Uruguay/ plan de "vivienda sindical": una novela sin techo [Gonzalo Terra - Redacción]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

22 de febrero 2016

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Uruguay

Una novela sin techo

Vivienda sindical, el plan imperfecto

Muchos saben pero pocos hablan. Muchos reclaman haber sido perjudicados,
pero conocían a qué tipo de negocio entraban. El Pit-Cnt optó por negar
hechos que ahora parecen confirmarse. Mientras, la justicia se toma su
tiempo para abordar un tema de proyecciones imprevisibles.

Gonzalo Terra

Que Pasa, 21-2-2016

http://www.elpais.com.uy/que-pasa/

El plan de vivienda sindical sigue siendo una caja de sorpresas. Ahora un
hombre de iniciales R.CH.M., denunciado en cuatro causas penales por
presunta estafa con las casas del proyecto, tiene algunas cosas para decir.
Entre ellas, que su socio en el plan de vivienda sindical era un
"representante encubierto" del Pit-Cnt, y que en 2012 un empresario
vinculado al negocio destinó dinero a financiar la campaña del entonces
coordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo, a la presidencia del Frente Amplio.
(1)

El hombre hizo estas declaraciones en forma voluntaria y ante una escribana
pública hace un año en Paraguay. Se ofreció a declarar ante la Justicia
uruguaya pero no ha sido convocado pese a que su estado de salud es muy
delicado. Su abogado pidió ante el juzgado del Crimen Organizado del juez
Néstor Valetti que se cite cuanto antes a su cliente para que su testimonio
figure en la denuncia presentada en su contra por una empresa constructora
española.

Según dijo a El País el fiscal de Crimen Organizado Gilberto Rodríguez, el
poder presentado por el abogado de la denunciante, Gustavo Salle, tiene
problemas formales, razón por la cual el expediente volvió al magistrado
actuante para que resuelva si asume competencia.

En tanto, el juzgado penal de la jueza Graciela Eustachio tramita tres
denuncias penales casi idénticas; la más vieja tiene tres años. Sin embargo,
en ninguna de ellas ha declarado el mencionado intermediario.

Casa propia

El programa de vivienda sindical del Pit-Cnt fue concebido en 2011 como un
plan perfecto para permitirles a 15.000 trabajadores, nucleados en unas 300
cooperativas, acceder a una vivienda propia, prefabricada, a pagar en
módicas cuotas durante varios años. Lo apalancó el Banco Hipotecario (BHU) a
través de un convenio firmado con el Pit-Cnt el 1° de septiembre de 2011,
por el cual se comprometió a financiar las viviendas. El plan se lanzó el 8
de noviembre de 2011, y en ese entonces se prometió la construcción en todo
el país de miles de casas en no más de tres años. (2) El entonces
coordinador y hoy número dos del Pit-Cnt, Marcelo Abdala (3) asumió la
presidencia del plan. Los dirigentes Eduardo Burgos y Hugo Monza (4) se
encargaron de ejecutarlo. El plan quedó solo en manos de militantes
comunistas. El sindicato de la construcción (Sunca) no participó y con
Fucvam nunca se coordinaron acciones. (5) El Secretariado Ejecutivo nunca
estuvo al tanto de los detalles de su funcionamiento hasta que estalló el
escándalo a fines de 2013.

Empresarios consultados por El País admitieron que era un "muy buen plan"
donde "todos ganaban" y "se beneficiaba a muchos trabajadores".

¿Por qué entonces el plan terminó envuelto en una polémica y con cuatro
denuncias penales a cuestas que involucran a personas ajenas al Pit-Cnt pero
que exhibieron para los negocios contratos que la central sindical les
extendió?

La historia es larga y compleja. Son decenas las personas que de una forma u
otra han estado vinculadas al tema. Muchas hablan, pero pocas dan la cara.
Ahora, con la declaración de uno de los denunciados, algunas piezas del
rompecabezas comienzan a encajar.

¿Cómo llegaron en 2012 dos gestores privados a ser los intermediarios de
casi diez mil viviendas del plan del Pit-Cnt ante las empresas
constructoras? Según la versión de R.CH.M., cuando retornó desde España en
2011 tomó contacto con Eduardo Burgos por recomendación de su hermano, quien
se desempeñaba como cónsul honorario en Vigo.

R.CH.M. tenía la representación de la empresa española Cabisuar, dedicada a
la construcción de casas prefabricadas. Un mes después, siempre de acuerdo a
su versión, un gestor, viejo militante del Partido Comunista, se le presentó
diciendo ser "representante" del Pit-Cnt y le ofreció una sociedad para
encaminar el plan.

Según R.CH.M., quien a la postre se convirtió en su socio y con el que
estableció una base de operaciones en una vieja y lujosa casona en El Prado,
el hombre era en realidad un "representante encubierto" del Pit-Cnt.

Y así nació una extraña y compleja forma de desarrollar el plan de
viviendas. Entre 2012 y 2013 Burgos y Monza, juntos o por separado, firmaron
en representación del Pit-Cnt contratos con sociedades anónimas que R.CH.M.
creaba y presidía (Vivamax, Eximat, Balmey). Esos contratos le otorgaban el
poder para negociar entre 3.000 y 4.000 casas cada uno. Con ese documento y
el contrato entre el Banco Hipotecario con el Pit-Cnt salían a buscar
inversores. Y los conseguían. Por cada mil casas construidas se les ofrecía
una ganancia de entre tres y cinco millones de dólares. A cambio, para
entrar al negocio, se pedía dinero a cuenta que algunos empresarios, según
dijeron a El País, consideraban una "llave" o "donación" que se había
tarifado en US$ 300.000.

En diciembre de 2013, antes de publicar la noticia sobre la primera denuncia
que vinculaba al plan de vivienda sindical y que fue presentada por una
empresaria de Rocha, El País le pidió una entrevista a Burgos, encargado del
plan. Al llegar a la sede del Pit-Cnt, Abdala se presentó y dijo que él
daría la cara porque él era el presidente del plan. Fue una charla frontal.

—¿Hay contratos firmados por el Pit-Cnt con empresas o sociedades anónimas
para construir viviendas?

—Que yo sepa no hay contratos.

—¿Puede haber contratos y que no le conste?

—No, puede haber acuerdos marco.

—Sé que hay contratos firmados por el Pit-Cnt que comprometen mil, dos mil o
tres mil casas.

—No me consta.

—¿Qué lugar ocupan R.CH.M. y su socio (se le nombra) en la estructura del
plan de vivienda sindical?

—Ninguno.

—¿No ocupan ningún lugar?

—No.

—¿Los conoce?

—No, de antes yo no los conocía.

—¿Y Burgos los conocía?

—No creo que los conociera.

Semanas después, el Secretariado del Pit-Cnt ratificó lo dicho por Abdala.
En la declaración que divulgó el 10 de diciembre de 2013, cuando las
denuncias penales ya habían tomado estado público, sostuvo que "nunca se
autorizó, ni se autorizará, a negociar a terceros en nombre del Pit-Cnt en
temas relacionados al plan de vivienda sindical ni a ningún otro tema".

Otra versión

Un año antes de las palabras de Abdala y el Secretariado, Burgos había
firmado al menos tres contratos con R.CH.M, y varias fuentes consultadas por
El País aseguran que en 2012 Abdala, junto a Burgos, participó de cenas y
recorridas por el interior con los gestores que 12 meses después dijo no
conocer.

Un caso clave en la historia es el de la sociedad anónima Balmey. El 26 de
abril de 2012 una impresora en una oficina de la sede del Pit-Cnt escupía
varias copias de un contrato. En la oficina de al lado esperaban el gestor
R.CH.M. y un conocido empresario de Tacuarembó, ambos representantes de
Balmey. También estaban Monza y Burgos preparados para firmar por el Pit-Cnt
y el escribano Dante Herardo López para certificar las rúbricas en tres
hojas membretadas del Pit-Cnt. Balmey se hacía de un poder para negociar
4.000 casas, es decir, la posibilidad de ganar entre 12 y 16 millones de
dólares.

El Secretariado del Pit-Cnt ha dicho que ni Burgos ni Monza tenían poder
para representar a la central sindical.

"Yo certifiqué ese contrato, y si bien no lo recuerdo ahora porque pasaron
cuatro años, para poder firmar Burgos y Monza debieron presentar un poder o
un acta que los autorizara", dijo el escribano actuante Herardo López a El
País. Por su parte, en su declaración en Paraguay, R.CH.M. dice que cuando
en aquella instancia se les reclamó el poder, los dirigentes aparecieron con
uno firmado por Abdala y Castillo.

Cuatro meses después de firmado el contrato con Balmey todo marchaba viento
en popa. Balmey consiguió un financista que prestó US$ 1,8 millones para
construir viviendas a cambio de que por cada una de ellas se le pagaran US$
1.000. A mediados de 2012 Abdala, Burgos, R.CH.M. y su socio (el presunto
representante encubierto del Pit-Cnt) compartieron con el empresario de
Tacuarembó una cena y hablaron del plan de vivienda sindical hasta entrada
la madrugada. Semanas después, el gestor que decía actuar en nombre del
Pit-Cnt visitó al empresario tacuaremboense, dedicado al rubro del
transporte, y le pidió dinero para pagar la publicidad en televisión de la
campaña de Juan Castillo a la presidencia del Frente Amplio. Fueron tres
cheques en pesos librados a nombre de tres canales privados de televisión
por un monto aproximado de US$ 30.000 en total.

Semanas después, ya pasadas las elecciones, hubo otra cena de la que
participaron los mismos comensales y otros invitados, esta vez en una
barbacoa de Montevideo. Según varias fuentes que participaron de dichos
encuentros y que también asistían asiduamente a la casona de El Prado,
Abdala y Burgos "no pueden decir que no conocían a los dos intermediarios"
que luego fueron denunciados. "Tal vez no estaban al tanto de que pedían
dinero por adelantado, o de lo que hacían con la plata, pero no pueden decir
que ignoraban que eran parte del negocio. Se conocían y sabían todo", afirmó
una fuente a El País.

El negocio con Balmey terminó mal. No aparecieron las casas ni los
interesados en comprarlas y el empresario de Tacuarembó debió hacerse cargo
de la deuda con el financista que había prestado dinero. Tampoco le
devolvieron el aporte para la campaña de Castillo.

Otra voz

En el juzgado de la jueza Eustachio se encuentran todavía tres denuncias.
Una de ellas es de la empresa ecuatoriana Walltech, proveedora de viviendas,
que alega que los dos gestores la estafaron en US$ 150.000. El caso ingresó
inicialmente en el juzgado de Fanny Cannesa y la magistrada llegó a tomarle
declaración a Castillo y Abdala. Sin embargo, luego debió enviar el
expediente al juzgado de Eustachio porque ahí se había radicado la primera
denuncia, correspondiente a una empresaria de Rocha. La tercera denuncia en
ese juzgado (que suman cuatro con la que está en Crimen Organizado)
pertenece a la empresa Betilur SA. Hasta ahora, su responsable no había
hablado con la prensa.

"Yo declaré en 2014 y le voy a repetir lo que dije en el juzgado. Siempre
pensé que estaba tratando con el Pit-Cnt porque ellos se presentaban como
representantes del Pit-Cnt, aunque nunca fui a su sede ni vi a Burgos o
Abdala. Yo iba a la casa de El Prado. Me ofrecieron construir 1.000
viviendas con una ganancia de US$ 3.000 cada una. Yo tengo una Pyme y era un
buen negocio", contó a El País. Firmó contrato con Vivamax SA, otra de las
empresas de R.CH.M. que tenía contrato con el Pit-Cnt para proveerle 3.000
viviendas. Se había suscripto el 15 de febrero de 2013, también en la sede
de la central y con la firma de Burgos en representación de la misma.

"Vi ese contrato con el Pit-Cnt, vi el contrato con el Banco Hipotecario. No
podía salir mal. A la hora de firmar me pidieron US$ 300.000 pero yo no
tenía ese dinero. Entonces bajaron a US$ 150.000. Era como una llave para
poder participar del negocio. Al final les entregué cheques por US$ 86.000.
Yo no sé qué hacían con el dinero pero nunca se construyeron las casas",
relató a El País el titular de Betilur SA. Dijo que jamás escuchó hablar de
la campaña de Castillo ni vio a Abdala o a Burgos.

La empresaria de Rocha, Susana Nicodella, también firmó con Vivamax y
entregó US$ 300.000 repartidos en ocho cheques. Cuando las viviendas
comenzaron a demorarse y uno de los documentos por US$ 25.000 intentó ser
cobrado por un tercero, Nicodella recurrió a Burgos para que intercediera y
se los recuperara.

A fines de 2013, Burgos confirmó a El País que hizo gestiones para recuperar
los cheques de Nicodella. "Cuando esta mujer vino detecté que este señor
(quien decía ser representante del Pit-Cnt) en nombre nuestro pedía plata, e
hicimos una nota firmada por nosotros desvinculándonos de este hombre porque
las cosas no se concretaban y vendían humo". Ante los juzgados, el Pit-Cnt
se mantiene firme: "Es un lío entre privados", afirma.

El papel del Estado y la personería jurídica

Frente a la denuncia civil que por US$ 2.850.000 entabló la empresaria de
Rocha contra el Pit-Cnt, la central argumentó ante la Justicia que no puede
comparecer por carecer de personería jurídica. Y es verdad. Sin embargo,
juristas consultados por El País señalaron que ese argumento es válido "para
siempre" y no "cuando conviene". Se refieren a que el Pit-Cnt firmó con el
Banco Hipotecario un convenio para que la institución financiara el plan de
vivienda sindical. Fue el 1° de septiembre de 2012. Hay quienes sostienen
que el BHU no pudo hacerlo. El Pit-Cnt, como tal, también firmó un "Convenio
de Acercamiento Institucional" con el Bandes de Venezuela el 10 de diciembre
de 2012. El Bandes iba a financiar viviendas pero nunca prosperó el acuerdo.

Paso a paso las claves del tema

2011 - 1º de septiembre. El Banco Hipotecario firmó con el Pit-Cnt un
contrato para comprometerse a financiar las viviendas del plan sindical. El
BHU participaría del "financiamiento de los beneficiarios en forma
individual para la adquisición de viviendas comprendidas en el proyecto del
Programa de Vivienda Sindical".

2012 - 26 de abril. En hoja membretada del Pit-Cnt, Eduardo Burgos y Hugo
Monza "con facultades suficientes y domicilio en Jackson 1283" firman un
convenio con Balmey SA y le otorgan la potestad para negociar 4.000
viviendas. Balmey, integrada por R.CH.M. y un empresario del transporte
tenía la representación de Walltech, empresa ecuatoriana que se dedica a las
casas prefabricadas y que terminó siendo una de las denunciantes.

2012 - 10 de diciembre. El Pit-Cnt y el banco venezolano Bandes firmaron un
"convenio" para que la institución financiara viviendas para trabajadores.
En el momento de la presentación se habló de construcción de hasta 95.000
dólares. Finalmente el convenio nunca prosperó.

2013 - 15 de febrero. Nuevamente Burgos en representación del Pit-Cnt firma
con R.CH.M. un contrato, esta vez el gestor representa a Vivamax y el
contrato le permite proveer 3.000 viviendas.

2013 - 10 de diciembre. El Secretariado del Pit-Cnt afirma que "nunca
autorizó, ni se autorizará, a negociar a terceros en nombre del Pit-Cnt, en
temas relacionados con el Plan de Vivienda Sindical ni ningún otro tema.
Acusa a terceros de haber actuado con "objetivos especulativos y lucrativos,
actuando ilegítimamente en nombre de, pueden involucrar a nuestro Pit-Cnt en
situaciones poco cristalinas y de dudosa legalidad".

2014 - 18 de septiembre. El exdirigente sindical y exvicepresidente del
Frente Amplio, Juan Castillo, y el coordinador del Pit-Cnt y dirigente del
Partido Comunista, Marcelo Abdala, declararon ante la Justicia en calidad de
testigos en el marco de una denuncia por una presunta estafa derivada del
plan de vivienda sindical. La denuncia fue presentada por la empresa
Walltech S.A., propiedad del magnate ecuatoriano Isidro Romero Carbo, que
alegó haber sido víctima de una estafa de US$ 150.000 por un gestor
vinculado al Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt.

2015 - 25 de junio. Uno de los intermediarios denunciados declaró en
Paraguay. Dijo que su socio era un "representante encubierto" del Pit-Cnt,
dio detalles de quienes participaron del negocio y contó que uno de los
empresarios para construir viviendas aportó a la campaña de Juan Castillo
como presidente del Frente Amplio.

Hoy. Hasta el momento hay cuatro denuncias contra dos gestores y el Pit-Cnt.
Dos empresas de construcción, una ecuatoriana y otra española, y dos
privados, una empresaria de Rocha y el propietario de una Pyme. En total
dicen haber sido estafados en unos US$ 650.000.

Notas de Correspondencia de Prensa  

1) Director Nacional de Trabajo, fue sindicalista portuario, coordinador
general del PIT-CNT y vicepresidente del Frente Amplio. Integra la dirección
del Partido Comunista. En una entrevista reciente, Castillo se mostró
“preocupado” porque los uruguayos “trabajan poco”, como lo demostrarían “los
altos índices de ausentismo laboral” y la creciente cantidad de trabajadores
que piden certificación médica. Debido a eso, Castillo afirmó que en los
últimos años aumentó la concesión de “primas por presentismo”. Con cierta
desazón, el hoy funcionario del gobierno anotó que ese “pago extra” no logra
reducir el ausentismo, lo que prueba que en Uruguay “se ha perdido la
cultura del trabajo”. 

2) El plan se lanzó en la presidencia de José Mujica. Al mismo tiempo,
estaba en curso el Plan Juntos, un proyecto de viviendas para las capas
sociales más pobres. Era el buque insignia del jefe Estado. Su
financiamiento consistía en “donaciones”: las del propio Mujica, de grandes
empresarios y de instituciones privadas. La mano de obra sería con “brigadas
voluntarias” y con trabajadores (pagos) afiliados al Sunca. El Presupuesto
Nacional aportaba una suma mínima de dinero. Se previó la construcción de 15
mil unidades para los cinco años del segundo gobierno progresista. Al
finalizar el mandato de Mujica (2010-2015) se habían construido solamente
1.500. Actualmente, el Plan Juntos depende directamente de la Presidencia de
la República y no se le adjudicaron, en la nueva Ley de Presupuesto, mayores
financiamientos. 

3) Sindicalista metalúrgico y coordinador general del PIT-CNT, integra la
dirección del Partido Comunista. 

4) Miembros del Partido Comunista, tras las primeras sospechas de
“irregularidades” fueron separados de sus cargos por el PIT-CNT.

5) Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam),
fundada en 1970. El proyecto inicial asociaba cooperativismo y socialismo.
Proponía la construcción de viviendas de bajo costo y mejor calidad para la
clase trabajadora. Desplazaba el concepto de propiedad privada y ponía
énfasis en el de “propiedad colectiva”. Fucvam criticó el plan de vivienda
sindical del PIT-CNT porque inauguraba “un nuevo estilo” que contrastaba con
la idea de autogestión solidaria. Para el dirigente de Fucvam, Gustavo
González, el proyecto de la central sindical consistía en crear
“cooperativas de propietarios” y promover, en los hechos, la propiedad
privada. Actualmente, Fucvam reúne a cerca de 600 cooperativas y 30 mil
familias en todo el país. 

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