólares). No estamos frente a empresarios o políticos
envueltos en la corrupción, sino ante líderes de base, representantes de
organizaciones indígenas y campesinas, que quedaron atrapados en esas redes.


Esta es una de las conclusiones más graves de nuestra investigación. La
corrupción de los extractivismos también está erosionando algunas
organizaciones de la sociedad civil. Son tan enormes las cantidades de
dinero alrededor de proyectos extractivistas y tan pobres muchas de las
comunidades que viven allí donde están esos recursos naturales, que se crean
abismales asimetrías de poder. Las expectativas de remontar la pobreza
local, por cierto muy comprensibles en muchos casos, pero también las
miserias humanas, hacen que poco a poco penetre la racionalidad del mercado,
y con ella la corrupción.

Los extractivismos dejan también en claro la diversidad de expresiones en la
corrupción. Usualmente se la concibe como sobornos o dádivas de algún tipo
para conseguir una ventaja. Pero en realidad el concepto de corrupción es
más amplio ya que se refiere a los casos donde se recibe una contrapartida,
que puede ser en dinero como en otras formas (por ejemplo, conseguir un
cargo en el gobierno o en una empresa), y que explica actos ilegítimos que
se apartan de las normas, que por lo tanto son ilegales o alegales. La
ilegalidad implica violaciones del marco legal, como pueden ser leyes o
decretos; la alegalidad se refiere a hacer trampas aprovechando los huecos
que hay en nuestra legislación para obtener ventajas que claramente son
contrarias al espíritu de las normas. Posiblemente las alegalidades más
conocidas sean las trampas tributarias que hacen las empresas extractivistas
para reducir los pagos de impuestos (como se ha demostrado en Perú, Chile y
Colombia).

Esto desemboca en muy distintas formas de corrupción, y una vez más, en
todas ellas se pueden observar casos asociados a los extractivismos. Se
pueden señalar al cohecho, por ejemplo cuando un funcionario público
modifica un juicio para conceder una explotación minera o petrolera, el
tráfico de influencias para esconder las denuncias de impactos sociales o
ambientales, la prevaricación que ocurre cuando una autoridad judicial dicta
una resolución arbitraria, ilegal o incorrecta, a sabiendas de ello y con la
finalidad, pongamos por caso, entorpecer la investigación de la represión a
comunidades locales. Tampoco puede olvidarse que son conocidas las
circunstancias donde es mucha gente la que sabe de la corrupción que
envuelve a un emprendimiento extractivista, y nada hace ni dice, y con ello
contribuye a una densa red de encubrimiento y obstrucción de la justicia.

Resumen de los principales vínculos entre corrupción y extractivismos

1. Presente en todos los sectores extractivos

2. Ningún país sudamericano está a salvo

3. Ocurre bajo distintos regímenes de propiedad (privado, estatal y mixto)

4. Los promotores de proyectos la utilizan para asegurar sus actividades,
ocultar sus impactos, impedir controles, etc.

5. Se buscan beneficios personales pero cada vez más es una vía para
financiar prácticas político partidarias

6. Afecta a todo tipo de actores (empresarios, políticos, funcionarios,
periodistas, técnicos, etc.)

8. Está penetrando en comunidades indígenas y campesinas

8. Se expresa en un amplio abanico, desde sobornos a cohecho, desde
prevaricación a tráfico de influencias

Conclusiones: Una íntima asociación

Se llega así a una inevitable conclusión: la corrupción en los
extractivismos no es el resultado de hechos aislados fruto de unos pocos
inescrupulosos. Por el contrario, hay una repetida, consistente e íntima
asociación entre extractivismos y corrupción.

Los extractivismos necesitan de la corrupción por diversos motivos, como
puede ser el acceso a las concesiones, disfrutar ventajas tributarias, y muy
especialmente, para ocultar tanto sus impactos ambientales y sociales, y la
criminalización violenta de las comunidades locales.

Paralelamente, distintos conjuntos de actores dentro del Estado y los
partidos políticos precisan de la corrupción por diversas razones
personales, pero también como fuente de financiamiento para un cierto modo
de hacer política. Es una política que se basa en masivas campañas de
publicidad, actos callejeros donde los participantes reciben dinero o
comida, o que apela a pagar por favores. Como los extractivismos manejan
enormes sumas de dinero, son una de las más apetitosas vías para alimentar
las redes de corrupción.

Por todas estas razones, a los conocidos argumentos de construir
alternativas a la dependencia extractivista para erradicar sus impactos
sociales y ambientales, se suma ahora la lucha contra la corrupción. La
recuperación de una política que sirva a los ciudadanos y el ambiente es
imposible con esta penetración de la corrupción, y por eso mismo, es también
incompatible con los extractivismos.

* Eduardo Gudynas es analista en temas de ambiente y desarrollo en CLAES
(Centro Latino Americano de Ecología Social); se lo puede seguir en twitter:
@EGudynas. Adelantos de este artículo se publicaron en El Ciudadano (Chile),
en Plan V (Ecuador) y en la columna Postdesarrollo del autor en La Mula
(Perú).

  _____





---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20161223/fef558cc/attachment-0001.htm